GUERRA DE RELIGIÓN. La persecución de los católicos en la II República, y 2

Ya vimos el otro día la primera parte de esta entrada: https://algodehistoria.home.blog/2025/05/09/guerra-de-religion-en-espana-la-persecucion-de-los-catolicos-en-la-ii-republica-1/

Veamos ahora la segunda.

Todo el anticlericalismo existente a la llegada de la Republica no hubiera podido provocar la dureza de la persecución que se produjo cinco años después, sobre todo, en los territorios que , tras el alzamiento, quedaron en zona republicana. Si no se hubieran polarizado y encendido los ánimos por culpa de las acciones y normas de los primeros años de la República, no se hubiera predispuesto a las masas a ejercer una violencia desmedida y convertir el anticlericalismo existente en un auténtico genocidio.

El clima de tensión político-social en el país había crecido sensiblemente ya antes de las elecciones de 1933. Desde el verano de 1932, es decir, desde el fracaso de la famosa “sanjurjada”, la coalición presidida por Azaña se deterioró no sólo por la oposición que le venía de fuera, sino también por la descomposición interna. A la represión que siguió al intento de golpe de estado de Sanjurjo, se añadió la matanza de Casas Viejas a principios de 1933 —personas inocentes fueron asesinabas por guardias de asalto republicanos—. Este suceso se convirtió en una auténtica tragedia nacional. No fue más que la gota que colmó el vaso de la paciencia del pueblo ante los atropellos de la izquierda, que determinaron la reacción ciudadana que dio la victoria a las derechas en las elecciones de 1933. Durante el bienio moderado (de noviembre de 1933 a febrero de 1936), la oposición socialista intentó una auténtica revolución en el mes de octubre. Programada para toda España, tuvo éxito solamente en Asturias, porque en Cataluña se sofocó antes de que pudiera triunfar del todo. El presidente de la Generalitat, Companys, proclamó en Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El Gobierno de Madrid impidió esta sublevación; 500 soldados republicanos dominaron la situación en pocas horas, con un total de 46 muertos y 11 heridos. Lo de Asturias fue mucho más grave. Centrándonos en el tema de esta entrada: 58 iglesias fueron destruidas y 34 sacerdotes asesinados (algunas fuentes elevan la cifra a 40)[1]. La persecución a los religiosos fue realmente salvaje.

Algunos sacerdotes y religiosos fueron asesinados a culatazos, otros fueron ahorcados y sus cuerpos expuestos en público durante días. En Mieres, se incendió la residencia de los Padres Pasionistas y fueron asesinados y arrojados al río los novicios pasionistas. En Valdecuna, se asesinó al ecónomo párroco y se quemó la iglesia, el retablo, imágenes y archivos parroquiales. En Oviedo los revolucionarios queman el convento de las benedictinas de San Pelayo, el convento de Santo Domingo (en la calle se fusila a los seminaristas que habían conseguido huir del convento) y el Palacio Arzobispal de Oviedo. Todos quedaron destruidos. El 9 de octubre, son fusilados en Turón 9 sacerdotes de La Salle (Mártires de Turón. Canonizados en 1999). El 11 de octubre los revolucionarios socialistas colocan una bomba en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. En este atentado se destruyen numerosas obras de arte y reliquias del cristianismo, también sufre daños la catedral. Pocos días después, también en Oviedo, los revolucionarios incendian el colegio religioso de las Recoletas de Oviedo.

El analfabetismo de aquellos exaltados no se limitó a destruir las obras religiosas, el 13 de octubre, dinamitan el edificio de la antigua Universidad de Oviedo perdiéndose importantes obras de gran valor y quemándose toda su biblioteca, inaugurada en el año 1765 y cuyos orígenes se remontaban a 1608. Esta biblioteca de la universidad se había convertido en uno de los primeros centros bibliográficos universitarios de España. También fue destruida la pinacoteca de la universidad.

Marañón afirmó que “la sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España”[2] .

El movimiento revolucionario procede de todos los grupos izquierdistas que no fueron capaces de aceptar el resultado adverso de las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Desde entonces se dedicaron a conspirar contra la más alta magistratura de la Nación y el Parlamento ( lo llevaban haciendo desde el fin del turnismo, siendo especialmente virulento desde la segunda década del S.XX. En el republicanismo encontraron un nicho de encuentro las aspiraciones anarquistas, las socialistas, las de los nacionalistas catalanes y vascos. Pero un republicanismo que concebían destructor, revolucionario). Lerroux intentó consolidar una República que estuviese abierta a todos los españoles. La revolución de octubre sirvió para unir a una parte de las derechas, ya que el Partido Radical de Lerroux y la CEDA eran las dos únicas fuerzas que quedaban con aspiraciones de respeto a la constitución y la República. Lerroux tuvo que colaborar con los católicos de derechas y Gil Robles con los radicales para estabilizar la situación. La extrema violencia vivida consiguió lo contrario de lo que querían los revolucionarios: que los católicos tuvieran responsabilidades de gobierno. Destacados políticos de la CEDA ocuparon carteras ministeriales desde octubre de 1934 hasta fines de 1935. Evidentemente, esto, lejos de calmar a los violentos los envalentonó.

Con su tenaz voluntad subversiva las izquierdas consiguieron acabar con las pocas posibilidades que existían de que prosperara una república democrática en España. El Gobierno pudo controlar la situación con las fuerzas armadas, pero no tuvo la entereza de modificar la política del primer bienio, ni de sofocar de verdad a los revolucionarios. Las condenas fueron poco enérgicas, aunque llevaron a las cárceles, por poco tiempo, a un nutrido grupo de revolucionarios, convirtiendo las celdas en nidos de propaganda de una sublevación que se manifestó a su excarcelación. Tampoco el gobierno supo realizar una política social que contrarrestara la demagogia de sus enemigos.

La victoria de la izquierda en febrero 1936, en un claro fraude electoral por la manipulación de las actas ( ya lo vimos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2023/06/30/el-fraude-electoral-de-1936/ ), provocó otra exaltación anticlerical que, en dos meses, supuso la quema de 142 iglesias. En algunos casos con asaltos a los colegios católicos, apuntando con pistolas o cuchillos a los sacerdotes delante de los niños, como ocurrió en el colegio de los marianistas, San Felipe Neri, de Cádiz.

El futuro Cardenal Tarancón, que por entonces era un joven sacerdote relató que:

“En aquella época [antes del alzamiento de julio] era peligroso ir con sotana —o con hábito religioso— por las calles de Madrid. Sobre todo, en las horas del atardecer, cuando casi todos los días desfilaban manifestaciones de distinto signo por las mismas. Se inventaban calumnias absurdas para atacar brutalmente a religiosas indefensas, como aquella de los «caramelos envenenados» que movilizó a un grupo numeroso de personas en Puente Vallecas que atacó a unas religiosas al salir de su convento. Se insultaba fácilmente a los sacerdotes, sobre todo cuando desfilaban grupos de manifestantes y encontraban una sotana en su camino. […] las izquierdas habían hecho imposible la convivencia en paz. Y con su persecución religiosa habían herido en lo más vivo la conciencia de la inmensa mayoría de los españoles que reaccionaban todavía en cristiano.”[3]

Pero tras el alzamiento del 18 de julio de 1936, los católicos que estaba en la zona republicana fueron declarados enemigos del régimen, por ejemplo, Andrés Nin, dirigente del partido revolucionario POUM, proclamaba en un mitin llevado a cabo el 8 de agosto de 1936 que habían resuelto la cuestión religiosa:

“Nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto”.[4]

El culto católico debió suspenderse y los ciudadanos católicos hubieron de pasar a la clandestinidad, pues eran buscados para ser detenidos y llevados a tribunales arbitrarios, en los que en miles de ocasiones se decretaba la pena de muerte con la única acusación de ser católico. La posesión de un Rosario, o la denuncia de alguien de que un ciudadano solía ir a Misa o participaba en reuniones de Acción Católica, era suficiente para ser llevado a un pelotón de fusilamiento. Las ejecuciones eran muchas veces inmediatas, e iban precedidas de torturas salvajes. La situación más precaria era la de los religiosos hombres o mujeres.

Stanley G. Payne señala que la ferocidad republicana contra la Iglesia en España fue mucho mayor que la del periodo jacobino francés, pero con la “especialidad” española de ser particularmente cruenta contra los sacerdotes, clérigos y monjas. Según Payne “fue la masacre más importante y la más concentrada de sacerdotes y religiosos católicos de la que se tenga constancia histórica”[5]

La persecución no fue homogénea ni en el tiempo ni en el espacio en la retaguardia republicana. La mayoría de los martirios se produjeron en 1936 y primeros meses de 1937. Especialmente trágico fue el verano de 1936. Según Gabriel Jackson, “los primeros tres meses de la guerra fueron el período de máximo terror en la zona republicana. Las pasiones republicanas estaban en su cenit. Los sacerdotes fueron las principales víctimas del gangsterismo puro”¹ [6].

No sólo se mataba, también se mofaban de la fe de los católicos con profanaciones sacrílegas, actos civiles o conciertos en cementerios católicos en domingo, procesiones carnavalescas con ornamentos sagrados, farsas irreverentes sobre la misa, mujerzuelas llevadas en andas con los atributos de la Virgen…

Como recuerda Payne, basándose en la obra de Antonio Montero Moreno: “ la Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939”, el número de víctimas mortales de la persecución religiosa durante la república fue:

Sacerdotes seculares 4.022; Religiosos 2.376; Religiosas 282; Seminaristas 95; Obispos 12; Administrador apostólico 1.

Con todo, gracias a la ayuda de algunas de las legaciones diplomáticas en España fueron salvados 394 miembros del clero. Algunos de sus funcionarios ayudaron, con riesgo de perder su vida, al mantenimiento del culto católico clandestino y a su conexión con la Iglesia en la zona. Fueron las embajadas las que transmitieron al mundo el horror vivido por los católicos en España.

También el gobierno catalán ayudó a salvar al Cardenal Vidal y enviarlo a Roma.

Desde principios de 1937 disminuyó el número de muertes, aunque hubo un repunte durante la retirada del ejército republicano tras la caída del frente de Cataluña.

En cuanto a la distribución territorial, en el País Vasco la Iglesia Católica pudo desarrollar su actividad casi con total normalidad, mientras que la persecución se cebó en Madrid, Valencia, Aragón y Cataluña. La diócesis más castigada fue la de Barbastro, en la que fueron asesinados el 90 por ciento de los sacerdotes, incluido el obispo: tenía entre 110 y 120 sacerdotes a finales de 1935; al acabar la guerra, solo quedaba vivos 12 sacerdotes.

Se dieron episodios de gran crueldad y de verdadero sadismo; así, hubo casos en que las víctimas fueron quemadas vivas, enterradas vivas, terriblemente mutiladas antes de morir o sometidos a verdaderas torturas psicológicas. También hubo quienes fueron arrastrados por coches. Hubo casos en que se entregó el cuerpo de una persona asesinada a los animales para que lo comieran. En muchas ocasiones se mantenía a las víctimas desnudas mientras eran insultadas, golpeadas, pinchadas y mutiladas hasta morir. Las religiosas fueron violadas antes de asesinarlas, con especial crueldad contra las novicias. Se realizaban rituales colectivos humillando a las víctimas, deshumanizándolas, para así, tratadas como animales, quitar el cargo de conciencia que pudiera existir entre sus verdugos.

Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y seglares sufrieron torturas evidentes de martirio, reconocidos por testigos e incluso por los mismos asesinos arrepentidos, porque en ellos se dieron todas las circunstancias del martirio cristiano, es decir, que murieron por su condición de sacerdotes, religiosos o cristianos, que fueron ejecutados “in odium fidei” e “in odium Ecclesiae”, que aceptaron las torturas y la muerte por amor a Dios y fidelidad a Cristo, que manifestaron la virtud teologal de la caridad perdonando explícitamente a sus verdugos y asesinos y oraron por ellos, a imitación de Cristo en la Cruz. Esta situación sólo puede ser reconocida mediante el proceso canónico. San Juan pablo II activó el estudio de muchos casos que fueron paralizados por la Iglesia durante el Régimen de Franco. Otros muchos siguen en proceso de análisis y averiguación de sus circunstancias.

A la barbarie descrita hay que sumar los bienes artísticos y edificios- muchos con valor histórico- que fueron destruidos o robados, de un valor incalculable. De esto también hablamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2020/07/17/el-expolio-del-patrimonio-espanol-durante-la-republica-y-la-guerra-el-arte-y-la-cultura/

En este contexto no cabe reprochar al Obispo de Pamplona que en 1937 señalase que la guerra era una cruzada, o que salvo cinco obispos ( todos de El País Vasco o Cataluña) firmaran también el 1937, la carta colectiva en favor del bando nacional. El papa Pio XI no vio con buenos ojos esta carta y hubiera preferido una posición más neutral, pero cuando a uno le quieren matar la neutralidad no sé si es una posición demasiado elevada.

Salvador de Madariaga Rojo, diputado por la Federación Republicana Gallega, escribe en su libro, “España”, “Muchos diputados eran hombres de espíritu doctrinario y dogmático, esta circunstancia fue un verdadero infortunio para la República, pues llevó a las Cortes a poner en pie una Constitución que no era viable; siendo sus tres defectos capitales, la flojedad del ejecutivo, la falta de Senado y la separación de la Iglesia y el Estado”.

Para Madariaga si la segunda República Española hubiera continuado con el vigente Concordato de 1851, hubiera arreglado la cuestión religiosa y asegurado su vida política; “pero el apasionamiento anticlerical de sus prohombres no se lo permitió, y los llevó a un ataque frontal contra la Iglesia”, que propiciará el fracaso de la segunda República Española y la guerra civil de 1936.[7]

BIBLIOGRAFÍA

CÁRCEL ORTÍ, Vicente.- “La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939)”. Ediciones RIALP, S. A. 1990.

GARRALDA, A – “La persecución religiosa del clero en Asturias (1934 y 1936-1937)”. Ed. SND. 2009.

GUIJARRO, José Francisco.- “Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939”. Ed. La Esfera de los Libros. 2006.

IRUJO, Manuel.- “Memorándum del 9 de enero de 1937 de Manuel de Irujo sobre la persecución religiosa” https://www.hispanidad.info/irujo1937.htm

JACKSON, Gabriel.- “La República española y la guerra civil, 1931 1919”. Ed. Critica. 1976.

MAURA, Miguel .- “Así cayó Alfonso XIII”. Ed. Ariel. 1995.

PALACIO ATARD, Vicente.- “Cinco historias de la República y de la Guerra”. Ed Nacional, 1973.

PAYNE, Stanley G.- “¿Por qué la República Perdió la Guerra?” Ed. Espasa. 201

[1] Manuel Irujo. Diputado del PNV y ministro en los Gobiernos de Largo caballero y Negrín. Escribió al respecto el “Memorándum del 9 de enero de 1937 de Manuel de Irujo sobre la persecución religiosa” y en su obra “La Guerra Civil en Euskadi”.

[2] A. Garralda.- La persecución religiosa del clero en Asturias (1934 y 1936-1937).

[3] VICENTE CÁRCEL ORTÍ.- La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) Ediciones RIALP, S. A. 1990

[4] Vicente Palacio Atard.- “Cinco historias de la República y de la Guerra”, Ed Nacional, 1973.

[5] Stanley G. Payne.- “ ¿Por qué la República Perdió la Guerra? Ed Espasa. 2010

[6] G Jackson, La República española y la guerra civil, 1931 1919 .Ed Critica 1976

[7]José Francisco Guijarro.- “Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939”. Ed. La Esfera de los Libros. 2006.

GUERRA DE RELIGIÓN EN ESPAÑA. La persecución de los católicos en la II República. 1.

Esta entrada constará de dos partes. Hoy expongo la primera.

Muchos han querido ver en la persecución religiosa durante la II República la respuesta a la situación que describían los anticlericales desde el S XIX, cuyo argumentario se basaba en que la Iglesia mantenía un poder tiránico sobre el pueblo, ejercía un enorme dominio económico y que los sacerdotes, malvados, sólo pretendían enturbiar la mente de los ciudadanos; la religión como opio del pueblo. Pero esa visión responde a un movimiento ideológico no a la realidad.

Por otro lado, muchos de los estudios que se han hecho sobre la persecución republicana intentan rebatir el argumentario de izquierdas, con la mejor voluntad y señalando las virtudes y defectos de la Iglesia que, como casi todas las cosas, de ambos tiene. Sin embargo, no se percatan estos estudiosos que ninguno de esos argumentos es válido para explicar lo ocurrido en la República y mucho menos lo acontecido en el año 1936. En aquel año luctuoso, la Iglesia y el Estado llevaban cinco años de separación, los ingresos económicos de la iglesia habían quedado mermados tras las desamortizaciones del siglo XIX, en 1931 y mucho más en 1936, la Iglesia católica española era una Iglesia pobre y empobrecida, y más que quedó con la destrucción de un patrimonio que era de España y de los españoles, no sólo de la Iglesia. Desde la Constitución de 1931, se había negado la posibilidad de recibir una educación católica impartida por las órdenes religiosas, por acusarlas de adoctrinar a los jóvenes, incluidos los jóvenes católicos. No existía la opción de elegir. Los ateos y anticlericales estaban preocupadísimos por acabar con toda enseñanza y costumbre católica. Una buena parte de la legislación republicana estaba encaminada a mostrar y ensalzar el anticlericalismo que sus autores llevaban dentro.

El problema de fondo nacía de que, para los republicanos, al modo de la revolución bolchevique, o de la francesa de 1792, o de la mexicana de 1910, la religión resultaba un estorbo, producía raíces que anclaban a las personas a algo más profundo y crítico que lo que dijera el Estado. La finalidad republicana era erradicar la religión y a los religiosos, como modo de cincelar a un hombre nuevo a su modo y manera, para inclinarlo hacia sus posiciones, adoctrinando ellos a todos, mientras acusaban de adoctrinamiento a la Iglesia. Su actuación durante aquellos años, pero más en los primeros meses de 1936, fue un auténtico genocidio, pensado y consentido por las autoridades republicanas. H. Thomas ha escrito: “Posiblemente en ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado”[1]

En contra de lo que pudiera pensarse, la llegada de la República fue acogida con optimismo por bastantes católicos. La Iglesia manifestó su lealtad a la República desde el primer momento. Lealtad y cautela impuesta desde la Conferencia Episcopal Española sobre todo por el Cardenal tarraconense Vidal y también desde el Vaticano. Cierto es que, la propia cautela mostrada es reflejo de un cierto miedo a lo que pudiera realizar la República portadora en su seno de la tradición anticlerical de la izquierda española de todo el Siglo XIX. La Iglesia siempre intentó respetar las leyes de la República, cosa que la Republica no siempre hizo. En un editorial publicado el 15 de abril de 1931 en el diario católico El Debate se afirmaba: “La República es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla”. El obispo de Barcelona, Manuel Irurita, en una circular publicada el 16 de abril, ordenaba a los sacerdotes que no se mezclaran en contiendas políticas y que guardasen “con las autoridades seculares todos los respetos debidos” y colaborasen con ellas; pidió además oraciones públicas para que el Señor “derrame sobre la Patria y sus gobernantes las gracias tan necesarias en los actuales momentos”.

De toda la jerarquía española sólo el Cardenal Segura, Primado de España, se mostró activo contra los hechos que se iban conociendo.

La Carta Pastoral publicada por el Cardenal Segura (“Sobre los deberes de los católicos en la hora actual”, 1 de mayo de 1931), el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de reacción, soliviantaron a los revolucionarios. Todo lo que no fuera soportar lo que impusieran las izquierdas, era interpretado como signo de violencia y provocación. La jerarquía católica, por medio del nuncio Tedeschini, intentó reconducir las relaciones con el Gobierno, y para ello se llegó al acuerdo de que el Cardenal Segura abandonara España a cambio de que la República respetase la libertad de culto y de enseñanza. La Iglesia cumplió su palabra; el Gobierno, en especial algunos de sus ministros (con principal ahínco Fernando de los Ríos, ministro de Justicia), no.

La expulsión del Cardenal Segura fue uno de los actos más sectarios de la República, y una de las muestras de desunión mayor de la Iglesia. El Cardenal aceptó la situación para calmar los ánimos. La renuncia de Segura a la sede primada fue considerada por muchos católicos y también por algún obispo como un verdadero despojo por parte de la autoridad civil. Así como un agravio a la fe de un pueblo en la persona que ostentaba la representación más alta de la jerarquía en la nación.

Todo el esfuerzo de la Iglesia por convivir con el régimen fue en balde. No fue la Iglesia la que se posicionó al margen de la República, sino que fue la Republica la que expulsó a los católicos.

En el primer Gabinete republicano había tres ministros católicos: el presidente, Alcalá Zamora; el titular de la Gobernación, Miguel Maura, y el de Economía, Luis Nicolau d’Olwer, que representaba a los catalanes republicanos e izquierdistas. Los dos primeros fueron la garantía inicial para los católicos, ya que los restantes miembros del Gobierno eran de diversas tendencias, pero todos ellos anticlericales, que mostraba formas aparentes de respeto hacia el nuncio y algunos obispos, pero seguían un plan legislativo laicista.

El anticlericalismo se extendió por todos los pueblos y ciudades gobernados por la izquierda, cuenta Maura en sus memorias: “Al proclamarse la República, recibí —cuando hacía unas horas que estaba en el Ministerio de la Gobernación— un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nombre no hace al caso: «Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura»”.[2]

El anticlericalismo campaba a sus anchas y así, al mes de declarada la República sucedió la primera quema de Iglesias. El 10 de mayo empezaron los disturbios, pero lo peor aconteció en la mañana del 11. Primero en Madrid. Comenzaron los incendios por el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía) y continuaron a lo largo de la mañana por el resto de la ciudad; después se extendieron por el resto de España, sobre todo, por el sur y el este.

Cuando Miguel Maura intentó sacar a la Guardia Civil para sofocar los asaltos, Azaña desde el Ateneo lo frenó con la frase de: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”.

Todo el gobierno conocía que se iban a quemar iglesias; Maura lo cuenta en sus memorias.

La connivencia del Gobierno republicano llega a tal punto, que el general Gómez García Caminero, gobernador militar de Málaga, llegó a enviar un telegrama a Madrid que indicaba escuetamente:

“Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”.

Las quejas de los diarios católicos llevaron a su cierre, como ya vimos aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2025/02/07/la-ley-de-defensa-de-la-republica-y-otras-restricciones-a-la-libertad-de-prensa-durante-la-ii-republica/

Los acontecimientos ocurridos entre el 10 y el 13 de mayo de 1931 dieron como resultado la muerte de tres personas, hubo heridos de diversa consideración y se quemaron más de 100 conventos e Iglesias. Se perdió un patrimonio cultural irrecuperable para España Sólo en la quema de la biblioteca de la casa profesa de los Jesuitas ardieron 80.000 volúmenes y en el Instituto católico de Artes e Industria 20.000 libros más. Se perdieron obras de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano…

Los vándalos y asesinos fueron perseguidos con tanto cariño gubernamental que cuando casualmente alguno era detenido y juzgado, desaparecían las pruebas para su condena.

Uno de los mayores errores de la República fue no haber comprendido que una parte mayoritaria de los españoles era católica y deseaba seguir siéndolo, aunque no practicara asiduamente la religión. No todos los católicos eran monárquicos ni ideológicamente pensaban igual. Pero la República buscaba la unificación de criterios y de pensamiento. De ahí surgió un conflicto que tuvo consecuencias desastrosas. Además, la República no se percató que España había encontrado en el catolicismo su identidad histórica y su unidad nacional. Es decir, que la Iglesia católica existía en España antes que el Estado; que la Iglesia había dado solidez a la nación no sólo mediante la fe católica, sino también, mediante la lengua y la cultura, conservada, enriquecida y transmitida en patrimonio común gracias a los obispos y a los abades, a los sacerdotes y a los monjes.

Ante la situación creada en mayo, los temores católicos iban en aumento. La tramitación del texto constitucional de 1931 ya establecía diversas cuestiones profundamente anticlericales que, si bien hoy podemos ver con ojos más acostumbrados a la relajación de las costumbres católicas, en 1931 supusieron un auténtico escándalo. En otros casos, causarían escándalo incluso en la actualidad. Los artículos que crearon más polémica fueron: la afirmación de que España no tenía religión oficial (art 3), eliminaba la tradicional ayuda estatal a las órdenes religiosas y previsión de la nacionalización de sus propiedades (art 26), suspendían las contribuciones estatales a los salarios del clero, legalizaban el divorcio (art 43) e introducían un sistema de enseñanza primaria laica, obligatoria y gratuita. El famoso artículo 26 iba destinado a ofender y expulsar a la Compañía de Jesús y a su actividad en la enseñanza. Lograron su expulsión ( el 23 de enero de 1932) y con ella empobrecer la vida educativa y cultural española. El hecho provocó la retirada de las minorías católicas de las Cortes, la ruptura de la coalición gubernamental –al dimitir Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura–, el aumento del recelo católico sobre el régimen y el incremento de la debilidad de los partidos republicanos conservadores. Al ausentarse la oposición, el resto del anteproyecto provocó un menor número de debates en la mayoría de diputados de izquierdas. A lo largo de la República, pudieron volver algunos, pero nunca con aprobación oficial, sino ejerciendo su actividad en privado. Hay 114 jesuitas entre los mártires de la guerra.

El laicismo, término que estaba muy mal visto en aquellos momento, con unas connotaciones negativas de las que hoy, en parte, se ha desprendido, tenía un baluarte poderoso en la masonería, que ahondaba sus raíces en recíprocas campañas de desprestigio, que alcanzaron momentos de gran tensión tras la condenación de la masonería por León XIII, en 1884, con la encíclica Humanum genus, y se acentuaron en 1930 cuando Pío XI publicó la Divini illius magistri sobre la educación cristiana de la juventud y contra el laicismo de la escuela. Para muchos afiliados a la masonería, con la República llegaba el momento deseado para poner en práctica el programa laicista en todos los ámbitos del Estado, pero fundamentalmente en el de la enseñanza.

El artículo 26 se acabó imponiendo tras el discurso de Azaña, que fue calificado por Lerroux como una “obra maestra de la perfidia, que desautorizaba a su jefe de gobierno y contentaba a la galería, menos atenta al interés de la República que al interés sectario” . Alcalá Zamora le acusó de haber frustrado todo intento de paz religiosa al pronunciar un discurso que parecía improvisado, cuando en realidad había sido cuidadosamente preparado y concertado. Con todo el discurso consiguió suavizar algo el articulado anticlerical, pero puso en guardia a toda la Iglesia. El Cardenal Vidal obispo de Tarragona definió todo el debate parlamentario de “bajo nivel intelectual y moral de parte de los diputados”[3]

El Papa, Pio XI, a través del nuncio Tedeschini hizo llegar una enérgica protesta contra las múltiples ofensas infligidas a los sacrosantos derechos de la Iglesia y que invitaba por medio de la carta encíclica Nova impendet (2 octubre 1931) a todos los católicos del mundo para que rezaran por las necesidades más urgentes de aquellos momentos y proponiéndose unirse a tales plegarias y ofrecer por dicha intención la santa misa en la basílica de San Pedro el día de Cristo Rey, invitaba también a que todos se unieran con él en la especial intención de que cesara la gran tribulación que sufría la Iglesia y el pueblo de la querida nación española.[4]

Pero no se quedó en eso la legislación anticlerical. La república incumpliendo unilateralmente y sin consultar a la Iglesia ni buscar una negociación que evitara tensiones, empezó a legislar en contra de determinados asuntos concordados. Así, establecieron el carácter voluntario de la enseñanza religiosa en los centros estatales (6 mayo); el Crucifijo fue retirado de las escuelas; fueron disueltos los cuerpos eclesiásticos del Ejército (30 de junio) y de la Armada (10 julio), así como las Ordenes militares religiosas (29 abril): Orden de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa; quedó suprimida la obligación que tenían los militares de asistir a los actos religiosos durante los días festivos (18 abril); el juramento que se emitía al aceptar un cargo público fue sustituido con una obligatoria promesa (8 mayo). La Iglesia se vio afectada por medidas de carácter económico como la supresión de exenciones tributarias (8 mayo), la obligación de inscribir en los Registros de la Propiedad los bienes fundacionales de las capellanías privadas (31 mayo) y el deber de informar sobre los haberes de los sacerdotes diocesanos, paso previo para la supresión del presupuesto del culto y clero (3 julio). Además, a las autoridades civiles se les prohibió asistir oficialmente a los actos religiosos de carácter nacional, provincial o municipal. La Confederación Nacional Católico-Agraria fue privada de su reconocimiento oficial. Los obispos fueron excluidos del Consejo de Instrucción Pública. Al Santísimo Sacramento le fueron suprimidos los honores militares que se le otorgaban durante las procesiones. El Crucifijo fue retirado de las escuelas en las que algún alumno rechazaba la enseñanza religiosa y fueron violadas algunas inmunidades personales de los religiosos.

Una de las legislaciones más dolorosas fue la que secularizaba los cementerios (9 julio), y que de modo genérico ya estaba recogida en el artículo 27 de la Constitución. Se impidieron los entierros católicos. Si alguien quería un entierro cristiano debía de pedirlo ante notario. Los notarios tenían que realizar una escritura en cada caso; se prohibió utilizar modelos tipo que permitieran expresar la voluntad del futuro difunto y que, además, abarataban y aceleraban el procedimiento. Sin esa escritura el entierro sería civil. No valía por tanto la voluntad de los deudos o familiares. Si alguien había expresado su voluntad de entierro católico sin haberlo formalizado en escritura notarial, no podría ser enterrado al modo católico. La situación además creaba una desigualdad entre los que podían pagar el acta notarial y los menos favorecidos que no tenían recursos para ello. La situación se convirtió no sólo en un despropósito sino en un medio de persecución de los que se habían mostrado deseosos de un entierro cristiano. Por supuesto desaparecieron las capillas y los capellanes de los cementerios.

A las arbitrariedades cometidas desde el Gobierno central había que unir las de carácter municipal.

La sectaria legislación fue desacreditando rápidamente a la República y mostrando su animosidad a la Iglesia, a sus personas e instituciones. Muchos diputados católicos lo reprobaron y el catalán Carrasco Formiguera llegó a decir: “Los republicanos católicos nos sentimos engañados por no haber respetado la República nuestros sentimientos y faltado a sus promesas”. Los temores de los católicos de que los hechos más violentos se sucedieran en años posteriores se vieron corroborados a lo largo de 1932, no sólo con la expulsión de los jesuitas, como vimos, sino con sucesos de violencia callejera e intimidación contra los católicos y sobre todo sacerdotes y monjas en Zaragoza, Córdoba y Cádiz (actos especialmente violentos en enero y octubre), Sevilla (abril y octubre), Granada (julio) y Granada (octubre).

La respuesta católica fue a base de protestas civilizadas ninguna acción violenta. Y se reflejó en tres documentos esenciales: 1) la carta colectiva del episcopado de 25 de mayo. 2) Pío XI dio a conocer la encíclica Dilectissima nobis el 3 de junio, en la que condenaba el “espíritu anticristiano” del régimen español. 3) El nuevo arzobispo primado de Toledo, Gomá, publicó su enérgica carta pastoral “Horas graves” el 12 de junio. En los tres documentos coinciden en lo esencial: denuncia del durísimo trato que se dispensaba a la Iglesia en España; la contradicción abierta entre los principios constitucionales del Estado y la violación de la libertad religiosa y condenación abierta de la legislación sectaria.

Pero nada de esto hizo reflexionar a la República, al contrario, lo peor estaba por llegar…

[1] H. Thomas. “La guerra civil española 1936-1939”. Ed. Ruedo Ibérico, 1962.

[2] Miguel Maura.- “ Así cayó Alfonso XIII”. Ed. Ariel. 1995.

[3] VICENTE CÁRCEL ORTÍ.- La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) Ediciones RIALP, S. A. 1990

[4] VICENTE CÁRCEL ORTÍ Op. Cit.