CACIQUISMO

Según el diccionario de la RAE el caciquismo presenta tres acepciones:

  1. m. Dominación o influencia del cacique de un pueblo o comarca.
  2. m. Sistema político basado en la dominación o influencia del cacique.
  3. m. Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia.

El caciquismo actuó y actúa esencialmente en Latinoamérica y fue una forma política esencial en la España de la Restauración (1875-1902).

El origen durante la Restauración tiene causas múltiples:

  • La desamortización municipal y eclesiástica y la desvinculación de los mayorazgos generó, especialmente, entre 1833 a 1876 un trasiego en la posesión de fincas en las zonas agrarias españolas fundamentalmente, aunque no únicamente, en La Mancha, Extremadura y Andalucía. En aquella desamortización una parte fue a manos de la aristocracia mientras la burguesía se enriquecía a costa de la Iglesia, del común y de los hidalgos arruinados. Este proceso generó consecuencias en todos los órdenes de la vida rural: en la gestión de las fincas, en el atraso técnico de los métodos de rendimiento y en el orden político.
  • La Restauración trajo estabilidad política a un siglo lleno de pronunciamientos, algaradas, constituciones nonatas o de corta vigencia y múltiples alteraciones más del panorama político. Esta estabilidad es una característica del momento no sólo en España sino en toda Europa occidental (en Francia, por ejemplo, con la tercera República; en Italia con el Risorgimiento;en Alemania, con la formación del segundo Reich bajo la hegemonía prusiana). En España la constitución de 1876 con su excepcionalmente largo periodo de vigencia estabiliza la vida política y trae consigo la adaptación nacional de otro rasgo europeo de entonces, un modelo de democracia al modo anglosajón. En Gran Bretaña triunfaba el bipartidismo y en España, se instauró un bipartidismo con características propias: el turno de partidos. Fue imposible el engranaje entre los partidos y asociaciones obreras o entre otros sectores, especialmente pequeña burguesía y clases medias,  con las instituciones constitucionales. Tampoco se da el concepto de soberanía nacional, sino que se trata de un constitucionalismo doctrinario (la Soberanía reside en el rey y las Cortes). La Constitución de 1876 presenta mecanismos propios de una democracia liberal clásica: convocatoria de elecciones, aumento del cuerpo electoral (sufragio universal masculino desde 1890) que elige a los representantes de la nación, con la necesaria formación del gobierno con doble confianza: del Rey y del parlamento. Pero tal presencia democrática es sólo aparente, no real.
  • En la realidad, se produjo una interferencia entre las instituciones propias de la democracia liberal y parlamentaria y las instituciones económicas y sociales. En estas circunstancias y con estas características se restaura no sólo la dinastía borbónica en España sino también la misma burguesía con base agraria latifundista que dirigía los destinos de España desde hacía muchos años, con la peculiaridad de que, a finales del siglo XIX, además, el Estado y las élites económicas aparecía reforzados por una serie de avances técnicos: perfeccionamiento burocrático, aumento del armamento eficiente para el control de las masas, facilidad para transmitir noticias por medio del telégrafo y para el desplazamiento por el ferrocarril. Pero los avances técnicos no hicieron olvidar las costumbres nacionales de no dejar opinar en la vida pública a nadie que no formara parte de esos estamentos de poder político y económico.

La gestión política de esa realidad se basaba en dos instituciones. Por una parte, la existencia de una oligarquía dirigente, constituida por hombres de los dos partidos (liberales y conservadores) y estrechamente conectados entre sí por sus relaciones, por su extracción social, por sus relaciones familiares y sociales. Todos procedían de familias terratenientes, nobleza de sangre, burguesía de negocios… Como recuerda Palacio Atard, existieron dos burguesías, la alta, ligada al poder, auténtica oligarquía, y la baja, más propia de las clases medias, que no participan del poder oligárquico. Pero no hay que olvidar que la España de la “edad dorada” de la Restauración es una España rural ya sea la de los latifundios más propios del centro y sur peninsular ya sea la de los minifundios de Galicia y, en lo que hoy es, Castilla y León, como zonas más destacadas. Esto determinaba que el electorado de aquella España, y más cuando se amplió la base electoral por el sufragio universal masculino, se formara esencialmente por campesinos, campesinos analfabetos en buen número. Esto generaba un déficit de participación que propició el nacimiento de un poder señorial rural (caciques) con el que se alía la oligarquía. Así se establecía un sistema entrelazado por los políticos en Madrid y los caciques en cada comarca, con el Gobernador civil en la capital de cada provincia como enlace entre uno y otro. Esos tres “personajes”( el Ministro de Gobernación en el ámbito nacional; el Gobernador civil, en el provincial y el cacique, en el local) constituyen la base real del sistema, que pone de manifiesto la falta de moral del régimen que falsea el sistema de representación popular.

Se establece, con ello, una profunda desconfianza mutua entre el pueblo y sus dirigentes. La ciudadanía vive lastrada por su atraso económico y cultural y el lamentable ejemplo de las capas dirigentes. Que se pone de manifiesto, esencialmente, en cada consulta electoral.

El profesor Jover [1]recoge una cita de Fernández Almagro al respecto que describe el sistema de amaño electoral propio del caciquismo:

“El delegado del gobernador reúne al Ayuntamiento y alecciona al Alcalde:-usted va a presidir una mesa electoral, lo que tiene que hacer es escamotear las candidaturas de la oposición y, en su lugar, meter en la urna las ministeriales; usted lo que tiene que hacer es volcar el  puchero, si fuera necesario para dar el triunfo al candidato ministerial; y, en último término, si ninguno de estos resortes o medios son bastantes para conseguirlo, válgase usted de todo género de recursos, en la inteligencia de que detrás de usted estoy yo como delegado del gobernador, y detrás de mi está el gobernador de la provincia y el gobierno mismo”

El sistema funcionaba, pues, de arriba abajo. La corona otorgaba el poder a un jefe de gobierno que convocaba y hacía ”las elecciones, logrando un parlamento adecuado, abstracción hecha del cuerpo electoral”. Así se turnaban los partidos en el poder. En el fondo era un problema de falta de correspondencia entre la base social de los partidos y la estructural social de España. Precisamente, el incremento de la base electoral en 1890 contribuyó a potenciar aún más el caciquismo. Como complemento de la acción caciquil electoral, en 1888, se puso en marcha, en la administración de Justicia, el juicio por jurados, lo que supuso la intromisión de los caciques en la designación de los vecinos que formarían parte de las listas de jurados.

El caciquismo tuvo origen en un sistema social familiarizado con el amiguismo. La implantación del sistema democrático en la Constitución y el sufragio universal masculino tropezó con el modo tradicional de actuación de la sociedad, contra sus modos y costumbres.

Donde más se desarrolló e implantó el caciquismo fue en Andalucía. La duración de este mecanismo resulta controvertida. Algunos autores hacen finalizar el procedimiento en la II República, pero ya vimos los amaños electorales de aquel régimen en una entrada anterior. La mayoría de la historiografía pone el final del caciquismo en la guerra civil; aunque, quizá algún lector se plantee si todavía no persisten vestigios de caciquismo o de algunas formas de amiguismo, más propias de otros tiempos, en la España actual.

BIBLIOGRAFIA

VICENTE PALACIO ATARD. La España del S. XIX. Espasa Calpe. 1981.

UBIETO, REGLÁ, JOVER Y SECO. Introducción a la Historia de España. Ed. Teide. 1983.

RAYMOND CARR . España, 1808-1975. Barcelona, 1996.

[1]Ubieto, Reglá, Jover y Seco. Introducción a la Historia de España

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