No es un seguro, es una oposición

Oyendo en la radio un anuncio sobre seguros, en el que el consumidor, ante la dificultad de entender lo que se le ofertaba dice: “quiero un seguro no una oposición”, me plantee explicar el origen de eso tan español que son las oposiciones.

La esencia del sistema español de acceso a la Función Pública es, desde principios del S.XX, la correlación entre servicio público, inamovilidad y selección por medio de una serie de pruebas que se agrupan en torno a una oposición. El sistema de oposiciones consiste en la superación de diferentes pruebas de ingreso, que habilitan a los aprobados, como miembros de un cuerpo administrativo y en él desarrollan su carrera administrativa.

Los antecedentes sobre la selección de funcionarios, nos permiten remontarnos a 1588. En esta época, la Administración de Felipe II ideó un sistema de exámenes para seleccionar al profesorado, dando muestras de la gran importancia que daba el gran monarca a la educación. Pero el establecimiento de un sistema de Función Pública, modernamente concebido, no se incorpora hasta el siglo XIX, con la regulación legal de los exámenes de acceso a través del Real Decreto de 18 de junio de 1852, bajo el Gobierno de Bravo Murillo y el posterior Real Decreto de 4 de marzo de 1866 durante el Gobierno O’Donnell. Esta situación no garantiza la inamovilidad en la condición de funcionario, manteniendo el sistema de “cesantías” tan bien descrito por Galdós.

Las primeras remociones del personal funcionario al gusto político acontecieron con la invasión francesa. Las cortes de Cádiz impusieron cesantías a todos los servidores del Rey intruso. Con la alternancia de absolutistas y liberales durante los convulsos años del reinado de Fernando VII se normalizan los ceses en masa del personal por motivos políticos.  Durante el siglo XIX uno de los principales rasgos de las clases medias españolas, de la pequeña burguesía en un país escasamente industrializado, era su necesidad de acceder a un cargo público para evitar proletarizarse. El acceso a la Función Pública se daba por medio de exámenes que concedían la condición de funcionario, pero no la inamovilidad. Con el cese, el funcionario perdía el empleo, pero no la condición de funcionario. La situación jurídica de estas personas era diferente a la de un desempleado. Hasta 1845, los cesantes quedaban incluidos en el conjunto de las clases pasivas y recibían una pensión, aunque no trabajaran. Este subsidio desapareció en ese año y la pauperización de los funcionarios fue un hecho. No es de extrañar que Galdós reflejara esta situación en sus novelas. Al fin y al cabo, las cesantías no sólo fueron una característica sino un problema social.

Así lo reflejaba uno de sus personajes: Don José Milagro

“¿Yo? Diez mil reales [de sueldo] y para eso llevo veintidós años en el ramo. He pasado por catorce intendencias, he sufrido siete cesantías, u todas las trifulcas que hemos tenido aquí desde el año 14 me han cogido en medio.

En una me dejaron cojo los liberales, en otra me abrieron la cabeza los realistas, en ésta me apalearon los exaltados, en aquella me despojaron los apostólicos de todo cuanto tenía”

Ante tal situación, la forma de solventar el problema es que alguien recolocara al cesante en su empleo. En “La Desheredada” Galdós lo explica:

“La recomendación entre nosotros, una segunda providencia: equivale a lo que otros pueblos menos “expedientescos” llaman suerte; fortuna. Por ella se puede llegar a las cumbres altísimas, por ella se abren caminos que hallan cerrados el trabajo y el talento.

Debemos al misticismo esta forma administrativa de la paciencia que se llama expediente; debemos al favoritismo esa forma gubernamental del soborno que se nombra la recomendación”

Esas recomendaciones eran mejores y más estables en cuanto vinculaban a una familia. Los Villamil de Galdós eran uno de esos clanes familiares; nunca fueron cesantes. Ya se encargaban unos u otros de recolocarse. Por otro lado, siempre había algún funcionario, en puestos menores generalmente, que, gracias a su tesón, buen hacer y paso oscuro y desapercibido, eran mantenidos sin problema en su puesto. No eran una mayoría, al contrario, el enchufismo se convirtió en la forma habitual de provisión de puestos y, con ello, la Administración española se llenó de inútiles.

Todo esto cambia cuando se consigue la estabilidad en el empleo, cuando la política desapareció y la oposición se convirtió en norma de acceso. Esa situación de estabilidad en el empleo se consigue con el llamado Estatuto Maura en 1918. A partir de este momento, solo se perdería la condición de funcionario por motivos disciplinarios y no por los cambios de Gobierno.

Tras la Segunda Guerra Mundial y el posterior período de industrialización, aparecieron nuevas técnicas de organización en la Administración mundial. En España, una vez se produjo el proceso de desarrollo económico, se vio la necesidad de modificar las normas administrativas especialmente en la búsqueda de un adecuado proceso, una formación y adaptación de las personas a su nuevo cometido público. Así se aprobó la Ley de bases que regularía el sistema de Función Pública de 1964, que regula aspectos esenciales del sistema de acceso que se mantienen hasta la actualidad, si bien, con la adaptación a la Constitución de 1978 que en su artículo 103.3 establece la obligación de acreditar los principios de igualdad, mérito y capacidad en las pruebas de acceso a la Función Pública.

Esa adaptación se realiza en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, actualmente en vigor.

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