Aprovechando este año franquista que ha decretado el Gobierno, en el que, tras cincuenta años de la muerte del dictador, vamos a recordar algunas de sus políticas y, dado que, es de plena actualidad el problema de la vivienda y que se acaba de institucionalizar un organismo público, tan semejante, tanto, al Instituto Nacional de la Vivienda, merece la pena que recordemos la actuación de aquella entidad franquista desarbolada por el gobierno socialista de Felipe González y añorada por el actual.
Tan pronto como acabó la guerra, el gobierno de la dictadura se propuso abordar el grave problema de la vivienda. No sólo por la escasez de casas, tras la ruina y destrucción provocada por la guerra, sino también por el importante el éxodo rural que impedía a las personas que llegaban a Barcelona, a Madrid, a Bilbao… tener un lugar digno en el que vivir. Apareció el chabolismo. Sólo en Madrid había 20.000 chabolas y 120.000 personas vivían en ellas.
Ya en el final de la guerra, el bando nacional había creado la Dirección General de Regiones Devastadas y la Fiscalía Nacional de la Vivienda, con el objetivo de velar por la higiene y salubridad de los hogares familiares. Poco después se procedió a la creación, encuadrado, en un primer momento, en el Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de la Vivienda ( creado en 1939 en el seno del Ministerio de Acción y Organización Sindical, y bajo la dirección de Federico Mayo) que posteriormente se convirtió en Ministerio, integrándose en él la citada Dirección General de Regiones Devastadas y la Fiscalía General de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura y otros Organismos similares. Destaca entre ellos la creación del Instituto Nacional de Urbanización (INUR) dedicado a la formación de polígonos tanto de viviendas como industriales y a la urbanización de terrenos y solares, un instrumento imprescindible para la disposición de suelo a precios que resultaran asequibles, evitando la especulación.
La primera ley de viviendas protegidas del régimen, auspiciada por el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, llegó en 1939, posteriormente se dictaron otras como la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954, que puso límites a los precios de las casas e impulsó la creación de viviendas de protección oficial. Permitió la construcción de bloques en altura, que la Obra Sindical del Hogar había tachado años antes de «calabozos» y «colmenas» que alienaban a los obreros, y siempre agrupadas en conjuntos de al menos 25 casas que no tuvieran un formato rígidos en su manera de adaptarse al lugar. La norma preveía calcular 12 metros cuadrados por habitante.
Había tres categorías de viviendas: mínimas, reducidas y de tipo social. Se diferenciaban, sobre todo, por su coste de construcción: 800 pesetas por metro cuadrado, 1.000 pesetas por metros cuadrado y 25.000 pesetas totales como máximo (unos 10.000 euros, considerando la inflación desde 1954). Había tipos previstos de hasta 100 metros cuadrados, pero casi toda la producción estuvo entre los 58 y los 35 metros cuadrados.
Los comienzos fueron duros, en ocasiones por la carencia de materiales al finalizar la guerra, otras por los enfrentamientos soterrados entre las distintas instituciones dedicadas a la política de vivienda, la mayoría, sobre todo en la década de los 40, porque nuestra economía era paupérrima incapaz de crecer a más del 1,2% anual de su PIB pese a que todo estaba por reconstruir. El catedrático de arquitectura Carlos Sambricio ha documentado que España sólo construyó 1.200 viviendas al año en la década de 1940. No había materiales, ni financiación, ni empresas.
El modelo definitivo, el que nace a partir de 1954, permite la construcción de casas de 49 metros cuadrados, muy sencillas, hechas con dos crujías y muros de carga. La prioridad era no gastar un centímetro de espacio en pasillos. La cocina estaba semiintegrada en el salón. Como todo estaba tan medido, el arquitecto De la Hoz diseñó hasta los muebles para que cupiesen.
Aquel esfuerzo tuvo bastante de heroico hasta 1957. España no producía hormigón, ni hierro, ni cemento suficientes y la financiación escaseaba. Lo que sí que había era mano de obra. Después, la economía despegó relativamente deprisa, y la situación mejoró.
A partir de aquel año, las actuaciones llevadas a cabo se caracterizaron por constituir un conjunto de normas de financiación cualificada a los promotores, en forma de préstamos de las entidades de crédito públicas y privadas, a interés más reducido que el del mercado y préstamos del Estado sin interés, así como subvenciones o primas estatales. Asimismo, se otorgaron importantes exenciones y bonificaciones tributarias y algunas expropiaciones forzosas para la adquisición de suelo.
Esta política conjugó la cooperación de sector público y el privado, así como la cooperación de todas las instituciones, muy especialmente, los ayuntamientos. Las Corporaciones Locales, en muchos casos sin intervención del sector privado, promovieron gran número de viviendas, en régimen excepcional, para grupos de población de recursos escasos, con carácter subsidiario de la actuación de promotores privados. Fue a partir de 1957 con la liberalización del suelo, cuando el boom de la vivienda apareció en España. Importancia especial tuvo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo preámbulo decía:
“El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década”.
Este conjunto de leyes tuvieron como consecuencia la bajada de los precios, que disparó la compra de pisos. Además, aquella ley de arrendamientos no era nada atractiva para el dueño del piso a arrendar, pues impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas que congelaba los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos. Medida que se terminó con el llamado decreto Boyer (2/1985 de 30 de abril, durante el Gobierno Socialista de Felipe González) sobre medidas de política económica que supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas.
Pero aquella ley de arrendamientos de 1964, tan sumamente tuitiva para el arrendatario, obligó a muchos propietarios a poner sus pisos a la venta, lo que abarató aun más los precios. Además, las políticas de protección se ampliaron a otros sectores: funcionarios, militares, colegios profesionales para sus colegiados…
Según las estadísticas publicadas por del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre los años 1961 y 1973, se construyeron en España 3.347.768 viviendas, que se ampliaron con 358.460 en 1974 y con 374.391 en 1975; en total, en estos catorce años, se levantaron 4.080.619 viviendas, lo que quiere decir que, al menos en los últimos, se superó la cifra de mil viviendas terminadas y entregadas por día.
De aquellas viviendas, las acogidas a protección oficial suponen un porcentaje del 52,48% y las libres (aunque con exenciones tributarias, algunas con expropiación y otros beneficios) ascienden al 47,52%.
En el año 1970, es decir, 30 años más tarde, el número de viviendas ascendía a 10.658.882 lo que significa un incremento de 4.855.521 = 83,6 %, correspondiendo a cada vivienda 2,99 habitantes. En tanto, el censo de población había aumentado, de 1940 a 1970, en 8.162.000 = 31,5 %, el incremento de las viviendas fue del 83,6 % , con la particularidad de que una gran proporción de las casas construidas en este periodo y a partir del año 1970 se habían acogido a distintos regímenes de protección del que se beneficiaron, desde el año 1943 a 1974, 3.190.960 viviendas, cuya proporción, en las poblaciones y áreas de inmigración, respecto al total de viviendas que había en el año 1970, fue muy considerable: Alava 50,3 %; Madrid 46 %; Vizcaya 64,4 %; Barcelona 34,3 %; Guipúzcoa 43,3; Valladolid 50,7, etc, etc. La proporción global de viviendas protegidas construidas de 1943 a 1974 respecto a las edificadas en el período 1940-1970, fue del 65,70 %.[1]
La política franquista de vivienda bajó tanto los precios que el ahorro en España se invirtió en ladrillo. Así en 1970, el 77,8 % de los españoles eran propietarios de su casa.
Hoy en día existe una Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos de España que ofrece ideas y vías de financiación para salvar esas comunidades de viviendas. Desde el Colegio de Barcelona opinan que: “España no ha sido un país que tuviese cultura del mantenimiento. Las averías se han solucionado cuando han llegado, como se ha podido y eso, en conjunto, ha sido un derroche de energía y de dinero. Ahora, entre los fondos Next Generation y el Pacto Verde Europeo tenemos la oportunidad de corregir errores”.
“Cualquier edificio, a partir de los 40 años, tiene materiales que se desgastan y acaban su vida. Pero eso tiene solución y, de hecho, mucha de la arquitectura de los años 50 está en buenas condiciones estructurales, sólo necesita actualizaciones. El problema verdadero es saber si se pueden adaptar a lo que la gente busca de una vivienda en 2024. Un piso de 45 metros cuadrados y tres habitaciones no entra bien en el mercado. Hay que ser imaginativos, promover rehabilitaciones integrales, unir pisos, crearles galerías exteriores”.
Si en los próximos 10 años esos edificios desaparecen del mapa, sólo quedará la literatura para recordar su historia.
Igual aquellas casas del franquismo son una solución a algunos problemas de vivienda actuales.
BIBLIOGRAFÍA:
BETRÁN ABADÍA, Ramón.- “ De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda de la España franquista y postfranquista”. Dianlet
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-DeAquellosBarrosEstosLodos-301625%20(2).pdf
SAMBRICIO, Carlos. “Un siglo de vivienda social. 1903-2003”. Ed Ayuntamiento de Madrid.2003.
[1] SAMBRICIO, Carlos. “Un siglo de vivienda social. 1903-2003”. Ed Ayuntamiento de Madrid.2003