MAGNICIDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Según el Diccionario de la RAE, magnicidio es la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder.

Pues bien, con ese significado se suele hablar de los asesinatos de cinco de los presidentes del Gobierno de España en la Historia contemporánea. Por orden cronológico: Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero. Cinco presidentes asesinados en poco más de un siglo, entre 1870 y 1973. A los que convendría unir otra serie de intentos frustrados de magnicidios cuyo punto en común inicial es el intento de sus autores de cambiar la historia de España de manera violenta.

Esos autores, cada uno de un pelaje, tienen una denominación común: terroristas.

El periodista Francisco Pérez Abellán en su libro “El vicio español del magnicidio”, señala:

“El magnicidio ha sido durante más de un siglo una respuesta a los deseos de cambio […] Mediante maquinación inteligente, la violencia política trata de cambiar el curso de la historia con la muerte violenta de los máximos dirigentes. Desde finales del siglo XIX y hasta muy avanzado el XX, en España la forma nueva de forzar el destino colectivo era matando a un solo hombre… Se pueden remarcar, además, cuatro características que se repiten en los cinco asesinatos: importantes fallos de seguridad que dejaron a los presidentes demasiado expuestos; ninguno de los casos fue investigado como se debería; a pesar del fracaso que suponen estos actos, ha sido común que los ministros cercanos al presidente asesinado ascendieran en vez de ser destituidos; la cuarta constante es que los asesinos fueron tildados de libertarios o revolucionarios, enmascarando con ello maniobras políticas que, al investigar, puede verse que llevaron a cabo criminales a sueldo, de perfil idéntico”.

Analicemos uno las causas y consecuencias de estos asesinatos:

JUAN PRIM I PRATS

De modo sintético podríamos decir que tras la multiplicidad de conflictos acaecidos durante el siglo XIX (que no acabarán aquí), se intentó hacer borrón y cuenta nueva en 1868 con la revolución denominada La Gloriosa y un parlamento encabezado por el general Prim, catalán de Reus, profusamente laureado en su profesión militar, tanto por su defensa de la legalidad como por unas dotes militares que le hicieron ser protagonista principal en la primera guerra carlista y en la de África. A finales de 1870 el general, y a la sazón presidente del Consejo de ministros, había conseguido el visto bueno de la cámara para que una nueva casa real se situara a la cabeza del Estado. Se trataba de la dinastía italiana de los Saboya, en la persona de Amadeo de Saboya.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con el cambio de dinastía, ni con el propio hecho de que hubiera una dinastía. Cuando el futuro monarca se disponía a desembarcar en Cartagena para dirigirse a Madrid sucedió la tragedia.

Prim había tenido avisos de que podían atentar contra su persona, pero no quiso cambiar el itinerario que tradicionalmente le llevaba de las Cortes a su casa. El 27 de diciembre de 1870, bajo una intensa nevada, en la estrecha calle del turco (hoy Marqués de Cubas) esquina con Alcalá, el carricoche del presidente se vio entorpecido en su marcha y cuatro pistoleros que estaban en una taberna aledaña dispararon al General Prim. No murió al instante, pudo llegar a su casa y allí falleció tres días más tarde por una septicemia fruto de la infección de las heridas. En el centenario de su fallecimiento se realizó un estudio anatómico al cadáver y se llegó a decir que había sido estrangulado en su domicilio. Esta teoría parece descartada. Murió a consecuencia de las heridas y por las carencias de la medicina de la época.

Ahora bien, su muerte la llevaron a cabo unos embozados en una noche de perros en Madrid, se arrestaron a algunos de los asesinos materiales, pero los auténticos autores, sobre todo, los instigadores siguen sin ser identificados. Algunas investigaciones apuntaron al diputado José de Paúl y Angulo defensor de la república, al duque de Montpensier e incluso el general Serrano, ambos con pretensiones de gobernar por medio de una república dirigida por ellos. Las sospechas contra monárquicos alfonsinos y republicanos se difuminaron pronto. No así las que recaían en el diputado jerezano Paúl y Angulo, que huyó a Francia y publicó diversos panfletos defendiendo su inocencia. Hasta veinte testigos murieron en extrañas circunstancias.

De hecho, la consecuencia principal del asesinato de Prim fue la llegada de la I República. Pero también supuso el fin de una nueva dinastía y, a más largo plazo, la restauración borbónica a pesar de los tres jamases pronunciados en su día por Prim sobre la vuelta de la dinastía Borbón a la jefatura del Estado.

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

Cánovas del Castillo, nacido en Málaga el 8 de febrero de 1828, murió asesinado el 8 de agosto de 1897, en el balneario de santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa). El anarquista italiano Angiolillo, se registró en el mismo balneario simulando ser un corresponsal del periódico italiano Il Popolo. Puso fin a la vida del político de tres disparos.

La primera oleada del terrorismo moderno fue la anarquista. Comenzó con los populistas rusos asesinando al zar Alejandro II en 1881, y siguió con los libertarios, atentando contra dirigentes europeos y americanos. Atentaban contra personalidades, pero también contra símbolos del poder, como parlamentos, óperas o procesiones. Así había ocurrido ya en España, sobre todo en Barcelona. En el caso que nos ocupa, en el momento de su arresto, el italiano expresó que ejecutó el asesinato como represalia por el arresto continuado de anarquistas en Barcelona a raíz de uno de los atentados más sangrientos de España: el de la procesión del corpus de 1896 ( los anarquistas pusieron una bomba al paso de la Procesión y mataron a 12 personas y otras muchas fueron heridas)

Antonio Cánovas del Castillo, fundador y líder del Partido Conservador, era el político más importante de España en esos momentos, además de un reputado historiador y académico. Hijo de un modesto maestro de escuela, quedó huérfano a los 15 años. Se marchó a Madrid, donde consiguió un empleo en las oficinas del ferrocarril, y estudió Derecho mientras se abría paso en el mundo del periodismo. Entre la carrera y los periódicos aún le quedó tiempo para publicar su primera novela, La campana de Huesca, y una historia sobre la decadencia de España desde Felipe III hasta Carlos II.

Pero Cánovas siempre será recordado por ser el artífice de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Cánovas había sido ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar y Hacienda al año siguiente, se mantuvo neutral en la revolución que expulsa a Isabel II en 1868, pero la desastrosa situación que se produce tras la caía de Amadeo de Saboya y la instabilidad política de la República entiende que la única solución viable es la vuelta de la legítima dinastía, Borbón, pero en el hijo de Isabel. Aquellos años, a pesar de haberse iniciado algunos brotes violentos sobre todo en Cataluña y los problemas de ultramar, fueron de una estabilidad política de la que España llevaba sin disfrutar mucho tiempo. La base de aquella estabilidad fue un sistema rotatorio de partidos entre liberales o progresistas y conservadores que se turnan en el gobierno mediante la inestimable ayuda del caciquismo.

Las mayores consecuencias de la muerte de Cánovas se produjeron en la política de ultramar. En cuba, ante los insurrectos, se pasó de una política de mano dura propiciada por Cánovas a la concesión de autonomía de Sagasta que sólo mostró debilidad ante unos nativos y, sobre todo, los Estados Unidos, que ya se encargaron, Maine mediante, de acabar con la presencia española en Cuba, para someter a la Isla al dominio norteamericano.

Es difícil creer que con Cánovas vivo las cosas hubieran sido diferentes por el potencial y la cercanía geográfica de USA a la isla, pero la realidad es que fue a su muerte cuando la independencia se materializó. La pérdida de Cuba tuvo repercusión directa en la pérdida de otros territorios españoles en el Pacífico

Ya lo contamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2021/04/09/la-tercera-guerra-de-independencia-cubana-y-sus-consecuencias/

Cuba y toda la política de ultramar habían generado conflictos entre las clases más desfavorecidas que eran las reclutadas para defender la isla, pero también es verdad que una era de conflictos sociales se estaba fraguando. La muerte de Cánovas también frenó la estabilidad del turnismo que posteriormente reconstruyeron con menor éxito Maura y Canalejas.

JOSÉ CANALEJAS MÉNDEZ

Gallego de El Ferrol, nacido 31 de julio de 1854, se convirtió en presidente del Consejo de ministros en 1910. Fue asesinado el 12 de noviembre de 1912 por los disparos del anarquista Manuel Pardiñas Serrano.

De nuevo el terrorismo anarquista, el mismo que había atentado contra el Rey Alfonso XIII el día de su boda (31 de mayo de 1906), dejando un reguero de sangre en Madrid. De momento, el terrorismo anarquista, en poco más de una década había matado a dos jefes de Gobierno y atentado contra el Rey.

Antonio Canalejas intentó desarrollar un modelo político basado en el liberalismo social, con medidas dirigidas a unos impuestos más justos, la igualación del servicio militar o una menor influencia de la Iglesia. Se dice que su actuación política pretendía un socialismo amable, alejado de la violencia de los socialistas del momento. Sin embargo, el discurso extremo por parte del anarquismo, convirtió a Canalejas en víctima propiciatoria al igualarle políticamente con el conservador Antonio Maura o con el Rey (no debemos olvidar que Maura también fue víctima de varios atentados terroristas de los que salvó la vida de milagro).

Canalejas había hecho frente a una huelga general, a la oposición popular a la guerra en Marruecos, a la ilegalización de la CNT, al crimen de Cullera (y el posterior y polémico juicio a sus autores), a la militarización de los ferroviarios en huelga y a una furibunda campaña internacional anarquista que le tildó de liberticida.

Su asesino, Manuel Pardiñas, anarquista, buscado por la policía, se suicidó de un tiro en la cabeza o esa fue la versión oficial, porque en su autopsia se descubrió que su cabeza había varios disparos.

La muerte de Canalejas fue más importante de lo que se podía pensar en aquel momento. El Partido Liberal perdió a su líder y no logró sustituirle por ninguno mínimamente de su talla y acabó extinguiéndose. Con la muerte de Canalejas se esfumaba cualquier posibilidad de adaptar la Restauración a la España del siglo XX; la opción de establecer un sistema democrático, que en Canalejas era progresista y católico. Quería introducir en España el socialismo democrático.

Su muerte también fue el punto de partida de la conocida como crisis de la Restauración, que desencadenaría, en 1923, con el golpe de estado y dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La muerte de Canalejas significó la decadencia de una manera de entender la política y, como él mismo temía, que se abriera una lucha entre los partidarios de los valores tradicionales y los radicales, encaminada a excluir al otro y no a la apertura de una auténtica democracia. Esa lucha desencadenó, como sabemos, en la guerra civil de 1936.

EDUARDO DATO E IRADIER

Sobre los detalles del asesinato de dato ya hablamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2020/03/13/el-asesinato-de-eduardo-dato/

Nuevo atentado anarquista, esta vez de anarquistas catalanes. Toda Europa vivió momentos de convulsión y violencia después de la primera Guerra Mundial. El proceso industrializador generó un movimiento obrerista mal encauzado, sumido en ideales bolcheviques. El sistema parlamentario parecía estancado en las posiciones de siempre, el socialismo no triunfaba y el anarquismo se imponía violentamente. A la violencia que el anarquismo traía consigo se unió el conocido como “pistolerismo” que se origina en el reinado de Alfonso XIII y que alcanzó su cenit entre 1917 y 1923. Ante la ola de violencia que vivía España, muchos empresarios o personas que temían por sus vidas contrataron a pistoleros o “matones a sueldo” para defenderse de los sindicalistas y/o anarquistas que atacaban sus negocios o personas. Evidentemente, violencia, genera violencia y aquello se convirtió, sobre todo, en Barcelona, en la ciudad sin ley. Desatándose una guerra entre bandas anarquistas y pistoleros.

Dato fue asesinado el 8 de marzo de 1921, en la Plaza de la Independencia. Dispararon a su coche, camino de su domicilio en la calle Lagasta esquina con Alcalá.

Los tres asesinos de Dato: Matéu, Nicoláu y Casanellas, llevaron a cabo el asesinato, convencidos de que Eduardo Dato representaba el obstáculo para la consumación del orden social que preveía el elemento sindicalista barcelonés y la Confederación Nacional de Trabajadores, de la que procedían. Fueron condenados a muerte, aunque la pena fue conmutada por cadena perpetua y dos de ellos se beneficiaron de la amnistía aprobada por la II República. El tercero, huido a Rusia, regresaría a España también con el cambio de régimen.

Pero nada podía borrar lo que había sucedido; el atentado contra Eduardo Dato no solo segó su vida, sino que sacudió todavía más la ya convulsa vida política española y, como las ondas que provoca una piedra en un estanque, sus consecuencias se dejaron sentir hasta mucho tiempo después. Así, el partido Conservador quedó aún más dividido, aunque ya se arrastraba en camarillas desde hacía tiempo. Las posibilidades de encauzar el País sobre los cimientos de la democracia, superando la muerte de Canalejas y sus consecuencias, se desvanecieron. En agosto del mismo año, el desastre de Anual determinó una inestabilidad en los siguientes gobiernos nombrados por el Rey que dieron lugar al Golpe de Estado, que Dato había intentado evitar y que se fraguó el 13 de septiembre de 1923 de la mano de Miguel Primo de Rivera. El golpe contó con el visto bueno de Alfonso XIII y de la oligarquía catalana. La dictadura duró 8 años, pero fue el principio del fin de la Monarquía. La llegada de la II República y, consiguientemente, la Guerra Civil, estaban llamando a la puerta de España.

LUIS CARRERO BLANCO

Una enorme carga explosiva detonada por la banda terrorista ETA hizo volar el coche del general Luis Carrero Blanco (Santoña 1904), presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco, hasta el tejado de un edificio en la calle Claudio Coello de Madrid. Murieron en el acto Carrero Blanco y el conductor. Era el 20 de diciembre de 1973. La operación que condujo al magnicidio fue bautizada por ETA como Operación Ogro.

El hecho de que toda la preparación del atentado pasara desapercibida, ya fueran las diversas visitas del comando terrorista a Madrid, el alquiler de un local de la Calle Claudio Coello para facilitar las manobras o la excavación del túnel bajo la misma, creará un caldo de cultivo para teorías de diferente índole, que llegan incluso a sugerir una posible conexión del atentado con el Gobierno de Estados Unidos. La razón es que la figura de Carrero encarnaba para algunos la supervivencia del régimen tras la muerte de Franco. De hecho, este será el motivo que la banda aducirá en una entrevista a la revista alemana “Der Spiegel” para justificar el atentado. Sin embargo, como siempre en ETA, todo era mentira. La figura esencial para la llegada de la Democracia era el Rey Juan Carlos.

Existen declaraciones de testigos, amigos de la víctima como el Sr. Utrera Molina que afirman que Carrero le había manifestado que, tras la muerte de Franco, dimitiría. Carrero era un militar obediente y leal. Si el jefe de las fuerzas armadas- el Rey- le decía que no contaba con él, Carrero se iría a su casa sin hacer ruido. Así lo ha expresado el Rey en alguna ocasión.

ETA mató por desestabilizar. Siempre lo hizo en época de Franco y después, y ahora lo hacen desde el Parlamento y como socio del Gobierno.

El asesinato de carrero ha dado lugar a varios libros y películas. Por ejemplo: «Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a la proclamación del Rey«, de Ricardo de la Cierva, y “Operación Ogro. Como y porqué ejecutaron a Carrero Blanco” de Eva Forest, ambos de 1978. Por otro lado, parte del imaginario colectivo social sobre el atentado se creó a partir del largometraje «Operación Ogro» (1979), de Gillo Pontecorvo.

Estos han sido los cinco magnicidios acontecidos en la Historia contemporánea de España. Para nuestra desgracia, el País que en el mismo lapso de tiempo ha tenido más muertes de esta naturaleza y eso sin contar los atentados fallidos, que enumeraremos a continuación:

-El 2 de febrero de 1852 contra la reina Isabel II.

-El 28 de julio de 1872 contra Amadeo I de Saboya

-El 25 de octubre de 1878 contra el Rey Alfonso XII en la calle Mayor de Madrid. El 30 de diciembre de 1879 segundo atentado contra Alfonso XII y su esposa.

-El 12 de abril de 1904 aconteció en Barcelona el primer atentado contra Antonio Maura. El 22 de julio de 1910, también en Barcelona, el segundo atentado contra Antonio Maura.

-El 31 de mayo de 1905 hubo un intento de asesinato en París del rey Alfonso XIII a la salida del Teatro de la Opera. El 31 de mayo de 1906 sucedió un atentado con bombas de mano contra Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia cuando regresaban al Palacio Real, después de la boda. Murieron una veintena de personas por el ataque.

-Un comando de ETA fue detenido en Palma de Mallorca cuando planeaban asesinar al Rey Juan Carlos I en el verano de 1995.

-José María Aznar sufrió en 1996, antes de ser presidente del Gobierno, un ataque de ETA a su coche blindado con una bomba del que salió ileso. En 2001 sufrió en 13 días 3 intentos de asesinato de la banda terrorista; el objetivo fue derribar en sendas ocasiones el avión en el que viajaba.

BIBLIOGRAFIA

DE LA CIERVA, Ricardo. “Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a proclamación del Rey”. Ed. Planeta. 1975.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

PÉREZ ABELLÁN, Francisco “El vicio español del magnicidio”. Ed. Planeta. 2018.

EL INCIDENTE DE LAS CAROLINAS

Hoy vamos a centrarnos en un incidente diplomático en la España de la Restauración que fue la manifestación previa del desastre del 98. Gracias a la inteligencia política de Cánovas se resolvió de manera pacífica. Hablamos del incidente con Alemania por el dominio de las islas Carolinas.

Nos debemos situar en 1885 cuando la Alemania de Bismark empezaba a despuntar en el orden mundial, aunque la posición del Canciller era moderar su presencia exterior pensando primero en construir el país internamente. Poco tiempo después, se enfrentaba al Kaiser Guillermo II, que buscaba la expansión internacional. Esta discrepancia a la postre costó el puesto al Canciller de hierro. Pero en 1885, Bismarck estaba en el zenit de su poder; en aquel año se produciría la Conferencia de Berlín sobre el reparto de África, circunstancia que también entró en el juego de nuestros problemas. La Conferencia de Berlín supuso la legitimación internacional del imperialismo. Para ello se estableció una premisa: la soberanía sobre un territorio se aceptaba con la ocupación y control militar o administrativo del mismo. No se daba validez a las razones históricas. Aunque la Conferencia se refirió al reparto de África, las potencias del momento pretendieron extenderlos a otras zonas del orbe.

No olvidemos que estamos en el Siglo XIX en aquellos años las potencias mundiales eran Gran Bretaña y Francia (aunque en aquel momento un tanto disminuida por su derrota en 1870) y la muy floreciente Alemania del II Imperio. España, por el contrario, era una potencia menor, debilitada por su propia historia, especialmente por los dos monarcas precedentes, Fernando VII e Isabel II, y por los desbarajustes de la 1ª república; con unos dirigentes que no fueron capaces de encontrar una fórmula de enderezar los problemas del fin de un imperio que aún tenía una importante presencia territorial en el mundo.

Pero si Cánovas no logró esto, menos aún Sagasta (la alternativa de gobierno) cuya política exterior estaba fundamentada en la improvisación más que en un posición pensada y bien trabada.

En 1885, Cánovas del Castillo presidía por cuarta vez el Gobierno durante la Restauración, se vio sorprendido por un problema internacional que suscitó el gobierno alemán. No era esperable aquel incidente por cuanto el mundo se gobernaba por el reparto tácito acordado entre Gran Bretaña y Alemania de que la segunda dominara el territorio continental europeo y la primera dominara los mares y el comercio internacional con su potente armada. Cánovas sabía perfectamente que España no estaba en condiciones de jugar a gran potencia, ni tenía recursos ni fuerzas para ello. Se conformaba con defender la soberanía española en aquellos territorios que le pertenecían desde hacía siglos, procurando no perder lo que tenía, que bastante era. Cánovas era un político realista, práctico y cabal. Desde luego, nada dado a la fantochería ni a lo que hoy llamaríamos populismo, por lo que muchas veces sus mesurados comportamientos no fueron bien comprendidos. En ocasiones, lo que él planteaba tras profundas meditaciones se lo desbarataban otros con posiciones improvisadas o propias de un patrioterismo poco adecuado. En este extremismo no sólo estaban algunos de sus rivales políticos, también la prensa y el pueblo al que se exacerbaba en sus pasiones en vez de explicar la inteligencia de los actos. Quizá, en no tener un carácter didáctico, erró Cánovas.

En una Europa en expansión, Cánovas consideraba que sólo dos posturas eran las correctas, una, la neutralidad ante las potencias rivales entre sí y, otra, un recogimiento hacia la política interna, dedicándose a la tarea de reconstrucción nacional en torno a la nueva figura real, Alfonso XII, y no mezclándose con las potencias exteriores; sin que eso significara abandono de la política exterior, pues bien supo utilizar la diplomacia cuando fue preciso.

La falta de madurez de la opinión pública se manifestó durante la crisis de las Carolinas y a punto estuvo de dar al traste con la negociación.

El 6 de agosto de 1885, el embajador alemán en España, el Conde de Solms, anunciaba que, ante la falta de un dueño cierto, Alemania tomaría posesión del archipiélago compuesto de las islas Carolinas y Palaos. El sólo hecho de comunicarlo a España demuestra la mala fe alemana. Si España no fuera su dueño, ¡para qué notificárnoslo! Este anuncio verbal se confirmó por nota diplomática el día 11: «salvo los derechos bien fundados de tercero, que el Gobierno Imperial, como ya lo ha verificado en todas las adquisiciones análogas de territorios sin dueño, examinará y respetará».

No era la primera vez que Alemania había puesto en duda la soberanía española sobre las islas. Lo hizo en 1875 con apoyo británico al considerar que el Cónsul español en Hong-Kong no era autoridad suficiente para considerar las Islas Carolinas bajo su control. Esta reivindicación se solapó con la realizada por los ingleses sobre la isla Joló. En ambos casos, el origen del conflicto se debió a la pretensión de las autoridades españolas de regular el comercio en la zona. La situación se saldó con la suscripción del gobierno español de la Nota Diplomática de 15 de abril de 1876 y el Protocolo de 11 de mayo de 1877, en virtud de los cuales reconocía el derecho de británicos y alemanes de comerciar libremente en Joló y Borneo, así como, a que los súbditos de ambas naciones tuvieran plantaciones en esas islas.

España consideraba a todos estos territorios como una vieja e indisputada posesión que procedía de los tiempos de Felipe II y que suponía la prolongación de la soberanía que tenía sobre las Filipinas. A los archipiélagos había mandado misioneros y algún destacamento militar, aunque no tuviera puestos permanentes. De hecho, las razones geográficas e históricas que avalaban a España eran conocidas por todos. Los problemas se suscitaban por las peleas entre comerciantes de diversas nacionalidades que intentaban mercadear en las islas. En una de esas disputas, en 1884, entre irlandeses, ingleses y norteamericanos, estos últimos acudieron al Gobernador General de Filipinas para que pusiera orden, en nombre del Rey de España. Es decir, reconociendo la soberanía española sobre los archipiélagos.

El Gobernador General dispuso una expedición exploratoria y envió un barco, el Velasco, hasta que Madrid tomara una decisión.

El capitán del Velasco logró en poco tiempo pacificar la zona entre comerciantes y reyezuelos nativos y asegurar el respeto de todos al Rey de España como cabeza del Estado Soberano de las islas.

El 3 de marzo de 1885, se dicta la Orden española que mandaba establecer un gobierno regular político – militar en las Carolinas y Palaos. Se encomendaba a un gobernador militar establecer una guarnición con una compañía de infantería, personal sanitario y misioneros. Para dar cumplimiento a esta orden, salió de Manila una nueva expedición con material de construcción, ganado y semillas en agosto de 1885. Como se ve por las fechas, la notificación alemana a Madrid coincidía con el inicio de la expedición española.

Cánovas envía a Francisco Merry y Colom, Conde de Benomar a negociar con los alemanes, al tiempo que España buscaba también si no el apoyo británico, al menos su neutralidad. El Conde de Benomar estaba convencido de la posibilidad de encontrar una salida diplomática al conflicto, pero temía que las manifestaciones y algaradas callejeras despertadas en España contra Alemania y azuzadas desde la prensa, con un patrioterismo poco coherente con las opciones reales de España de defenderse en una guerra, enturbiaran tanto la situación que hicieran imposible un arreglo amistoso.

Algunos compatriotas ofrecieron sus apoyos económicos para construir barcos de guerra para luchar contra los alemanes. Pues consideraban que la guerra era inevitable, tanto más cuanto algunos periódicos clamaban por dar un ultimátum a Alemania. Y así, en Sevilla, un grupo de industriales, propuso construir un crucero que llevara por nombre Andalucía; en Valencia la Sociedad “lo Rat Penat” pone fondos para otro barco de nombre Valencia, en Valladolid el Centro Mercantil e Industrial sufragaría un barco de nombre Castilla, en Santander quieren dar salida a un torpedero que proponen llamar El Montañés. Podríamos seguir así con toda España. En vez de aunar esfuerzos, cada uno, con la mejor voluntad, sin duda, tira para su lado. No hemos cambiado tanto, desgraciadamente.

El Gobierno de Cánovas proponía a los alemanes un acuerdo semejante al de Joló (libertad de comercio, establecimiento de haciendas) más una estación naval y un depósito de carbón en alguna de aquellas islas.

Alemania no cedió y siguió considerando las islas Carolinas y Palaos como res nullius.

El Conde de Benomar, viendo la situación, intentó, el 27 de agosto, adelantar un memorándum para establecer un procedimiento y calendario en la negociación. Se reducía a tres puntos: 1. El embajador de España comunicaría en nota oficial las ofertas señaladas de libre comercio y estación naval, a cambio Alemania desistiría de solicitar el protectorado de las islas Carolinas y Palaos. 2. Alemania aceptaría la proposición española. 3. Posteriormente se negociarían lo detalles del acuerdo. El embajador Hatzfeld visitó con urgencia Varzin, donde se hallaba Bismarck. El canciller, conocedor de las manifestaciones en España, de las posiciones de la prensa, de la tendencia del partido de la oposición y del posicionamiento de los periódicos ingleses, franceses y belgas, no quiso dar marcha atrás, que no pareciera que se rendía y por tanto se reafirmó en su idea de protectorado en las Carolinas que había sido puesta de manifiesto en la Conferencia de Berlín. Además, señalaba Bismarck, España ni ante lo manifestado en la Conferencia de Berlín ni en el incidente con el embajador de Hong-Kong ni en ningún otro momento había expresado su autoridad sobre las islas. Si bien, en su respuesta, el alemán redactó una línea que abría las puertas a la esperanza: Alemania aceptaba analizar las pretensiones españolas y hacerlas objeto de negociaciones amistosas y, llegado el caso, estaba dispuesto a someterse al arbitraje de una potencia amiga de las dos naciones litigantes, pues, continuaba Bismarck, la situación de las islas no debía ser ocasión para empeorar las relaciones de dos potencias tradicionalmente amigas.

Mientas esto se producía, la expedición de Manila llegó a las Carolinas y construyó la base española que contaría con un Caparán General para las islas. Eso culminó el 24 de agosto y, el 25, fondeó en sus costas un cañonero alemán. El capitán del barco alemán, puso pie a tierra y colocó la bandera alemana e instó a los barcos españoles llegados desde Manila a que abandonasen la isla. Menos mal que la inteligencia de las autoridades locales españolas logró una respuesta mesurada a la espera de ver el resultado de las negociaciones de ambos gobiernos.

En septiembre, España presentó un memorándum sobre sus legítimas pretensiones, con datos históricos y documentos que avalaban su posición, siguiendo así lo demandado por Bismarck a finales de agosto.

Se basó en su presencia en Filipinas, sucesivas navegaciones efectuadas durante los siglos XVI y XVII (Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos, López de Legazpi, Fernández Quirós, durante el siglo XVI, y Francisco de Lezcano, en 1686).

Además, se presentaron los acuerdos pactados con Portugal en el Tratado de Zaragoza en 1529; en el tratado de Límites (Madrid 1750) y en el tratado de San Ildefonso de octubre de 1777, en virtud de los cuales las Carolinas y las Palaos quedaban bajo poder español.

Además, España replicaba a Alemania que cuando señaló la falta de soberanía sobre aquellas islas en la conferencia de Berlín afirmó que Alemania no quería colonias y que sólo deseaba comerciar, reconociendo en aquel momento que la apertura de aquellas islas al comercio correspondía a España por ser la potencia soberana. Asimismo, afirmaba nuestro país que la falta de una presencia estable no era síntoma de falta de soberanía pues siempre había misioneros españoles ejerciendo la evangelización en nombre de España y la cristiandad. Por otro lado, multitud de libros de geografía habían inscrito como españolas aquellas islas. Negaba Madrid que pudiera hacerse extensible el Acta General de la Conferencia de Berlín, que había tratado del reparto de África, a nuevas adquisiciones fuera de aquel continente.

El 21 de septiembre, Bismarck renovó la propuesta de arbitraje y sugirió que lo ejerciera su Santidad el Papa León XIII. La propuesta fue aceptada por España.

El 22 de octubre de 1885, se fecha el laudo pontificio. El papa reconoce los valores históricos de España; el beneficio que reportó a aquellos nativos como ninguna otra nación lo había hecho; entiende que la posición alemana responde al criterio de que la soberanía nace de la ocupación efectiva y ésta nunca se había producido por parte de España, sin embargo, el Santo Padre no acepta esta posición alemana y reconoce la soberanía española, como lo demuestran otros tantos tratados internacionales anteriores y el propio acuerdo de Joló. Con todo, acepta la posibilidad de que las islas se abran al comercio internacional y que Alemania tenga una base naval y una carbonería; así como que, los súbditos alemanes puedan tener haciendas y cultivar las mismas.

El Papa sabía del éxito del laudo pues satisfacía a ambas partes en sus pretensiones y era la forma de acogerse a lo propuesto por España en su idea de acuerdo previo. El laudo tuvo el respaldo de la firma en el Protocolo de Roma el 17 de diciembre de 1885.

Cuando se firmó el Protocolo ya no vivía Alfonso XII, ni Cánovas estaba en el Gobierno. Sagasta firmó el acuerdo a pesar de que en los momentos de mayor tensión era partidario de la guerra.

Bismarck había querido el arbitraje papal pues le interesaba más un acercamiento al Vaticano que las islas Carolinas.

El tercero en discordia, que resultó beneficiado de aquel acuerdo, fue Inglaterra; por el protocolo de Madrid de 1886 lograba lo mismo que Alemania en las Carolinas y Palaos, aunque sin estación naval ni carbonera.

La alegría española duró poco. La posterior guerra hispano-estadounidense por Cuba culminó con el tratado de París de 10 de diciembre de 1989 que además de la pérdida de Cuba, supuso la entrega de Filipinas a los norteamericanos por 20 millones de dólares, más Guam y Puerto Rico. Aquella guerra puso de manifiesto que los archipiélagos del Pacífico se volvían indefendibles para España. España perdió dos escuadras enteras en la batalla de Cavite en 1898. Esto llevó al Gobierno de Silvela, refrendado por la regente Mª Cristina, en 1899, a vender las Carolinas y las Marianas (incluyendo Palos y excluyendo Guam- que, como hemos señalado, ya era norteamericana) a Alemania. El precio fue de 25 millones de pesetas.

Sin embargo, Alemania apenas pudo establecer sus codiciadas bases navales, pues Japón ocuparía las islas en 1914, que, posteriormente, fueron conquistadas por las tropas americanas en la II Guerra Mundial. Posiblemente el traspaso de los archipiélagos del Pacífico evitó la entrada de España en las dos guerras mundiales del siglo XX. Quizá, de haber retenido aquellos dominios codiciados por británicos, alemanes, japoneses y americanos, las consecuencias políticas hubieran resultado trágicas para un país malherido en su orgullo patrio tras casi cuatro siglos de hegemonía mundial.

BIBLIOGRAFIA

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981.

JOVER, ZAMORA, José María. “Características de la política exterior de España en el siglo XIX”. Marcial Pons. 1962

AGUADO BLEYE, Pedro. “Historia de España” Espasa Calpe. 1956.

CACIQUISMO

Según el diccionario de la RAE el caciquismo presenta tres acepciones:

m. Dominación o influencia del cacique de un pueblo o comarca.
m. Sistema político basado en la dominación o influencia del cacique.
m. Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia.

El caciquismo actuó y actúa esencialmente en Latinoamérica y fue una forma política esencial en la España de la Restauración (1875-1902).

El origen durante la Restauración tiene causas múltiples:

La desamortización municipal y eclesiástica y la desvinculación de los mayorazgos generó, especialmente, entre 1833 a 1876 un trasiego en la posesión de fincas en las zonas agrarias españolas fundamentalmente, aunque no únicamente, en La Mancha, Extremadura y Andalucía. En aquella desamortización una parte fue a manos de la aristocracia mientras la burguesía se enriquecía a costa de la Iglesia, del común y de los hidalgos arruinados. Este proceso generó consecuencias en todos los órdenes de la vida rural: en la gestión de las fincas, en el atraso técnico de los métodos de rendimiento y en el orden político.
La Restauración trajo estabilidad política a un siglo lleno de pronunciamientos, algaradas, constituciones nonatas o de corta vigencia y múltiples alteraciones más del panorama político. Esta estabilidad es una característica del momento no sólo en España sino en toda Europa occidental (en Francia, por ejemplo, con la tercera República; en Italia con el Risorgimiento;en Alemania, con la formación del segundo Reich bajo la hegemonía prusiana). En España la constitución de 1876 con su excepcionalmente largo periodo de vigencia estabiliza la vida política y trae consigo la adaptación nacional de otro rasgo europeo de entonces, un modelo de democracia al modo anglosajón. En Gran Bretaña triunfaba el bipartidismo y en España, se instauró un bipartidismo con características propias: el turno de partidos. Fue imposible el engranaje entre los partidos y asociaciones obreras o entre otros sectores, especialmente pequeña burguesía y clases medias, con las instituciones constitucionales. Tampoco se da el concepto de soberanía nacional, sino que se trata de un constitucionalismo doctrinario (la Soberanía reside en el rey y las Cortes). La Constitución de 1876 presenta mecanismos propios de una democracia liberal clásica: convocatoria de elecciones, aumento del cuerpo electoral (sufragio universal masculino desde 1890) que elige a los representantes de la nación, con la necesaria formación del gobierno con doble confianza: del Rey y del parlamento. Pero tal presencia democrática es sólo aparente, no real.
En la realidad, se produjo una interferencia entre las instituciones propias de la democracia liberal y parlamentaria y las instituciones económicas y sociales. En estas circunstancias y con estas características se restaura no sólo la dinastía borbónica en España sino también la misma burguesía con base agraria latifundista que dirigía los destinos de España desde hacía muchos años, con la peculiaridad de que, a finales del siglo XIX, además, el Estado y las élites económicas aparecía reforzados por una serie de avances técnicos: perfeccionamiento burocrático, aumento del armamento eficiente para el control de las masas, facilidad para transmitir noticias por medio del telégrafo y para el desplazamiento por el ferrocarril. Pero los avances técnicos no hicieron olvidar las costumbres nacionales de no dejar opinar en la vida pública a nadie que no formara parte de esos estamentos de poder político y económico.

La gestión política de esa realidad se basaba en dos instituciones. Por una parte, la existencia de una oligarquía dirigente, constituida por hombres de los dos partidos (liberales y conservadores) y estrechamente conectados entre sí por sus relaciones, por su extracción social, por sus relaciones familiares y sociales. Todos procedían de familias terratenientes, nobleza de sangre, burguesía de negocios… Como recuerda Palacio Atard, existieron dos burguesías, la alta, ligada al poder, auténtica oligarquía, y la baja, más propia de las clases medias, que no participan del poder oligárquico. Pero no hay que olvidar que la España de la “edad dorada” de la Restauración es una España rural ya sea la de los latifundios más propios del centro y sur peninsular ya sea la de los minifundios de Galicia y, en lo que hoy es, Castilla y León, como zonas más destacadas. Esto determinaba que el electorado de aquella España, y más cuando se amplió la base electoral por el sufragio universal masculino, se formara esencialmente por campesinos, campesinos analfabetos en buen número. Esto generaba un déficit de participación que propició el nacimiento de un poder señorial rural (caciques) con el que se alía la oligarquía. Así se establecía un sistema entrelazado por los políticos en Madrid y los caciques en cada comarca, con el Gobernador civil en la capital de cada provincia como enlace entre uno y otro. Esos tres “personajes”( el Ministro de Gobernación en el ámbito nacional; el Gobernador civil, en el provincial y el cacique, en el local) constituyen la base real del sistema, que pone de manifiesto la falta de moral del régimen que falsea el sistema de representación popular.

Se establece, con ello, una profunda desconfianza mutua entre el pueblo y sus dirigentes. La ciudadanía vive lastrada por su atraso económico y cultural y el lamentable ejemplo de las capas dirigentes. Que se pone de manifiesto, esencialmente, en cada consulta electoral.

El profesor Jover [1]recoge una cita de Fernández Almagro al respecto que describe el sistema de amaño electoral propio del caciquismo:

“El delegado del gobernador reúne al Ayuntamiento y alecciona al Alcalde:-usted va a presidir una mesa electoral, lo que tiene que hacer es escamotear las candidaturas de la oposición y, en su lugar, meter en la urna las ministeriales; usted lo que tiene que hacer es volcar el puchero, si fuera necesario para dar el triunfo al candidato ministerial; y, en último término, si ninguno de estos resortes o medios son bastantes para conseguirlo, válgase usted de todo género de recursos, en la inteligencia de que detrás de usted estoy yo como delegado del gobernador, y detrás de mi está el gobernador de la provincia y el gobierno mismo”

El sistema funcionaba, pues, de arriba abajo. La corona otorgaba el poder a un jefe de gobierno que convocaba y hacía ”las elecciones, logrando un parlamento adecuado, abstracción hecha del cuerpo electoral”. Así se turnaban los partidos en el poder. En el fondo era un problema de falta de correspondencia entre la base social de los partidos y la estructural social de España. Precisamente, el incremento de la base electoral en 1890 contribuyó a potenciar aún más el caciquismo. Como complemento de la acción caciquil electoral, en 1888, se puso en marcha, en la administración de Justicia, el juicio por jurados, lo que supuso la intromisión de los caciques en la designación de los vecinos que formarían parte de las listas de jurados.

El caciquismo tuvo origen en un sistema social familiarizado con el amiguismo. La implantación del sistema democrático en la Constitución y el sufragio universal masculino tropezó con el modo tradicional de actuación de la sociedad, contra sus modos y costumbres.

Donde más se desarrolló e implantó el caciquismo fue en Andalucía. La duración de este mecanismo resulta controvertida. Algunos autores hacen finalizar el procedimiento en la II República, pero ya vimos los amaños electorales de aquel régimen en una entrada anterior. La mayoría de la historiografía pone el final del caciquismo en la guerra civil; aunque, quizá algún lector se plantee si todavía no persisten vestigios de caciquismo o de algunas formas de amiguismo, más propias de otros tiempos, en la España actual.

BIBLIOGRAFIA

VICENTE PALACIO ATARD. La España del S. XIX. Espasa Calpe. 1981.

UBIETO, REGLÁ, JOVER Y SECO. Introducción a la Historia de España. Ed. Teide. 1983.

RAYMOND CARR . España, 1808-1975. Barcelona, 1996.

[1]Ubieto, Reglá, Jover y Seco. Introducción a la Historia de España

LA REPÚBLICA FEDERAL ESPAÑOLA

Nuestro tema de hoy, de más actualidad de lo que debería, se encuadra históricamente, en un sentido amplio, en el llamado Sexenio Revolucionario. En un brevísimo apunte histórico, debemos señalar los acontecimientos que determinan su contexto:

Antecedentes.

La poca popularidad de los gobiernos de los moderados con Narváez como principal figura, unidos a la crisis económica de 1866, determinó un descontento en la población que salpicó a la Reina Isabel II y su corte de los milagros- en expresión de Valle Inclán-.
Los progresistas de Prim se habían unido a los demócratas por el pacto de Ostende cuya finalidad era derrocar a Isabel II.
La Unión Liberal, tras la muerte de O’Donnell, estaba liderada por el “General Bonito”- Serrano- y decidieron unirse a los progresistas en su intento de derrocamiento de los Borbones.

Sexenio revolucionario.

El sexenio comprendió desde el derrocamiento de Isabel II (con la revolución de 1868) a la restauración a finales de 1874.

Este periodo histórico muestra unos acontecimientos que se nos manifiestan de manera abigarrada, difícil de organizar en unas líneas coherentes, desordenado y caótico. En tan corto espacio de tiempo, pasó nuestra España de una monarquía a otra, por dos formas diferentes de república, dos constituciones, una guerra colonial, dos guerras carlistas, es decir, dos guerras civiles, y varias juntas revolucionarias.

Ideológicamente, España vivía en dos planos, de un lado, caminaba la utopía política y, de otro, se mostraba una realidad socioeconómica casi dramática, compleja y completamente alejada del pensamiento político, en una muestra de la extrema debilidad del país.

La utopía política se sustenta en cuatro basamentos:

Presencia activa de las clases populares de las ciudades.
El peso político y económico pasa de Castilla y Andalucía a Cataluña.
Respaldo intelectual de la llamada “generación del 68” o “demócratas de cátedra” que no eran más que un conjunto de profesores universitarios de filiación Krausista. Por ejemplo: Nicolás Salmerón; Emilio Castelar, Laureano Figuerola; Gumersindo de Azcárate… profesores que luego formarán parte de la Institución Libre de enseñanza.
Los partidos políticos divididos en dos grandes sectores: los cimbrios acaudillados por Nicolás Mª Rivero de filiación monárquica y los republicanos de Salmerón, José Mª Orense, Castelar… con un fuerte ideario federal que acaba agrupándolos en el partido Republicano Federal cuya cabeza más destacada, sobre todo, en el plano ideológico, fue Francisco Pi y Margall.

Aquel sexenio pasa por diversas juntas revolucionarias y un gobierno provisional a cuyo frente estaba Serrano. Es época de levantamientos populares y coloniales (alzamiento de Cuba al “grito de Yara” en 1868) y un enfrentamiento con los carlistas que alcanza su máxima extensión territorial. Para estabilizar la situación se busca como solución una monarquía constitucional, promulgando la Constitución de 1869 y nombrando rey a Amadeo de Saboya.

El atentado que supuso el asesinato de Prim, dio al traste con todo aquello y provocó la renuncia de Amadeo de Saboya. Un amplio frente común se alineó contra él. No sólo los alfonsinos, cosa que entraba en la lógica de las cosas, sino que los progresistas se unieron a los carlistas frente al nuevo monarca y los republicanos radicales se separaron del bloque que apoyaba a Amadeo para enfrentarse también a él.

El republicanismo no tenía una posición común, las disensiones se mostraron desde el principio. En este sentido, fueron los republicanos intransigentes (el ala más radical del republicanismo) los que llevaron mayor inestabilidad al nuevo régimen. Hennesy ha hecho una descripción de estos “intransigentes”: ”Eran los revolucionarios profesionales, periodistas, malhumorados y frustrados buscadores de empleo que vieron en los Clubs radicales y en el desempleo de la capital, el medio de contrapesar la tradicional debilidad del partido en Madrid y, en la explotación del descontento social, la forma de forzar la mano de la cauta jefatura oficial… como optimistas que eran, prometían todo cuanto pudiera servir para compensar el apoyo de las masas y, menos cohibidos que los benevolentes- los republicanos moderados-, ofrecía reformas sociales en las que no tenían verdadero interés, trabajando en la organización conspiratoria, confiaban conseguir sus fines por medio de la organización secreta, pero incapaces de aprender de sus errores pasados, continuaron asiéndose al mito de la revolución espontánea”[1].

El fracaso del plan insurreccional de los intransigentes entre octubre-diciembre de 1872, refuerza a Pi y Margall, que logra enderezar la situación republicana para dar la dirección al sector benevolente frente a los intransigentes.

Con todo, Amadeo de Saboya harto de tanto caos decide abdicar y volver a Italia. El mismo día de su marcha- el 11 de febrero de 1873-, el Congreso y el Senado reunidos conjuntamente en Asamblea Nacional proclaman la 1ª República.

En esta convocatoria encontramos uno de los primeros tropiezos, uno entre muchos que vendrán, de la 1ª República: aquella convocatoria de Asamblea Nacional era ilegal, porque el art 47 de la Constitución prohibía expresamente la deliberación conjunta del Congreso y del Senado. Asimismo, la abdicación de Amadeo de Saboya debió hacerse mediante Ley, lo que tampoco ocurrió. La República llegó con una revolución y se estrenó con una ilegalidad. Era algo premonitorio de lo que se podía esperar de aquel régimen.

La historiografía suele considerar que la misma no fue una única república, sino dos:

Entre el 11 de febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874, la propiamente federal. Termina con el golpe de estado de Pavía.
El resto de 1874. Bajo la jefatura de Serrano. La República se convirtió en un régimen autoritario. Termina con el levantamiento de Martínez Campos en Sagunto y la proclamación de la Restauración

En este hilo nos vamos a referir esencialmente, a la primera parte. Aquella en la que, a decir de Payne, “el País se enfrenta a un caos absoluto”. En menos de un año hubo 4 presidentes: Figueras, el cual solía decir que “Yo no mando ni en mi casa”. Desconocemos su posición en su hogar, pero en el País, la afirmación era cierta. Cuando muere su mujer, huye a Francia y no quiere saber nada más de la República española.

Le sucede Pi y Margall, al cual Ortega y Gasset describe como: “hombre excelente, pero de dotes escasísimas, se nutría de los ridículos desplantes de ascetismo a que solía entregarse”. Durante la Presidencia de Pi, España llega al borde de la desintegración.[2]

Veamos cómo se desarrolla la República con los dos primeros presidentes antes de conocer las acciones de los dos últimos.

La República en este primer año nace bajo el auspicio intelectual de Pi, defensor a ultranza del federalismo y, por ello, intenta imponer un sistema federal “de arriba abajo”, es decir, una imposición desde las élites hacia el pueblo.

En un primer momento no se proclamó la República federal. El primer gobierno contó con Figueras como Presidente, Pi y Margal en Gobernación, Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia y 4 ministros radicales. A los pocos días hubo un reajuste de Gobierno y los radicales salen del mismo, salvo en Guerra y Marina donde conservan la cartera por poco tiempo. Se empiezan a fraguar así una doble oposición, de un lado, los miembros del Partido Radical. Estos estaban dirigidos por Cristino Martos y apoyados por el General Pavía. En segundo término, por los republicanos intransigentes, impacientes por la instauración de la república federal.

La República española sólo fue reconocida en el ámbito internacional por Estados Unidos y Suiza.

En esta primera etapa, con Figueras en la presidencia, se hacen las siguientes concesiones a los intransigentes buscando su integración, cosa que no se consigue:

Supresión del impuesto de consumo.
Supresión de las quintas
Reorganización de las milicias a base de voluntarios. A los que pagaban 2 pesetas diarias.
Se intenta suspender el ejército acabando con las ordenanzas militares (lo que se consigue es una relajación absoluta de la disciplina).
Eliminación de los títulos nobiliarios.
Supresión de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.

La situación financiera era gravísima. En 1873 dejan de pagarse los intereses de la deuda. El dinero huye de la República por su inestabilidad. En Cataluña, se proclama, en tres ocasiones, el estado catalán (el 12 y el 21 de febrero y el 8 de marzo). Intentando contentar a los nacionalistas, se hicieron nuevas concesiones, como, por ejemplo, la disolución del Cuerpo de Regulares del ejército en Cataluña. Con lo que la región quedó a merced del carlismo en armas.

Asimismo, en Cuba, la primera guerra insurreccional se agravó en estos momentos aprovechando el desconcierto en el gobierno nacional.

En resumen, aún no se habían convocado elecciones constituyentes para aprobar una constitución federal y ya la situación era de un caos absoluto. Tanto que los radicales intentaron un golpe de estado que fracasa el 23 de abril. Las elecciones se celebraron entre el 10 y el 13 de mayo. Se constituyeron el 1 de junio de 1873. Hasta esa fecha en las Cortes se trabajaba en Comisión permanente que fue un auténtico despropósito. Tampoco las elecciones resultaron brillantes en su ejecución al haberse abstenido el 61% de la población llamada al voto.

El Partido Republicano Federal se dividió en tres alas:

La de Castelar, Salmerón y los llamados benévolos.
La de Pi y Margall apoyada por los intransigentes y algunos benévolos fluctuantes como J.M Orense.
Los intransigentes extremistas.

En la primera reunión de las Cortes, Figueras presenta su renuncia. Pi y Margall se hace cargo de la Presidencia el 8 de junio. El día 11, tras considerables tumultos, consigue formar gobierno. El cual estaba formado por personajes de segunda fila, nadie importante aceptó los puestos ofrecidos y para poder jurar tuvieron que ir escoltados por un piquete de la guardia civil. El día 13 de junio, Pi realiza el discurso programático en las Cortes cuyo contenido no se llevó a la práctica. Prometía: constitución federal; separación Iglesia-Estado; reformas militares y fiscales; reformas sociales (jurados mixtos, reglamentación del trabajo infantil y femenino; desamortización…).

El día 21 de junio, tuvo la primera crisis de gobierno ocasionado por la sublevación cantonal y su falta de capacidad para hacer frente a tal situación. Los intransigentes forman el Comité Central de Salvación Pública, que plantea el levantamiento cantonal en provincias y ciudades, recogiendo así las posiciones de la izquierda más extrema que en España siempre fue anarquista. Cartagena inició la sublevación el 12 de julio en lo que Ricardo de la Cierva ha calificado como “la tragicomedia huertana”. El 18 de julio el movimiento cantonalista se había extendido a: Valencia, Málaga, Sevilla, Almansa. Y poco después a Granada, Castellón, Ávila, Salamanca, Bailén, Andújar, Algeciras, Toro, Béjar, Écija, Sanlúcar de Barrameda y otros lugares donde el cantón duró breves horas. No en todas partes el cantonalismo responde al mismo principio, así, en Valencia es un movimiento regionalista burgués; otros tienen tintes internacionales: Cartagena donde el 21 de julio el Gobierno central declara piratas a la escuadra cantonal cartagenera, la cual había detenido a unas naves alemanas. En Granada, se trata de la imposición de un caciquillo del lugar. Otros son promovidos por los obreros con poco idealismo intelectual y mucho odio de clase. Su ideología consistió en matar al que no pensaba igual que ellos. En ocasiones se enfrentaron diversas facciones cantonales entre sí.

En semejante barullo, Pi y Margall, poco antes de dimitir como Presidente de la República, circunstancia que acaeció el 18 de julio, envió al General Ripoll a sitiar Córdoba con 2.000 hombres, pero con la orden de que “no fueran en son de guerra. [Debían emplear] ante todo, la persuasión y el consejo”. Es decir, lo que hoy diríamos, que fueran a dialogar con los insurrectos. Maragall intentó desarmar políticamente a los levantiscos y lo hizo después de declarar que no derramaría sangre de los insurrectos y que la solución para el arriscado cantón de Cartagena era: ”No hay más que dos caminos, o la política de resistencia o la de concesiones. Yo declaro desde el banco del gobierno que soy partidario, para mis correligionarios levantados en Cartagena y en cuantos puntos puedan levantarse, de la política de concesiones”[3]

Tras su dimisión, comienza la acción de los dos últimos presidentes.

Sucedió a Pi y Margall, Nicolás Salmerón que llega a la presidencia el 20 de julio. No le quedó más remedio que reorganizar el ejército para restablecer el orden en España. El antimilitarismo de Pi y la relajación de la disciplina habían inutilizado al ejército. Salmerón tuvo que renovar la cúpula militar y encargó los principales mandos a generales monárquicos, como Arsenio Martínez Campos o a generales de tendencia radical, como Pavía.

Con la excusa de no querer firmar unas condenas a muerte, Salmerón dimite el 7 de septiembre de 1873. Tras su dimisión es nombrado Presidente de las Cortes y desde ese puesto se dedicó a torpedear la acción del último presidente.

En el ámbito militar, con pocas tropas, Martínez- Campos, logró sofocar el cantonalismo en menos de un mes, salvo el cantón cartagenero que duró hasta el 11 de enero de 1874. En este último, su líder, Antonio Gálvez Arce (Antonete) había ocupado, con el ejército cantonal, Orihuela el 31 de julio. El 10 de agosto, el General Salcedo lo derrota en chinchilla y Martínez-Campos lo sitia en Cartagena. Del 26 de noviembre al 9 de diciembre se sometió la ciudad a un bombardeo continuo y el 3 de enero a otro. La Junta Soberana de Salvación Pública de Cartagena, bajo la presidencia de Roque Barcia, decide capitular el 11 de enero.

Para comprender hasta dónde se había llegado durante la presidencia de Pi y Margall, el gobierno de Salmerón publicó en la prensa, con especial interés en la catalana, la necesidad de que los ciudadanos devolvieran las armas. Así el diario “independiente” a finales de agosto publicó: “Voluntarios de la república, primer batallón del segundo distrito, se intima a todos los individuos que pertenezcan al batallón y que al desertar lo hicieron con armas, equipo y vestuario pertenecientes al mismo, procedan a su devolución dentro del improrrogable plazo de 2 días”.

El 7 de septiembre, tras la dimisión de Salmerón es elegido Presidente de la República Emilio Castelar. Se inicia así la llamada “República conservadora de Castelar”.

El programa de Castelar podría sintetizarse así:

Reconstrucción de la unidad nacional.
Dar entrada a la mayoría (que no era republicana)
Revocación de la licencia de armas a los paisanos.
Suspensión de algunas libertades de manera temporal hasta restablecer el orden.
Robustecer el ejercito
Captar fondos para las exiguas arcas públicas.
Distensión de las tensas relaciones Iglesia-estado.

Pero, en el primer debate en que sometió a votación su programa, Castelar fue derrotado el 3 de enero de 1834 y cuando las Cortes se disponía a elegir de nuevo Presidente, la general Pavía entró en el Congreso a Caballo, dando un golpe de Estado y terminado con la Republica Federal Española, si bien no con al 1ª República, pues republicano fue el régimen totalitario que dirigió Serrano acto seguido, y que duró el resto del año 1874. En lo que sería la segunda parte de la primera República.

El General Serrano formó un gobierno con todas las fuerzas no republicanas federalistas. En esas filas se encontraban también partidarios de la restauración Borbónica.

Entre los objetivos del gobierno estaban el acabar con la revolución cantonal y con la tercera guerra carlista. En este último sentido cabe hacer una pequeña mención a la incapacidad carlista de hacerse con el poder durante aquel año. Se empeñaron en lograr el éxito sólo por medio de la guerra, sin utilizar los factores que la crisis política les daba.

El autoritarismo de Serrano se justificó en la posibilidad de que de seguir los federalistas en el poder la desmembración de España tenía muchas posibilidades de acontecer. Asímismo, señalaron que para evitar los enfrentamientos que habían acabado con Castelar en el gobierno, no se convocarían Cortes. Así, los poderes de Serrano no tenían límite institucional alguno. La instauración de la dictadura no encontró oposición salvo un ligero enfrenamiento en Barcelona, donde se declaró la huelga general. Realmente Serrano dudaba entre ser el que ofreciera el retorno a los borbones o ejercer él todo el poder, pero internamente ya había optado por la segunda situación.

Antonio Cánovas del Castillo identificó el régimen de Serrano con el del general Mac Mahon en Francia, que se hizo con el poder tras la caída de Napoleón III e impidió la restauración monárquica en el país vecino. Tras no pocos encontronazos políticos, alianzas fallidas, traiciones variadas…, el 1 de diciembre Cánovas publica el manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso. Con él buscaba apoyos entre los liberales a la causa borbónica. Se trataba de la culminación del proyecto de Cánovas que no era otro que inclinar la opinión pública hacia la causa Alfonsina, pero con paciencia y perseverancia, sin asonadas militares. Sin embargo, el pronunciamiento de Sagunto el 29 de diciembre de 1874 por parte de Arsenio Martínez Campos, en contra de la opinión de Cánovas, precipitó los acontecimientos

El 31 de diciembre de 1874, se formó el llamado Ministerio-Regencia presidido por Cánovas a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España. Se inicia la Restauración.

BIBLIOGRAFÍA

José Mº Jover Zamora. “Realidad y mito de la Primera República”. Ed Austral. 1991.

C.A.M. Hennessy. “La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874”. 1966

Ricardo de la Cierva. “Historia básica de la España actual” (1800-1973) Ed. Planeta. 1974.

Vicente Palacio Atard. “La España del S. XIX” Ed. Espasa Calpe. 1978

Ubieto, Reglá, Jover y Seco. “Introducción a la historia de España”. Ed. Teide. 1986.

[1]C.A:M. Hennessy. “ La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874”. Mad. 1966

[2]Citas logradas en la “Historia Básica de la España actual (1800-1973” de Ricardo de la Cierva. Ed. Planeta. 1974

[3]Cita del diario de Sesiones recogida en el Libro de Ricardo de la Cierva anteriormente citado.