MEMORIA DEMOCRÁTICA

En 2007, el Gobierno español presentó un anteproyecto de ley, que una vez superados los trámites parlamentarios se convirtió en “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, más conocida por todos como Ley de Memoria Histórica, entre otras razones porque en su objeto señala que ha de dar alcance histórico a la memoria individual y personal de los que  vivieron los acontecimientos de la guerra civil y la postguerra y por crear el Centro Documental de la Memoria Histórica. Sobre la misma se han escrito multitud de comentarios. A estas páginas trajimos en su momento el artículo firmado por Francisco Vázquez, ex diputado del PSOE y Ex alcalde de La Coruña, que enlazamos a continuación. Casi todos los artículos hechos por historiadores, colegios de historiadores, interesados en la Historia etc., fueron contrarios a la misma.

https://wordpress.com/block-editor/post/algodehistoria.home.blog/90

Se ve que el Gobierno, no contento con lo allí regulado, pretende darle una vuelta de tuerca más a la materia y por eso ha presentado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática en el Parlamento en este mismo mes de septiembre, cuya diferencia con el anterior es la intensidad en la regulación, lo que lleva a mayores sanciones e imposiciones.

El texto contiene 66 artículos, agrupados en un título preliminar y cuatro títulos, distribuidos en capítulos y secciones. En ellos se intenta regular lo que hay que pensar, medir, estudiar y decir de los acontecimientos posteriores a 1936, a la guerra civil. La fecha es significativa, pues supone eximir del libre análisis histórico a los años de gobierno del General Franco, ignorando que los hechos que vive una sociedad no brotan por generación espontánea en un momento dado, sino que son fruto de otros previos y consecuencia de aquellos. Ni la guerra civil ni el franquismo se pueden entender sin la II República y ésta sin conocer los tiempos anteriores.

En este análisis de la ley debemos pararnos en una denominación que incluye en el mismo texto tres conceptos claramente diferenciables e incluso contradictorios entre sí: memoria, historia y democracia.

La memoria es selectiva e individual, propia y subjetiva, donde los sentimientos se unen al recuerdo. La Historia es objetiva, basada en hechos y análisis de los mismos en función de las fuentes consultadas. Democracia es axiología, aunando valores que organizan una sociedad y se manifiestan en su organización política y jurídica. Mezclar estos tres elementos es un coctel explosivo, que estalla en los tres aspectos mencionados.

Así la memoria cuando afecta al devenir de la vida propia reacciona rebuscando entre sus recuerdos y seleccionando aquellos que más se aproximan a los propios sentimientos, dando lugar a narraciones sobre aquello vivido por el recordante, por su familia, por sus amigos y oponiéndolo a los que sientan una añoranza sobre acontecimientos, a veces iguales, a veces distintos, que marcaron un sentimiento contrario. La memoria en estos casos olvida la ética de la neutralidad para añadir épica a la evocación de que aquello que pasó, que se vivió y se luchó fue lo correcto o tuvo que ser la mejor opción para evitar la melancolía de la pérdida inútil. En el caso de un enfrentamiento, esa épica en la rememoración nos conduce a la identificación con el que tuvo vivencias semejantes y al resquemor, al odio, al alejamiento con aquellos que tuvieron otras distintas, porque el recuerdo nunca es puro, está tamizado del amor a los nuestros y de la defensa de lo que ellos creían defendible, cuando en realidad, en una guerra civil, la más incivil de todas las guerras, el recuerdo siempre es cainita.

La sociedad española hizo una transición ejemplar, estudiada en todos los libros de Historia del mundo como modelo de perdón colectivo, de mirar hacia adelante, olvidando los momentos de distanciamiento anterior. Realmente, aquella Transición política, fruto de la generosidad de todos, había nacido mucho antes en la sociedad, en las familias españolas donde se habían casado miembros de un bando con miembros del otro. Aquel acto de reconciliación es el que ha llevado que muchos, posiblemente la mayoría, tengamos abuelos que habían apoyado a bandos distintos en la guerra. Fue aquel acto de reconciliación social el que permitió el transcurrir de la Ley a la Ley con la Ley de Reforma Política y el perdón de la Ley de amnistía.  Fue ya durante la Transición, cuando se iniciaron algunas reparaciones a los vencidos: reconocimiento de pensiones a los militares o civiles del bando perdedor, reconocimientos y resarcimientos públicos de afrentas que se hubieran producido ( teniendo en cuenta que afrentas hubo por parte de ambos bandos). Si eso fue así, y así fue ¿para qué queremos ahora una ley que viene a disturbar la paz social lograda por todos los españoles con una ley que divide en vez de unir? Quizá debamos volver los ojos a nuestros abuelos, pero esta vez para comprender que tuvieron una actitud, un talante, bastante más adecuado e inteligente que el que vivimos ahora.

Por otro lado, la realidad , el presente y el futuro tienen una presencia en la mente de cada individuo mucho más firme que la del pasado y por mucha memoria que cada uno tenga, pretender mover el pasado para ocultar las crisis del presente es no conocer la realidad de cada familia cuando llega el final de mes, cuando se vela al enfermo por las noches o cuando se cuida de los ancianos o a los niños para protegerlos de la incertidumbre sanitaria y económica que vivimos.

En segundo termino, en el aspecto histórico, la ley provoca un estallido porque los hechos son tozudos y pretender inclinarlos hacia una sola interpretación posible, es negar la ciencia histórica. En las facultades de historia se estudia una asignatura centrada en la historiografía, en la neutralidad del historiador, porque en eso va el buen hacer profesional de ellos, de nosotros. Cabría plantearle, en este sentido a la Vicepresidenta Carmen Calvo, defensora de esta Ley  que le pregunte a su hermano José Calvo Poyato, insigne historiador nada proclive al franquismo, qué piensa sobre la ley en cuestión, no le veo muy partidario, como lo demuestra en este artículo:   http://www.josecalvopoyato.com/Inicio/ignorancia-callejera-josecalvopoyato/

Además, José Calvo Poyato fue alcalde del pueblo de ambos: Cabra, en Córdoba, recordado entre otras cosas por el bombardeo republicano que terminó con medio pueblo, especialmente mujeres y niños y, en todo caso, todos civiles, y bajo su mandato se mantuvo el monumento de recuerdo a las víctimas de aquella masacre, la cual se conoce en algunos libros de Historia como el Guernica de la Subbetica.  Todos los historiadores coinciden en que el bombardeo de Cabra pasó más desapercibido que el de Guernica porque Picasso u otro ilustre pintor no quiso plasmarlo en su obra.

Pero no pretendo recordar hoy los desastres de unos u otros, sino el desastre histórico que supone diseñar una guerra de buenos y malos, una guerra en la que los vencidos, años después de su derrota, quieran tornar los acontecimientos para ganar lo que perdieron, pero sería igualmente criticable si los supuestos vencedores buscaran machacar la memoria de los vencidos olvidando sus heroicidades, que las hubo y recordando sólo lo malo, como si los derrotados, además de vencidos, hubieran sido auténticos demonios. Algún lector me podrá decir que eso ya pasó, que así se escribía la historia oficial durante el franquismo y tendré que darle la razón. Por eso, esta ley tiene mucho de franquista. Tiene las formas y los contenidos propios de aquel régimen al que quieren denostar para convertirse ellos en franquistas, o totalitarios de otro signo, que igual da. Por eso debo traer a este blog, una vez más, aquella frase del profesor Ferrero, que, para diferenciar la Historia del periodismo, decía “ dádmelo morto”. Es decir, es historia aquello que se analiza cuando los que han vivido los hechos ya están muertos; cuando el relato puede ser objetivo porque la memoria no interfiere en él. Y hete aquí, que, en España, 81 años más tarde de ocurridos unos acontecimientos que están casi todos “mortos”, nos ponemos a legislar para imponer una versión histórica, basada en la memoria de un sector de los que lo vivieron o de los hijos o nietos de éstos que ya no recuerdan los sucesos sino que atienden a la versión de un relato sesgado por la memoria de otros,  sin tener en cuanta ni los hechos ni el análisis de las fuentes y, todo ello, porque unos señores con mando en el BOE así lo deciden. Evidentemente, eso no es Historia, pero, como decía antes, eso es franquismo.

Algún lector, ante esto, preferirá recordar a Orwell y a su “Ministerio de la Verdad” en su obra “1984”. Aquel ministerio del gobierno del partido INGSOC tenía por finalidad, utilizando una neolengua, reescribir la historia y falsear la misma. Era competente para realizar cualquier falseamiento de la historia con tal de que sirviera a los fines del partido gobernante. El falseamiento podía provenir bien de la tergiversación de lo ocurrido o bien por la invención de hechos que nunca existieron, siempre al servicio de los intereses del partido gobernante.

Orwell que participó en la Guerra civil española en las brigadas internacionales, escribió aquella novela como parte de uno de los grandes bloques de interés de su obra: su lucha contra los totalitarismos nazis y estalinistas. Contra las dictaduras, en una palabra. No creo que haga falta decir más para situar la ley de memoria democrática.

También implosiona el concepto de democracia con esta ley.  La democracia, en última instancia, es una manifestación de la axiología como concepción de los valores en los que se fundamenta la organización política y jurídica de una sociedad y, por ende, en la regulación normativa de la misma, informando el ordenamiento jurídico de esa sociedad.

Recordamos a ese respecto que los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  Esos valores superiores, que informan todo el ordenamiento, sirven de base y parapeto en la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos, las libertades de expresión, de pensamiento, de cátedra…

Una ley que impone una visión de la historia concreta, que impone sanciones al que se expresa de determinada forma en relación con determinados acontecimientos históricos, mancilla las libertades anteriormente expresadas, rompe con los valores del ordenamiento jurídico.

Además, entre las características básicas de toda norma está su carácter universal , no se puede legislar para alguien en particular,  lo que se une con el principio de que la ley debe ser abstracta e impersonal, no se emite para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción, la debe conducir necesariamente a la generalidad; todo lo contrario que hace la norma de la que hablamos. La ley es obligatoria en su cumplimiento, tienen carácter imperativo y poder coercitivo para imponerse por encima de la voluntad de los destinatarios. En este caso, frente a la libertad de pensamiento o de expresión, lo que no habla mucho del talante democrático de la misma; así mismo, el concepto de ley nace con intención de perpetuación, de permanencia, se dicta con carácter indefinido, y sólo dejará de tener vigencia mediante su derogación por leyes posteriores. Es decir,  se pretende perpetuar en el tiempo un análisis histórico mediatizado por la memoria de unos pocos, tergiversando así la objetividad histórica, la objetividad del historiador, mancillando su oficio.

Se podrán analizar otros aspectos de la Ley en cuestiones jurídicas concretas, señalando el alcance concreto de las mismas, pero eso se escapa a este blog y, además,  hay grandes juristas que ya han publicado certeros análisis en este sentido, a la espera del dictamen del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional ante el que algún grupo político va a impugnar la Ley de Memoria Democrática.

Podíamos también analizar las razones últimas por las cuales se dicta esta ley, pero, eso forma parte de la intencionalidad política. Insistir en ello nos llevaría a escribir otro hilo en otro tipo de blog.

Desde el punto de vista histórico, que es lo que buscamos aquí, hemos querido limitarnos a analizar una ley que afecta a nuestro estudio y profesión. Los gobiernos deben regir las sociedades para mejorar su presente y allanar el camino del futuro, no para legislar el pasado, eso sólo sirve para involucionar, nunca para prosperar, el pasado debe quedar en manos de los historiadores.

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