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Serrano

A muchos de los visitantes de Madrid les gusta pasear por la calle Serrano, con sus lujosas tiendas. Pero seguramente muy pocos sepan quién fue ese Serrano que da nombre a una de las arterias más emblemáticas de la capital de España.

El general Serrano fue una de las figuras más relevantes de la España de Isabel II. Influyó enormemente en la reina de la que se dijo que fue su amante. Rubio y bien parecido, impresionó a la monarca (que, por otro lado, se dejaba impresionar fácilmente) que le llamaba el “general bonito”.  Entre su apostura, la debilidad real, su habilidad política y valentía militar, nos encontramos ante un personaje fascinante. Su carácter positivo, conciliador, diplomático, afable y amable le permitió ser llamado como “solucionador” de situaciones difíciles, cosa que logró en la mayoría de los casos, con gran éxito. A eso unió un gran valor militar con el que alcanzó múltiples victorias, ascensos y condecoraciones.

Se casó con cerca de cuarenta años con Antonia Micaela Domínguez y Borrell, hija de los condes de San Antonio, con la que tuvo cinco hijos.

Serrano perteneció a una ilustre y nobiliaria familia andaluza de Jaén. Su padre, Francisco Serrano Cuenca, militar destacado, participó activamente en la Guerra de la Independencia, llegó a ser mariscal de campo. De hecho, nuestro general nació en Cádiz en 1810, por ser su padre diputado en las Cortes liberales gaditanas; posteriormente, durante el Trienio Liberal ocupó el cargo de ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Estuvo perseguido por Fernando VII como todos los patriotas liberales de Cádiz, como ya vimos en la biografía del Conde de Toreno: https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/

Pero ocupémonos del hijo, que es el que nos trae hoy aquí. Francisco Serrano Domínguez (1810-1885) I duque de la Torre. Conde de San Antonio y Regente del Reino.

Serrano fue ante todo un gran militar. Su hoja de servicios es una de las más brillantes de cuantos militares ha tenido España. A los seis años, fue enviado a estudiar Humanidades al prestigioso Colegio de Vergara (Guipúzcoa), de inspiración ilustrada. A los nueve años, ingresó en el Colegio Militar de Valencia donde permaneció tres años hasta que pasó al Regimiento de Lanceros de Castilla, y posteriormente al Regimiento de Caballería de Sagunto, en el que comenzó a recibir su formación militar como cadete, obteniendo el grado de alférez en diciembre de 1825; tenía 15 años. Sin embargo, la persecución que Fernando VII mantuvo contra los liberales, también perjudicó a los hijos de éstos, y nuestro Serrano no fue una excepción: hasta 1830 vio su carrera militar estancada. Solicitó entonces plaza en el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, siendo nombrado subteniente y destinado a Málaga, permaneciendo en este servicio hasta el año 1832.

En 1833, ingresó en el Regimiento de Coraceros de la Guardia Real de Caballería. Fue a la muerte del rey Fernando VII y con la Primera Guerra Carlista (1833 y 1840), cuando su capacidad militar descuella. Comenzó la guerra siendo subteniente y la finalizó ascendiendo a mariscal de campo.

En la guerra del norte conoció a un joven capitán de infantería, Leopoldo O’Donnell, haciéndose desde entonces muy amigos. Fueron múltiples sus hechos militares en los que destacó nuestro protagonista tanto en la País Vasco, como en el frente catalán o en la persecución de los carlistas en el interior (en Cuenca, por ejemplo). Sus éxitos militares le llevaron a obtener la Cruz Laureada de San Fernando.

En 1839, al firmarse el Convenio de Vergara, adquiría el rango de brigadier, al tiempo que era elegido diputado por Málaga, militando en el Partido Progresista. En 1840, fue ascendido a mariscal de campo.

Una de sus primeras actuaciones como diputado fue votar a favor de la candidatura única del general Espartero como Regente del Reino en mayo de 1841. Sin embargo, entre Espartero y Serrano se fue abriendo una profunda brecha a causa de las tendencias dictatoriales del Príncipe de Vergara, su personalismo político y la dureza mostrada en el juicio sumarísimo y posterior fusilamiento del general Diego de León y sus compañeros (Diego de León fue un brillante militar, azote de los carlistas, que fue acusado de sedición por Espartero, por querer devolver la regencia a la reina M.ª Cristina).

Distanciado del regente, Serrano se unió a otros progresistas del momento como fueron los civiles Joaquín María López, Salustiano Olózaga y Manuel Cortina. A pesar de la falta de entendimiento, Espartero pidió a Joaquín María López —tras ofrecérselo a Cortina y Olózaga y éstos negarse a ello—, que formara Gobierno. Serrano —a la sazón vicepresidente del Congreso de los Diputados—, ocupó también la cartera de Guerra.  Tan sólo tenía 33 años.

El bombardeo de Barcelona por parte de Espartero (3 de diciembre de 1842: https://algodehistoria.home.blog/2023/03/10/la-insurreccion-de-barcelona-y-su-bombardeo-en-1842/ ) y la falta de consideración sobre las medidas que López y sus ministros le proponían desde el gobierno lograron la ruptura total de estos con el Regente. Ya en 1843, Serrano conspiró, junto a Juan Prim y González Bravo, para derrocar al dictador. Desde Barcelona, constituyó con aquellos, el «ministerio universal», que puso fin a la Regencia de Espartero. Por los servicios prestados durante el Ministerio Universal, Serrano fue ascendido a teniente general y se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de San Fernando.

Declarada la mayoría de edad de la reina Isabel II, Serrano se convirtió en el favorito de ésta, y fue objeto de regios favores. Esto provocó intrigas en la corte. Una de las más destacadas la del Duque de Sotomayor que, en 1847, pretendió alejarle de palacio, sin conseguirlo, nombrándole Capitán General de Granada.

Tras cesar en la Capitanía General de Granada, solicitó permiso para retirarse a sus tierras de Arjona, en Jaén, apartándose por un tiempo de la política. Meses después, viajó a Moscú y a Berlín para estudiar la organización militar rusa y prusiana. Pero el fin de la época moderada, con una situación política caótica, le llevó a regresar a España y suscribir el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, que, en última instancia, suponía el apoyo al pronunciamiento militar de O´Donnell. Durante el “Bienio Progresista” Serrano se afilió a la Unión Liberal de O´Donnell, y obtuvo diversos cargos militares que ejerció con éxito, por ejemplo, sofocando los violentos sucesos de julio de 1856, que pusieron fin al Bienio Progresista (la revolución callejera de los antiguos milicianos y, sobre todo, la conflictividad social).

En agosto de 1856, el general Serrano fue nombrado embajador de España en París. Se inició así una difícil tarea diplomática para impedir la ambiciosa expansión que Napoleón III pretendía ejercer en territorio español. Su éxito consistió en desbaratar los planes franceses y, al tiempo, mantener la armonía entre ambas naciones.

Durante el “Gobierno largo” de la Unión Liberal (denominado Quinquenio Unionista, 1858-1863), O’Donnell le nombró gobernador-capitán general de la isla de Cuba.

Tampoco fue empresa fácil, para lo que se necesitaba un tacto especial, tanto por los incipientes gérmenes separatistas que iban en aumento, como por el desbarajuste administrativo que existía en ella. Durante los tres años que Serrano estuvo al frente de Cuba, su gestión fue muy positiva; supo conjugar la autoridad de su cargo con un trato humano y cortés, que hasta entonces nunca había sido utilizado por los capitanes generales que le habían precedido. Serrano llevó a cabo en la isla una política conciliadora, escuchó atentamente a todos en sus planteamientos y fomentó la participación, por primera vez, de los cubanos en la Administración de Cuba. Influyó decisivamente en la creación del Ministerio de Ultramar independiente del Ministerio de la Guerra. Por su positiva gestión, la reina Isabel II le otorgó el título de duque de la Torre con Grandeza de España.

En enero de 1863, Serrano fue nombrado por O’Donnell ministro de Estado, cargo que ocupó pocos meses, a causa de la última crisis del “Gobierno largo”. Siguieron una serie de gobiernos moderados, con Narváez al frente y poco éxito de gestión, lo que, de nuevo, en el turno correspondiente, llevó a Isabel II a llamar a O’Donnell.

Se inicia en España un periodo de alteración, claramente prerrevolucionario, en el que Serrano, entre otras actividades, ayudó a sofocar la rebelión del Cuartel de San Gil (1866), por lo que obtuvo el Toisón de Oro (la rebelión no sólo pretendía cambiar la regencia o a la reina, como las revueltas que habían existido hasta entonces, sino que pretendía la expulsión definitiva de los Borbones). A la muerte de O’Donnell pasó a liderar el partido de la Unión Liberal siendo uno de los partícipes y artífices de la revolución de 1868, con la que se inicia el llamado Sexenio Revolucionario.

La revolución conocida como La Gloriosa comienza el 18 de septiembre de 1868, con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz, al mando del almirante Juan Bautista Topete y del ejército dirigido por los generales Juan Prim y Serrano. Ya hablamos de ella, aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2023/06/02/la-gloriosa/

La reina se exilia a Francia, el 30 de septiembre, y tres días más tarde el general Serrano lidera el gobierno provisional, asumiendo la regencia en junio de 1869.

La forma política del Estado recogida en la Constitución de 1869 seguía siendo la monarquía, pero, recogiendo el espíritu de San Gil, excluyendo a los Borbones. Esto implicaba la búsqueda de un nuevo rey. En la sesión de Cortes de 16 de noviembre de 1870, se elige entre los siguientes candidatos monárquicos: Amadeo de Saboya, el duque de Montpensier, Espartero.

Serrano era partidario de la candidatura del Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, si bien todos sabemos que Amadeo de Saboya fue el elegido. Su valedor, Prim, fue asesinado cuando el nuevo Rey llegaba a España y algunas de las sospechas sobre los instigadores del asesinato recayeron en el duque de Montpensier y en Serrano. Estas sospechas nunca pudieron ser corroboradas.

https://algodehistoria.home.blog/2025/02/21/magnicidios-en-la-espana-contemporanea/

Este periodo culmina con la llegada de la Primera República y su caos. Serrano intentó con Cristino Martos (fue ministro de Estado, de Gracia y Justicia, y presidente del Congreso durante el Sexenio revolucionario), sublevar la Milicia Nacional contra la República.

Fracasado en su objetivo, huyó y se estableció en Biarritz. Regresó a Madrid, poco antes del golpe del general Pavía, fue elegido de nuevo diputado y también presidente del poder ejecutivo, es decir, presidente del Gobierno. Se trató de un Gobierno-puente debido la proclamación de la Restauración en 1874. Tras el pronunciamiento de Sagunto del General Martínez Campos se mantuvo alejado de la vida política durante algunos meses, pero acabó por reconocer al rey Alfonso XII, como rey de España.

El duque de la Torre falleció el mismo día que era enterrado el rey Alfonso XII – 30 de noviembre de 1885-.

BIBLIOGRAFÍA

DE LA CIERVA, Ricardo. “El Triángulo”. Ed Planeta. 1991

PALACIO ATARD, Vicente.- “ La España del Siglo XIX. 1808-1898”. Ed Espasa- Calpe. 1891

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Dolores del Mar; PÉREZ MARCOS, Regina Mª; MONTES SALGUERO, Jorge J;  ALVARADO PLANAS, Javier.- “Corte y monarquía en España” Editorial Universitaria Ramón Areces. 2003.

 

MAGNICIDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Según el Diccionario de la RAE, magnicidio es la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder.

Pues bien, con ese significado se suele hablar de los asesinatos de cinco de los presidentes del Gobierno de España en la Historia contemporánea. Por orden cronológico: Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero. Cinco presidentes asesinados en poco más de un siglo, entre 1870 y 1973. A los que convendría unir otra serie de intentos frustrados de magnicidios cuyo punto en común inicial es el intento de sus autores de cambiar la historia de España de manera violenta.

Esos autores, cada uno de un pelaje, tienen una denominación común: terroristas.

El periodista Francisco Pérez Abellán en su libro “El vicio español del magnicidio”, señala:

“El magnicidio ha sido durante más de un siglo una respuesta a los deseos de cambio […] Mediante maquinación inteligente, la violencia política trata de cambiar el curso de la historia con la muerte violenta de los máximos dirigentes. Desde finales del siglo XIX y hasta muy avanzado el XX, en España la forma nueva de forzar el destino colectivo era matando a un solo hombre… Se pueden remarcar, además, cuatro características que se repiten en los cinco asesinatos: importantes fallos de seguridad que dejaron a los presidentes demasiado expuestos; ninguno de los casos fue investigado como se debería; a pesar del fracaso que suponen estos actos, ha sido común que los ministros cercanos al presidente asesinado ascendieran en vez de ser destituidos; la cuarta constante es que los asesinos fueron tildados de libertarios o revolucionarios, enmascarando con ello maniobras políticas que, al investigar, puede verse que llevaron a cabo criminales a sueldo, de perfil idéntico”.

Analicemos uno las causas y consecuencias de estos asesinatos:

JUAN PRIM I PRATS

De modo sintético podríamos decir que tras la multiplicidad de conflictos acaecidos durante el siglo XIX (que no acabarán aquí), se intentó hacer borrón y cuenta nueva en 1868 con la revolución denominada La Gloriosa y un parlamento encabezado por el general Prim, catalán de Reus, profusamente laureado en su profesión militar, tanto por su defensa de la legalidad como por unas dotes militares que le hicieron ser protagonista principal en la primera guerra carlista y en la de África. A finales de 1870 el general, y a la sazón presidente del Consejo de ministros, había conseguido el visto bueno de la cámara para que una nueva casa real se situara a la cabeza del Estado. Se trataba de la dinastía italiana de los Saboya, en la persona de Amadeo de Saboya.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con el cambio de dinastía, ni con el propio hecho de que hubiera una dinastía. Cuando el futuro monarca se disponía a desembarcar en Cartagena para dirigirse a Madrid sucedió la tragedia.

Prim había tenido avisos de que podían atentar contra su persona, pero no quiso cambiar el itinerario que tradicionalmente le llevaba de las Cortes a su casa. El 27 de diciembre de 1870, bajo una intensa nevada, en la estrecha calle del turco (hoy Marqués de Cubas) esquina con Alcalá, el carricoche del presidente se vio entorpecido en su marcha y cuatro pistoleros que estaban en una taberna aledaña dispararon al General Prim. No murió al instante, pudo llegar a su casa y allí falleció tres días más tarde por una septicemia fruto de la infección de las heridas. En el centenario de su fallecimiento se realizó un estudio anatómico al cadáver y se llegó a decir que había sido estrangulado en su domicilio. Esta teoría parece descartada. Murió a consecuencia de las heridas y por las carencias de la medicina de la época.

Ahora bien, su muerte la llevaron a cabo unos embozados en una noche de perros en Madrid, se arrestaron a algunos de los asesinos materiales, pero los auténticos autores, sobre todo, los instigadores siguen sin ser identificados. Algunas investigaciones apuntaron al diputado José de Paúl y Angulo defensor de la república, al duque de Montpensier e incluso el general Serrano, ambos con pretensiones de gobernar por medio de una república dirigida por ellos. Las sospechas contra monárquicos alfonsinos y republicanos se difuminaron pronto. No así las que recaían en el diputado jerezano Paúl y Angulo, que huyó a Francia y publicó diversos panfletos defendiendo su inocencia. Hasta veinte testigos murieron en extrañas circunstancias.

De hecho, la consecuencia principal del asesinato de Prim fue la llegada de la I República. Pero también supuso el fin de una nueva dinastía y, a más largo plazo,  la restauración borbónica a pesar de los tres jamases pronunciados en su día por Prim sobre la vuelta de la dinastía Borbón a la jefatura del Estado.

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

Cánovas del Castillo, nacido en Málaga el 8 de febrero de 1828, murió asesinado el 8 de agosto de 1897, en el balneario de santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa). El anarquista italiano Angiolillo, se registró en el mismo balneario simulando ser un corresponsal del periódico italiano Il Popolo. Puso fin a la vida del político de tres disparos.

La primera oleada del terrorismo moderno fue la anarquista. Comenzó con los populistas rusos asesinando al zar Alejandro II en 1881, y siguió con los libertarios, atentando contra dirigentes europeos y americanos. Atentaban contra personalidades, pero también contra símbolos del poder, como parlamentos, óperas o procesiones. Así había ocurrido ya en España, sobre todo en Barcelona. En el caso que nos ocupa, en el momento de su arresto, el italiano expresó que ejecutó el asesinato como represalia por el arresto continuado de anarquistas en Barcelona a raíz de uno de los atentados más sangrientos de España: el de la procesión del corpus de 1896 ( los anarquistas pusieron una bomba al paso de la Procesión y mataron a 12 personas y otras muchas fueron heridas)

Antonio Cánovas del Castillo, fundador y líder del Partido Conservador, era el político más importante de España en esos momentos, además de un reputado historiador y académico. Hijo de un modesto maestro de escuela, quedó huérfano a los 15 años. Se marchó a Madrid, donde consiguió un empleo en las oficinas del ferrocarril, y estudió Derecho mientras se abría paso en el mundo del periodismo. Entre la carrera y los periódicos aún le quedó tiempo para publicar su primera novela, La campana de Huesca, y una historia sobre la decadencia de España desde Felipe III hasta Carlos II.

Pero Cánovas siempre será recordado por ser el artífice de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Cánovas había sido ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar y Hacienda al año siguiente, se mantuvo neutral en la revolución que expulsa a Isabel II en 1868, pero la desastrosa situación que se produce tras la caía de Amadeo de Saboya y la instabilidad política de la República entiende que la única solución viable es la vuelta de la legítima dinastía, Borbón, pero en el hijo de Isabel. Aquellos años, a pesar de haberse iniciado algunos brotes violentos sobre todo en Cataluña y los problemas de ultramar, fueron de una estabilidad política de la que España llevaba sin disfrutar mucho tiempo. La base de aquella estabilidad fue un sistema rotatorio de partidos entre liberales o progresistas y conservadores que se turnan en el gobierno mediante la inestimable ayuda del caciquismo.

Las mayores consecuencias de la muerte de Cánovas se produjeron en la política de ultramar. En cuba, ante los insurrectos, se pasó de una política de mano dura propiciada por Cánovas a la concesión de autonomía de Sagasta que sólo mostró debilidad ante unos nativos y, sobre todo, los Estados Unidos, que ya se encargaron, Maine mediante, de acabar con la presencia española en Cuba, para someter a la Isla al dominio norteamericano.

Es difícil creer que con Cánovas vivo las cosas hubieran sido diferentes por el potencial y la cercanía geográfica de USA a la isla, pero la realidad es que fue a su muerte cuando la independencia se materializó.  La pérdida de Cuba tuvo repercusión directa en la pérdida de otros territorios españoles en el Pacífico

Ya lo contamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2021/04/09/la-tercera-guerra-de-independencia-cubana-y-sus-consecuencias/

Cuba y toda la política de ultramar habían generado conflictos entre las clases más desfavorecidas que eran las reclutadas para defender la isla, pero también es verdad que una era de conflictos sociales se estaba fraguando. La muerte de Cánovas también frenó la estabilidad del turnismo que posteriormente reconstruyeron con menor éxito Maura y Canalejas.

JOSÉ CANALEJAS MÉNDEZ

Gallego de El Ferrol, nacido 31 de julio de 1854, se convirtió en presidente del Consejo de ministros en 1910. Fue asesinado el 12 de noviembre de 1912 por los disparos del anarquista Manuel Pardiñas Serrano.

De nuevo el terrorismo anarquista, el mismo que había atentado contra el Rey Alfonso XIII el día de su boda (31 de mayo de 1906), dejando un reguero de sangre en Madrid. De momento, el terrorismo anarquista, en poco más de una década había matado a dos jefes de Gobierno y atentado contra el Rey.

Antonio Canalejas intentó desarrollar un modelo político basado en el liberalismo social, con medidas dirigidas a unos impuestos más justos, la igualación del servicio militar o una menor influencia de la Iglesia. Se dice que su actuación política pretendía un socialismo amable, alejado de la violencia de los socialistas del momento. Sin embargo, el discurso extremo por parte del anarquismo, convirtió a Canalejas en víctima propiciatoria al igualarle políticamente con el conservador Antonio Maura o con el Rey (no debemos olvidar que Maura también fue víctima de varios atentados terroristas de los que salvó la vida de milagro).

Canalejas había hecho frente a una huelga general, a la oposición popular a la guerra en Marruecos, a la ilegalización de la CNT, al crimen de Cullera (y el posterior y polémico juicio a sus autores), a la militarización de los ferroviarios en huelga y a una furibunda campaña internacional anarquista que le tildó de liberticida.

Su asesino, Manuel Pardiñas, anarquista, buscado por la policía, se suicidó de un tiro en la cabeza o esa fue la versión oficial, porque en su autopsia se descubrió que su cabeza había varios disparos.

La muerte de Canalejas fue más importante de lo que se podía pensar en aquel momento. El Partido Liberal perdió a su líder y no logró sustituirle por ninguno mínimamente de su talla y acabó extinguiéndose. Con la muerte de Canalejas se esfumaba cualquier posibilidad de adaptar la Restauración a la España del siglo XX; la opción de establecer un sistema democrático, que en Canalejas era progresista y católico. Quería introducir en España el socialismo democrático.

Su muerte también fue el punto de partida de la conocida como crisis de la Restauración, que desencadenaría, en 1923, con el golpe de estado y dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La muerte de Canalejas significó la decadencia de una manera de entender la política y, como él mismo temía, que se abriera una lucha entre los partidarios de los valores tradicionales y los radicales, encaminada a excluir al otro y no a la apertura de una auténtica democracia. Esa lucha desencadenó, como sabemos, en la guerra civil de 1936.

EDUARDO DATO E IRADIER

Sobre los detalles del asesinato de dato ya hablamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2020/03/13/el-asesinato-de-eduardo-dato/

Nuevo atentado anarquista, esta vez de anarquistas catalanes. Toda Europa vivió momentos de convulsión y violencia después de la primera Guerra Mundial. El proceso industrializador generó un movimiento obrerista mal encauzado, sumido en ideales bolcheviques. El sistema parlamentario parecía estancado en las posiciones de siempre, el socialismo no triunfaba y el anarquismo se imponía violentamente. A la violencia que el anarquismo traía consigo se unió el conocido como “pistolerismo” que se origina en el reinado de Alfonso XIII y que alcanzó su cenit entre 1917 y 1923. Ante la ola de violencia que vivía España, muchos empresarios o personas que temían por sus vidas contrataron a pistoleros o “matones a sueldo” para defenderse de los sindicalistas y/o anarquistas que atacaban sus negocios o personas. Evidentemente, violencia, genera violencia y aquello se convirtió, sobre todo, en Barcelona, en la ciudad sin ley. Desatándose una guerra entre bandas anarquistas y pistoleros.

Dato fue asesinado el 8 de marzo de 1921, en la Plaza de la Independencia. Dispararon a su coche, camino de su domicilio en la calle Lagasta esquina con Alcalá.

Los tres asesinos de Dato: Matéu, Nicoláu y Casanellas, llevaron a cabo el asesinato, convencidos de que Eduardo Dato representaba el obstáculo para la consumación del orden social que preveía el elemento sindicalista barcelonés y la Confederación Nacional de Trabajadores, de la que procedían. Fueron condenados a muerte, aunque la pena fue conmutada por cadena perpetua y dos de ellos se beneficiaron de la amnistía aprobada por la II República. El tercero, huido a Rusia, regresaría a España también con el cambio de régimen.

Pero nada podía borrar lo que había sucedido; el atentado contra Eduardo Dato no solo segó su vida, sino que sacudió todavía más la ya convulsa vida política española y, como las ondas que provoca una piedra en un estanque, sus consecuencias se dejaron sentir hasta mucho tiempo después. Así, el partido Conservador quedó aún más dividido, aunque ya se arrastraba en camarillas desde hacía tiempo. Las posibilidades de encauzar el País sobre los cimientos de la democracia, superando la muerte de Canalejas y sus consecuencias, se desvanecieron. En agosto del mismo año, el desastre de Anual determinó una inestabilidad en los siguientes gobiernos nombrados por el Rey que dieron lugar al Golpe de Estado, que Dato había intentado evitar y que se fraguó el 13 de septiembre de 1923 de la mano de Miguel Primo de Rivera. El golpe contó con el visto bueno de Alfonso XIII y de la oligarquía catalana. La dictadura duró 8 años, pero fue el principio del fin de la Monarquía. La llegada de la II República y, consiguientemente, la Guerra Civil, estaban llamando a la puerta de España.

LUIS CARRERO BLANCO

Una enorme carga explosiva detonada por la banda terrorista ETA hizo volar el coche del general Luis Carrero Blanco (Santoña 1904), presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco, hasta el tejado de un edificio en la calle Claudio Coello de Madrid. Murieron en el acto Carrero Blanco y el conductor. Era el 20 de diciembre de 1973. La operación que condujo al magnicidio fue bautizada por ETA como Operación Ogro.

El hecho de que toda la preparación del atentado pasara desapercibida, ya fueran las diversas visitas del comando terrorista a Madrid, el alquiler de un local de la Calle Claudio Coello para facilitar las manobras o la excavación del túnel bajo la misma, creará un caldo de cultivo para teorías de diferente índole, que llegan incluso a sugerir una posible conexión del atentado con el Gobierno de Estados Unidos. La razón es que la figura de Carrero encarnaba para algunos la supervivencia del régimen tras la muerte de Franco. De hecho, este será el motivo que la banda aducirá en una entrevista a la revista alemana “Der Spiegel” para justificar el atentado. Sin embargo, como siempre en ETA, todo era mentira. La figura esencial para la llegada de la Democracia era el Rey Juan Carlos.

Existen declaraciones de testigos, amigos de la víctima como el Sr. Utrera Molina que afirman que Carrero le había manifestado que, tras la muerte de Franco, dimitiría. Carrero era un militar obediente y leal. Si el jefe de las fuerzas armadas- el Rey- le decía que no contaba con él, Carrero se iría a su casa sin hacer ruido. Así lo ha expresado el Rey en alguna ocasión.

ETA mató por desestabilizar. Siempre lo hizo en época de Franco y después, y ahora lo hacen desde el Parlamento y como socio del Gobierno.

El asesinato de carrero ha dado lugar a varios libros y películas. Por ejemplo: «Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a la proclamación del Rey«, de Ricardo de la Cierva, y “Operación Ogro. Como y porqué ejecutaron a Carrero Blanco” de Eva Forest, ambos de 1978. Por otro lado, parte del imaginario colectivo social sobre el atentado se creó a partir del largometraje «Operación Ogro» (1979), de Gillo Pontecorvo.

Estos han sido los cinco magnicidios acontecidos en la Historia contemporánea de España. Para nuestra desgracia, el País que en el mismo lapso de tiempo ha tenido más muertes de esta naturaleza y eso sin contar los atentados fallidos, que enumeraremos a continuación:

-El 2 de febrero de 1852 contra la reina Isabel II.

-El 28 de julio de 1872 contra Amadeo I de Saboya

-El 25 de octubre de 1878 contra el Rey Alfonso XII en la calle Mayor de Madrid. El 30 de diciembre de 1879 segundo atentado contra Alfonso XII y su esposa.

-El 12 de abril de 1904 aconteció en Barcelona el primer atentado contra Antonio Maura. El 22 de julio de 1910, también en Barcelona, el segundo atentado contra Antonio Maura.

-El 31 de mayo de 1905 hubo un intento de asesinato en París del rey Alfonso XIII a la salida del Teatro de la Opera. El 31 de mayo de 1906 sucedió un atentado con bombas de mano contra Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia cuando regresaban al Palacio Real, después de la boda. Murieron una veintena de personas por el ataque.

-Un comando de ETA fue detenido en Palma de Mallorca cuando planeaban asesinar al Rey Juan Carlos I en el verano de 1995.

-José María Aznar sufrió en 1996, antes de ser presidente del Gobierno, un ataque de ETA a su coche blindado con una bomba del que salió ileso. En 2001 sufrió en 13 días 3 intentos de asesinato de la banda terrorista; el objetivo fue derribar en sendas ocasiones el avión en el que viajaba.

BIBLIOGRAFIA

DE LA CIERVA, Ricardo.  “Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a proclamación del Rey”. Ed. Planeta. 1975.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

PÉREZ ABELLÁN, Francisco “El vicio español del magnicidio”. Ed. Planeta. 2018.

LA REGULACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. LA SEGURIDAD SOCIAL

Hoy vamos a adentrarnos en la evolución histórica de la regulación protectora de los trabajadores. La cuestión social tiene otras muchas ramificaciones, pero sólo vamos a centrarnos en este aspecto, cuyo culmen fue la creación de la Seguridad Social.

La tradición liberal en el siglo XIX había identificado la “cuestión social” con la “cuestión obrera”. El estallido de la Comuna de París suscitó una respuesta defensiva por parte de las clases medias y de las oligarquías gobernantes en toda Europa. España no fue una excepción y personalidades de todo signo político llaman a levantar una barrera defensiva contra la revolución social.

Es Cánovas el primero que intenta una solución diferente; en vez de combatir la fuerza de la revolución obrera con la fuerza del Estado, buscó el modo de integrar a los obreros en la sociedad mediante una serie de medidas que denominó de reforma social. En esta línea, se presenta en 1876 una primera ley sobre asociaciones obreras defendida por el Marqués de Cáceres, el cual expuso en el Senado que “la cuestión social es el problema más importante de nuestros tiempos”. A pesar de esa visión, la norma cayó en el vacío. La primera plasmación de aquellas reformas sociales no llegará hasta finales de 1883 con la creación de la Comisión de Reformas Sociales.

El gobierno lo presidía Posada Herrera y Cánovas del Castillo fue designado presidente de la Comisión, cuando Cánovas retorna al gobierno la presidencia recae el Segismundo Moret. En ella hay representantes de los monárquicos (de los dos partidos turnantes), y también de los republicanos. La tarea de la Comisión además de informativa y consultiva, recaía especialmente en preparar la legislación protectora de los trabajadores que debía versar según su ley fundacional en: jurados mixtos, cajas de socorro, regulación del trabajo femenino e infantil, higiene y sanidad en talleres o fábricas, crédito agrícola, reforma de las leyes desamortizadoras, sociedades de socorros mutuos y cooperativas, viviendas para obreros… Los proyectos de Ley estudiados en aquella comisión fueron los del descanso dominical, la ley sobre el trabajo de la mujer y de los niños, la ley de accidentes de trabajo y numerosas las publicaciones de la Comisión sobre temas sociales, que influyeron decisivamente en las leyes posteriores.

En 1903, la Comisión pasó a denominarse Instituto de Reformas Sociales y su presidencia recayó en Gumersindo Azcárate. A Pablo Iglesias, fundador del PSOE, se le invitó a participar, pero se negó a aceptar esta colaboración.

En 1891, como hemos hecho notar, cambió la mentalidad gobernante frente a los problemas sociales, pero no vino sólo de la mano de los trabajos de la Comisión sino del impacto de posiciones semejantes en el ámbito internacional. Destacan la Conferencia de Berlín sobre cuestiones obreras, convocada por el Kaiser Guillermo II y, sobre todo, la publicación de la encíclica Rerum novarum por León XIII.

El Kaiser siguiendo los postulados de Lorenz von Stein pretende construir la institución monárquica sobre una base racional y social en virtud del principio del interés recíproco entre propietarios y no propietarios. Para Stein la oposición dialéctica entre capital y trabajo no se supera por la lucha de clases sino por la superación armónica de los contrarios. Para que funcione ese interés recíproco debe existir un aval protector que presta el Estado, en el caso alemán de entonces, la monarquía.

La Rerum novarum por su parte ejerció gran influencia en la defensa de los trabajadores. Manifestaba su apoyo al asociacionismo obrero al tiempo que defendía la propiedad y alentaba la armonía y búsqueda conjunta de soluciones entre gobiernos, trabajadores, empresas y la Iglesia para logar un equilibrio en las rentas, para lograr la justicia social en la economía y la industria. Sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia e influyó decisivamente en los gobiernos conservadores.

Cánovas admite el intervencionismo estatal como ordenador del sistema social e instrumento de la reforma y señala la posición subsidiaria del Estado en materia económica y asistencial. Afirma que al Estado le incumbe la política fiscal, la limitación al derecho absoluto a la propiedad y afirma la necesaria intervención estatal en los contratos reguladores del trabajo, entre otras acciones. Se rompía así con un principio que había surgido en 1790 al declararse libre el ejercicio de las industrias, decretando la plena libertad para la instalación de talleres. Esta situación dejaba la protección de riesgos de los trabajadores a la voluntad del patrono y fue el germen para que se acabaran creando diversas asociaciones obreras dispuestas a la revolución. De aquellos conflictos surgen esta nueva visión de las relaciones sociales y la posición estatal al respecto. En España, sólo a partir de 1869, se permitió el ejercicio del derecho de asociación, siempre que no tuviera carácter profesional o sindical, y bajo este marco legal se desarrollaron las sociedades de socorros mutuos, Montes de Piedad etc.

Como se ve la evolución en España de los sistemas de protección frente a los riesgos sociales sigue las pautas clásicas. Si hasta finales del siglo XIX el antecedente remoto se situaba, como en el resto de Europa, en los Gremios y formas semejantes o variaciones de los mismos como cofradías o hermandades y desde el siglo XVIII los montepíos, que buscaban el amparo a los trabajadores en caso de infortunio; Cánovas nos introduce en posiciones semejantes a otros países del entorno.

Se suele señalar que, la verdadera legislación social en España arranca en 1900 con la Ley de accidentes de trabajo que Dato recuperó de los trabajos de la Comisión de Reformas Sociales y logró plasmar de manera práctica. La Ley de 30 de enero de 1900, introduce el principio de responsabilidad objetiva del empresario: por el mero hecho de desarrollar una actividad industrial de la que obtiene beneficios, se le atribuye la obligación de responder de los daños que se produzcan en su fábrica, tenga culpa directa de ellos o no.  Sin embargo, el seguro de accidentes se configura como voluntario, y solo afecta a algunos sectores productivos, con lo que su efectividad real en la sociedad es muy reducida. De modo paralelo y complementario, naciendo en ese año las primeras Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, creándose la primera de ellas en Vitoria en marzo de 1900. Entre 1900 y 1921, aparecen 18 Mutuas de Accidentes de Trabajo en España. Las mutuas se configuran como aseguradoras del riesgo de accidente de trabajo, junto con las sociedades mercantiles de seguros. Tenían carácter voluntario y sus principios de funcionamiento se basaban en las antiguas instituciones mutualistas (de carácter gremial).

Como un elemento más de esta regulación se aprueba la ley de Inspección del trabajo de 1904 y en 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión (INP), organismo que se mantiene hasta 1978. Tenía como objetivos gestionar la Caja de Pensión Central, difundir e inculcar la previsión popular en relación con las pensiones de retiro y administrar la mutualidad de asociados que voluntariamente se constituyera bajo su patronato. Posteriormente, el propio Instituto se convirtió en gestor directo de la protección establecida como obligatoria de algunos riesgos sociales en colaboración con otras entidades (cajas de ahorro, por ejemplo).

Se inicia así un largo periodo que podemos datar entre 1900 y 1963, que se caracteriza por la contemplación de cada riesgo de forma aislada, por lo que proliferaron los seguros sociales, en un corpus legal complejo y difuso.

En 1919, se constituyó el primer seguro social obligatorio, el seguro de vejez o retiro obrero, y por atracción con el mismo surgieron la obligatoriedad en la afiliación y la cotización tripartita entre obreros, patronos y administración. Siendo consciente el gobierno de la dispersión asistencial existente, comenzó a trabajar en la coordinación e integración de los diversos seguros: el 20 de noviembre de 1919, se aprobó un decreto que señalaba el plan de seguros sociales que debía administrar el INP, aunque sin llegar aún al establecimiento de un sistema totalmente integrado de Seguridad Social.

En la dictadura de Primo de Rivera hubo una auténtica preocupación social, de hecho, hubo un intento para que se homologasen en España los principios internacionales del Derecho del Trabajo. Así, en el proyecto de constitución con el que Primo de Rivera pretendió la institucionalización de su régimen político, se reconocían algunos derechos sociales. En la dictadura se aprobó el subsidio a familias numerosas en 1926 y el seguro de maternidad en 1929. El primero, concedía protección a las familias numerosas (de 8 o más hijos) de funcionarios públicos y obreros. Con respecto al seguro de maternidad, tiene su fundamento en los estudios de la Comisión de Reformas Sociales y en la Primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington en 1919, en la que España se comprometió, con otros 40 Estados, a que la obrera tuviera derecho a descansar 6 semanas antes del parto y a que se le prohibiese trabajar hasta 6 semanas después. No obstante, la puesta en marcha del seguro se demoró hasta los primeros meses de la Segunda República, Decreto de 26 de mayo de 1931, que incluyó, además, la regulación del pago trimestral de las cuotas de las aseguradas. Así pues, a partir del 1 de octubre de 1931, quedaban aseguradas todas las mujeres de 16 a 50 años por inscripción en el retiro obrero obligatorio: obreras, empleadas, trabajadoras a domicilio, etc., tanto casadas como viudas o solteras. El pago de parte de la cuota por las obreras fue rechazado por organizaciones sindicales como la CNT.

Durante la Segunda República, se hace obligatorio para el empresario contratar un seguro de accidentes para sus empleados, bien con una entidad pública (Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo), con una mutua o con una compañía de seguros, por lo que en aquellos momentos las mutuas gestionaban el riesgo derivado del accidente de trabajo en competencia con las compañías mercantiles de seguros (1933). También se creó una inspección de seguros sociales (1935) y una sistematización de las enfermedades profesiones (Ley de 13 de julio de 1936). Antes de esa fecha, la protección de las enfermedades profesionales se realizaba por una interpretación extensiva de la legislación de accidentes en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La República no alcanza a aprobar grandes normas en esta materia, pero sí estableció en el artículo 43 de la Constitución de 1931 que el Estado español “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia’’ y en el artículo 46, que “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad…”. La importancia de estos artículos estriba en que por primera vez en España el Estado está obligado a garantizar y vigilar el cumplimiento de los derechos sociales.

Durante la Guerra Civil, la legislación de los seguros sociales se escindió y se duplicó; existiendo una legislación en la zona republicana y otra en la nacional. En el bando republicano, Federica Montseny, Ministra de Sanidad y Asistencia Social, manifestó una especial preocupación hacia la maternidad, infancia y minusválidos. Sin embargo, sus propuestas nunca se plasmaron en nada concreto. En el nacional, el Fuero del Trabajo contuvo un programa de seguridad social en su Declaración X: “la previsión proporcionará al trabajador la seguridad en el infortunio…a cuyo efecto se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total…y de modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente…”

Bajo esa Ley fundamental del Reino a la que se unirá el Fuero de los Españoles, el franquismo desarrolló una destacada política social e impulsó definitivamente la Seguridad Social, tal y como la conocemos.

En los primeros años, cabe destacar la ley de 18 de julio de 1938, por la que se instituye el subsidio familiar, que sería el punto de partida de una preocupación, desde la perspectiva de las políticas natalistas, de la protección a la familia.  Esta apuesta por la protección a la familia tuvo diversas manifestaciones durante el régimen. Así aquella ley del 38, proporcionaba, a los trabajadores por cuenta ajena que no tuvieran más ingresos que los laborales, un auxilio económico en razón del número de hijos que convivieran en el mismo hogar familiar hasta los 23 años de edad. Era la misma cantidad para todos los asegurados, lo que fue modificado en 1945 al crear un sistema de puntos en virtud de las cargas familiares lo que graduaba la cuantía de la prestación.

A lo largo de los años 40 se dio protección a las viudas, creando la pensión de viudedad y otra serie de subsidios como los de nupcialidad y premios a la natalidad.

Además, en aquellos los primeros años se vivió una etapa de proliferación de seguros diversos, como el de vejez (Ley de 1 de septiembre de 1939) que sustituía al de retiro obrero y que establecía unas pagas fijas por día trabajado. A este seguro de vejez se le vinculó, en 1947, la protección de las situaciones de invalidez derivada de accidentes no laborales y de enfermedades comunes (SOVI). En 1955, el seguro de vejez e invalidez quedó convertido en el seguro de vejez, invalidez y muerte, que incluía el riesgo de muerte por contingencias no profesionales e indemnizaba a los herederos en primer grado.

Entre los aspectos más innovadores destaca que, en 1941, se creara el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), que protegía a los trabajadores, sus cónyuges, y condicionadamente a los ascendientes y descendientes, en casos de enfermedad: bien en la asistencia sanitaria, bien en caso de maternidad, aportaba compensaciones económicas por la pérdida retributiva, e indemnización por gastos funerarios. A él se adicionará, en 1961, el Seguro Nacional de Desempleo.

A partir de los años 40, debido a la baja cuantía de los seguros sociales estatales, se empiezan a complementar los mismos por un sistema paralelo, también obligatorio, se trata de las mutualidades laborales, cuyo origen ya vimos (año 1900), pero que se asienta ahora sobre las bases de la Ley de Mutualidades Libres de 6 de diciembre de 1941, sistema reorganizado en 1954. Se trataba de entidades no estatales, de personalidad jurídica plena y autonomía administrativa, aunque vinculadas al Ministerio de Trabajo. Las Mutuas se estructuraban por ramas de producción, lo que complicará aún más la problemática de descoordinación y atomización de los seguros sociales. Por poner algunos ejemplos, la orden de 14 de octubre de 1951 crea el Montepío Marítimo Nacional; los decretos de 17 de marzo y de 23 de abril de 1959 crean respectivamente, el Montepío de Servicio doméstico y la Mutualidad Nacional de Previsión Agraria, el mutualismo administrativo que, habiendo nacido en 1926, se reestructura en 1941 y evoluciona hasta nuestros días; también nacen las mutuas profesionales, externas a los seguros sociales, como las mutualidades de la abogacía o farmacéuticos.

Igual que llevamos viendo desde 1900, todo este entramado asegurador, perdía eficacia por su falta de coordinación, motivo por el que desde 1948 y, sobre todo, a partir de 1949 se establecen los seguros sociales unificados. Aún con disfunciones. Es en 1957 cuando en el INP, su presidente, Jordana de Pozas, prepara un Plan Nacional de Seguridad Social. El plan fue aprobado y elevado al Ministro de Trabajo en 1959. Se da orden de trabajar sobre el mismo en diversas comisiones y foros, pero la unificación tarda en cristalizar.

Paralelamente, se busca el desarrollo de otros derechos sociales. Tal es el caso de la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer (1961) que vino de la mano de Pilar Primo de Rivera, procuradora en Cortes. En su artículo primero decía: “La Ley reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley”. Esa legislación vino a aumentar las normas destinadas a fomentar el principio de igualdad de oportunidades en la sociedad, que se centraba en el derecho a la formación profesional y a la educación general; a la asistencia social, con la creación de comedores, guarderías y residencia para mayores; ayudando a los migrantes, el ya visto de apoyo a las familias numerosas y el desarrollo del cooperativismo …

Pero el gran salto en la protección social se dio en 1963. Aquellos trabajos de Jordana de Pozas logran plasmarse en la Ley de Bases de la Seguridad Social del 28 de diciembre de 1963, que integra a los seguros precedentes, y abarca un universo que incluye a todos los trabajadores de cuenta ajena, propia, a sus familiares, y aquellos que por su situación laboral entrasen en régimen especial, como funcionarios civiles y militares, estudiantes, socios cooperativistas y servicio doméstico. La ley contempla dar la misma protección que a los españoles a los hispanoamericanos, filipinos, andorranos, portugueses y brasileños. La ley se mostrará en un texto refundido en 1966 que entra en vigor en 1967.

Si la ley pudo aprobarse se debió a la mejora económica que trajeron los planes de estabilización permitiendo financiar el nuevo sistema. El cual se perfeccionó con la Ley de Régimen Especial Agrario en 1966 que daba cobertura a los trabajadores del campo. Coadyuvada en esta tarea por la Ordenanza General del Campo de 1969 y la Ley de Empleo Comunitario de 1970.

El sistema de seguridad social establecido logró la creación de una red sanitaria compuesta por más de 150 hospitales y miles de ambulatorios.

Con la llegada de la democracia, la constitución de 1978 estableció en su artículo 41 que:

‘’Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”

Pero incluso antes de promulgarse la Constitución, los Pactos de la Moncloa de 1977, a través del Real decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre, rediseñó el esquema de la gestión administrativa de las prestaciones.

Con el devenir del tiempo se ha modificado el sistema prestacional y sanitario por una actuación, que debiera ser conjunta entre el Estado y las Comunidades autónomas, y sobre la que no vamos a hablar ahora. También merecería un repaso el actual sistema de pensiones y su financiación, pero todos esos y otros colaterales son asuntos de absoluta actualidad, es decir, como señalaría mi admirado profesor Ferrero, “no está morto”. Y lo que está vivo, el profesor italiano lo calificaba como propio del periodismo o, en este caso, de la economía actual, pero no de la Historia.

BIBLIOGRAFIA

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed Espasa. 1978.

ORELLA, José Luis. “El origen olvidado de la Seguridad Social”. Revista Afán. 2020

PUERTO RICO, LA CONSUMACIÓN DEL DESASTRE

En Puerto Rico, al igual que en Cuba, los movimientos independentistas de otras provincias españolas en América no habían hecho mella, de manera que se mantuvieron ajenas a los mismos durante mucho tiempo. En cambio, los problemas internos en la península, en constante inestabilidad, sí determinaron muchos más problemas de los esperados; al fin y al cabo, España entre 1833 y 1892 tuvo setenta y cinco gobiernos, de los cuales sesenta y ocho estuvieron en el poder menos de dos años; el más prolongando duró cuatro años y siete meses. A lo que hay que unir varias guerras internas y numerosos levantamientos. El contexto ya lo vimos en la entrada sobre las Guerras de independencia de Cuba.

https://algodehistoria.home.blog/2021/03/26/las-primeras-guerras-de-independencia-de-cuba/

https://algodehistoria.home.blog/2021/04/09/la-tercera-guerra-de-independencia-cubana-y-sus-consecuencias/

Pero el devenir de Puerto Rico y Cuba fue diferente y se fue distanciando más a medida que avanzaba la centuria. Las situaciones económicas, sociales y políticas de ambas islas marcaron las distancias y su final. Mientras Cuba logro su independencia de España a costa de pelear tres destacadas guerras; Puerto Rico, después de un fugaz ensayo de gobierno autonómico que parecía colmar las aspiraciones criollas, pasó como botín de guerra a los Estados Unidos de América.

El Interés americano también fue distinto. Por Puerto Rico apenas habían mostrado atracción hasta 1867, año en el que intentaron infructuosamente comprar los islotes de Culebra y Culebrita. Se trataba de un interés logístico naval para tener estaciones carboneras en su intento de dominar el Caribe, pero no volvieron sobre ello.

Por su parte, la sociedad portorriqueña era esencialmente agraria, con una burguesía de hacendados cultivadores de azúcar y café y una población abundante de trabajadores ajenos a toda civilización y cultura (el 80 % de la población era analfabeta en 1881). Su comercio, se basaba en el consumo interno que poco a poco evolucionó hasta tener un intercambio más o menos destacado con los Estados Unidos.

Tampoco España se ocupaba mucho de lo que pasaba en la isla, ni atendía como debía la instrucción y cuidado de la población ni los funcionarios españoles destacados en la isla brillaban por su honradez.

Los criollos que querían y tenían posibilidades de estudiar iban a EE.UU, Francia o España y así surgió en ellos el ideal del autonomismo. Pero ese movimiento autonomista criollo de Puerto Rico no cristaliza, hasta la década de los 80 del Siglo XIX.  Si bien antes ya tuvieron entrada algunos partidos políticos tras el movimiento de la “Boicotizadora” (sociedad secreta surgida en 1886 cuyo objetivo era boicotear los productos y a los comerciantes españoles para favorecer a los portorriqueños. Su idea originaria nace a imitación de un movimiento semejante irlandés que pretendía devolver la posesión de las tierras a los irlandeses frente a los británicos). En 1887, se asentaron las bases del Partido autonomista, que surge de la evolución del partido liberal reformista (el primero en fundarse). Fue en la Asamblea de Ponce donde marca sus orígenes de este partido y del movimiento que lleva a la consecución de la autonomía isleña. El 7 de marzo (1887), en el Teatro de la Perla en Ponce, que se constituye la asamblea general. Los días 8 y 9 de marzo (1887), se crean las bases del Plan de Ponce y posteriormente se constituye la delegación provisional. El resultado de todo lo mencionado se va a manifestar con una campaña de divulgación y promoción del ideal autonomista, con miras a retar en las urnas el control de los incondicionales (partidarios de seguir unidos a España).  Como ya pasaba en Cuba, unos a favor de establecer un autogobierno y otros a favor de la metrópoli. Varios días después de terminar la asamblea, el 23 de marzo de ese mismo año arriba a San Juan el nuevo Gobernador y Capitán General, el Teniente General Romualdo Palacios, el cual inicia una persecución de los autonomistas, lo que lleva a la cárcel a Baldority, Cepeda, Ramón Marín y cientos de simpatizantes. El revuelo fue tal, que el Gobierno en Madrid, destituye al capitán General en el mismo año que lo nombró, 1887.  Tras estos hechos, el Partido Autonomista se fracturó en diferentes facciones y divisiones internas que lo debilitaron. Una de esas facciones la dirigió Luis Muñoz Rivera, que consideraba que la autonomía de la isla se lograría con la unión o afiliación del partido con uno de la metrópoli. Por eso inició contactos con Sagasta y el Partido Liberal Español. En 1896 logró la autonomía para Puerto Rico.

La insurrección cubana había tenido mucho que ver en estos acontecimientos y también los exiliados portorriqueños en EE.UU los cuales se inclinaban, bien por la independencia total de España, bien por la anexión a EE.UU, bien en crear una entente antillana uniéndose a Cuba.  El llamado Club Borinquén, fundado en Nueva York, entró en contacto con el Partido Revolucionario cubano en 1892 y prácticamente se convirtió en una sección de éste. Pero su relación no era fácil; los cubanos pretendían someter al partido portorriqueño a su dirección; de manera subordinada. Por eso la idea posterior fue crear un partido Revolucionario portorriqueño, pero acabaron aceptando la subordinación al Partido Revolucionario Cubano.

La situación interna no fue más allá por cuanto al estallar la guerra hispano-norteamericana en 1898 hubo en Puerto Rico grandes manifestaciones de fidelidad a España. El Capitán General, Macías, recibió todo tipo de apoyo por parte de la población que no ignoraba el apetito de los EE.UU sobre Puerto Rico.

La decisión norteamericana de conquistar y retener la isla surgió tras pactar la independencia de Cuba en su guerra con España, como ya vimos.

Si Cuba no estaba bajo su dominio para lograr su estrategia de defensa de sus costas, ese papel bien podía hacerlo Puerto Rico. Así se preparó una expedición desde Florida, capitaneada por el General Miles para la toma de Puerto Rico. Se desató una euforia patriótica en los primeros momentos en Puerto Rico, pero la clara inferioridad de la Marina española transformó la euforia en una ola de pesimismo y depresión.

El 25 de julio, el navío Gloucester desembarca las primeras tropas norteamericanas en Guánica, cerca de Ponce. No hubo defensa posible. Ponce fue ocupado el 28 de julio. En una campaña de diecinueve días los norteamericanos se apoderaron de la isla. El 12 de agosto se firmaba el armisticio en el que se reconocía la ocupación militar de Puerto Rico, por lo que la capital, San Juan, se entregó pacíficamente.

La aceptación española de la situación se hizo internacionalmente patente con la firma del tratado de París- 10 de diciembre de 1898-. Con él se inició el trauma colectivo provocado por el desastre del 98.

Sin embargo, la pérdida de las perlas antillanas, Cuba y Puerto Rico, dio lugar a una bonita tradición. Se cuenta que mientras Cervera perdía en la batalla de Santiago de Cuba, un barco mercante español se encaminaba al bloqueado puerto de San Juan con la orden expresa de perder, si era necesario, el barco, pero salvar el cargamento consistente en armas y otros pertrechos. El barco fue bombardeado por los norteamericanos, pero su capitán consiguió embarrancarlo en la costa y poco a poco ir sacando la mercancía. Hasta que un cañonazo certero de los norteamericanos, pocos días después, destruyó por completo el navío. Un marinero del mismo, aun mal herido, logró nadar hasta la orilla y poco antes de morir entregar la bandera española a un portorriqueño con la solicitud de que no la “agarraran” los estadounidenses. El portorriqueño cumplió su misión y llevó la enseña a las monjas españolas de la orden de las Siervas de María, instaladas en la isla desde 1897, que atendían un hospital junto al puerto. Desde entonces, cuando entraba o salía un barco español del puerto de San Juan, las monjas hacían ondear desde la galería del hospital la bandera española. Esta costumbre sigue en pie, más de cien años después.

BIBLIOGRAFIA

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed Espasa. 1978.

FONER, Philip S.” La guerra Hispano- cubana”. Ed Akal. 1995.

MOSCOSO, Francisco y CABRERA SALCEDO, Lizette. “Historia de Puerto Rico”. Ediciones Santillana, 2008.

LA TERCERA GUERRA DE INDEPENDENCIA CUBANA Y SUS CONSECUENCIAS

El factor decisivo para la independencia de Cuba fue la intervención de los EE. UU. Esta se produjo escalonadamente, del mismo modo que actuaría años después en las dos guerras mundiales:

  • Prestó ayuda material a los rebeldes. La enviaba por medios navales utilizando métodos del filibusterismo.
  • Por la presión diplomática directa sobre Madrid para que cediera a la compra de la isla.
  • Declarando la guerra.

La razón primera que impulsaba a EE. UU a enfrentarse con España era que consideraba a Cuba como esencial para la defensa estratégica de los Estados Unidos y, además, porque estimaba factible realizar la compra a España debido a que daban por supuesto que la isla resultaba una carga inútil y costosa para España. No era la primera vez que los americanos actuaban así, ya habían comprado a Francia la Luisiana y nos habían comprado la Florida.

El primer movimiento de interés por Cuba se produce como consecuencia del “Manifiesto de Ostende” en 1854. Se considera a James Buchanan, Jr. como el principal redactor del mismo. Lo hizo tres años antes de ser nombrado Presidente de los EE. UU y marcó la tendencia de la política exterior de USA en el Caribe. Lo que realmente preocupaba a los americanos no era la titularidad española, sino que la debilidad de nuestro país llevara a que la isla fuera tomada como posesión por parte de franceses o británicos, potencias mucho más fuertes. Además, en aquel momento, Cuba estaba en la mente de los estados del sur pues supondría un eslabón más en la expansión de las posiciones esclavistas frente a los abolicionistas del norte. La Guerra de Secesión marcó un paréntesis en las pretensiones americanas, pero volvieron a la carga en 1869 con la presión del Embajador de Estados Unidos en España sobre Prim.

Los americanos intentaron el apoyo internacional para intervenir en la Guerra Grande (https://algodehistoria.home.blog/2021/03/26/las-primeras-guerras-de-independencia-de-cuba/ ), no lo lograron y a partir de 1895 inician la ayuda a los insurrectos de manera aún más importante. Hay que tener presente que en aquellos años, como ha puesto de manifiesto la historiografía en repetidas ocasiones, existía un estado de sobreexcitación en los Estados Unidos, por la expansión hacia el oeste, por el desarrollo industrial creciente, por la prosperidad en abundancia que hizo a muchos autores escribir sobre la superioridad de la sociedad americana, incluso de la raza blanca y anglosajona destinada a desposeer a razas más débiles o a moldear a otras hasta “anglosajonizar” a toda la Humanidad. Ejemplo de esto es el libro de Strong “Our Country” o el de Alfred.Th. Mahan “The Interest of America in Sea Power; Present and Future”, ambos de gran difusión en la Norteamérica del momento.

Además, ambos marcan dos formas de ver la situación, siempre partiendo de la superioridad americana; de un lado, los que prefieren soluciones diplomáticas, para llegar a un acuerdo de compraventa; y otros, los belicistas, resueltos a no pararse en ningún obstáculo hasta llegar a la guerra, si hacía falta.

Una parte importante de la historiografía norteamericana contemporánea, como, por ejemplo, la obra de Chidsey[1] señala “Los EE. UU estaban deseosos de pelea como cualquier matón de taberna. Cada vez era más antipatriótico estar a favor de la paz”.

Las posiciones belicistas no eran compartidas por el presidente Cleveland ni lo fueron posteriormente por McKinley, pero las razones estratégicas vistas, a las que se unió la idea de construir el Canal de Panamá, acrecentaba la necesidad de dominar esa zona marítima del Caribe. A ellas se unieron las presiones de los comerciantes y una situación Psicológica en favor del enfrentamiento promovida por la prensa. En esto, la rivalidad de dos grandes editores, Pulitzer y Hearst, enfrentados por ver quién vendía más periódicos y, por ende, quién influía más en la opinión pública, azuzó aún más la presión sobre el gobierno.

Mientras, el gobierno español confiaba en evitar el enfrentamiento con los norteamericanos. Esta visión era compartida tanto por Cánovas como por Sagasta, pero la táctica a aplicar en Cuba para alcanzarla era diferente. Mientras Cánovas prefería someter a los insurrectos y luego aplicar reformas; Sagasta confiaba en que la realización de reformas previas doblegara la voluntad de guerra de los ya insurrectos. Ambos consideraban a Cuba una parte de España, una provincia más, no una colonia que pudiera comprarse o venderse.

España carecía de medios para enfrentarse militarmente con éxito a los Estados Unidos y, sin embargo, como vimos en el conflicto de las Carolinas https://algodehistoria.home.blog/2021/03/05/el-incidente-de-las-carolinas/ la prensa nacional actuó de manera irresponsable incitando a la guerra. Pi y Margall la calificó de prensa “infame”. El profesor Pabón, de acuerdo con el ex presidente de la República, señala que se produjo un belicismo frívolo que España no podía permitirse. Nuestra única salida era una acción diplomática apoyada por otras potencias.

De ello se encargó el Ministerio de Estado (antecesor del actual Ministerio de Exteriores) cuya política durante el tiempo de Cánovas fue la de buscar acuerdos diplomáticos a los conflictos internacionales. En el caso de Cuba debemos destacar la acción del II duque de Tetuán que logró un acuerdo comercial con Estados Unidos el 1 de agosto de 1891 y así consiguió crear un ambiente de mayor sosiego frente al gigante naciente en América. En 1896, buscó asimismo acuerdos internacionales con otras potencias, pero la amenaza del gobierno USA hizo desistir a los europeos de apoyar a España. La posición de equilibrio triangular, Londres, Washington, Madrid, vista en las Guerras Grande y Chiquita, duró hasta los años setenta y desde entonces el mundo se había consagrado al “derecho a la fuerza”. En EE. UU esto se conocía como la política del bastonazo (big stick policy). Inglaterra, había aplicado la razón de la fuerza a Francia en el ultimátum de Fachoda y a su vez recibió el bastonazo de los norteamericanos en los límites de la Guayana. Así que, ahora le tocaba recibir a España. Posiblemente, sin la exaltación patriotera de la prensa española, el descalabro militar no hubiera provocado la depresión moral nacional que aconteció en el 98, pero la población aún soñaba con viejas gestas.

Cuando Antonio Maura, ministro de Ultramar en 1893 quiso restablecer el régimen de autonomía fue rechazado por todos los partidos cubanos. Se radicalizaron los sentimientos. En 1892, José Martí, que se había erigido tras la Guerra Chiquita en líder cubano, ante el temor de que prosperasen las tendencias autonomistas, había creado un partido revolucionario cubano, y no aceptó de buen grado el proyecto del ministro de ultramar en 1895- Abárzuza-. El proyecto de Abárzuza fue aprobado en las Cortes españolas y consistía en una nueva Ley autonómica para Cuba. Diez días después se inicia el “Grito de Baire”, es decir, la tercera y definitiva guerra de independencia cubana (24 de febrero de 1895).

Dado que la vía diplomática no había funcionado, Cánovas decidió combatir la separación de la Isla de España ”hasta el último hombre y la última peseta”. Cánovas fue asesinado en 1897. La primera consecuencia fue que el mando español en Cuba pasó de Martínez Campos, que no había logrado una solución pactada, al general Weyler. Weyler, para defender mejor las posiciones españolas, da la orden de “concentración de pacíficos” por la que se obligaba a la población rural dispersa a concentrarse en núcleos urbanos, a fin de restar apoyos a las guerrillas insurrectas. Tras esta medida, la posibilidad de victoria militar aumentó, pero su gestión fue utilizada por la prensa norteamericana para crear una mala imagen exterior de España, basada en relatos de sufrimiento de la población civil. La prensa amarilla de los Estados Unidos lanzó una campaña de insultos y calumnias y preparó a la opinión pública para la guerra que se avecinaba, la cual recayó, en España, sobre los hombros de un envejecido Sagasta que se vio en la tesitura de hacer frente a la situación más compleja que había vivido España desde la Guerra de la Independencia.

La guerra fue declarada por los EE.UU. en vista de que España no vendía la isla y ante el temor de que prosperase el régimen autonómico concedido por las Cortes y el Gobierno español.

La excusa que sirvió de base para la declaración fue el hundimiento del acorazado Maine, anclado en el puerto de La Habana. La acusación de que fue una mina puesta por los españoles era absurda, España lo último que quería era una guerra con los USA y, sin embargo, esa fue y sigue siendo la versión oficial de los estadounidenses. Hoy en día la historiografía norteamericana sostiene lo indefendible de la postura de los Estados Unidos.

Domínguez Ortiz, considera que a España casi le debería haber provocado alivio aquella declaración de guerra, pues el malestar por la leva para ir a la guerra de Cuba (se podía librar el que pagara 2.000 pesetas- es decir, los ricos-. Sólo los pobres o hijos de la escasa clase media fueron reclutados), más otros incidentes que se estaban produciendo en España estaban creando un ambiente revolucionario y pro-republicano que amenazaba a la Corona y a la estabilidad del Estado. La guerra provocaría el fin de aquel conflicto, lo que podría haber sido una buena solución para centrarse en la paz y prosperidad interior. Sin embargo, la depresión en la que se sumió el país tras la derrota provocó el efecto contrario.

Tras la explosión del Maine, España ofreció someter la cuestión a un arbitraje internacional que EE. UU no aceptó. El gobierno de McKinley inicia una doble negociación por un lado en defensa de los cubanos y sus derechos humanitarios, que se hace de manera pública; y otra, confidencial, para la compra de la isla y el traspaso pacífico de la misma.

La negociación confidencial culmina en febrero de 1898. Los norteamericanos proponen la compra por 300 millones de dólares, más un millón de comisión para los negociadores españoles; la alternativa sería la guerra. España no aceptó la propuesta, que pasó a ser ofrecida por la vía oficial. Sagasta afirma que España estaba entre la guerra o el deshonor; y para que las cosas no le fueran tan fáciles al coloso americano afirma que irán a la guerra por una Cuba autónoma frente a una Cuba anexionada a los EE.UU. Aquella posición obligó a los norteamericanos a declarar que, si ganaban la guerra, Cuba sería independiente. Con lo que perdían la mayor causa para querer ocupar Cuba, su situación estratégica, aunque soñaban con dominarla de manera indirecta desde los EE.UU.

España se dirige por tercera vez a las seis principales potencias europeas para que medien en el conflicto. Pero la clave la tenía la Inglaterra de Balfour cuya política era de amistad con los Estados Unidos para mantener unidos a los pueblos anglosajones. La suerte de España estaba echada.

El 11 de abril, el presidente McKinley presenta la situación en su mensaje al Congreso, lo que determina que, el 18 de abril, éste apruebe una “Resolución Conjunta” fundamentada en un ultimátum a España para que abandonara Cuba, que es transmitido el 20 de abril. España, como respuesta, expulsa al embajador norteamericano. El 25 de abril de 1898, el Congreso de los Estados Unidos declara formalmente la guerra a España.

Realmente la guerra se extendió a tres escenarios Puerto Rico, Filipinas y Cuba. El 1 de mayo, los españoles sufrían una severa derrota en la llamada batalla de Cavite, en Filipinas, que en España la prensa calificó de “glorioso desastre”. Por otro lado, el haber provocado que Cuba tuviera que ser independiente dio pie a que los americanos ocuparan Puerto Rico, como alternativa a su estrategia defensiva de dominio del Caribe. Pero nos centraremos en Cuba.

En Cuba, la guerra no fue muy larga. Los combates más destacados fueron la Batalla de El Caney; la Batalla de las Colinas de San Juan y la Batalla Naval de Santiago de Cuba. En el primero de los lugares Vara del Rey y sus hombres aguantaron contra más de 8.000 estadounidenses desde su posición durante casi doce horas, lo que impidió a éstos hacerse paso a través de las defensas y dirigirse a las Colinas de San Juan como se les había pedido desde el mando estadounidense. Los norteamericanos habían calculado una hora de combate, pero duró diez, gracias a la heroica defensa española. No menos valiente y sacrificada fue la defensa de las Colinas de San Juan. Aquella loma se convirtió en un cementerio por las bombas americanas. Casi toda la guarnición fue exterminada; la artillería española acabó sin munición.  Allí mueren como valientes las tropas del Coronel Vaquero. Al anochecer, el Capitán de Navío Joaquín Bustamante, Jefe del Estado Mayor de la flota, al mando de 100 marineros de las columnas de desembarco, intenta reconquistar la loma de San Juan. Cae herido en el intento y morirá poco después.

Los españoles defendieron sus posiciones en ambas batallas de manera tan valerosa como inútil. Ralentizaron el avance americano, pero no lo pararon. Entre el mando norteamericano se encontraba el futuro presidente Roosevelt que reconoció la valentía española. El último capítulo militar destacado fue la Batalla naval en Santiago de Cuba.

En la defensa de Cuba, España envió al Almirante Cervera con una escuadra, que entró en Santiago tras forzar el bloqueo del puerto el 19 de mayo, pero quedó atrapada allí, embotellada por la flota americana.

El 6 de junio, los norteamericanos entraron en Guantánamo y se unieron a las tropas del Comandante cubano Calixto García en el asedio por tierra a Santiago.

Cervera, convencido de su inferioridad, escribe a Madrid, señalando que saldría, aunque sin saber si lo mejor era destruir la flota, perderla en la defensa de Santiago o sacrificarla con algún acto de heroísmo. Desde Madrid, le ordenan salir con dirección a La Habana. Cervera decidió salir a primeras horas del día, el 3 de julio, pegado a la costa para salvar el mayor número de vidas posibles. La decisión del almirante de partir para el combate con luz diurna se fundamentó en su preocupación por la seguridad de sus barcos. Esta decisión era, militarmente hablando, la peor de todas las posibles, pues probablemente una salida nocturna o en un día de mal tiempo hubiese evitado la destrucción total de la flota. Además, la estrechez del canal de salida del puerto obligó a los barcos a navegar uno tras otro. Y uno tras otro fueron cayendo; algunos embarrancados por los españoles a fin de utilizar sus cañones en la defensa.

Destruida la flota, Santiago se entregó el 17 de julio. Esto provocó que el gobierno español pidiera negociar la paz, que, por intermediación de Francia, se plasmaría en el Tratado de París.

Los americanos aceptaban la paz bajo las siguientes premisas: renuncia de España a Cuba, cesión de Puerto Rico y de la bahía de Manila a Estados Unidos. Se firmó el protocolo de Washington el 12 de agosto que anunciaba diversas reuniones para lograr el acuerdo definitivo.  Se iniciaron una serie de negociaciones, que no fueron tales, durante el verano. España sólo pudo acatar y, a lo sumo, protestar por el ejercicio de fuerza americano, como hizo Montero Ríos en una carta fechada el 18 de octubre. No valió de nada, en vez de admitir las enmiendas españolas, los americanos aumentaron sus exigencias, quedándose así también con la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas, con Mindanao y Joló, dando la mísera indemnización de 20 millones de dólares. El 10 de diciembre de 1898, se firma el tratado de París.

La independencia de Cuba no fue reconocida por los EE. UU hasta el 12 de junio de 1901.

Se consumó así el gran desastre, que fue ante todo una derrota militar (murieron en aquellos enfrentamientos unos 120.000 combatientes, no todos españoles, pero sí en gran número). España condujo las negociaciones durante y después de la guerra con realismo y dignidad. Muchos historiadores consideran que las duras críticas que se realizaron fueron exageradas e injustas. Realmente, las críticas fueron fruto de la insolidaridad ante la derrota; una polémica sobre las responsabilidades que no fue más que un enfrentamiento entre la clase política y la militar y un trauma colectivo reflejado en la literatura.

Sin embargo, internamente podía haber tenido algunos efectos positivos. Tras la derrota se produjo un intento de revisión del sistema canovista desde dentro del mismo, planteado sin éxito por el gobierno de Silvela y renovado posteriormente por Maura y Canalejas. Se produjo un revisionismo, reflejado espléndidamente en la literatura. Se hacía no con tintes casticistas sino europeos buscando un futuro mejor, aunque con poco éxito práctico.

En el orden internacional, el desastre influyó en la decisión española de transferir la soberanía de los restos de nuestro imperio en el Pacífico con la venta de las Carolinas, Marianas y Palao, como vimos. También influyó en el recorte de nuestras pretensiones en cuanto a los límites del Sahara y Guinea Ecuatorial frente a Francia (tratado de 1900).

Además de los efectos vistos, el desastre permitió liquidar los restos de la “Economía colonial” y repatriar unos capitales que fueron decisivos en el saneamiento financiero y de la actividad económica de los primeros lustros del S. XX.

BIBLIOGRAFIA

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PALACIO ATARD, VICENTE. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. S.A. 1981.

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TUÑÓN DE LARA, MANUEL. “Estudios sobre el S. XIX español”. Ed Siglo XXI. 1972.

FUSI, Juan Pablo y PALAFOX, Jordi. “España: 1808-1996. El desafío de la Modernidad”. Ed. Espasa -Calpe. 1998.

[1] D.B. Chidsey: “La guerra hispano-americana 1896-1898. Barcelona, 1973.

LAS PRIMERAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA DE CUBA.

Cuando hablamos de la independencia de Cuba, estamos hablando, históricamente, de tres enfrentamientos por la independencia cubana:

La primera es la llamada guerra de los 10 años o Guerra Grande (1868-1878) y que termina con la paz de Zanjón en 1878.

Este acuerdo no fue aceptado por grupos dispersos de nacionalistas cubanos que continuaron luchando durante la mayor parte del año 1878. Motivo por el cual intentarían reiniciar la lucha durante la segunda guerra de independencia, llamada Guerra Chiquita, que va de 1879 a 1880 según algunos historiadores, y que otros prolongan hasta 1895; enlazando, sin solución de continuidad, con la tercera y última, que es la que determina la auténtica independencia cubana, en 1898.

Hoy nos vamos a referir a las dos primeras.

Tuñón de Lara explica como a Cuba llegaron a lo largo del Siglo XIX hombres y capitales tras la emancipación del continente que provocaron la prosperidad de la economía cubana que pasó de basarse en la agricultura y ganadería al cultivo extensivo de caña de azúcar en grandes ingenios, café y tabaco. Lo que generó importantes beneficios a los grandes hacendados cubanos.

Quizá por ello, durante el primer cuarto del S.XIX no había repercutido en Cuba (ni en Puerto Rico) el movimiento independentista de la América continental española. Es más Domínguez Ortiz, considera que el movimiento independentista cubano nace por el favoritismo y desgobierno de la metrópoli.

El origen de esa mejora económica procedió de las mejoras técnicas en el cultivo del azúcar y el tabaco- el café decayó en su producción a medados del siglo XIX-.

Aquellas extensiones de cultivo, sobre todo, la caña de azúcar, demandaban gran presencia de mano de obra que era traída por los negreros desde áfrica. Cuando la metrópoli intentó prohibir la esclavitud, la trata de negros, la sociedad criolla cubana se reveló en la revolución de 1854. Realmente no todos los gobiernos españoles tenían la misma visión de lo que debía hacerse en Cuba. Los gobiernos de O’Donnell eran partidarios del esclavismo y aunque eran conscientes de que había que hacer reformas, nunca llegó a consumarlas. No hay que olvidar que O’Donnell había sido Capitán General de la isla, donde se enriqueció. Su gestión estuvo marcada por la idea de que para mantener la soberanía española había que proteger la esclavitud y el tráfico esclavista, base de la riqueza de la Isla. Con esa finalidad no dudó en potenciar ambos fenómenos, en abierta contradicción con los tratados internacionales hispanos ejerciendo, además, una durísima represión sobre los que los pusieron en cuestión. Al mismo tiempo, en su actividad se entremezclaron los intereses públicos y los privados, la política y los negocios. La realidad es que la trata de negros siguió realizándose de manera clandestina, al tiempo que las leyes españolas liberalizaron la emigración y se permitió la salida de españoles hacia Cuba que, ocupaban las ciudades y se dedicaban esencialmente al comercio y que con el desarrollo del cultivo del tabaco acabaron enriqueciéndose en buena medida y número. Aquellos emigrantes españoles eran enemigos de las reformas y encontraban su eco en España por parte de todos los que se beneficiaban de aquel estado de cosas. Las anunciadas reformas sociales no llegaban por más que se prometían, lo que generaba un gran malestar entre la población criolla.

Al tiempo, la mayor producción implicó la búsqueda de nuevos mercados que se encontraron en EE.UU. Entre el malestar y la buena sintonía encontrada en los nuevos mercados dio lugar a que muchos criollos pensaran en acuerdos anexionistas con los norteamericanos. Establecieron en Nueva York el “Consejo Cubano” presidido por Gaspar Bethéncourt y financiaron las revueltas armadas de Narciso López en 1849 y 1851, que fracasaron. No sólo se pensaba en la anexión a los Estados Unidos por razones económicas sino por la inestabilidad política de España.

Las aspiraciones de los EE. UU ya se habían manifestado a principios de siglo, pero durante los primeros sesenta años del S.XIX, Inglaterra había frenado esas aspiraciones. De manera que los intereses de las rutas comerciales que nacían o terminaban en Cuba tenían un vértice controlado por Londres, Washington y Madrid. Posteriormente, la guerra de secesión norteamericana, puso un paréntesis en las aspiraciones norteamericanas. Mientras, en la isla se abrieron tres tendencias, una proesclavista que no quería reforma alguna; otra autonomista y una tercera independentista.

El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel Céspedes se alzó en el ingenio de la Demajagua, cerca de Yara (“El grito de Yara”), organizándose el primer núcleo insurrecto en Bayamo. El Capitán General de las islas, Lersundi, abandonado a sus propios recursos por coincidir con la revolución de septiembre en la Península[1], organiza la resistencia contra los insurrectos a base de voluntarios cubanos leales a la Corona, con lo que, la lucha, en sus comienzos, constituye una auténtica guerra civil cubana. El grito de Yara no fue secundado por los hacendados de occidente, zona mucho más próspera que la oriental de la Isla. A su vez se formó el “Partido español” que optó por enfrentarse tanto a los insurrectos como a la metrópoli que, tras la revolución de 1868- la Gloriosa-, pretendía establecer reformas en la isla, bastante moderadas en sí, pero favorecedoras de los azucareros frente a otros sectores. Posiblemente, sin el estallido de la Gloriosa en España, la revolución de Céspedes no se hubiera producido o no del mismo modo.

El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba que explicaba las causas del levantamiento decía que era antiesclavista e independentista.

Con la llegada al poder de Amadeo de Saboya se aprobó un programa reformista que significó el fin de la esclavitud, la concesión de la autonomía y el enfado de los “negreros” en Madrid, encabezados por el Marqués de Manzanedo. Fuertemente partidarios de la “integridad nacional”. Su oposición desencadenó el nacimiento en España de la “Liga Nacional” que se oponía a las “funestas” reformas proyectadas.

Con el cambio de Gobierno en Madrid, en Cuba el general Dulce sustituye a Lersundi. Intenta un fin de la revolución por una vía negociadora que fracasó; al tiempo, los EE. UU redoblan su presión sobre España para comprar la isla.

Tras el fracaso de Dulce, España cambia de táctica e inicia una “guerra sin cuartel” bajo el mando de Caballero de Rodas, que había sido nombrado Capitán General de Cuba (1869-1870). Como no pudo hacer frente a la revolución autonomista de los “Voluntarios”[2], dimitió y regresó a España (1870) sucediéndole en el cargo el general Conde de Balmaseda. El cual logra victorias en la Campaña de los cien días (marzo-junio de 1870) y otras tantas en la zona de Oriente y en Camagüey. Pero este conflicto se comporta como guerra de guerrillas o en pequeñas zonas; algunas pantanosas que provocan en el ejército español más pérdidas por las enfermedades que por el fuego enemigo. El desgaste de la guerra hizo estragos en ambos bandos. Además, los cubanos tenían enfrentamientos internos que llevaron a sustituir a Céspedes por Cisneros Bethéncourt. Al tiempo, el entrometimiento norteamericano puso en alarma a Inglaterra que no quería ver comprometidas sus rutas comerciales. EE. UU enviaba armas y hombres a los insurrectos. En ocasiones, los cargamentos eran interceptados por la marina española   y detenidos hombres y barcos, lo que generó más de un conflicto diplomático, en un claro antecedente de lo que será la tercera y definitiva guerra de la independencia en 1898.

La guerra continuaba en las islas mientras la 1ª República nombra a Jovellar Capitán General de la isla caribeña. No es hasta la restauración canovista cuando la situación cubana se encauzada militarmente al poner al mando de la isla al General Martínez- Campos en 1876. Su brillante acción militar puso contra las cuerdas a los insurrectos, pero Martínez- Campos no pretendía lograr exclusivamente una victoria militar, quería evitar un aplastamiento que convirtiera a los insurrectos en víctimas. Para eso buscó de nuevo la negociación como vía del arreglo. Ofrece reformas político-administrativas y cierto autogobierno. El resultado de esta política fue la Paz de Zanjón, el 12 de febrero de 1878, que significaba el perdón y el indulto para los rebeldes, así como la posibilidad de expatriarse a quienes lo desearan; libertad para los esclavos; y el compromiso de establecer reformas orgánicas.  Es el fin de la Guerra Grande o de los 10 años o primera guerra de independencia cubana.

La paz de Zanjón fortalece la corriente autonomista que da lugar al nacimiento del Partido Liberal Cubano, integrado por criollos, que acepta su inclusión dentro de la monarquía española. Frente a ellos nace la “Unión Constitucional” que se definían como españoles incondicionales y se opone a las concesiones autonómicas. Estos impiden que las reformas anunciadas en Zanjón se lleven a efecto.

Tan fue así que, en agosto de 1879, se levanta en Santiago de Cuba Guillermo Moncada y se constituye el “Comité Revolucionario de la Emigración Cubana” o “Comité de los Cinco” cuya finalidad era aprovisionar de víveres y armas a los amotinados. A la lucha se une el General Calixto García que asumió la dirección del Comité Revolucionario Cubano. Sin embargo, el cansancio de diez años de lucha y las contradicciones internas del movimiento revolucionario cubano llevaron a la claudicación y al Acuerdo de Confluentes, mediante el cual capituló el 2 de junio de 1880.

No hubo muchos combates en esta guerra. Los pocos efectuados terminaron con reveses para los cubanos.

Aunque fracasó, la Guerra Chiquita demostró que el problema cubano no estaba resuelto, que la guerra había terminado sobre todo por agotamiento, y que, si el gobierno español no efectuaba drásticas reformas, la revuelta prendería de nuevo más tarde o temprano. Sin embargo, aunque los cubanos solicitaban reformas nunca las quisieron aceptar. Y así, cuando Antonio Maura, ministro de Ultramar en 1893 quiso restablecer el régimen de autonomía fue rechazado por todos los partidos cubanos. Se radicalizaron los sentimientos. En 1892, José Martí, que se había erigido tras la Guerra Chiquita en líder cubano, ante el temor de que prosperasen las tendencias autonomistas, había creado un partido revolucionario cubano, y no aceptó de buen grado el proyecto del ministro de ultramar en 1895- Abárzuza-. El proyecto de Abárzuza fue aprobado en las Cortes españolas y consistía en una nueva Ley autonómica para Cuba. Diez días después se inicia el “Grito de Baire”, es decir, la tercera y definitiva guerra de independencia cubana (24 de febrero de 1895).

La cual merece una narración aparte.

BIBLIOGRAFIA

UBIETO, REGLA, JOVER Y SECO. “Introducción a la Historia de España”. Ed. Teide. 1983.

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DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO. “España, tres milenios de Historia”. Marcial Pons (edición especial 20º aniversario. 2020).

TUÑÓN DE LARA, MANUEL. “Estudios sobre el S. XIX español”. Ed Siglo XXI. 1972.

[1] Revolución de 1868, de septiembre o la Gloriosa que de todas esas maneras es conocida y que supone la expulsión de Isabel II y el inicio del Sexenio democrático (1868-1874). Es decir, Juntas revolucionarias y Gobierno provisional; Monarquía de Amadeo de Saboya y 1ª República.

[2] Batallones de los “voluntarios del comercio”. Grupo armado de la revolución.

EL INCIDENTE DE LAS CAROLINAS

Hoy vamos a centrarnos en un incidente diplomático en la España de la Restauración que fue la manifestación previa del desastre del 98. Gracias a la inteligencia política de Cánovas se resolvió de manera pacífica. Hablamos del incidente con Alemania por el dominio de las islas Carolinas.

Nos debemos situar en 1885 cuando la Alemania de Bismark empezaba a despuntar en el orden mundial, aunque la posición del Canciller era moderar su presencia exterior pensando primero en construir el país internamente. Poco tiempo después, se enfrentaba al Kaiser Guillermo II, que buscaba la expansión internacional. Esta discrepancia a la postre costó el puesto al Canciller de hierro. Pero en 1885, Bismarck estaba en el zenit de su poder; en aquel año se produciría la Conferencia de Berlín sobre el reparto de África, circunstancia que también entró en el juego de nuestros problemas. La Conferencia de Berlín supuso la legitimación internacional del imperialismo. Para ello se estableció una premisa: la soberanía sobre un territorio se aceptaba con la ocupación y control militar o administrativo del mismo. No se daba validez a las razones históricas. Aunque la Conferencia se refirió al reparto de África, las potencias del momento pretendieron extenderlos a otras zonas del orbe.

No olvidemos que estamos en el Siglo XIX en aquellos años las potencias mundiales eran Gran Bretaña y Francia (aunque en aquel momento un tanto disminuida por su derrota en 1870) y la muy floreciente Alemania del II Imperio. España, por el contrario, era una potencia menor, debilitada por su propia historia, especialmente por los dos monarcas precedentes, Fernando VII e Isabel II, y por los desbarajustes de la 1ª república; con unos dirigentes que no fueron capaces de encontrar una fórmula de enderezar los problemas del fin de un imperio que aún tenía una importante presencia territorial en el mundo.

Pero si Cánovas no logró esto, menos aún Sagasta (la alternativa de gobierno) cuya política exterior estaba fundamentada en la improvisación más que en un posición pensada y bien trabada.

En 1885, Cánovas del Castillo presidía por cuarta vez el Gobierno durante la Restauración, se vio sorprendido por un problema internacional que suscitó el gobierno alemán. No era esperable aquel incidente por cuanto el mundo se gobernaba por el reparto tácito acordado entre Gran Bretaña y Alemania de que la segunda dominara el territorio continental europeo y la primera dominara los mares y el comercio internacional con su potente armada. Cánovas sabía perfectamente que España no estaba en condiciones de jugar a gran potencia, ni tenía recursos ni fuerzas para ello. Se conformaba con defender la soberanía española en aquellos territorios que le pertenecían desde hacía siglos, procurando no perder lo que tenía, que bastante era. Cánovas era un político realista, práctico y cabal. Desde luego, nada dado a la fantochería ni a lo que hoy llamaríamos populismo, por lo que muchas veces sus mesurados comportamientos no fueron bien comprendidos. En ocasiones, lo que él planteaba tras profundas meditaciones se lo desbarataban otros con posiciones improvisadas o propias de un patrioterismo poco adecuado. En este extremismo no sólo estaban algunos de sus rivales políticos, también la prensa y el pueblo al que se exacerbaba en sus pasiones en vez de explicar la inteligencia de los actos. Quizá, en no tener un carácter didáctico, erró Cánovas.

En una Europa en expansión, Cánovas consideraba que sólo dos posturas eran las correctas, una, la neutralidad ante las potencias rivales entre sí y, otra, un recogimiento hacia la política interna, dedicándose a la tarea de reconstrucción nacional en torno a la nueva figura real, Alfonso XII, y no mezclándose con las potencias exteriores; sin que eso significara abandono de la política exterior, pues bien supo utilizar la diplomacia cuando fue preciso.

La falta de madurez de la opinión pública se manifestó durante la crisis de las Carolinas y a punto estuvo de dar al traste con la negociación.

El 6 de agosto de 1885, el embajador alemán en España, el Conde de Solms, anunciaba que, ante la falta de un dueño cierto, Alemania tomaría posesión del archipiélago compuesto de las islas Carolinas y Palaos.  El sólo hecho de comunicarlo a España demuestra la mala fe alemana. Si España no fuera su dueño, ¡para qué notificárnoslo! Este anuncio verbal se confirmó por nota diplomática el día 11: «salvo los derechos bien fundados de tercero, que el Gobierno Imperial, como ya lo ha verificado en todas las adquisiciones análogas de territorios sin dueño, examinará y respetará».

No era la primera vez que Alemania había puesto en duda la soberanía española sobre las islas. Lo hizo en 1875 con apoyo británico al considerar que el Cónsul español en Hong-Kong no era autoridad suficiente para considerar las Islas Carolinas bajo su control. Esta reivindicación se solapó con la realizada por los ingleses sobre la isla Joló. En ambos casos, el origen del conflicto se debió a la pretensión de las autoridades españolas de regular el comercio en la zona. La situación se saldó con la suscripción del gobierno español de la Nota Diplomática de 15 de abril de 1876 y el Protocolo de 11 de mayo de 1877, en virtud de los cuales reconocía el derecho de británicos y alemanes de comerciar libremente en Joló y Borneo, así como, a que los súbditos de ambas naciones tuvieran plantaciones en esas islas.

España consideraba a todos estos territorios como una vieja e indisputada posesión que procedía de los tiempos de Felipe II y que suponía la prolongación de la soberanía que tenía sobre las Filipinas. A los archipiélagos había mandado misioneros y algún destacamento militar, aunque no tuviera puestos permanentes. De hecho, las razones geográficas e históricas que avalaban a España eran conocidas por todos. Los problemas se suscitaban por las peleas entre comerciantes de diversas nacionalidades que intentaban mercadear en las islas. En una de esas disputas, en 1884, entre irlandeses, ingleses y norteamericanos, estos últimos acudieron al Gobernador General de Filipinas para que pusiera orden, en nombre del Rey de España. Es decir, reconociendo la soberanía española sobre los archipiélagos.

El Gobernador General dispuso una expedición exploratoria y envió un barco, el Velasco, hasta que Madrid tomara una decisión.

El capitán del Velasco logró en poco tiempo pacificar la zona entre comerciantes y reyezuelos nativos y asegurar el respeto de todos al Rey de España como cabeza del Estado Soberano de las islas.

El 3 de marzo de 1885, se dicta la Orden española que mandaba establecer un gobierno regular político – militar en las Carolinas y Palaos. Se encomendaba a un gobernador militar establecer una guarnición con una compañía de infantería, personal sanitario y misioneros. Para dar cumplimiento a esta orden, salió de Manila una nueva expedición con material de construcción, ganado y semillas en agosto de 1885. Como se ve por las fechas, la notificación alemana a Madrid coincidía con el inicio de la expedición española.

Cánovas envía a Francisco Merry y Colom, Conde de Benomar a negociar con los alemanes, al tiempo que España buscaba también si no el apoyo británico, al menos su neutralidad. El Conde de Benomar estaba convencido de la posibilidad de encontrar una salida diplomática al conflicto, pero temía que las manifestaciones y algaradas callejeras despertadas en España contra Alemania y azuzadas desde la prensa, con un patrioterismo poco coherente con las opciones reales de España de defenderse en una guerra, enturbiaran tanto la situación que hicieran imposible un arreglo amistoso.

Algunos compatriotas ofrecieron sus apoyos económicos para construir barcos de guerra para luchar contra los alemanes. Pues consideraban que la guerra era inevitable, tanto más cuanto algunos periódicos clamaban por dar un ultimátum a Alemania. Y así, en Sevilla, un grupo de industriales, propuso construir un crucero que llevara por nombre Andalucía; en Valencia la Sociedad “lo Rat Penat” pone fondos para otro barco de nombre Valencia, en Valladolid el Centro Mercantil e Industrial sufragaría un barco de nombre Castilla, en Santander quieren dar salida a un torpedero que proponen llamar El Montañés. Podríamos seguir así con toda España. En vez de aunar esfuerzos, cada uno, con la mejor voluntad, sin duda, tira para su lado. No hemos cambiado tanto, desgraciadamente.

El Gobierno de Cánovas proponía a los alemanes un acuerdo semejante al de Joló (libertad de comercio, establecimiento de haciendas) más una estación naval y un depósito de carbón en alguna de aquellas islas.

Alemania no cedió y siguió considerando las islas Carolinas y Palaos como res nullius.

El Conde de Benomar, viendo la situación, intentó, el 27 de agosto, adelantar un memorándum para establecer un procedimiento y calendario en la negociación. Se reducía a tres puntos: 1. El embajador de España comunicaría en nota oficial las ofertas señaladas de libre comercio y estación naval, a cambio Alemania desistiría de solicitar el protectorado de las islas Carolinas y Palaos. 2. Alemania aceptaría la proposición española. 3. Posteriormente se negociarían lo detalles del acuerdo. El embajador Hatzfeld visitó con urgencia Varzin, donde se hallaba Bismarck. El canciller, conocedor de las manifestaciones en España, de las posiciones de la prensa, de la tendencia del partido de la oposición y del posicionamiento de los periódicos ingleses, franceses y belgas, no quiso dar marcha atrás, que no pareciera que se rendía y por tanto se reafirmó en su idea de protectorado en las Carolinas que había sido puesta de manifiesto en la Conferencia de Berlín. Además, señalaba Bismarck, España ni ante lo manifestado en la Conferencia de Berlín ni en el incidente con el embajador de Hong-Kong ni en ningún otro momento había expresado su autoridad sobre las islas. Si bien, en su respuesta, el alemán redactó una línea que abría las puertas a la esperanza: Alemania aceptaba analizar las pretensiones españolas y hacerlas objeto de negociaciones amistosas y, llegado el caso, estaba dispuesto a someterse al arbitraje de una potencia amiga de las dos naciones litigantes, pues, continuaba Bismarck, la situación de las islas no debía ser ocasión para empeorar las relaciones de dos potencias tradicionalmente amigas.

Mientas esto se producía, la expedición de Manila llegó a las Carolinas y construyó la base española que contaría con un Caparán General para las islas. Eso culminó el 24 de agosto y, el 25, fondeó en sus costas un cañonero alemán. El capitán del barco alemán, puso pie a tierra y colocó la bandera alemana e instó a los barcos españoles llegados desde Manila a que abandonasen la isla. Menos mal que la inteligencia de las autoridades locales españolas logró una respuesta mesurada a la espera de ver el resultado de las negociaciones de ambos gobiernos.

En septiembre, España presentó un memorándum sobre sus legítimas pretensiones, con datos históricos y documentos que avalaban su posición, siguiendo así lo demandado por Bismarck a finales de agosto.

Se basó en su presencia en Filipinas, sucesivas navegaciones efectuadas durante los siglos XVI y XVII (Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos, López de Legazpi, Fernández Quirós, durante el siglo XVI, y Francisco de Lezcano, en 1686).

Además, se presentaron los acuerdos pactados con Portugal en el Tratado de Zaragoza en 1529; en el tratado de Límites (Madrid 1750) y en el tratado de San Ildefonso de octubre de 1777, en virtud de los cuales las Carolinas y las Palaos quedaban bajo poder español.

Además, España replicaba a Alemania que cuando señaló la falta de soberanía sobre aquellas islas en la conferencia de Berlín afirmó que Alemania no quería colonias y que sólo deseaba comerciar, reconociendo en aquel momento que la apertura de aquellas islas al comercio correspondía a España por ser la potencia soberana. Asimismo, afirmaba nuestro país que la falta de una presencia estable no era síntoma de falta de soberanía pues siempre había misioneros españoles ejerciendo la evangelización en nombre de España y la cristiandad. Por otro lado, multitud de libros de geografía habían inscrito como españolas aquellas islas. Negaba Madrid que pudiera hacerse extensible el Acta General de la Conferencia de Berlín, que había tratado del reparto de África, a nuevas adquisiciones fuera de aquel continente.

El 21 de septiembre, Bismarck renovó la propuesta de arbitraje y sugirió que lo ejerciera su Santidad el Papa León XIII. La propuesta fue aceptada por España.

El 22 de octubre de 1885, se fecha el laudo pontificio. El papa reconoce los valores históricos de España; el beneficio que reportó a aquellos nativos como ninguna otra nación lo había hecho; entiende que la posición alemana responde al criterio de que la soberanía nace de la ocupación efectiva y ésta nunca se había producido por parte de España, sin embargo, el Santo Padre no acepta esta posición alemana y reconoce la soberanía española, como lo demuestran otros tantos tratados internacionales anteriores y el propio acuerdo de Joló. Con todo, acepta la posibilidad de que las islas se abran al comercio internacional y que Alemania tenga una base naval y una carbonería; así como que, los súbditos alemanes puedan tener haciendas y cultivar las mismas.

El Papa sabía del éxito del laudo pues satisfacía a ambas partes en sus pretensiones y era la forma de acogerse a lo propuesto por España en su idea de acuerdo previo. El laudo tuvo el respaldo de la firma en el Protocolo de Roma el 17 de diciembre de 1885.

Cuando se firmó el Protocolo ya no vivía Alfonso XII, ni Cánovas estaba en el Gobierno. Sagasta firmó el acuerdo a pesar de que en los momentos de mayor tensión era partidario de la guerra.

Bismarck había querido el arbitraje papal pues le interesaba más un acercamiento al Vaticano que las islas Carolinas.

El tercero en discordia, que resultó beneficiado de aquel acuerdo, fue Inglaterra; por el protocolo de Madrid de 1886 lograba lo mismo que Alemania en las Carolinas y Palaos, aunque sin estación naval ni carbonera.

La alegría española duró poco. La posterior guerra hispano-estadounidense por Cuba culminó con el tratado de París de 10 de diciembre de 1989 que además de la pérdida de Cuba, supuso la entrega de Filipinas a los norteamericanos por 20 millones de dólares, más Guam y Puerto Rico. Aquella guerra puso de manifiesto que los archipiélagos del Pacífico se volvían indefendibles para España. España perdió dos escuadras enteras en la batalla de Cavite en 1898. Esto llevó al Gobierno de Silvela, refrendado por la regente Mª Cristina, en 1899, a vender las Carolinas y las Marianas (incluyendo Palos y excluyendo Guam- que, como hemos señalado, ya era norteamericana) a Alemania. El precio fue de 25 millones de pesetas.

Sin embargo, Alemania apenas pudo establecer sus codiciadas bases navales, pues Japón ocuparía las islas en 1914, que, posteriormente, fueron conquistadas por las tropas americanas en la II Guerra Mundial. Posiblemente el traspaso de los archipiélagos del Pacífico evitó la entrada de España en las dos guerras mundiales del siglo XX. Quizá, de haber retenido aquellos dominios codiciados por británicos, alemanes, japoneses y americanos, las consecuencias políticas hubieran resultado trágicas para un país malherido en su orgullo patrio tras casi cuatro siglos de hegemonía mundial.

BIBLIOGRAFIA

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JOVER, ZAMORA, José María. “Características de la política exterior de España en el siglo XIX”. Marcial Pons. 1962

AGUADO BLEYE, Pedro. “Historia de España” Espasa Calpe. 1956.