Serrano

A muchos de los visitantes de Madrid les gusta pasear por la calle Serrano, con sus lujosas tiendas. Pero seguramente muy pocos sepan quién fue ese Serrano que da nombre a una de las arterias más emblemáticas de la capital de España.

El general Serrano fue una de las figuras más relevantes de la España de Isabel II. Influyó enormemente en la reina de la que se dijo que fue su amante. Rubio y bien parecido, impresionó a la monarca (que, por otro lado, se dejaba impresionar fácilmente) que le llamaba el “general bonito”.  Entre su apostura, la debilidad real, su habilidad política y valentía militar, nos encontramos ante un personaje fascinante. Su carácter positivo, conciliador, diplomático, afable y amable le permitió ser llamado como “solucionador” de situaciones difíciles, cosa que logró en la mayoría de los casos, con gran éxito. A eso unió un gran valor militar con el que alcanzó múltiples victorias, ascensos y condecoraciones.

Se casó con cerca de cuarenta años con Antonia Micaela Domínguez y Borrell, hija de los condes de San Antonio, con la que tuvo cinco hijos.

Serrano perteneció a una ilustre y nobiliaria familia andaluza de Jaén. Su padre, Francisco Serrano Cuenca, militar destacado, participó activamente en la Guerra de la Independencia, llegó a ser mariscal de campo. De hecho, nuestro general nació en Cádiz en 1810, por ser su padre diputado en las Cortes liberales gaditanas; posteriormente, durante el Trienio Liberal ocupó el cargo de ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Estuvo perseguido por Fernando VII como todos los patriotas liberales de Cádiz, como ya vimos en la biografía del Conde de Toreno: https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/

Pero ocupémonos del hijo, que es el que nos trae hoy aquí. Francisco Serrano Domínguez (1810-1885) I duque de la Torre. Conde de San Antonio y Regente del Reino.

Serrano fue ante todo un gran militar. Su hoja de servicios es una de las más brillantes de cuantos militares ha tenido España. A los seis años, fue enviado a estudiar Humanidades al prestigioso Colegio de Vergara (Guipúzcoa), de inspiración ilustrada. A los nueve años, ingresó en el Colegio Militar de Valencia donde permaneció tres años hasta que pasó al Regimiento de Lanceros de Castilla, y posteriormente al Regimiento de Caballería de Sagunto, en el que comenzó a recibir su formación militar como cadete, obteniendo el grado de alférez en diciembre de 1825; tenía 15 años. Sin embargo, la persecución que Fernando VII mantuvo contra los liberales, también perjudicó a los hijos de éstos, y nuestro Serrano no fue una excepción: hasta 1830 vio su carrera militar estancada. Solicitó entonces plaza en el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, siendo nombrado subteniente y destinado a Málaga, permaneciendo en este servicio hasta el año 1832.

En 1833, ingresó en el Regimiento de Coraceros de la Guardia Real de Caballería. Fue a la muerte del rey Fernando VII y con la Primera Guerra Carlista (1833 y 1840), cuando su capacidad militar descuella. Comenzó la guerra siendo subteniente y la finalizó ascendiendo a mariscal de campo.

En la guerra del norte conoció a un joven capitán de infantería, Leopoldo O’Donnell, haciéndose desde entonces muy amigos. Fueron múltiples sus hechos militares en los que destacó nuestro protagonista tanto en la País Vasco, como en el frente catalán o en la persecución de los carlistas en el interior (en Cuenca, por ejemplo). Sus éxitos militares le llevaron a obtener la Cruz Laureada de San Fernando.

En 1839, al firmarse el Convenio de Vergara, adquiría el rango de brigadier, al tiempo que era elegido diputado por Málaga, militando en el Partido Progresista. En 1840, fue ascendido a mariscal de campo.

Una de sus primeras actuaciones como diputado fue votar a favor de la candidatura única del general Espartero como Regente del Reino en mayo de 1841. Sin embargo, entre Espartero y Serrano se fue abriendo una profunda brecha a causa de las tendencias dictatoriales del Príncipe de Vergara, su personalismo político y la dureza mostrada en el juicio sumarísimo y posterior fusilamiento del general Diego de León y sus compañeros (Diego de León fue un brillante militar, azote de los carlistas, que fue acusado de sedición por Espartero, por querer devolver la regencia a la reina M.ª Cristina).

Distanciado del regente, Serrano se unió a otros progresistas del momento como fueron los civiles Joaquín María López, Salustiano Olózaga y Manuel Cortina. A pesar de la falta de entendimiento, Espartero pidió a Joaquín María López —tras ofrecérselo a Cortina y Olózaga y éstos negarse a ello—, que formara Gobierno. Serrano —a la sazón vicepresidente del Congreso de los Diputados—, ocupó también la cartera de Guerra.  Tan sólo tenía 33 años.

El bombardeo de Barcelona por parte de Espartero (3 de diciembre de 1842: https://algodehistoria.home.blog/2023/03/10/la-insurreccion-de-barcelona-y-su-bombardeo-en-1842/ ) y la falta de consideración sobre las medidas que López y sus ministros le proponían desde el gobierno lograron la ruptura total de estos con el Regente. Ya en 1843, Serrano conspiró, junto a Juan Prim y González Bravo, para derrocar al dictador. Desde Barcelona, constituyó con aquellos, el «ministerio universal», que puso fin a la Regencia de Espartero. Por los servicios prestados durante el Ministerio Universal, Serrano fue ascendido a teniente general y se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de San Fernando.

Declarada la mayoría de edad de la reina Isabel II, Serrano se convirtió en el favorito de ésta, y fue objeto de regios favores. Esto provocó intrigas en la corte. Una de las más destacadas la del Duque de Sotomayor que, en 1847, pretendió alejarle de palacio, sin conseguirlo, nombrándole Capitán General de Granada.

Tras cesar en la Capitanía General de Granada, solicitó permiso para retirarse a sus tierras de Arjona, en Jaén, apartándose por un tiempo de la política. Meses después, viajó a Moscú y a Berlín para estudiar la organización militar rusa y prusiana. Pero el fin de la época moderada, con una situación política caótica, le llevó a regresar a España y suscribir el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, que, en última instancia, suponía el apoyo al pronunciamiento militar de O´Donnell. Durante el “Bienio Progresista” Serrano se afilió a la Unión Liberal de O´Donnell, y obtuvo diversos cargos militares que ejerció con éxito, por ejemplo, sofocando los violentos sucesos de julio de 1856, que pusieron fin al Bienio Progresista (la revolución callejera de los antiguos milicianos y, sobre todo, la conflictividad social).

En agosto de 1856, el general Serrano fue nombrado embajador de España en París. Se inició así una difícil tarea diplomática para impedir la ambiciosa expansión que Napoleón III pretendía ejercer en territorio español. Su éxito consistió en desbaratar los planes franceses y, al tiempo, mantener la armonía entre ambas naciones.

Durante el “Gobierno largo” de la Unión Liberal (denominado Quinquenio Unionista, 1858-1863), O’Donnell le nombró gobernador-capitán general de la isla de Cuba.

Tampoco fue empresa fácil, para lo que se necesitaba un tacto especial, tanto por los incipientes gérmenes separatistas que iban en aumento, como por el desbarajuste administrativo que existía en ella. Durante los tres años que Serrano estuvo al frente de Cuba, su gestión fue muy positiva; supo conjugar la autoridad de su cargo con un trato humano y cortés, que hasta entonces nunca había sido utilizado por los capitanes generales que le habían precedido. Serrano llevó a cabo en la isla una política conciliadora, escuchó atentamente a todos en sus planteamientos y fomentó la participación, por primera vez, de los cubanos en la Administración de Cuba. Influyó decisivamente en la creación del Ministerio de Ultramar independiente del Ministerio de la Guerra. Por su positiva gestión, la reina Isabel II le otorgó el título de duque de la Torre con Grandeza de España.

En enero de 1863, Serrano fue nombrado por O’Donnell ministro de Estado, cargo que ocupó pocos meses, a causa de la última crisis del “Gobierno largo”. Siguieron una serie de gobiernos moderados, con Narváez al frente y poco éxito de gestión, lo que, de nuevo, en el turno correspondiente, llevó a Isabel II a llamar a O’Donnell.

Se inicia en España un periodo de alteración, claramente prerrevolucionario, en el que Serrano, entre otras actividades, ayudó a sofocar la rebelión del Cuartel de San Gil (1866), por lo que obtuvo el Toisón de Oro (la rebelión no sólo pretendía cambiar la regencia o a la reina, como las revueltas que habían existido hasta entonces, sino que pretendía la expulsión definitiva de los Borbones). A la muerte de O’Donnell pasó a liderar el partido de la Unión Liberal siendo uno de los partícipes y artífices de la revolución de 1868, con la que se inicia el llamado Sexenio Revolucionario.

La revolución conocida como La Gloriosa comienza el 18 de septiembre de 1868, con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz, al mando del almirante Juan Bautista Topete y del ejército dirigido por los generales Juan Prim y Serrano. Ya hablamos de ella, aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2023/06/02/la-gloriosa/

La reina se exilia a Francia, el 30 de septiembre, y tres días más tarde el general Serrano lidera el gobierno provisional, asumiendo la regencia en junio de 1869.

La forma política del Estado recogida en la Constitución de 1869 seguía siendo la monarquía, pero, recogiendo el espíritu de San Gil, excluyendo a los Borbones. Esto implicaba la búsqueda de un nuevo rey. En la sesión de Cortes de 16 de noviembre de 1870, se elige entre los siguientes candidatos monárquicos: Amadeo de Saboya, el duque de Montpensier, Espartero.

Serrano era partidario de la candidatura del Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, si bien todos sabemos que Amadeo de Saboya fue el elegido. Su valedor, Prim, fue asesinado cuando el nuevo Rey llegaba a España y algunas de las sospechas sobre los instigadores del asesinato recayeron en el duque de Montpensier y en Serrano. Estas sospechas nunca pudieron ser corroboradas.

https://algodehistoria.home.blog/2025/02/21/magnicidios-en-la-espana-contemporanea/

Este periodo culmina con la llegada de la Primera República y su caos. Serrano intentó con Cristino Martos (fue ministro de Estado, de Gracia y Justicia, y presidente del Congreso durante el Sexenio revolucionario), sublevar la Milicia Nacional contra la República.

Fracasado en su objetivo, huyó y se estableció en Biarritz. Regresó a Madrid, poco antes del golpe del general Pavía, fue elegido de nuevo diputado y también presidente del poder ejecutivo, es decir, presidente del Gobierno. Se trató de un Gobierno-puente debido la proclamación de la Restauración en 1874. Tras el pronunciamiento de Sagunto del General Martínez Campos se mantuvo alejado de la vida política durante algunos meses, pero acabó por reconocer al rey Alfonso XII, como rey de España.

El duque de la Torre falleció el mismo día que era enterrado el rey Alfonso XII – 30 de noviembre de 1885-.

BIBLIOGRAFÍA

DE LA CIERVA, Ricardo. “El Triángulo”. Ed Planeta. 1991

PALACIO ATARD, Vicente.- “ La España del Siglo XIX. 1808-1898”. Ed Espasa- Calpe. 1891

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Dolores del Mar; PÉREZ MARCOS, Regina Mª; MONTES SALGUERO, Jorge J;  ALVARADO PLANAS, Javier.- “Corte y monarquía en España” Editorial Universitaria Ramón Areces. 2003.

 

EL ORIGEN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA

Cuando hablo de liberalismo, me refiero a aquella corriente económica y política cuya máxima es que la existencia del Estado se justifica para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. El Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma.

Se trata del liberalismo como opuesto al antiguo régimen, como hijo de la ilustración que tiene unas manifestaciones quizá más concretas a partir del Siglo XIX, pero que en muchos aspectos ya había dado muestras de su nacimiento con anterioridad.

No estoy hablando de partidos políticos sino de pensamiento. No hablo de moderados o de radicales, de progresistas o conservadores. Hablo de todos ellos, porque todos contribuyeron, en un momento de nuestra Historia a implantar un sistema de libertades.

Ese modelo de libertades, como proclamaron los doceañistas y que luego desarrollaremos, se manifiesta desde los orígenes de España:  desde Argantonio, Rey de toda la Península Ibérica según el relato de Heródoto, que llegó al poder por edad -era muy viejo y sabio-. No creó un reino por su fortaleza física, ni por su arrojo, valor o astucia frente al enemigo sino por organizar la vida de los distintos pueblos en torno a una misma ley que permite la convivencia de todos juntos, la prosperidad común.

Lo mismo cabe decir del orden y ley romana con un poder soberano y una ciudadanía romana. De Leovigildo, cuando comprendió que el poder sólo se sostiene bajo la unidad política y territorial, desde la monarquía como referente de respeto a la Ley visigoda, es decir, estableciendo unos límites morales al poder del Estado. (https://algodehistoria.home.blog/2022/10/14/el-estado-visigodo/ ). De los reyes asures herederos del primer Estado español (el visigodo) y de la primera concepción nacional de España. https://algodehistoria.home.blog/2020/03/06/el-reino-de-asturias-o-la-victoria-de-espana/ . Herencia asumida por los reyes hispanos en la Reconquista que no negaban la capacidad de los señoríos y del pueblo reunido en Cortes, y no sólo en el reino de Aragón, donde las Cortes constituían un poder mucho más importante que en Castilla, sino también recordando que el primer parlamento del Mundo con tal concepción nace en el Reino de León con el Rey Alfonso IX, adelantado a su tiempo, convocando en 1188 las primeras Cortes de la historia europea con participación ciudadana, noble y eclesiástica. De la posición de Alfonso X, el Sabio, (https://algodehistoria.home.blog/2021/06/11/octavo-centenario-de-alfonso-x-el-sabio/) al asentar y unificar la organización jurídica de España a través de las Partidas. Con el Rey Sabio llega el Derecho romano como fundamento de la unidad jurídica del poder y la ley escrita como fiel reflejo del espíritu bajomedieval, orientado ya hacia la moderna teoría del Estado: el Rey no se limita a preservar el Derecho viejo, sino que aspira a crearlo porque “las leyes hechas de nuevo valen tanto como las primeras o más” (Partidas I, 1, 19). Apunta así hacia la soberanía en su concepción más actual, casi anticipándose a Bodino (ideólogo del concepto de Estado moderno). Organiza el Estado de manera muy moderna no sólo internamente sino concibiendo la necesidad de la defensa de sus fronteras y creando un cuerpo de milicia con esa única finalidad; con la concepción de Imperio que recoge de la tradición histórica de España, de romanos, visigodos y astures y que proyecta más allá de nuestras fronteras con el “ fecho del imperio”; como señala José Antonio Maravall, la idea imperial del Rey Alfonso se sitúa de manera más cercana —a su juicio— a la tradición española que al modelo centroeuropeo y ello porque configura el Poder en el Territorio y lo ejerce directamente sobre el Pueblo, los tres elementos clásicos del Estado como forma política. De los Reyes Católicos con la unidad peninsular y nacional en torno a la Corona, creadores de un brazo ejecutivo formado por instituciones diversas con estructura aragonesa en algunos casos- virreinatos- y asesoramiento por Consejos propio de Castilla (Consejo de Castilla, de Indias…), la labor legislativa pasa a los monarcas y a las Cortes conjuntamente, lo que supone una fusión bajo la Corona de la forma de gobierno de ambos reinos. Se produce la normalización de derechos como se refleja, por ejemplo, en las Leyes de Indias, dictadas a modo de escudo protector de los nativos de los territorios descubiertos por Colón, lo que supone establecer las bases de la tutela de los Derechos Humanos. Seguidos por Carlos I, en defensa de la Fe (el Cristianismo como base moral de la acción política que recoge la tradición hispana desde los Visigodos, marca la Reconquista y la política de sus abuelos, los reyes Católicos) y la legalidad (Controversia de Valladolid https://algodehistoria.home.blog/2020/01/31/los-justos-titulos-y-la-controversia-de-valladolid/ ) o el pensamiento político, económico y científico de la escuela de Salamanca, con grandes intelectuales entre los que recordaremos al padre Vitoria o al padre Mariana por sus ideas y contribuciones al derecho Internacional, la economía moral, el respeto a los Derechos Humanos siempre fundamentados en el pensamiento humanista y el realismo aristotélico-tomista. A la expansión de aquel gran Rey y estadista que fue Felipe II y su/nuestra primera gran globalización.

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/15/escuela-de-salamanca-1/

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/22/la-escuela-de-salamanca-2/

Todo eso estaba en España, porque ya era España; todo eso había conformado España cuando gobiernan los Austria o al llegar los Borbones. Eso era España cuando Carlos III se propone durante el Siglo XVIII la modernización de un País que se había reformulado entorno a un imperio. Consigue traer a España los preceptos ilustrados en el ámbito del pensamiento y la ciencia por medio de unas élites ilustradas. Aquella ilustración que en España se manifestó por ejemplo en el Diccionario de autoridades publicado en la Real Academia Española entre 1726 y 1739 se definía a la “luz de la razón” a la” luz de la crítica” o a la luz de “la verdad, el tiempo y la Historia” en la alegoría de Goya.

Pero ilustrados en España hubo pocos y reducidos a una élite, que saludaron con autentico ardor a Carlos III- con motivos, y no les defraudó-. En las Universidades españolas se difundían pensamientos de los autores del iusnaturalismo racionalista germánico como Puffendorf, Grocio, Almicus… De ahí proceden los proyectos de Mayans, las reformas de Olavide, las cátedras de derecho natural o del derecho de gentes… También llegaban las propuestas francesas y británicas de Locke, de la “Enciclopedia”, de Rousseau, del “Espíritu de las leyes” de Montesquieu o del consuetuditarismo constitucional británico que fueron estudiadas y puestos en práctica por Jovellanos, Campomanes, Cabarrús, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda, Martínez Merino…

Los ilustrados españoles, como manifestará Jovellanos, tenían una concepción del liberalismo reformista que no revolucionaria; no aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente. Pretendían introducir reformas que fomentasen lo que denominaron pública felicidad o bien común, y para ello deseaban involucrar a las élites en su materialización.

La España de Carlos III fue un ejemplo de reforma y progreso en todos los órdenes. Esa era España cuando la invasión napoleónica y cuando la inutilidad y traición de Carlos IV y Fernando VII hacían presagiar que todo lo avanzado durante siglos iba a irse por el sumidero de la Historia.

Pero aquel espíritu estaba en nuestra sangre como pueblo, no sólo el pueblo levantado en armas sino en las expresiones políticas de realistas, liberales, americanos e incluso afrancesados – las cuatro facciones en las que se agrupó la España política a raíz de la invasión napoleónica, las tres primeras con asiento en las Cortes de Cádiz.

El liberalismo nacía de unas bases históricas- esbozadas en los párrafos anteriores- y así lo expresaron los liberales en Cádiz imbuidos de historicismo, pero no es menos cierto que nunca se había expresado en España de manera tan clara y contundente cómo ocurrió en Cádiz. Sobre todo, en la constitución de 1812. En ella se cimentaba una sociedad en la igualdad jurídica, una economía de mercado y un Estado de Derecho.

Los liberales constituyeron una minoría muy activa en aquellas Cortes y tuvieron una gran influencia por su cohesión política, personal, doctrinal y el empuje de la exultante juventud de sus representantes. Entre los liberales destacaban los clérigos, algunos nobles y otros miembros de la burguesía. Como curiosidad, en su origen geográfico, abundaban los extremeños y los asturianos.

Una de las características del corpus doctrinal defendido por los liberales y que se alejaba de otras manifestaciones foráneas de liberalismo, era que, pretendiendo ser revolucionarios, consiguieron acomodarse con los realistas para ofrecer un modelo reformista, basado en el nacionalismo patriótico, el historicismo y en el catolicismo.

Eran nacionalistas pues representaban a todo el pueblo español en armas. Esta posición creó la conciencia nacional, sumamente patriótica. Las libertades modernas se defendieron en España de la mano del patriotismo. Las manifestaciones antipatrióticas vinieron posteriormente de las posiciones absolutistas de la Santa Alianza, y de Fernando VII. Los liberales defendían la guerra frente al invasor, al contrario que los afrancesados; defendían, por ello, la tradición histórica frente a la imposición extranjera y al tiempo, sin caer en contradicción, las ideas francesas e inglesas como avanzadas frente a atraso de muchos sectores españoles.

Muchos liberales proyectaban ideas iusnaturalistas racionalistas procedentes de Francia e Inglaterra o Alemania y esas ideas, y todas las que había ido llegando a lo largo del siglo XVIII, se plasman de una u otra forma, con más o menos intensidad, en los artículos de la Constitución gaditana. Pero, sobre todo, esa influencia de puso de relieve en las más importantes premisas de la Constitución doceañista, como son la teoría de la soberanía, los conceptos modernos de Nación, Representación, Constitución y Monarquía. Esas premisas, plasmadas en la Constitución sí fueron un auténtico hecho revolucionario. El artículo más subversivo era aquel que señalaba que ”La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Unido a aquel que señalaba que ”La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”(art.15).  O aquel “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la Ley” (art. 17). En resumen, soberanía nacional y división de poderes.

La soberanía nacional se basó no en las ideas de los ilustrados franceses sino desde la originalidad española de defender su carácter tradicional y fundacional en la Historia de España y su función legitimadora de la insurrección patriótica contra el francés. Sus consecuencias sí se parecían a las extraídas por los franceses; sobre todo, la facultad nacional de dar o reformar una norma suprema, la Constitución, y la facultad de determinados órganos en actuar en nombre de esa Nación: las Cortes. El Rey pasaba a ser un órgano constituido, con notables facultades, pero muy disminuidas en relación a las que tenía en el Antiguo Régimen.

En Cádiz, conscientemente, para no ser acusados de afrancesamiento no se dio un listado de derechos y libertades, pero a lo largo del texto constitucional, de manera poco sistemática, sí se reflejaban algunos de esos derechos.

En el fondo, el resultado era muy francés y muy europeo, pero adornado con otros ropajes, entre los que destacaba que no se expresara la libertad religiosa.

El catolicismo fue interpretado como una marca de identidad nacional, conformando un ingrediente básico de la ciudadanía española. Mostrando cómo la asociación entre religión y nación se aceptaba de una forma tan natural como la existencia de la monarquía.

Todas las familias del liberalismo, más allá de su carácter conservador o progresista, establecieron el catolicismo como el elemento básico de su identidad religiosa. Una realidad que se fortaleció andando el tiempo cuando en 1851 se firmó el Concordato con el Vaticano.

Sin embargo, el liberalismo sufrió una modificación importante en sus planteamientos tras los dos embates absolutistas generados durante el reinado de Fernando VII: 1814 y 1823. Ambos acontecimientos provocaron el exilio en masa de los liberales y también de los afrancesados. Ya lo vimos al tratar la vida del Conde de Toreno, uno de los liberales más activos durante la Constitución de 1812 (https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/). Los refugios elegidos en ambos momentos históricos serán Gran Bretaña y Francia.

Los componentes que matizan o modifican las posiciones de nuestros liberales no se limitan al conocimiento que da el exilio sobre las teorías que mueven Europa, sino a otra serie de factores:

  • El carácter revolucionario que tenía el liberalismo se vio truncado al conocerse en la práctica el caos que esas posiciones políticas llevadas al extremo habían generado en la sociedad: los excesos de la revolución de 1789, el terror, el exceso de teorización, y el cataclismo que será en el futuro la revolución de 1848.
  • El radicalismo y la inoperancia del trienio liberal español (1820-1823).

En esa reacción contra esos excesos coinciden las teorías utilitaristas de Benthan, el positivismo de Comte, el constitucionalismo de Constant, la economía política de Say… En resumen, triunfa el liberalismo británico, con una atrayente síntesis entre empirismo e historicismo. Libertad y orden. Esas eran las premisas que no sólo influyeron en toda Europa, sino que las mismas transformaron a los liberales españoles, ni Argüelles, ni Toreno, ni Javier de Burgos o Martínez de la Rosa mantendrán ya las posiciones revolucionarias (cambio especialmente significativo en los dos primeros) que habían sostenido en la redacción de la constitución de Cádiz. De ahí que la Constitución pase a llamarse Carta otorgada, que eso fue el Estatuto Real de 1834, en el que el poder del Rey volvía a incrementarse, la separación de poderes cede paso a una colaboración entre Rey y Parlamento, las libertades ciudadanas se restringían a la luz del alboroto creado en el Trienio Liberal o el que se producirá con la Rebelión de los Sargentos en la Granja en 1836 que vuelve a mandar al exilio a nuestros ilustrados.

El Estatuto Real no duró mucho tiempo en vigor. No sobrevivió a las burlas de los liberales exaltados, a pesar de que España contaba con un régimen de libertades de los más avanzados de Europa. La Reina Gobernadora recurrió de nuevo a los más templados liberales, en este caso al Conde de Toreno para que impulsaran un nuevo texto constitucional. Así surge la constitución de 1837, en un modelo constitucionalista menos conservador que el Estatuto Real, pero que guardaba y equilibraba las esencias de “libertad y orden”. El texto fue fruto del consenso de todos. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo de Bentham. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos: moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español, las ganaron los moderados.

Los liberales adscritos a la filosofía krausista construyeron desde finales de la década de los cincuenta una doctrina política que buscaba la armonía entre el individuo y el Estado, el capital y el trabajo, la naturaleza y el espíritu, los hechos y las ideas, la religión y la ciencia, la reacción y la revolución y la libertad y la igualdad. Ese racionalismo armónico, asentado sobre el Ideal de la Humanidad de Krause, conformó una doctrina política liberal, de tintes progresistas, pero irreductible al imaginario político del Partido Progresista. En ese ideario se mueven Sanz del Río, Francisco de Paula Canalejas, Azcárate o Giner de los Ríos que construyen una alternativa política propia en el marco del liberalismo isabelino.

Sin embargo, el caos nacional, con una Reina que no tenía ni la formación, ni la capacidad adecuada, la guerra civil, los políticos del momento…, no lograron dar los pasos necesarios para que el régimen liberal marchara sin quebranto. La clase dirigente, moderada y progresista, optó por acercarse a “espadas” prestigiosas, excelentes militares, cuya actuación política se basaba en la imposición y no en el liberalismo. Narváez como ejemplo de ellos. Sin embargo, la idea liberal seguía en la mentalidad nacional. Así nació la Unión Liberal de O’Donnell apoyada por los moderados para encontrar un gobierno con ciertas garantías constitucionales (sobre todo desarrolladas durante el gobierno largo de O’Donnell).

Pero el modelo liberal estaba en quiebra, y ni los gobiernos de la Gloriosa, la Primera República, la crisis del 98, con todos sus intelectuales, el movimiento nacionalista… no lo iban a arreglar. Con todo, las instituciones lograron salvaguardar la integridad del régimen en España. La monarquía constitucional no se hundió, como se hundió en Francia. La Restauración era un momento de esperanza y a esa tarea se enfrentaron desde el interior del régimen varios de sus políticos entre los que destacaremos a José Canalejas, cuya idea de fortalecer la Monarquía, el Parlamento y la Nación representaron el intento más firme por hacer compatible el régimen monárquico y la constitución de 1876 con las exigencias del nuevo liberalismo. Consideraba Canalejas que no resultaba necesario el cambio de régimen, ni siquiera una reforma constitucional, para cumplir los ideales de la democracia moderna. Democracia no era para el político liberal el desarrollo de los principios políticos del siglo XIX sino la efectiva realización de los ideales sociales del XX.

La esperanza se deposita en la llegada, en 1902, de un Rey joven, Alfonso XIII. Más progresista que conservador aparece como un monarca regeneracionista. Parecía representar el dinamismo que necesitaba España. A la muerte de Canalejas, sin embargo, los retos eran gobernar en la nueva sociedad de masas y cuáles serían las respuestas del liberalismo ante los desafíos que ofrecía, de un lado, la revolución soviética, y de otro, la eclosión del fascismo. Los intelectuales, en esta coyuntura, se presentaron como los nuevos “gurús” de la opinión pública, en la que la amenaza del hombre-masa, como apuntaba la obra de Ortega y Gasset, conformaba un nuevo orden social que fue abordado con temor unas veces, no exento de esperanzas, en otras. En ese nuevo marco el liberalismo democrático constituyó una alternativa real que la monarquía alfonsina no quiso, o no pudo, finalmente, acoger. Habrá de pasar más de medio siglo, hasta la Transición y la Constitución de 1978, con otro Rey joven, Juan Carlos I, para conseguirlo.

BIBLIOGRAFÍA

JOVER ZAMORA, José María (DIR.). “Historia de España: la España de Fernando VII”. Ed. Espasa- Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. “Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)”. Siglo XXI editores. 1977

La Gloriosa

El 30 de septiembre de 1868, Isabel II salía de España para no volver. La culpable de su exilio: la llamada Revolución Gloriosa

El republicanismo revolucionario europeo al estilo de Mazzini culminó en las revoluciones de 1848. Se trataba de un proceso revolucionario romántico, que creía posible alcanzar todos los ideales. Vista la experiencia general en Europa, el romanticismo procuró ser apartado por la mayoría para acceder a posiciones más prácticas y realistas.

Pero aquel movimiento romántico tuvo una coda en España. Nuestros revolucionarios del S. XIX creían posible un movimiento radical que de golpe acabara con todas las instituciones del Estado, corruptas e inútiles, a su entender, y que de él emergiera un nuevo orden ideal. A esto se le conoce como el “mesianismo del caos”. España lo padeció en el S.XIX, en el XX y no sé si algunos no seguirán en él.

Aquella revolución sumaba un posicionamiento fuertemente ideológico con una materialización militar al estar apoyada en hombres fuertes del ejército como Prim o Serrano

Prim denuncia en el manifiesto del 18 de septiembre de 1868: “el ahínco de la inmoralidad… convirtiendo la Administración en granjería”. En el famoso “España con honra” del día 19, Serrano y los demás firmantes recriminan que “ la Administración y la Hacienda son [pasto] de la inmoralidad y del agio”. Se trata pues de una revolución purificadora de España. Purificadora de los hombres y de la mujer ( reina Isabel II) que la gobiernan.

Isabel había sido proclamada reina a los 3 años, aunque no reinaría con pleno derecho hasta los 13. Estuvo siempre en manos de sus cortesanos -primero los de su madre, luego los de su marido y finalmente los suyos propios-, que intentaron moldearla a su conveniencia. En una entrevista que le hizo Benito Pérez Galdós para el diario El Liberal, cuando la reina estaba en el exilio, confesó haber hecho muchas cosas mal, pero no ser la única culpable del mal gobierno. La reina depuesta se lamentaba de que nadie quiso enseñarle nunca a gobernar si no era en su propio provecho. A Isabel II un diputado la definió como “la reina de los tristes destinos”; Galdós,   impresionado favorablemente por la ex reina en aquella entrevista, retomó aquel epíteto y lo inmortalizó, al tiempo que volvió de París con una opinión mucho más benevolente hacia la pobre Isabel, que la que había tenido hasta entonces.

Los errores de aquellos gobiernos quisieron ser lavados por una revolución en principio con un objetivo pacífico y un alcance inicial impreciso.

La táctica seguida se basó en:

  1. La conspiración previa, formado por un frente subversivo de amplio espectro político

Ya en 1866, varios políticos liberales y progresistas, incitados por el general Prim, descontentos con la situación nacional, se reunieron en la ciudad belga de Ostende para trazar un plan que derrocara al gobierno y permitiera tomar medidas urgentes ante la grave crisis que se avecinaba. Se firmó un acuerdo, el 16 de agosto de 1866, entre miembros del partido progresista y miembros del Partido demócrata, cuya finalidad era derribar la monarquía de Isabel II.  Este pacto, al que, a principios de 1868, se sumó la Unión Liberal (tras el fallecimiento de O’Donnell que rechazaba el movimiento subversivo)  fue el germen de “ La Gloriosa”.  Precisamente la incorporación de la Unión Liberal, que aportaba el mayor número de militares, fue decisiva para el triunfo de la revolución.

Conscientes de la necesidad de reunir el máximo apoyo posible, el acuerdo fue escueto y ambiguo. Hablaba de “destruir lo existente en las altas esferas del poder” y de nombrar “una asamblea constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisorio, la cual decidiría la suerte del país.

Prueba de la amalgama de grupos que se reunió contra Isabel II y la poca cohesión interna que existía entre ellos, fue el hecho de que los republicanos, molestos por lo que consideraban su exigua representación en Ostende, organizan otro centro revolucionario en París. La confrontación se cerró con la ratificación de las clausulas de Ostende en el pacto de Bruselas de 30 de junio de 1867.

       2. El pronunciamiento militar complementado por una revuelta popular.

Ambas acciones [conspiración y ayuda militar] ya habían actuado al unísono en diversas revueltas callejeras desde 1854, o en los intentos de sublevación capitaneados o apoyados en la sombra por Prim, como el de Villarejo de Salvanés el 3 de enero de 1866 o el del Cuartel de San Gil el 22 de junio de 1866 , y en el citado acuerdo de Ostende de agosto de 1866.

Pero la auténtica sublevación militar se produjo en 1868 en la que por primera vez el ejército fue secundado por la marina.

La historiografía se divide al intentar calcular la importancia de la participación popular en la revolución. Tuñón de Lara la magnifica y pone como ejemplo el reparto de armas en Cádiz, o en Sevilla, Córdoba, Huelva, Alcoy y Béjar; pero otros autores, como Hennessy señalan que  “ solamente después que triunfó la revolución se convirtieron las masas en algo digno de consideración”.

A partir del triunfo de la Revolución, se inicia lo que será conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874) que intentará crear en España un nuevo sistema de gobierno.

Aquella revolución se concentra en el derrocamiento de Isabel II y en el establecimiento del sufragio universal (masculino) y la exaltación de los principios del liberalismo radical, pero no tenían un programa social concreto. Aunque durante el sexenio revolucionario se tomaron algunas medidas sociales precursoras de la legislación social: Informaciones parlamentarias sobre la situación de la clase obrera; exenciones tributarias a las cooperativas obreras, o la Ley de 24 de julio de 1873 sobre protección del trabajo infantil, no se atiende realmente a los problemas de la población. Esta desatención social en el ideario de la Revolución llevó a conflictos posteriores donde las masas obreras alentaron contra la revolución política en busca de una revolución social.

De hecho, la extracción social de los revolucionarios se situaba en las clases medias ilustradas, profesionales liberales, movidos por el idealismo y no por la realidad cotidiana. Las clases populares sin instrucción fueron protagonistas en un número poco importante.

En todo caso, la diversidad era la nota común de los revolucionarios (incluso hubo un intento de incorporar a los carlistas que cortó el general Cabrera, pues no estaban de acuerdo con el sufragio universal) de ahí la poca cohesión interior con la que actúan. Pero tenían dos principios básicos comunes: la soberanía popular expresada en el sufragio universal; y los derechos individuales que eran imprescriptibles y por ello ilegislables e irrenunciables.

Además de los partidos oficiales y legales, existían organizaciones clandestinas de matices republicanos y socialistas, sociedades secretas más proclives a la violencia que a un acuerdo auténticamente democrático.

A todo este conglomerado se unió el duque de Montpensier, cuñado de la reina, para aportar a la causa a modo de financiación 3 millones de reales y así derrocar a su cuñada, con la pretensión de hacerse él con la Corona. No fue el único que aportó dinero. También lo hicieron las juntas revolucionarias y la burguesía catalana, los industriales resentidos con el favoritismo de la Corte. Aunque será esta misma burguesía catalana la que, años después, en vista de que una de las consecuencias de la revolución fue el cantonalismo y el caos, hicieron lo posible por financiar la Restauración monárquica.

Antes de llegar a aquel final, debemos atender a lo que fueron los detonantes inmediatos de la Revolución. Aunque la historiografía tampoco se pone de acuerdo. Vicens habla de una importante crisis económica, pues se había estimulado la ampliación de la red ferroviaria de España. Los grandes empresarios del país y las sociedades de crédito, así como muchos políticos y militares, invirtieron en las compañías de ferrocarriles con la expectativa de obtener grandes beneficios. Pero lejos de ello, aquellas inversiones llevaron a la ruina a muchos inversores. Lo que generó un efecto dominó: las principales industrias del país quedaron paralizadas por la falta de liquidez, lo que dejó sin trabajo a decenas de miles de personas.

A ello se sumó una crisis alimentaria: las cosechas habían sido malas, con todo, buena parte se destinó a la exportación para intentar reducir el déficit del Estado: esto provocó un rápido aumento de los precios de los alimentos y el inicio de revueltas populares. Esta situación hizo tomar medidas radicales al gobierno del general Narváez, bloqueando la actividad de las Cortes. Precisamente otro sector de la historiografía centra los orígenes de la Revolución en estas razones políticas, cuasi dictatoriales. Normalmente, todo influye.

La revolución se inicia en Cádiz el 19 de septiembre y se resuelve en pocos días en Madrid. La reina, que estaba de vacaciones, se instala en San Sebastián. El propio día 19 el gobierno de González Bravo, que había sucedido a Narváez tras la muerte de éste el 23 de abril de 1868, dimite. El día 28 se libra la llamada Batalla de Alcolea, que como el propio general Martínez Campos define fue “un encuentro no una batalla; como un trueno sin tormenta; como un chispazo sin corriente”. Pero tuvo la suficiente entidad como para que en una reunión de generales en el Ministerio de la Guerra se optara por deponer la lucha. No hubo oposición y, aunque Isabel II quiso volver a Madrid, sus consejeros la disuadieron. Cruzó la frontera francesa el día 30 de septiembre.

La Revolución había triunfado, pero quedaba organizar el triunfo.

A medida que la revolución se extendía por cada provincia se constituyeron las Juntas revolucionarias. creándose también en Madrid la Junta Suprema de Gobierno. Cuya presidencia recayó en el general Serrano. Sin embargo, las juntas revolucionarias provinciales no se disolvieron y por ello se puede decir que la Revolución vivió en una permanente crisis revolucionaria. Los demócratas que habían quedado fuera de la Junta Suprema, mantenían así en las provinciales unos núcleos de poder paralelos. En esas juntas provinciales se instalaron también los milicianos llamados “voluntarios de la libertad”. Eran el brazo armado de la revolución.

Esta dualidad llevó a que en cada Junta se aprobaran leyes diferentes, sólo a modo de ejemplo, la Junta de Zaragoza aprobó el matrimonio civil o la libertad de trabajo que en el resto de España no se daban. Y en Sevilla y Málaga, la clara separación de Iglesia y Estado, y en la de Madrid se estableció la extinción de las comunidades religiosas. El gobierno declara la expulsión de los jesuitas, por cuarta vez en la historia de España.

El tema eclesiástico y religioso iba a plantearse en términos pasionales, sobre todo en el sur de España, con la consiguiente quema de templos y persecución de creyentes. El obispo de Jaén se quejó: “ hablan de libertad de cultos, y es libertad de agresión”. De esas agresiones sabían mucho los Voluntarios de la Libertad. Se genera así, además de un problema de poder, un problema de orden público.

Prim en un decreto de 17 de octubre disolvió la organización de los voluntarios y posteriormente exigió también la disolución de las Juntas. Para lograrlo, trasvasó a miembros de las Juntas a puestos de la Administración provincial, local y nacional. De este modo y sin más dificultades, las Juntas fueron desapareciendo. Prim fue así emergiendo como hombre fuerte del momento.

Pero había otro problema que dilucidar, la cuestión del Régimen. Monarquía o República. Unionistas y progresistas era monárquicos y los demócratas vivían en una dualidad de criterios.

Se sucedieron en Madrid los días 15 y 22 de noviembre manifestaciones- celebradas con recorrido inverso- desde la Plaza de Oriente al Obelisco del Dos de mayo, la de los monárquicos, y desde el Obelisco a la Plaza de Oriente la de los republicanos, pero nada se dilucidó.

El Gobierno en el preámbulo del decreto de convocatoria de las Cortes Constituyentes había señalado que prefería la monarquía. El 6 de diciembre de 1868, se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino de los mayores de 25 años, con un censo cercano a los 4 millones de electores. Las nuevas Cortes se constituyeron el 11 de febrero de 1869.

Se inicia así la discusión de la nueva Constitución cuyos puntos de importante debate fueron la cuestión religiosa y el tipo de régimen.

En el primer asunto se declara al Estado como confesional; se obliga a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, y a garantizar el ejercicio público y privado de cualquier culto.

En el art 33, se aborda el segundo aspecto espinoso la cuestión del régimen. La redacción final decía: “La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía”. Hasta llegar a este punto los monárquicos tuvieron que discutir con los republicanos que se presentaron divididos en dos: los federalistas de Pi y Margall y de Castelar y los Unionistas de García Ruiz y de Sánchez Ruano. El artículo 33 fue aprobado por 214 votos a favor y 71 en contra.

EL Rey se concebía como un “ poder constituido, moderador e inspector de los demás poderes y titular del ejecutivo que ejercen sus ministros”. También compartía el poder legislativo con las Cortes, a las cuales tenía la facultad de suspender sólo una vez en cada legislatura.

En los artículos 77 y 78 se decía que la Monarquía tendrá “carácter hereditario en la dinastía que sea llamada a la posesión de la Corona”.

 Y ahí surgió otro de los problemas. Se quería una dinastía democrática y cómo señaló el general Serrano, que ocupó el cargo de regente en ausencia de un monarca: “¡Encontrar a un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo!” Finalmente, a instancias de Prim, las Cortes decidieron en 1870 ofrecer la corona a la dinastía de Saboya, a Amadeo, el segundogénito del rey italiano Víctor Manuel II.

Asesinado su valedor, Prim,  la situación de Amadeo en España se puso muy cuesta arriba. Tampoco es que él ayudara mucho. Llegó con un perfil liberal que parecía satisfacer un punto medio entre los deseos de las diversas facciones que habían instigado la revuelta. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario: logró unirlas, pero sólo contra él y, harto de la imposibilidad de reinar en un país dividido en constantes luchas de poder, abdicó al cabo de dos años. Dando paso a la desbarajustada I República.

Realmente aquella revolución tuvo de Gloriosa el nombre, llegó por el “mesianismo del caos” y acabó enfangando a España en un caos mayor. Pero esa ya es otra parte de la Historia

BIBLIOGRAFÍA

HENNESSY, C.A.M.-“ La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874”. Ed. Los libros de la Catarata. 2010.

PALACIO ATARD, V.-“La España del siglo XIX. 1808-1898”. Ed. Espasa- Calpe. 1981.

TUÑÓN DE LARA, M.- “El problema del poder en el sexenio 1868-1974”. Ed. Siglo XXI. 1976.

VICENS VIVES, J.- “ Historia social y económica de España y América”. Ed. Teide 1959.