El 30 de septiembre de 1868, Isabel II salía de España para no volver. La culpable de su exilio: la llamada Revolución Gloriosa

El republicanismo revolucionario europeo al estilo de Mazzini culminó en las revoluciones de 1848. Se trataba de un proceso revolucionario romántico, que creía posible alcanzar todos los ideales. Vista la experiencia general en Europa, el romanticismo procuró ser apartado por la mayoría para acceder a posiciones más prácticas y realistas.

Pero aquel movimiento romántico tuvo una coda en España. Nuestros revolucionarios del S. XIX creían posible un movimiento radical que de golpe acabara con todas las instituciones del Estado, corruptas e inútiles, a su entender, y que de él emergiera un nuevo orden ideal. A esto se le conoce como el “mesianismo del caos”. España lo padeció en el S.XIX, en el XX y no sé si algunos no seguirán en él.

Aquella revolución sumaba un posicionamiento fuertemente ideológico con una materialización militar al estar apoyada en hombres fuertes del ejército como Prim o Serrano

Prim denuncia en el manifiesto del 18 de septiembre de 1868: “el ahínco de la inmoralidad… convirtiendo la Administración en granjería”. En el famoso “España con honra” del día 19, Serrano y los demás firmantes recriminan que “ la Administración y la Hacienda son [pasto] de la inmoralidad y del agio”. Se trata pues de una revolución purificadora de España. Purificadora de los hombres y de la mujer ( reina Isabel II) que la gobiernan.

Isabel había sido proclamada reina a los 3 años, aunque no reinaría con pleno derecho hasta los 13. Estuvo siempre en manos de sus cortesanos -primero los de su madre, luego los de su marido y finalmente los suyos propios-, que intentaron moldearla a su conveniencia. En una entrevista que le hizo Benito Pérez Galdós para el diario El Liberal, cuando la reina estaba en el exilio, confesó haber hecho muchas cosas mal, pero no ser la única culpable del mal gobierno. La reina depuesta se lamentaba de que nadie quiso enseñarle nunca a gobernar si no era en su propio provecho. A Isabel II un diputado la definió como “la reina de los tristes destinos”; Galdós,   impresionado favorablemente por la ex reina en aquella entrevista, retomó aquel epíteto y lo inmortalizó, al tiempo que volvió de París con una opinión mucho más benevolente hacia la pobre Isabel, que la que había tenido hasta entonces.

Los errores de aquellos gobiernos quisieron ser lavados por una revolución en principio con un objetivo pacífico y un alcance inicial impreciso.

La táctica seguida se basó en:

1. La conspiración previa, formado por un frente subversivo de amplio espectro político

Ya en 1866, varios políticos liberales y progresistas, incitados por el general Prim, descontentos con la situación nacional, se reunieron en la ciudad belga de Ostende para trazar un plan que derrocara al gobierno y permitiera tomar medidas urgentes ante la grave crisis que se avecinaba. Se firmó un acuerdo, el 16 de agosto de 1866, entre miembros del partido progresista y miembros del Partido demócrata, cuya finalidad era derribar la monarquía de Isabel II.  Este pacto, al que, a principios de 1868, se sumó la Unión Liberal (tras el fallecimiento de O’Donnell que rechazaba el movimiento subversivo)  fue el germen de “ La Gloriosa”.  Precisamente la incorporación de la Unión Liberal, que aportaba el mayor número de militares, fue decisiva para el triunfo de la revolución.

Conscientes de la necesidad de reunir el máximo apoyo posible, el acuerdo fue escueto y ambiguo. Hablaba de “destruir lo existente en las altas esferas del poder” y de nombrar “una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país”.

Prueba de la amalgama de grupos que se reunió contra Isabel II y la poca cohesión interna que existía entre ellos, fue el hecho de que los republicanos, molestos por lo que consideraban su exigua representación en Ostende, organizan otro centro revolucionario en París. La confrontación se cerró con la ratificación de las clausulas de Ostende en el pacto de Bruselas de 30 de junio de 1867.

       2. El pronunciamiento militar complementado por una revuelta popular.

Ambas acciones [conspiración y ayuda militar] ya habían actuado al unísono en diversas revueltas callejeras desde 1854, o en los intentos de sublevación capitaneados o apoyados en la sombra por Prim, como el de Villarejo de Salvanés el 3 de enero de 1866 o el del Cuartel de San Gil el 22 de junio de 1866 , y en el citado acuerdo de Ostende de agosto de 1866.

Pero la auténtica sublevación militar se produjo en 1868 en la que por primera vez el ejército fue secundado por la marina.

La historiografía se divide al intentar calcular la importancia de la participación popular en la revolución. Tuñón de Lara la magnifica y pone como ejemplo el reparto de armas en Cádiz, o en Sevilla, Córdoba, Huelva, Alcoy y Béjar; pero otros autores, como Hennessy señalan que  “ solamente después que triunfó la revolución se convirtieron las masas en algo digno de consideración”.

A partir del triunfo de la Revolución, se inicia lo que será conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874) que intentará crear en España un nuevo sistema de gobierno.

Aquella revolución se concentra en el derrocamiento de Isabel II y en el establecimiento del sufragio universal (masculino) y la exaltación de los principios del liberalismo radical, pero no tenían un programa social concreto. Aunque durante el sexenio revolucionario se tomaron algunas medidas sociales precursoras de la legislación social: Informaciones parlamentarias sobre la situación de la clase obrera; exenciones tributarias a las cooperativas obreras, o la Ley de 24 de julio de 1873 sobre protección del trabajo infantil, no se atiende realmente a los problemas de la población. Esta desatención social en el ideario de la Revolución llevó a conflictos posteriores donde las masas obreras alentaron contra la revolución política en busca de una revolución social.

De hecho, la extracción social de los revolucionarios se situaba en las clases medias ilustradas, profesionales liberales, movidos por el idealismo y no por la realidad cotidiana. Las clases populares sin instrucción fueron protagonistas en un número poco importante.

En todo caso, la diversidad era la nota común de los revolucionarios (incluso hubo un intento de incorporar a los carlistas que cortó el general Cabrera, pues no estaban de acuerdo con el sufragio universal) de ahí la poca cohesión interior con la que actúan. Pero tenían dos principios básicos comunes: la soberanía popular expresada en el sufragio universal; y los derechos individuales que eran imprescriptibles y por ello ilegislables e irrenunciables.

Además de los partidos oficiales y legales, existían organizaciones clandestinas de matices republicanos y socialistas, sociedades secretas más proclives a la violencia que a un acuerdo auténticamente democrático.

A todo este conglomerado se unió el duque de Montpensier, cuñado de la reina, para aportar a la causa a modo de financiación 3 millones de reales y así derrocar a su cuñada, con la pretensión de hacerse él con la Corona. No fue el único que aportó dinero. También lo hicieron las juntas revolucionarias y la burguesía catalana, los industriales resentidos con el favoritismo de la Corte. Aunque será esta misma burguesía catalana la que, años después, en vista de que una de las consecuencias de la revolución fue el cantonalismo y el caos, hicieron lo posible por financiar la Restauración monárquica.

Antes de llegar a aquel final, debemos atender a lo que fueron los detonantes inmediatos de la Revolución. Aunque la historiografía tampoco se pone de acuerdo. Vicens habla de una importante crisis económica, pues se había estimulado la ampliación de la red ferroviaria de España. Los grandes empresarios del país y las sociedades de crédito, así como muchos políticos y militares, invirtieron en las compañías de ferrocarriles con la expectativa de obtener grandes beneficios. Pero lejos de ello, aquellas inversiones llevaron a la ruina a muchos inversores. Lo que generó un efecto dominó: las principales industrias del país quedaron paralizadas por la falta de liquidez, lo que dejó sin trabajo a decenas de miles de personas.

A ello se sumó una crisis alimentaria: las cosechas habían sido malas, con todo, buena parte se destinó a la exportación para intentar reducir el déficit del Estado: esto provocó un rápido aumento de los precios de los alimentos y el inicio de revueltas populares. Esta situación hizo tomar medidas radicales al gobierno del general Narváez, bloqueando la actividad de las Cortes. Precisamente otro sector de la historiografía centra los orígenes de la Revolución en estas razones políticas, cuasi dictatoriales. Normalmente, todo influye.

La revolución se inicia en Cádiz el 19 de septiembre y se resuelve en pocos días en Madrid. La reina, que estaba de vacaciones, se instala en San Sebastián. El propio día 19 el gobierno de González Bravo, que había sucedido a Narváez tras la muerte de éste el 23 de abril de 1868, dimite. El día 28 se libra la llamada Batalla de Alcolea, que como el propio general Martínez Campos define fue “un encuentro no una batalla; como un trueno sin tormenta; como un chispazo sin corriente”. Pero tuvo la suficiente entidad como para que en una reunión de generales en el Ministerio de la Guerra se optara por deponer la lucha. No hubo oposición y, aunque Isabel II quiso volver a Madrid, sus consejeros la disuadieron. Cruzó la frontera francesa el día 30 de septiembre.

La Revolución había triunfado, pero quedaba organizar el triunfo.

A medida que la revolución se extendía por cada provincia se constituyeron las Juntas revolucionarias. creándose también en Madrid la Junta Suprema de Gobierno. Cuya presidencia recayó en el general Serrano. Sin embargo, las juntas revolucionarias provinciales no se disolvieron y por ello se puede decir que la Revolución vivió en una permanente crisis revolucionaria. Los demócratas que habían quedado fuera de la Junta Suprema, mantenían así en las provinciales unos núcleos de poder paralelos. En esas juntas provinciales se instalaron también los milicianos llamados “voluntarios de la libertad”. Eran el brazo armado de la revolución.

Esta dualidad llevó a que en cada Junta se aprobaran leyes diferentes, sólo a modo de ejemplo, la Junta de Zaragoza aprobó el matrimonio civil o la libertad de trabajo que en el resto de España no se daban. Y en Sevilla y Málaga, la clara separación de Iglesia y Estado, y en la de Madrid se estableció la extinción de las comunidades religiosas. El gobierno declara la expulsión de los jesuitas, por cuarta vez en la historia de España.

El tema eclesiástico y religioso iba a plantearse en términos pasionales, sobre todo en el sur de España, con la consiguiente quema de templos y persecución de creyentes. El obispo de Jaén se quejó: “ hablan de libertad de cultos, y es libertad de agresión”. De esas agresiones sabían mucho los Voluntarios de la Libertad. Se genera así, además de un problema de poder, un problema de orden público.

Prim en un decreto de 17 de octubre disolvió la organización de los voluntarios y posteriormente exigió también la disolución de las Juntas. Para lograrlo, trasvasó a miembros de las Juntas a puestos de la Administración provincial, local y nacional. De este modo y sin más dificultades, las Juntas fueron desapareciendo. Prim fue así emergiendo como hombre fuerte del momento.

Pero había otro problema que dilucidar, la cuestión del Régimen. Monarquía o República. Unionistas y progresistas era monárquicos y los demócratas vivían en una dualidad de criterios.

Se sucedieron en Madrid los días 15 y 22 de noviembre manifestaciones- celebradas con recorrido inverso- desde la Plaza de Oriente al Obelisco del Dos de mayo, la de los monárquicos, y desde el Obelisco a la Plaza de Oriente la de los republicanos, pero nada se dilucidó.

El Gobierno en el preámbulo del decreto de convocatoria de las Cortes Constituyentes había señalado que prefería la monarquía. El 6 de diciembre de 1868, se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino de los mayores de 25 años, con un censo cercano a los 4 millones de electores. Las nuevas Cortes se constituyeron el 11 de febrero de 1869.

Se inicia así la discusión de la nueva Constitución cuyos puntos de importante debate fueron la cuestión religiosa y el tipo de régimen.

En el primer asunto se declara al Estado como confesional; se obliga a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, y a garantizar el ejercicio público y privado de cualquier culto.

En el art 33, se aborda el segundo aspecto espinoso la cuestión del régimen. La redacción final decía: “La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía”. Hasta llegar a este punto los monárquicos tuvieron que discutir con los republicanos que se presentaron divididos en dos: los federalistas de Pi y Margall y de Castelar y los Unionistas de García Ruiz y de Sánchez Ruano. El artículo 33 fue aprobado por 214 votos a favor y 71 en contra.

EL Rey se concebía como un “ poder constituido, moderador e inspector de los demás poderes y titular del ejecutivo que ejercen sus ministros”. También compartía el poder legislativo con las Cortes, a las cuales tenía la facultad de suspender sólo una vez en cada legislatura.

En los artículos 77 y 78 se decía que la Monarquía tendrá “carácter hereditario en la dinastía que sea llamada a la posesión de la Corona”.

 Y ahí surgió otro de los problemas. Se quería una dinastía democrática y cómo señaló el general Serrano, que ocupó el cargo de regente en ausencia de un monarca: “¡Encontrar a un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo!” Finalmente, a instancias de Prim, las Cortes decidieron en 1870 ofrecer la corona a la dinastía de Saboya, a Amadeo, el segundogénito del rey italiano Víctor Manuel II.

Asesinado su valedor, Prim,  la situación de Amadeo en España se puso muy cuesta arriba. Tampoco es que él ayudara mucho. Llegó con un perfil liberal que parecía satisfacer un punto medio entre los deseos de las diversas facciones que habían instigado la revuelta. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario: logró unirlas, pero sólo contra él y, harto de la imposibilidad de reinar en un país dividido en constantes luchas de poder, abdicó al cabo de dos años. Dando paso a la desbarajustada I República.

Realmente aquella revolución tuvo de Gloriosa el nombre, llegó por el “mesianismo del caos” y acabó enfangando a España en un caos mayor. Pero esa ya es otra parte de la Historia

BIBLIOGRAFÍA

HENNESSY, C.A.M.-“ La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874”. Ed. Los libros de la Catarata. 2010.

PALACIO ATARD, V.-“La España del siglo XIX. 1808-1898”. Ed. Espasa- Calpe. 1981.

TUÑÓN DE LARA, M.- “El problema del poder en el sexenio 1868-1974”. Ed. Siglo XXI. 1976.

VICENS VIVES, J.- “ Historia social y económica de España y América”. Ed. Teide 1959.