Esta entrada constará de dos partes. Hoy expongo la primera.
Muchos han querido ver en la persecución religiosa durante la II República la respuesta a la situación que describían los anticlericales desde el S XIX, cuyo argumentario se basaba en que la Iglesia mantenía un poder tiránico sobre el pueblo, ejercía un enorme dominio económico y que los sacerdotes, malvados, sólo pretendían enturbiar la mente de los ciudadanos; la religión como opio del pueblo. Pero esa visión responde a un movimiento ideológico no a la realidad.
Por otro lado, muchos de los estudios que se han hecho sobre la persecución republicana intentan rebatir el argumentario de izquierdas, con la mejor voluntad y señalando las virtudes y defectos de la Iglesia que, como casi todas las cosas, de ambos tiene. Sin embargo, no se percatan estos estudiosos que ninguno de esos argumentos es válido para explicar lo ocurrido en la República y mucho menos lo acontecido en el año 1936. En aquel año luctuoso, la Iglesia y el Estado llevaban cinco años de separación, los ingresos económicos de la iglesia habían quedado mermados tras las desamortizaciones del siglo XIX, en 1931 y mucho más en 1936, la Iglesia católica española era una Iglesia pobre y empobrecida, y más que quedó con la destrucción de un patrimonio que era de España y de los españoles, no sólo de la Iglesia. Desde la Constitución de 1931, se había negado la posibilidad de recibir una educación católica impartida por las órdenes religiosas, por acusarlas de adoctrinar a los jóvenes, incluidos los jóvenes católicos. No existía la opción de elegir. Los ateos y anticlericales estaban preocupadísimos por acabar con toda enseñanza y costumbre católica. Una buena parte de la legislación republicana estaba encaminada a mostrar y ensalzar el anticlericalismo que sus autores llevaban dentro.
El problema de fondo nacía de que, para los republicanos, al modo de la revolución bolchevique, o de la francesa de 1792, o de la mexicana de 1910, la religión resultaba un estorbo, producía raíces que anclaban a las personas a algo más profundo y crítico que lo que dijera el Estado. La finalidad republicana era erradicar la religión y a los religiosos, como modo de cincelar a un hombre nuevo a su modo y manera, para inclinarlo hacia sus posiciones, adoctrinando ellos a todos, mientras acusaban de adoctrinamiento a la Iglesia. Su actuación durante aquellos años, pero más en los primeros meses de 1936, fue un auténtico genocidio, pensado y consentido por las autoridades republicanas. H. Thomas ha escrito: “Posiblemente en ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado”[1]
En contra de lo que pudiera pensarse, la llegada de la República fue acogida con optimismo por bastantes católicos. La Iglesia manifestó su lealtad a la República desde el primer momento. Lealtad y cautela impuesta desde la Conferencia Episcopal Española sobre todo por el Cardenal tarraconense Vidal y también desde el Vaticano. Cierto es que, la propia cautela mostrada es reflejo de un cierto miedo a lo que pudiera realizar la República portadora en su seno de la tradición anticlerical de la izquierda española de todo el Siglo XIX. La Iglesia siempre intentó respetar las leyes de la República, cosa que la Republica no siempre hizo. En un editorial publicado el 15 de abril de 1931 en el diario católico El Debate se afirmaba: “La República es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla”. El obispo de Barcelona, Manuel Irurita, en una circular publicada el 16 de abril, ordenaba a los sacerdotes que no se mezclaran en contiendas políticas y que guardasen “con las autoridades seculares todos los respetos debidos” y colaborasen con ellas; pidió además oraciones públicas para que el Señor “derrame sobre la Patria y sus gobernantes las gracias tan necesarias en los actuales momentos”.
De toda la jerarquía española sólo el Cardenal Segura, Primado de España, se mostró activo contra los hechos que se iban conociendo.
La Carta Pastoral publicada por el Cardenal Segura (“Sobre los deberes de los católicos en la hora actual”, 1 de mayo de 1931), el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de reacción, soliviantaron a los revolucionarios. Todo lo que no fuera soportar lo que impusieran las izquierdas, era interpretado como signo de violencia y provocación. La jerarquía católica, por medio del nuncio Tedeschini, intentó reconducir las relaciones con el Gobierno, y para ello se llegó al acuerdo de que el Cardenal Segura abandonara España a cambio de que la República respetase la libertad de culto y de enseñanza. La Iglesia cumplió su palabra; el Gobierno, en especial algunos de sus ministros (con principal ahínco Fernando de los Ríos, ministro de Justicia), no.
La expulsión del Cardenal Segura fue uno de los actos más sectarios de la República, y una de las muestras de desunión mayor de la Iglesia. El Cardenal aceptó la situación para calmar los ánimos. La renuncia de Segura a la sede primada fue considerada por muchos católicos y también por algún obispo como un verdadero despojo por parte de la autoridad civil. Así como un agravio a la fe de un pueblo en la persona que ostentaba la representación más alta de la jerarquía en la nación.
Todo el esfuerzo de la Iglesia por convivir con el régimen fue en balde. No fue la Iglesia la que se posicionó al margen de la República, sino que fue la Republica la que expulsó a los católicos.
En el primer Gabinete republicano había tres ministros católicos: el presidente, Alcalá Zamora; el titular de la Gobernación, Miguel Maura, y el de Economía, Luis Nicolau d’Olwer, que representaba a los catalanes republicanos e izquierdistas. Los dos primeros fueron la garantía inicial para los católicos, ya que los restantes miembros del Gobierno eran de diversas tendencias, pero todos ellos anticlericales, que mostraba formas aparentes de respeto hacia el nuncio y algunos obispos, pero seguían un plan legislativo laicista.
El anticlericalismo se extendió por todos los pueblos y ciudades gobernados por la izquierda, cuenta Maura en sus memorias: “Al proclamarse la República, recibí —cuando hacía unas horas que estaba en el Ministerio de la Gobernación— un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nombre no hace al caso: «Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura»”.[2]
El anticlericalismo campaba a sus anchas y así, al mes de declarada la República sucedió la primera quema de Iglesias. El 10 de mayo empezaron los disturbios, pero lo peor aconteció en la mañana del 11. Primero en Madrid. Comenzaron los incendios por el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía) y continuaron a lo largo de la mañana por el resto de la ciudad; después se extendieron por el resto de España, sobre todo, por el sur y el este.
Cuando Miguel Maura intentó sacar a la Guardia Civil para sofocar los asaltos, Azaña desde el Ateneo lo frenó con la frase de: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”.
Todo el gobierno conocía que se iban a quemar iglesias; Maura lo cuenta en sus memorias.
La connivencia del Gobierno republicano llega a tal punto, que el general Gómez García Caminero, gobernador militar de Málaga, llegó a enviar un telegrama a Madrid que indicaba escuetamente:
“Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”.
Las quejas de los diarios católicos llevaron a su cierre, como ya vimos aquí:
Los acontecimientos ocurridos entre el 10 y el 13 de mayo de 1931 dieron como resultado la muerte de tres personas, hubo heridos de diversa consideración y se quemaron más de 100 conventos e Iglesias. Se perdió un patrimonio cultural irrecuperable para España Sólo en la quema de la biblioteca de la casa profesa de los Jesuitas ardieron 80.000 volúmenes y en el Instituto católico de Artes e Industria 20.000 libros más. Se perdieron obras de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano…
Los vándalos y asesinos fueron perseguidos con tanto cariño gubernamental que cuando casualmente alguno era detenido y juzgado, desaparecían las pruebas para su condena.
Uno de los mayores errores de la República fue no haber comprendido que una parte mayoritaria de los españoles era católica y deseaba seguir siéndolo, aunque no practicara asiduamente la religión. No todos los católicos eran monárquicos ni ideológicamente pensaban igual. Pero la República buscaba la unificación de criterios y de pensamiento. De ahí surgió un conflicto que tuvo consecuencias desastrosas. Además, la República no se percató que España había encontrado en el catolicismo su identidad histórica y su unidad nacional. Es decir, que la Iglesia católica existía en España antes que el Estado; que la Iglesia había dado solidez a la nación no sólo mediante la fe católica, sino también, mediante la lengua y la cultura, conservada, enriquecida y transmitida en patrimonio común gracias a los obispos y a los abades, a los sacerdotes y a los monjes.
Ante la situación creada en mayo, los temores católicos iban en aumento. La tramitación del texto constitucional de 1931 ya establecía diversas cuestiones profundamente anticlericales que, si bien hoy podemos ver con ojos más acostumbrados a la relajación de las costumbres católicas, en 1931 supusieron un auténtico escándalo. En otros casos, causarían escándalo incluso en la actualidad. Los artículos que crearon más polémica fueron: la afirmación de que España no tenía religión oficial (art 3), eliminaba la tradicional ayuda estatal a las órdenes religiosas y previsión de la nacionalización de sus propiedades (art 26), suspendían las contribuciones estatales a los salarios del clero, legalizaban el divorcio (art 43) e introducían un sistema de enseñanza primaria laica, obligatoria y gratuita. El famoso artículo 26 iba destinado a ofender y expulsar a la Compañía de Jesús y a su actividad en la enseñanza. Lograron su expulsión ( el 23 de enero de 1932) y con ella empobrecer la vida educativa y cultural española. El hecho provocó la retirada de las minorías católicas de las Cortes, la ruptura de la coalición gubernamental –al dimitir Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura–, el aumento del recelo católico sobre el régimen y el incremento de la debilidad de los partidos republicanos conservadores. Al ausentarse la oposición, el resto del anteproyecto provocó un menor número de debates en la mayoría de diputados de izquierdas. A lo largo de la República, pudieron volver algunos, pero nunca con aprobación oficial, sino ejerciendo su actividad en privado. Hay 114 jesuitas entre los mártires de la guerra.
El laicismo, término que estaba muy mal visto en aquellos momento, con unas connotaciones negativas de las que hoy, en parte, se ha desprendido, tenía un baluarte poderoso en la masonería, que ahondaba sus raíces en recíprocas campañas de desprestigio, que alcanzaron momentos de gran tensión tras la condenación de la masonería por León XIII, en 1884, con la encíclica Humanum genus, y se acentuaron en 1930 cuando Pío XI publicó la Divini illius magistri sobre la educación cristiana de la juventud y contra el laicismo de la escuela. Para muchos afiliados a la masonería, con la República llegaba el momento deseado para poner en práctica el programa laicista en todos los ámbitos del Estado, pero fundamentalmente en el de la enseñanza.
El artículo 26 se acabó imponiendo tras el discurso de Azaña, que fue calificado por Lerroux como una “obra maestra de la perfidia, que desautorizaba a su jefe de gobierno y contentaba a la galería, menos atenta al interés de la República que al interés sectario” . Alcalá Zamora le acusó de haber frustrado todo intento de paz religiosa al pronunciar un discurso que parecía improvisado, cuando en realidad había sido cuidadosamente preparado y concertado. Con todo el discurso consiguió suavizar algo el articulado anticlerical, pero puso en guardia a toda la Iglesia. El Cardenal Vidal obispo de Tarragona definió todo el debate parlamentario de “bajo nivel intelectual y moral de parte de los diputados”[3]
El Papa, Pio XI, a través del nuncio Tedeschini hizo llegar una enérgica protesta contra las múltiples ofensas infligidas a los sacrosantos derechos de la Iglesia y que invitaba por medio de la carta encíclica Nova impendet (2 octubre 1931) a todos los católicos del mundo para que rezaran por las necesidades más urgentes de aquellos momentos y proponiéndose unirse a tales plegarias y ofrecer por dicha intención la santa misa en la basílica de San Pedro el día de Cristo Rey, invitaba también a que todos se unieran con él en la especial intención de que cesara la gran tribulación que sufría la Iglesia y el pueblo de la querida nación española.[4]
Pero no se quedó en eso la legislación anticlerical. La república incumpliendo unilateralmente y sin consultar a la Iglesia ni buscar una negociación que evitara tensiones, empezó a legislar en contra de determinados asuntos concordados. Así, establecieron el carácter voluntario de la enseñanza religiosa en los centros estatales (6 mayo); el Crucifijo fue retirado de las escuelas; fueron disueltos los cuerpos eclesiásticos del Ejército (30 de junio) y de la Armada (10 julio), así como las Ordenes militares religiosas (29 abril): Orden de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa; quedó suprimida la obligación que tenían los militares de asistir a los actos religiosos durante los días festivos (18 abril); el juramento que se emitía al aceptar un cargo público fue sustituido con una obligatoria promesa (8 mayo). La Iglesia se vio afectada por medidas de carácter económico como la supresión de exenciones tributarias (8 mayo), la obligación de inscribir en los Registros de la Propiedad los bienes fundacionales de las capellanías privadas (31 mayo) y el deber de informar sobre los haberes de los sacerdotes diocesanos, paso previo para la supresión del presupuesto del culto y clero (3 julio). Además, a las autoridades civiles se les prohibió asistir oficialmente a los actos religiosos de carácter nacional, provincial o municipal. La Confederación Nacional Católico-Agraria fue privada de su reconocimiento oficial. Los obispos fueron excluidos del Consejo de Instrucción Pública. Al Santísimo Sacramento le fueron suprimidos los honores militares que se le otorgaban durante las procesiones. El Crucifijo fue retirado de las escuelas en las que algún alumno rechazaba la enseñanza religiosa y fueron violadas algunas inmunidades personales de los religiosos.
Una de las legislaciones más dolorosas fue la que secularizaba los cementerios (9 julio), y que de modo genérico ya estaba recogida en el artículo 27 de la Constitución. Se impidieron los entierros católicos. Si alguien quería un entierro cristiano debía de pedirlo ante notario. Los notarios tenían que realizar una escritura en cada caso; se prohibió utilizar modelos tipo que permitieran expresar la voluntad del futuro difunto y que, además, abarataban y aceleraban el procedimiento. Sin esa escritura el entierro sería civil. No valía por tanto la voluntad de los deudos o familiares. Si alguien había expresado su voluntad de entierro católico sin haberlo formalizado en escritura notarial, no podría ser enterrado al modo católico. La situación además creaba una desigualdad entre los que podían pagar el acta notarial y los menos favorecidos que no tenían recursos para ello. La situación se convirtió no sólo en un despropósito sino en un medio de persecución de los que se habían mostrado deseosos de un entierro cristiano. Por supuesto desaparecieron las capillas y los capellanes de los cementerios.
A las arbitrariedades cometidas desde el Gobierno central había que unir las de carácter municipal.
La sectaria legislación fue desacreditando rápidamente a la República y mostrando su animosidad a la Iglesia, a sus personas e instituciones. Muchos diputados católicos lo reprobaron y el catalán Carrasco Formiguera llegó a decir: “Los republicanos católicos nos sentimos engañados por no haber respetado la República nuestros sentimientos y faltado a sus promesas”. Los temores de los católicos de que los hechos más violentos se sucedieran en años posteriores se vieron corroborados a lo largo de 1932, no sólo con la expulsión de los jesuitas, como vimos, sino con sucesos de violencia callejera e intimidación contra los católicos y sobre todo sacerdotes y monjas en Zaragoza, Córdoba y Cádiz (actos especialmente violentos en enero y octubre), Sevilla (abril y octubre), Granada (julio) y Granada (octubre).
La respuesta católica fue a base de protestas civilizadas ninguna acción violenta. Y se reflejó en tres documentos esenciales: 1) la carta colectiva del episcopado de 25 de mayo. 2) Pío XI dio a conocer la encíclica Dilectissima nobis el 3 de junio, en la que condenaba el “espíritu anticristiano” del régimen español. 3) El nuevo arzobispo primado de Toledo, Gomá, publicó su enérgica carta pastoral “Horas graves” el 12 de junio. En los tres documentos coinciden en lo esencial: denuncia del durísimo trato que se dispensaba a la Iglesia en España; la contradicción abierta entre los principios constitucionales del Estado y la violación de la libertad religiosa y condenación abierta de la legislación sectaria.
Pero nada de esto hizo reflexionar a la República, al contrario, lo peor estaba por llegar…
[1] H. Thomas. “La guerra civil española 1936-1939”. Ed. Ruedo Ibérico, 1962.
[2] Miguel Maura.- “ Así cayó Alfonso XIII”. Ed. Ariel. 1995.
[3] VICENTE CÁRCEL ORTÍ.- La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) Ediciones RIALP, S. A. 1990
[4] VICENTE CÁRCEL ORTÍ Op. Cit.
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