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FRANCISCO MANUEL DE MELO

Hoy traemos al blog a Francisco Manuel de Melo. Personaje poco conocido pero importante en su relación con el conde-duque de Olivares. El conde -duque vivió entre 1587- 1645 y fue Valido del rey Felipe IV entre octubre de 1622 y enero de 1643.

En aquel momento, Portugal formaba parte de España, desde que fue nombrado monarca portugués Felipe II, en la llamada Unión Ibérica que se extendió entre 1580 y 1640.

Debido a aquella unión, los reinados de Felipe II y Felipe III fueron pacíficos en el interior de la Península Ibérica entre los antiguos reinos de España y Portugal: hubo poca interferencia española en Portugal -que gozaba de cierto grado de autonomía- y los portugueses no se quejaban. Pero con Felipe IV la situación empeoró, como no podía ser de otro modo, porque empeoró la situación en toda España, sobre todo, por las continuas luchas en Flandes (enfrentamiento franco-español, afianzado por el tratado franco-neerlandés de ayuda mutua, especialmente importante a partir de 1635). Aquel enfrentamiento se vio impulsado , además, por la rivalidad y prepotencia de los validos ( conde – duque de Olivares por España y el Cardenal Richelieu por Francia), lo que determinó una contienda con importantes consecuencias para la vida diaria, económica y política de la Península Ibérica;  en la que al igual que se vieron mermadas las posibilidades comerciales de España, se vieron reducidas las de Portugal; además, dio lugar a una mayor injerencia de la antigua España en los asuntos portugueses. Todo eso condujo a dos levantamientos populares portuguesas, en 1634 y 1637, que se sofocaron con relativa facilidad. No así la tercera revolución, en el fatídico año de 1640, cuando el poder militar español ya estaba dividido entre la guerra contra Francia y la sublevación de Cataluña.

Las arcas del Estado necesitaban fondos y los impuestos aumentaron, se produjeron reducciones en los privilegios de la nobleza, y las posesiones de ultramar (el mayor imperio del mundo por la unión de los territorios de España y Portugal) se vio amenazado por holandeses y, sobre todo, británicos. La fuerza naval española estaba más centrada en la guerra contra Francia que en defender el Imperio. La gota que colmó el vaso fue la intención del conde-duque, en 1640, de usar tropas portuguesas en la defensa de Cataluña.

En ese contexto, el Cardenal Richelieu encontró medios para ayudar a la sublevación portuguesa que logró su la independencia y el reconocimiento de Juan IV como rey de Portugal y Brasil.

No todo aquel desastre cabe achacárselo al conde-duque. Olivares tenía un sentido de estado y de servicio más que acreditado. Intentó, con poco éxito, más por la abulia real y por la presión de otros miembros de la nobleza, celosos del poder del conde-duque, que la Unión Ibérica fuera efectiva. El profesor Jover lo cuenta así:

Señala Olivares: “Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse Rey de España; quiero decir que no se contente con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo”…

​“Olivares se manifiesta aquí, precursor de la Nueva Planta de Felipe V. Su audaz arbitrio apuntaba a una especie de consumación del movimiento renacentista encaminado a la reconstrucción de la España visigoda, centrada en torno a Castilla, fundiendo en un solo molde las tres Coronas destinadas a fundamentar la monarquía. Lo prematuro de tal propuesta quedará reflejado, cinco años más tarde, en unos párrafos de la Suplicación dirigida al mismo monarca por el portugués Lorenzo de Mendoza, allí donde alude a la unión de Reinos y Monarquía de Vuestra Majestad, que principalmente depende de estas tres Coronas de Castilla, Portugal y Aragón unidas y hermanadas”.[1]

En ese ambiente enrarecido, en el que se estaba cercana la restauración de la Corona portuguesa, pero aún formaba parte de España, se desenvolvieron unas cuantas vidas complejas. Una de ellas fue la de Francisco Manuel de Melo, excelso escritor y poeta, vasto intelectual, militar, asesor político y súbdito leal a ambos territorios: España y Portugal.

Hijo primogénito de una familia noble, pero con mezcla de sangre, que en aquellos tiempos podía modificar un destino. Su padre fue un ilustre militar, de apellido Manuel, que mostraban grandeza y nobleza de origen. Sin embargo, su madre, descendía de familia rica, de cierta hidalguía, aunque con orígenes conversos, lo que obligó a nuestro protagonista a pedir autorización especial cuando quiso ingresar en la Orden de Cristo (orden militar portuguesa).

Su padre falleció en el campo de batalla cuando Francisco contaba seis años de edad. Fue su madre la encargada de la educación de sus hijos y se esforzó enormemente para que ingresara en el colegio de Santo Antao de la Compañía de Jesús, en Lisboa. Su formación académica fue excelente, y de ella nació su afición literaria y humanista en general. Fue gracias a los Jesuitas que logró tener una formación ilustrada (hombre de amplios saberes, escribió poesía, libros de empresa e incluso un tratado de matemáticas “Concordancias matemáticas). Ese carácter intelectual le valió con el tiempo el favor del conde-duque (hombre también muy culto, de gran amor a la literatura y a los libros de los que consiguió formar una muy buena biblioteca de la que se encargó en mantener, ampliar y velar por el lujoso encuadernamiento de los volúmenes- una de las manías del conde-duque- Francisco Manuel de Melo).

Pero las inquietudes del portugués no se limitaban al estudio y la meditación, sino que fue una persona fuertemente inclinada a la acción. Al cumplir diez años, Felipe III lo había nombrado hidalgo escudero de su Corte y a los diecisiete abandonó los estudios para seguir la carrera militar, intentando mantenerse activo en las armas y en las letras. Su experiencia más intensa, en aquellos primeros años, aconteció en 1627, cuando una escuadra portuguesa que debía escoltar a la flota de Indias desde La Coruña a Lisboa naufragó. Las prisas por recuperar la mercancía depositada en la bodega de aquellos barcos, determinó una serie de malas decisiones que acabaron perdiendo el contenido importado de América y muriendo los marineros que salieron en su auxilio. Francisco Manuel fue uno de los pocos supervivientes.

Continuó su actuación militar defendiendo las aguas y costas portuguesas de los navíos ingleses.

La tragedia de la flota de Indias le inspiró una de sus cuatro Epanáforas (así denominó a su historia de Portugal en cuatro actos): la Epanáfora trágica. Al tiempo se centraba en el desarrollo de su obra poética. Nacen así los Doce Sonetos por varias acciones en la muerte de doña Inés de Castro. Y su primera obra en castellano: Las tres musas del Melodino. En 1665 se publica su obra poética completa, una recopilación en portugués y en castellano (salvo aquellos doce sonetos), denominada: Obras métricas.

Francisco Manuel fue un escritor perfectamente bilingüe. Usaba el castellano para asuntos científicos, ensayos y obras a las que quería dar una visión más universal. El portugués, lo utilizaba para temas más locales. Estudió a fondo la literatura portuguesa e hizo varios trabajos de revisión crítica de los clásicos.

De 1629 a 1634, Melo se repartía entre Madrid y Lisboa. Especialmente cuando ejerció de asesor del conde-duque, sus estancias en Madrid eran prolongadas. En su obra sobre el conde-duque, Gregorio Marañón, señala como Melo fue espía para el valido (Olivares era muy aficionado a tener espías en todas partes, incluso en la cámara del Rey que le informaban de cada paso de éste, de la familia real y del resto de los nobles), pero también señala el ilustre médico como Melo se convirtió en una especie de asesor del Valido, pues confiaba plenamente en su criterio.

Nuestro protagonista trabó amistad en Madrid con los círculos literarios y existe constancia de su relación epistolar con Quevedo, al que dedicó alguno de sus sonetos. Lo convirtió en personaje de su diálogo Hospital das Letras, y hasta llegó a promover la edición en Lisboa de una de sus obras, el San Pablo.

Según algunos autores, Melo no era persona de fiar y no siempre fue fiel al conde-duque. También es cierto que el valido de Felipe IV tenía un carácter variable, voluble y colérico que tan pronto estaba de buenas como entraba en una tormenta de expresiones y gritos, muy de temer; cierto es que, igual que se sulfuraba sin causa, se apaciguaba fácilmente, teniendo la virtud de no ser rencoroso. La relación del conde-duque con Quevedo fue tormentosa y el poeta acabó en prisión sin una causa clara, y por más que clamó al dignatario, este no se ablandó. Algo semejante, sin que se sepa muy bien la causa, pasó con Melo.

En su epistolario (Cartas familiares),  empieza a revelar a partir de 1637 un tono quejoso y algo desengañado. Creía merecer más de lo que tenía y porfiaba en sus pretensiones en la Corte. De septiembre a diciembre de 1637, el año de la tensa Revuelta de Évora, estaba preso en Lisboa, en el Castillo de San Jorge sin que se sepan las causas. Fue testigo de primera línea de las algaradas y del malestar popular portugués, y lo analizó todo con la enorme perspicacia que demostró en su Epanáfora política y en las cartas.

El conde- duque llamó a capítulo a todos los portugueses de importancia en la Corte y les advirtió de su cuota de responsabilidad por la revuelta. Ese malestar lo muestra Melo con un retrato no muy positivo del conde-duque en esa Epanáfora . Entre otras cosas critica su afición a compararse con los clásicos. Algo que se ha dado muchas veces a lo largo de la Historia entre los absolutistas o tiranos más bien tiranos de cierta formación, claro, los actuales no llegan a semejante nivel. Cierto es también que, a decir del Dr. Marañón, el conde-duque tenía una propensión a la grandeza claramente enfermiza. Dice Melo:

“Los libros políticos e históricos que leía Olivares le habían dejado algunas máximas desproporcionadas al humor de nuestros tiempos; de donde procedía intentar a veces cosas ásperas sin otra conveniencia que la imitación de los antiguos; como si los mismos Tácitos, Sénecas, Plutarcos, Plinios, Livios, Polibios y Procopios de que se aconsejaba no mudaron de opinión, viviendo ahora, en vista de las diferencias que cada época impone a las costumbres y a los intereses de los hombres.”[2]

Quizá por esta desavenencia o por otras, Melo acabó encarcelado en dos ocasiones en Lisboa. Pero como señalaba en párrafos anteriores, el conde -duque no era rencoroso y al salir de la segunda prisión, en 1638, permite a Melo incorporarse a un tercio en la potente armada enviada a Flandes y que, para desgracia de España,  sufrió, en 1639, la considerada por toda la Historiografía como la peor derrota española en Flandes: la batalla de las Dunas.

Melo dejó testimonio preciso del desastre en su Epanáfora bélica. Enfermo, llegó en 1640 a Madrid, donde no recibió la prometida recompensa por sus trabajos. En cambio, fue requerido para ir a Vitoria en apoyo de las tropas que lucharon contra Francia. Y de ahí a Cataluña, como adjunto del marqués de Los Vélez, para sofocar la creciente rebelión.

La estancia en Cataluña dará como fruto la obra por la que fue más conocido, y la considerada por muchos su mejor texto en prosa: Historia de los movimientos y separación de Cataluña.

Pero nada más conocer la sublevación de Portugal, Melo fue apresado y enviado de vuelta a Madrid. Éste es el periodo más oscuro de su vida. Tras dos meses de cárcel fue liberado, nombrado maestre de campo y enviado a Flandes. Consiguió huir a Londres para ponerse al servicio de Portugal, ya independizado de la Corona española.

Curiosamente, su vida en Portugal no fue fácil, le ocupó puestos de relevancia, pero su estrecha colaboración anterior con el valido español, le trajo, al tiempo, una desconfianza en la Corte portuguesa que le llevó desde 1644 a una sucesión continua de prisión-libertad-destierro que no acaba hasta 1658. No hay una documentación clara que explique las causas de este peregrinar. Primero fue desterrado a las colonias portuguesas en África, luego a la India, recurrió ambas sentencias y las ganó, pero fue desterrado a Brasil. Allí, en tierras americanas, vivió quejoso de la inhóspita vida, poco refinada en lo material y demasiado exuberante en su naturaleza. En esos años en Brasil, produjo gran parte de su obra, siempre bilingüe.

Con la llegada del nuevo rey de Portugal, Alfonso VI, le fue concedido el indulto (era 1659). A la vuelta a Lisboa empezó un período de reconocimiento y honores no exentos de relevantes tareas diplomáticas: la negociación del casamiento del rey con una princesa María Francisca Isabel de Saboya, la recuperación de los obispados vacantes desde 1640 (en Roma).

En su dilatada estancia en Roma se aproximó a lo más selecto de la vida intelectual, en especial cerca de la Compañía de Jesús, y preparó con cuidado la recopilación definitiva de su obra —quiso repartirla en diez grandes títulos—, que sólo en parte logró organizar.

Al volver a Lisboa se le nombró miembro de la Junta de los tres Estados ( importantísimo órgano, creado a raíz de la independencia para controlar que el monarca no se excediera en sus poderes. Especialmente destacado en el seguimiento de los asuntos de la guerra y la Administración). Apenas pudo ejercer esta tarea y distinción, pues murió el 13 de octubre de 1666.

 

BIBLIOGRAFÍA

ELLIOT, John.- “El Conde-Duque de Olivares”. Ed. Austral. 2014

JOVER ZAMORA, José María; BALDÓ I LACOMBA, Marc y RUIZ TORRES, Pedro.- “Historia y civilización: escritos seleccionados”, Universidad de Valencia.1997.

MANUEL DE MELO, Francisco.- “Cartas familiares”. Ed Livraria Sá da Costa. 1937.

MARAÑÓN, Gregorio.- “El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar”. Ed Espasa. 2006.

 

[1] José María Jover Zamora, Marc Baldó i Lacomba y Pedro Ruiz Torres.- “Historia y civilización: escritos seleccionados”, Universidad de Valencia.1997

 

[2] “Cartas familiares” Publicado por Livraria Sá da Costa. 1937

 

GUERRA DE RELIGIÓN. La persecución de los católicos en la II República, y 2

Ya vimos el otro día la primera parte de esta entrada: https://algodehistoria.home.blog/2025/05/09/guerra-de-religion-en-espana-la-persecucion-de-los-catolicos-en-la-ii-republica-1/

Veamos ahora la segunda.

Todo el anticlericalismo existente a la llegada de la Republica no hubiera podido provocar la dureza de la persecución que se produjo cinco años después, sobre todo, en los territorios que , tras el alzamiento, quedaron en zona republicana. Si no se hubieran polarizado y encendido los ánimos por culpa de las acciones y normas de los primeros años de la República, no se hubiera predispuesto a las masas a ejercer una violencia desmedida y convertir el anticlericalismo existente en un auténtico genocidio.

El clima de tensión político-social en el país había crecido sensiblemente ya antes de las elecciones de 1933. Desde el verano de 1932, es decir, desde el fracaso de la famosa “sanjurjada”, la coalición presidida por Azaña se deterioró no sólo por la oposición que le venía de fuera, sino también por la descomposición interna. A la represión que siguió al intento de golpe de estado de Sanjurjo, se añadió la matanza de Casas Viejas a principios de 1933 —personas inocentes fueron asesinabas por guardias de asalto republicanos—. Este suceso se convirtió en una auténtica tragedia nacional. No fue más que la gota que colmó el vaso de la paciencia del pueblo ante los atropellos de la izquierda, que determinaron la reacción ciudadana que dio la victoria a las derechas en las elecciones de 1933. Durante el bienio moderado (de noviembre de 1933 a febrero de 1936), la oposición socialista intentó una auténtica revolución en el mes de octubre. Programada para toda España, tuvo éxito solamente en Asturias, porque en Cataluña se sofocó antes de que pudiera triunfar del todo. El presidente de la Generalitat, Companys, proclamó en Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El Gobierno de Madrid impidió esta sublevación; 500 soldados republicanos dominaron la situación en pocas horas, con un total de 46 muertos y 11 heridos. Lo de Asturias fue mucho más grave. Centrándonos en el tema de esta entrada: 58 iglesias fueron destruidas y 34 sacerdotes asesinados (algunas fuentes elevan la cifra a 40)[1]. La persecución a los religiosos fue realmente salvaje.

Algunos sacerdotes y religiosos fueron asesinados a culatazos, otros fueron ahorcados y sus cuerpos expuestos en público durante días. En Mieres, se incendió la residencia de los Padres Pasionistas y fueron asesinados y arrojados al río los novicios pasionistas. En Valdecuna, se asesinó al ecónomo párroco y se quemó la iglesia, el retablo, imágenes y archivos parroquiales. En Oviedo los revolucionarios queman el convento de las benedictinas de San Pelayo, el convento de Santo Domingo (en la calle se fusila a los seminaristas que habían conseguido huir del convento) y el Palacio Arzobispal de Oviedo. Todos quedaron destruidos. El 9 de octubre, son fusilados en Turón 9 sacerdotes de La Salle (Mártires de Turón. Canonizados en 1999). El 11 de octubre los revolucionarios socialistas colocan una bomba en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. En este atentado se destruyen numerosas obras de arte y reliquias del cristianismo, también sufre daños la catedral. Pocos días después, también en Oviedo, los revolucionarios incendian el colegio religioso de las Recoletas de Oviedo.

El analfabetismo de aquellos exaltados no se limitó a destruir las obras religiosas,  el 13 de octubre, dinamitan el edificio de la antigua Universidad de Oviedo perdiéndose importantes obras de gran valor y quemándose toda su biblioteca, inaugurada en el año 1765 y cuyos orígenes se remontaban a 1608. Esta biblioteca de la universidad se había convertido en uno de los primeros centros bibliográficos universitarios de España. También fue destruida la pinacoteca de la universidad.

Marañón afirmó que “la sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España”[2] .

El movimiento revolucionario procede de todos los grupos izquierdistas que no fueron capaces de aceptar el resultado adverso de las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Desde entonces se dedicaron a conspirar contra la más alta magistratura de la Nación y el Parlamento ( lo llevaban haciendo desde el fin del turnismo, siendo especialmente virulento desde la segunda década del S.XX. En el republicanismo encontraron un nicho de encuentro las aspiraciones anarquistas, las socialistas, las de los nacionalistas catalanes y vascos. Pero un republicanismo que concebían destructor, revolucionario). Lerroux intentó consolidar una República que estuviese abierta a todos los españoles. La revolución de octubre sirvió para unir a una parte de las derechas, ya que el Partido Radical de Lerroux y la CEDA eran las dos únicas fuerzas que quedaban con aspiraciones de respeto a la constitución y la República. Lerroux tuvo que colaborar con los católicos de derechas y Gil Robles con los radicales para estabilizar la situación. La extrema violencia vivida consiguió lo contrario de lo que querían los revolucionarios: que los católicos tuvieran responsabilidades de gobierno. Destacados políticos de la CEDA ocuparon carteras ministeriales desde octubre de 1934 hasta fines de 1935. Evidentemente, esto, lejos de calmar a los violentos los envalentonó.

Con su tenaz voluntad subversiva las izquierdas consiguieron acabar con las pocas posibilidades que existían de que prosperara una república democrática en España. El Gobierno pudo controlar la situación con las fuerzas armadas, pero no tuvo la entereza de modificar la política del primer bienio, ni de sofocar de verdad a los revolucionarios. Las condenas fueron poco enérgicas, aunque llevaron a las cárceles, por poco tiempo, a un nutrido grupo de revolucionarios, convirtiendo las celdas en nidos de propaganda de una sublevación que se manifestó a su excarcelación. Tampoco el gobierno supo realizar una política social que contrarrestara la demagogia de sus enemigos.

La victoria de la izquierda en febrero 1936, en un claro fraude electoral por la manipulación de las actas ( ya lo vimos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2023/06/30/el-fraude-electoral-de-1936/ ), provocó otra exaltación anticlerical que, en dos meses, supuso la quema de 142 iglesias. En algunos casos con asaltos a los colegios católicos, apuntando con pistolas o cuchillos a los sacerdotes delante de los niños, como ocurrió en el colegio de los marianistas, San Felipe Neri, de Cádiz.

El futuro Cardenal Tarancón, que por entonces era un joven sacerdote relató que:

“En aquella época [antes del alzamiento de julio] era peligroso ir con sotana —o con hábito religioso— por las calles de Madrid. Sobre todo, en las horas del atardecer, cuando casi todos los días desfilaban manifestaciones de distinto signo por las mismas. Se inventaban calumnias absurdas para atacar brutalmente a religiosas indefensas, como aquella de los «caramelos envenenados» que movilizó a un grupo numeroso de personas en Puente Vallecas que atacó a unas religiosas al salir de su convento. Se insultaba fácilmente a los sacerdotes, sobre todo cuando desfilaban grupos de manifestantes y encontraban una sotana en su camino. […] las izquierdas habían hecho imposible la convivencia en paz. Y con su persecución religiosa habían herido en lo más vivo la conciencia de la inmensa mayoría de los españoles que reaccionaban todavía en cristiano.”[3]

Pero tras el alzamiento del 18 de julio de 1936, los católicos que estaba en la zona republicana fueron declarados enemigos del régimen, por ejemplo, Andrés Nin, dirigente del partido revolucionario POUM, proclamaba en un mitin llevado a cabo el 8 de agosto de 1936 que habían resuelto la cuestión religiosa:

“Nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto”.[4]

El culto católico debió suspenderse y los ciudadanos católicos hubieron de pasar a la clandestinidad, pues eran buscados para ser detenidos y llevados a tribunales arbitrarios, en los que en miles de ocasiones se decretaba la pena de muerte con la única acusación de ser católico. La posesión de un Rosario, o la denuncia de alguien de que un ciudadano solía ir a Misa o participaba en reuniones de Acción Católica, era suficiente para ser llevado a un pelotón de fusilamiento. Las ejecuciones eran muchas veces inmediatas, e iban precedidas de torturas salvajes. La situación más precaria era la de los religiosos hombres o mujeres.

Stanley G. Payne señala que la ferocidad republicana contra la Iglesia en España fue mucho mayor que la del periodo jacobino francés, pero con la “especialidad” española de ser particularmente cruenta contra los sacerdotes, clérigos y monjas. Según Payne “fue la masacre más importante y la más concentrada de sacerdotes y religiosos católicos de la que se tenga constancia histórica”[5]

La persecución no fue homogénea ni en el tiempo ni en el espacio en la retaguardia republicana. La mayoría de los martirios se produjeron en 1936 y primeros meses de 1937. Especialmente trágico fue el verano de 1936. Según Gabriel Jackson, “los primeros tres meses de la guerra fueron el período de máximo terror en la zona republicana. Las pasiones republicanas estaban en su cenit. Los sacerdotes fueron las principales víctimas del gangsterismo puro”1[6].

No sólo se mataba, también se mofaban de la fe de los católicos con profanaciones sacrílegas, actos civiles o conciertos en cementerios católicos en domingo, procesiones carnavalescas con ornamentos sagrados, farsas irreverentes sobre la misa, mujerzuelas llevadas en andas con los atributos de la Virgen…

Como recuerda Payne, basándose en la obra de Antonio Montero Moreno: “ la Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939”, el número de víctimas mortales de la persecución religiosa durante la república fue:

Sacerdotes seculares 4.022; Religiosos 2.376; Religiosas 282; Seminaristas 95; Obispos 12; Administrador apostólico 1.

Con todo, gracias a la ayuda de algunas de las legaciones diplomáticas en España fueron salvados 394 miembros del clero. Algunos de sus funcionarios ayudaron, con riesgo de perder su vida, al mantenimiento del culto católico clandestino y a su conexión con la Iglesia en la zona. Fueron las embajadas las que transmitieron al mundo el horror vivido por los católicos en España.

También el gobierno catalán ayudó a salvar al Cardenal Vidal y enviarlo a Roma.

Desde principios de 1937 disminuyó el número de muertes, aunque hubo un repunte durante la retirada del ejército republicano tras la caída del frente de Cataluña.

En cuanto a la distribución territorial, en el País Vasco la Iglesia Católica pudo desarrollar su actividad casi con total normalidad, mientras que la persecución se cebó en Madrid, Valencia, Aragón y Cataluña. La diócesis más castigada fue la de Barbastro, en la que fueron asesinados el 90 por ciento de los sacerdotes, incluido el obispo: tenía entre 110 y 120 sacerdotes a finales de 1935; al acabar la guerra, solo quedaba vivos 12 sacerdotes.

Se dieron episodios de gran crueldad y de verdadero sadismo; así, hubo casos en que las víctimas fueron quemadas vivas, enterradas vivas, terriblemente mutiladas antes de morir o sometidos a verdaderas torturas psicológicas. También hubo quienes fueron arrastrados por coches. Hubo casos en que se entregó el cuerpo de una persona asesinada a los animales para que lo comieran. En muchas ocasiones se mantenía a las víctimas desnudas mientras eran insultadas, golpeadas, pinchadas y mutiladas hasta morir. Las religiosas fueron violadas antes de asesinarlas, con especial crueldad contra las novicias. Se realizaban rituales colectivos humillando a las víctimas, deshumanizándolas, para así, tratadas como animales, quitar el cargo de conciencia que pudiera existir entre sus verdugos.

Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y seglares sufrieron torturas evidentes de martirio, reconocidos por testigos e incluso por los mismos asesinos arrepentidos, porque en ellos se dieron todas las circunstancias del martirio cristiano, es decir, que murieron por su condición de sacerdotes, religiosos o cristianos, que fueron ejecutados “in odium fidei” e “in odium Ecclesiae”, que aceptaron las torturas y la muerte por amor a Dios y fidelidad a Cristo, que manifestaron la virtud teologal de la caridad perdonando explícitamente a sus verdugos y asesinos y oraron por ellos, a imitación de Cristo en la Cruz. Esta situación sólo puede ser reconocida mediante el proceso canónico. San Juan pablo II activó el estudio de muchos casos que fueron paralizados por la Iglesia durante el Régimen de Franco. Otros muchos siguen en proceso de análisis y averiguación de sus circunstancias.

A la barbarie descrita hay que sumar los bienes artísticos y edificios- muchos con valor histórico- que fueron destruidos o robados, de un valor incalculable. De esto también hablamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2020/07/17/el-expolio-del-patrimonio-espanol-durante-la-republica-y-la-guerra-el-arte-y-la-cultura/

En este contexto no cabe reprochar al Obispo de Pamplona que en 1937 señalase que la guerra era una cruzada, o que salvo cinco obispos ( todos de El País Vasco o Cataluña) firmaran también el 1937, la carta colectiva en favor del bando nacional. El papa Pio XI no vio con buenos ojos esta carta y hubiera preferido una posición más neutral, pero cuando a uno le quieren matar la neutralidad no sé si es una posición demasiado elevada.

Salvador de Madariaga Rojo, diputado por la Federación Republicana Gallega, escribe en su libro, “España”, “Muchos diputados eran hombres de espíritu doctrinario y dogmático, esta circunstancia fue un verdadero infortunio para la República, pues llevó a las Cortes a poner en pie una Constitución que no era viable; siendo sus tres defectos capitales, la flojedad del ejecutivo, la falta de Senado y la separación de la Iglesia y el Estado”.

Para Madariaga si la segunda República Española hubiera continuado con el vigente Concordato de 1851, hubiera arreglado la cuestión religiosa y asegurado su vida política; “pero el apasionamiento anticlerical de sus prohombres no se lo permitió, y los llevó a un ataque frontal contra la Iglesia”, que propiciará el fracaso de la segunda República Española y la guerra civil de 1936.[7]

BIBLIOGRAFÍA

CÁRCEL ORTÍ, Vicente.- “La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939)”. Ediciones RIALP, S. A. 1990.

GARRALDA, A – “La persecución religiosa del clero en Asturias (1934 y 1936-1937)”. Ed. SND. 2009.

GUIJARRO, José Francisco.- “Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939”. Ed. La Esfera de los Libros. 2006.

IRUJO, Manuel.-  “Memorándum del 9 de enero de 1937 de Manuel de Irujo sobre la persecución religiosa” https://www.hispanidad.info/irujo1937.htm

JACKSON, Gabriel.- “La República española y la guerra civil, 1931 1919”. Ed. Critica. 1976.

MAURA, Miguel .- “Así cayó Alfonso XIII”. Ed. Ariel. 1995.

PALACIO ATARD, Vicente.-  “Cinco historias de la República y de la Guerra”. Ed Nacional, 1973.

PAYNE, Stanley G.- “¿Por qué la República Perdió la Guerra?” Ed. Espasa. 201

[1] Manuel Irujo. Diputado del PNV y ministro en los Gobiernos de Largo caballero y Negrín. Escribió al respecto el  “Memorándum del 9 de enero de 1937 de Manuel de Irujo sobre la persecución religiosa” y en su obra “La Guerra Civil en Euskadi”.

[2] A. Garralda.- La persecución religiosa del clero en Asturias (1934 y 1936-1937).

[3] VICENTE CÁRCEL ORTÍ.- La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) Ediciones RIALP, S. A. 1990

[4] Vicente Palacio Atard.-  “Cinco historias de la República y de la Guerra”, Ed Nacional, 1973.

[5] Stanley G. Payne.- “ ¿Por qué la República Perdió la Guerra? Ed Espasa. 2010

[6] G Jackson, La República española y la guerra civil, 1931 1919 .Ed Critica 1976

[7]José Francisco Guijarro.- “Persecución religiosa y guerra civil. La Iglesia en Madrid, 1936-1939”. Ed. La Esfera de los Libros. 2006.

 

GUERRA DE RELIGIÓN EN ESPAÑA. La persecución de los católicos en la II República. 1.

Esta entrada constará de dos partes. Hoy expongo la primera.

Muchos han querido ver en la persecución religiosa durante la II República la respuesta a la situación que describían los anticlericales desde el S XIX, cuyo argumentario se basaba en que la Iglesia mantenía un poder tiránico sobre el pueblo, ejercía un enorme dominio económico y que los sacerdotes, malvados, sólo pretendían enturbiar la mente de los ciudadanos; la religión como opio del pueblo. Pero esa visión responde a un movimiento ideológico no a la realidad.

Por otro lado, muchos de los estudios que se han hecho sobre la persecución republicana intentan rebatir el argumentario de izquierdas, con la mejor voluntad y señalando las virtudes y defectos de la Iglesia que, como casi todas las cosas, de ambos tiene. Sin embargo, no se percatan estos estudiosos que ninguno de esos argumentos es válido para explicar lo ocurrido en la República y mucho menos lo acontecido en el año 1936. En aquel año luctuoso, la Iglesia y el Estado llevaban cinco años de separación, los ingresos económicos de la iglesia habían quedado mermados tras las desamortizaciones del siglo XIX, en 1931 y mucho más en 1936, la Iglesia católica española era una Iglesia pobre y empobrecida, y más que quedó con la destrucción de un patrimonio que era de España y de los españoles, no sólo de la Iglesia. Desde la Constitución de 1931, se había negado la posibilidad de recibir una educación católica impartida por las órdenes religiosas, por acusarlas de adoctrinar a los jóvenes, incluidos los jóvenes católicos. No existía la opción de elegir. Los ateos y anticlericales estaban preocupadísimos por acabar con toda enseñanza y costumbre católica. Una buena parte de la legislación republicana estaba encaminada a mostrar y ensalzar el anticlericalismo que sus autores llevaban dentro.

El problema de fondo nacía de que, para los republicanos, al modo de la revolución bolchevique, o de la francesa de 1792, o de la mexicana de 1910, la religión resultaba un estorbo, producía raíces que anclaban a las personas a algo más profundo y crítico que lo que dijera el Estado. La finalidad republicana era erradicar la religión y a los religiosos, como modo de cincelar a un hombre nuevo a su modo y manera, para inclinarlo hacia sus posiciones, adoctrinando ellos a todos, mientras acusaban de adoctrinamiento a la Iglesia. Su actuación durante aquellos años, pero más en los primeros meses de 1936, fue un auténtico genocidio, pensado y consentido por las autoridades republicanas. H. Thomas ha escrito: “Posiblemente en ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado”[1]

En contra de lo que pudiera pensarse, la llegada de la República fue acogida con optimismo por bastantes católicos. La Iglesia manifestó su lealtad a la República desde el primer momento. Lealtad y cautela impuesta desde la Conferencia Episcopal Española sobre todo por el Cardenal tarraconense Vidal y también desde el Vaticano. Cierto es que, la propia cautela mostrada es reflejo de un cierto miedo a lo que pudiera realizar la República portadora en su seno de la tradición anticlerical de la izquierda española de todo el Siglo XIX. La Iglesia siempre intentó respetar las leyes de la República, cosa que la Republica no siempre hizo. En un editorial publicado el 15 de abril de 1931 en el diario católico El Debate se afirmaba: “La República es la forma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla”. El obispo de Barcelona, Manuel Irurita, en una circular publicada el 16 de abril, ordenaba a los sacerdotes que no se mezclaran en contiendas políticas y que guardasen “con las autoridades seculares todos los respetos debidos” y colaborasen con ellas; pidió además oraciones públicas para que el Señor “derrame sobre la Patria y sus gobernantes las gracias tan necesarias en los actuales momentos”.

De toda la jerarquía española sólo el Cardenal Segura, Primado de España, se mostró activo contra los hechos que se iban conociendo.

La Carta Pastoral publicada por el Cardenal Segura (“Sobre los deberes de los católicos en la hora actual”, 1 de mayo de 1931), el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de reacción, soliviantaron a los revolucionarios. Todo lo que no fuera soportar lo que impusieran las izquierdas,  era interpretado como signo de violencia y provocación.  La jerarquía católica, por medio del nuncio Tedeschini, intentó reconducir las relaciones con el Gobierno, y para ello se llegó al acuerdo de que el Cardenal Segura abandonara España a cambio de que la República respetase la libertad de culto y de enseñanza. La Iglesia cumplió su palabra; el Gobierno, en especial algunos de sus ministros (con principal ahínco Fernando de los Ríos, ministro de Justicia), no.

La expulsión del Cardenal Segura fue uno de los actos más sectarios de la República, y una de las muestras de desunión mayor de la Iglesia. El Cardenal aceptó la situación para calmar los ánimos. La renuncia de Segura a la sede primada fue considerada por muchos católicos y también por algún obispo como un verdadero despojo por parte de la autoridad civil. Así como un agravio a la fe de un pueblo en la persona que ostentaba la representación más alta de la jerarquía en la nación.

Todo el esfuerzo de la Iglesia por convivir con el régimen fue en balde. No fue la Iglesia la que se posicionó al margen de la República, sino que fue la Republica la que expulsó a los católicos.

En el primer Gabinete republicano había tres ministros católicos: el presidente, Alcalá Zamora; el titular de la Gobernación, Miguel Maura, y el de Economía, Luis Nicolau d’Olwer, que representaba a los catalanes republicanos e izquierdistas. Los dos primeros fueron la garantía inicial para los católicos, ya que los restantes miembros del Gobierno eran de diversas tendencias, pero todos ellos anticlericales, que mostraba formas aparentes de respeto hacia el nuncio y algunos obispos, pero seguían un plan legislativo laicista.

El anticlericalismo se extendió por todos los pueblos y ciudades gobernados por la izquierda, cuenta Maura en sus memorias: “Al proclamarse la República, recibí —cuando hacía unas horas que estaba en el Ministerio de la Gobernación— un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nombre no hace al caso: «Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura»”.[2]

El anticlericalismo campaba a sus anchas y así, al mes de declarada la República sucedió la primera quema de Iglesias. El 10 de mayo empezaron los disturbios, pero lo peor aconteció en la mañana del 11. Primero en Madrid. Comenzaron los incendios por el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía) y continuaron a lo largo de la mañana por el resto de la ciudad; después se extendieron por el resto de España, sobre todo, por el sur y el este.

Cuando Miguel Maura intentó sacar a la Guardia Civil para sofocar los asaltos, Azaña desde el Ateneo lo frenó con la frase de: “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”.

Todo el gobierno conocía que se iban a quemar iglesias; Maura lo cuenta en sus memorias.

La connivencia del Gobierno republicano llega a tal punto, que el general Gómez García Caminero, gobernador militar de Málaga, llegó a enviar un telegrama a Madrid que indicaba escuetamente:

“Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”.

Las quejas de los diarios católicos llevaron a su cierre, como ya vimos aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2025/02/07/la-ley-de-defensa-de-la-republica-y-otras-restricciones-a-la-libertad-de-prensa-durante-la-ii-republica/

Los acontecimientos ocurridos entre el 10 y el 13 de mayo de 1931 dieron como resultado la muerte de tres personas, hubo heridos de diversa consideración y se quemaron más de 100 conventos e Iglesias. Se perdió un patrimonio cultural irrecuperable para España Sólo en la quema de la biblioteca de la casa profesa de los Jesuitas ardieron 80.000 volúmenes y en el Instituto católico de Artes e Industria 20.000 libros más. Se perdieron obras de Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Van Dyck, Coello, Mena, Montañés, Alonso Cano…

Los vándalos y asesinos fueron perseguidos con tanto cariño gubernamental que cuando casualmente alguno era detenido y juzgado, desaparecían las pruebas para su condena.

Uno de los mayores errores de la República fue no haber comprendido que una parte mayoritaria de los españoles era católica y deseaba seguir siéndolo, aunque no practicara asiduamente la religión. No todos los católicos eran monárquicos ni ideológicamente pensaban igual. Pero la República buscaba la unificación de criterios y de pensamiento. De ahí surgió un conflicto que tuvo consecuencias desastrosas. Además, la República no se percató que España había encontrado en el catolicismo su identidad histórica y su unidad nacional. Es decir, que la Iglesia católica existía en España antes que el Estado; que la Iglesia había dado solidez a la nación no sólo mediante la fe católica, sino también, mediante la lengua y la cultura, conservada, enriquecida y transmitida en patrimonio común gracias a los obispos y a los abades, a los sacerdotes y a los monjes.

Ante la situación creada en mayo, los temores católicos iban en aumento. La tramitación del texto constitucional de 1931 ya establecía diversas cuestiones profundamente anticlericales que, si bien hoy podemos ver con ojos más acostumbrados a la relajación de las costumbres católicas, en 1931 supusieron un auténtico escándalo. En otros casos, causarían escándalo incluso en la actualidad. Los artículos que crearon más polémica fueron: la afirmación de que España no tenía religión oficial (art 3), eliminaba la tradicional ayuda estatal a las órdenes religiosas y previsión de la nacionalización de sus propiedades (art 26), suspendían las contribuciones estatales a los salarios del clero, legalizaban el divorcio (art 43) e introducían un sistema de enseñanza primaria laica, obligatoria y gratuita. El famoso artículo 26 iba destinado a ofender y expulsar a la Compañía de Jesús y a su actividad en la enseñanza. Lograron su expulsión ( el 23 de enero de 1932) y con ella empobrecer la vida educativa y cultural española. El hecho provocó la retirada de las minorías católicas de las Cortes, la ruptura de la coalición gubernamental –al dimitir Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura–, el aumento del recelo católico sobre el régimen y el incremento de la debilidad de los partidos republicanos conservadores. Al ausentarse la oposición, el resto del anteproyecto provocó un menor número de debates en la mayoría de diputados de izquierdas. A lo largo de la República, pudieron volver algunos, pero nunca con aprobación oficial, sino ejerciendo su actividad en privado. Hay 114 jesuitas entre los mártires de la guerra.

El laicismo, término que estaba muy mal visto en aquellos momento, con unas connotaciones negativas de las que hoy, en parte, se ha desprendido, tenía un baluarte poderoso en la masonería, que ahondaba sus raíces en recíprocas campañas de desprestigio, que alcanzaron momentos de gran tensión tras la condenación de la masonería por León XIII, en 1884, con la encíclica Humanum genus, y se acentuaron en 1930 cuando Pío XI publicó la Divini illius magistri sobre la educación cristiana de la juventud y contra el laicismo de la escuela. Para muchos afiliados a la masonería, con la República llegaba el momento deseado para poner en práctica el programa laicista en todos los ámbitos del Estado, pero fundamentalmente en el de la enseñanza.

El artículo 26 se acabó imponiendo tras el discurso de Azaña, que fue calificado por Lerroux como una “obra maestra de la perfidia, que desautorizaba a su jefe de gobierno y contentaba a la galería, menos atenta al interés de la República que al interés sectario” . Alcalá Zamora le acusó de haber frustrado todo intento de paz religiosa al pronunciar un discurso que parecía improvisado, cuando en realidad había sido cuidadosamente preparado y concertado. Con todo el discurso consiguió suavizar algo el articulado anticlerical, pero puso en guardia a toda la Iglesia. El Cardenal Vidal obispo de Tarragona definió todo el debate parlamentario de “bajo nivel intelectual y moral de parte de los diputados”[3]

El Papa, Pio XI, a través del nuncio Tedeschini hizo llegar una enérgica protesta contra las múltiples ofensas infligidas a los sacrosantos derechos de la Iglesia y que invitaba por medio de  la carta encíclica Nova impendet (2 octubre 1931) a todos los católicos del mundo para que rezaran por las necesidades más urgentes de aquellos momentos y proponiéndose unirse a tales plegarias y ofrecer por dicha intención la santa misa en la basílica de San Pedro el día de Cristo Rey, invitaba también a que todos se unieran con él en la especial intención de que cesara la gran tribulación que sufría la Iglesia y el pueblo de la querida nación española.[4]

Pero no se quedó en eso la legislación anticlerical. La república incumpliendo unilateralmente y sin consultar a la Iglesia ni buscar una negociación que evitara tensiones, empezó a legislar en contra de determinados asuntos concordados. Así, establecieron el carácter voluntario de la enseñanza religiosa en los centros estatales (6 mayo); el Crucifijo fue retirado de las escuelas; fueron disueltos los cuerpos eclesiásticos del Ejército (30 de junio) y de la Armada (10 julio), así como las Ordenes militares religiosas (29 abril): Orden de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa; quedó suprimida la obligación que tenían los militares de asistir a los actos religiosos durante los días festivos (18 abril); el juramento que se emitía al aceptar un cargo público fue sustituido con una obligatoria promesa (8 mayo). La Iglesia se vio afectada por medidas de carácter económico como la supresión de exenciones tributarias (8 mayo), la obligación de inscribir en los Registros de la Propiedad los bienes fundacionales de las capellanías privadas (31 mayo) y el deber de informar sobre los haberes de los sacerdotes diocesanos, paso previo para la supresión del presupuesto del culto y clero (3 julio). Además, a las autoridades civiles se les prohibió asistir oficialmente a los actos religiosos de carácter nacional, provincial o municipal. La Confederación Nacional Católico-Agraria fue privada de su reconocimiento oficial. Los obispos fueron excluidos del Consejo de Instrucción Pública. Al Santísimo Sacramento le fueron suprimidos los honores militares que se le otorgaban durante las procesiones. El Crucifijo fue retirado de las escuelas en las que algún alumno rechazaba la enseñanza religiosa y fueron violadas algunas inmunidades personales de los religiosos.

Una de las legislaciones más dolorosas fue la que secularizaba los cementerios (9 julio), y que de modo genérico ya estaba recogida en el artículo 27 de la Constitución. Se impidieron los entierros católicos. Si alguien quería un entierro cristiano debía de pedirlo ante notario. Los notarios tenían que realizar una escritura en cada caso; se prohibió utilizar modelos tipo que permitieran expresar la voluntad del futuro difunto y que, además,  abarataban y aceleraban el procedimiento. Sin esa escritura el entierro sería civil. No valía por tanto la voluntad de los deudos o familiares. Si alguien había expresado su voluntad de entierro católico sin haberlo formalizado en escritura notarial, no podría ser enterrado al modo católico. La situación además creaba una desigualdad entre los que podían pagar el acta notarial y los menos favorecidos que no tenían recursos para ello. La situación se convirtió no sólo en un despropósito sino en un medio de persecución de los que se habían mostrado deseosos de un entierro cristiano. Por supuesto desaparecieron las capillas y los capellanes de los cementerios.

A las arbitrariedades cometidas desde el Gobierno central había que unir las de carácter municipal.

La sectaria legislación fue desacreditando rápidamente a la República y mostrando su animosidad a la Iglesia, a sus personas e instituciones. Muchos diputados católicos lo reprobaron y el catalán Carrasco Formiguera llegó a decir: “Los republicanos católicos nos sentimos engañados por no haber respetado la República nuestros sentimientos y faltado a sus promesas”.  Los temores de los católicos de que los hechos más violentos se sucedieran en años posteriores se vieron corroborados a lo largo de 1932, no sólo con la expulsión de los jesuitas, como vimos, sino con sucesos de violencia callejera e intimidación contra los católicos y sobre todo sacerdotes y monjas en Zaragoza, Córdoba y Cádiz (actos especialmente violentos en enero y octubre), Sevilla (abril y octubre), Granada (julio) y Granada (octubre).

La respuesta católica fue a base de protestas civilizadas ninguna acción violenta. Y se reflejó en tres documentos esenciales: 1) la carta colectiva del episcopado de 25 de mayo. 2) Pío XI dio a conocer la encíclica Dilectissima nobis el 3 de junio, en la que condenaba el “espíritu anticristiano” del régimen español. 3) El nuevo arzobispo primado de Toledo, Gomá, publicó su enérgica carta pastoral “Horas graves” el 12 de junio. En los tres documentos coinciden en lo esencial: denuncia del durísimo trato que se dispensaba a la Iglesia en España; la contradicción abierta entre los principios constitucionales del Estado y la violación de la libertad religiosa y condenación abierta de la legislación sectaria.

Pero nada de esto hizo reflexionar a la República, al contrario, lo peor estaba por llegar…

 

[1] H. Thomas. “La guerra civil española 1936-1939”. Ed. Ruedo Ibérico, 1962.

[2] Miguel Maura.- “ Así cayó Alfonso XIII”. Ed. Ariel. 1995.

[3] VICENTE CÁRCEL ORTÍ.- La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939) Ediciones RIALP, S. A. 1990

[4] VICENTE CÁRCEL ORTÍ Op. Cit.

LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA Y OTRAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA DURANTE LA II REPÚBLICA

Cuando se produce la llegada de la II República, el 14 de abril de 1931,  la única ley de prensa que existía era la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Obra del gabinete liberal de Sagasta, esta ley se convirtió en la normativa reguladora de la prensa más longeva de todas las promulgadas a lo largo de la historia del derecho de prensa e imprenta en España. Si bien su aplicación pasó por momentos diferentes según el talante gubernamental del momento. Fue durante los gobiernos de Berenguer y Aznar (desde el 30 de enero de 1930 al 14 de abril de 1931) cuando la libertad de prensa o algo parecido a esa libertad alcanzó un nivel más destacable a pesar de la existencia de la censura previa, pocas veces aplicada.

Ese texto normativo fue derogado en cuanto los republicanos llegaron al poder. Durante los cinco años que mediaron entre la instauración del régimen –el 14 de abril de 1931- y el estallido de la guerra civil – el 18 de julio de 1936- la libertad de prensa fue progresivamente constreñida, e incluso anulada, al albur de leyes de excepción que favorecieron la injerencia gubernativa. Leyes de excepción que no sólo se aplicaron a la libertad de prensa (se ha calculado que sólo durante 16 semana durante esos 5 años se aplicó sin restricciones la Constitución de 1931). Y eso con todos los gobiernos, de cualquier signo político.

Antes de aprobarse la Constitución, el Estatuto Jurídico de 15 de abril -al día siguiente de proclamada la República- confería al ejecutivo el poder discrecional de someter a fiscalización los derechos que ese mismo decreto venía a reconocer.  Posteriormente se aprobó la Ley de Defensa de la República de 22 de octubre de 1931.

Aunque la justificación de la censura se basaba en la intención de defender la República de los elementos subversivos que querían acabar con ella, la pura verdad, es que se trataba de la aplicación de la censura a todos aquellos asuntos que iba en contra de lo señalado por los dirigentes republicanos, o bien mostraban el malestar ciudadano. La censura buscaba que la opinión pública viviera en la oscuridad sobre los problemas reales de aquellos años, que a lo largo del tiempo fueron de manera destacada:  anticlericalismo, Cataluña, una ley de amnistía para los delitos políticos –entonces para los implicados en la Revolución de octubre de 1934–, problemas en el campo y mucha crispación social alentada, incluso, desde el propio Parlamento.

La característica fundamental de la prensa antes y durante la II República era su contenido político. Muchos de los periódicos de la época eran periódicos de partido- el Socialista, Mundo Obrero- o de empresas con cierta vinculación a alguno de los núcleos de poder-. Poca neutralidad se encontraba en la prensa de entonces.

Aunque teóricamente la Constitución de la II República proclamaba la libertad de prensa, ni la Ley de Defensa de la República, ni la posterior de Orden Público permitieron la existencia de aquella libertad. De hecho, como Azaña quería la permanencia de la Ley de Defensa de la República, que no se compadecía con lo reseñado en el texto constitucional, la incluyó en una disposición adicional de la norma suprema, dando lugar a tal cúmulo de contradicciones y vulneraciones de las libertades públicas que suponían un quebranto democrático incompatible con la Carta Magna.

El debate parlamentario para introducir la Ley de Defensa de la República en una disposición adicional fue bronco, como no podía ser menos ante semejante atropello.

La defensa de Azaña se basó entre otras cosas en: “Eso no es prensa y contra eso vamos”. “La ley no va contra los periódicos que forman parte de la prensa digna y sí contra esos reptiles que circulan por la sombra”.

Pero la incompatibilidad de la disposición adicional con el texto de la Constitución era evidente. La norma suprema afirmaba que, los derechos individuales sólo podrían suspenderse “cuando lo exigiera la seguridad del Estado y en casos de notoria e inminente gravedad (…) Así, mientras la Constitución, entre otros derechos, consagra el habeas corpus (art.26), prohíbe el destierro o deportación a más de 250 kilómetros del domicilio (art. 42), garantiza la inviolabilidad del domicilio a todos los residentes de España (art. 31), reconoce el derecho de reunión pacífica sin discriminación del carácter de la misma, protege la libertad de asociación y sindicación (art. 39) y garantiza la libertad de expresión (art. 34). La Ley de Defensa infringía esos mismos derechos, e imponía sanciones a quienes ejercieran aquellas mismas garantías individuales que a partir de la promulgación de la Ley pasarían a ser considerados como actos de agresión a la República.

La votación para preservar la Ley desató una acerba polémica entre los parlamentarios. Manuel Azaña reconoció que la naturaleza de la Ley resultaba incompatible con la Constitución, aunque, no sin cinismo, afirmó que cuando la Cámara en su conjunto la había votado favorablemente lo había hecho con la voluntad de que perviviera todo el tiempo que funcionaran las Cortes. Algunos diputados lanzaron arengas contra su carácter coercitivo, dijeron que mutilaba la libertad de expresión y que violentaba derechos individuales. El diputado socialista José Gómez Ossorio resaltó la paradoja de que el gobierno pidiera la votación de un artículo de la Constitución “sin dictamen de nadie, sin deliberación, sin conocimiento previo de la Cámara y para ser resuelto en pocos minutos”. Aún más crítico se mostró José Antonio Balbontín, uno de los diputados del partido Comunista y periodista: “La República, hasta la fecha presente, ha fracasado”.  Balbontín admitió que la situación económica del país era ahora peor que durante la monarquía y adujo que el único aliciente que podía tener el ciudadano, que era gozar de plena libertad, se había visto arrebatado por la Ley de la Defensa de la República, la cual suspendía “derechos fundamentales del hombre contenidos en la Constitución”. Concluyó resaltando las consecuencias que tendría la inclusión de la ley dentro de la Carta Magna, que “el pueblo español siga sometido a una dictadura más o menos embozada”.

Desde su aprobación, la prensa se vio sometida a una inspección permanente. En julio de 1933, la coalición republicano-socialista, para reforzar las posiciones gubernamentales de censura, aprobó la Ley de Orden Público.

Ahora bien, todos sabemos que las malas leyes las aprueban unos gobiernos, pero pueden ser usadas por los siguientes, así los gabinetes conservadores del segundo bienio utilizaron la normativa existente para aplicarla a los periódicos de sus adversarios. Hay que decir que los periódicos monárquicos y los de tendencia obrera fueron perseguidos casi por igual por unos y por otros.

La censura previa se robusteció tras la revolución de octubre de 1934 cuando el gabinete radical impartió consignas tajantes y centralizó todas las instrucciones en el Gobierno Civil de Madrid. El Frente Popular utilizó, igualmente, los resortes que le otorgaba la Ley de Orden Público y en los meses previos al 18 de julio de 1936, el país siguió inmerso en una situación de perseverante excepcionalidad constitucional que hizo de la censura previa una herramienta valiosa para amordazar a la prensa hostil.

La persecución y censura no se limitó a la prensa escrita. Las radios, las agencias de noticias no sólo eran censuradas, sino que se les indicaban lo que tenían que decir. También se censuraron las hojas parroquiales o se persiguió a los sacerdotes en virtud de sus homilías. Por tanto, la Ley de Defensa de la República y la de Orden Público fueron mucho más allá de la mera censura de prensa.

Como hemos señalado dos eran los asuntos favoritos de los censores: los ataques a las políticas de la República o el reflejo del malestar ciudadano.

Tras los graves disturbios producidos en mayo de 1931 por la quema de Iglesias, que provocaron un clima de agitación que se propagó durante varios días por todas las provincias españolas(sólo en seis grandes ciudades: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Murcia y Valencia, ciento dos iglesias y conventos fueron completamente destruidos), todos los periódicos católicos del País Vasco y Navarra fueron suspendidos.  ABC, El Debate, La Nación – todos ellos entre los favoritos de los censores-, también, por protestar por la política religiosa del gobierno y mostrar lo ocurrido.

Posteriormente, debido a la expulsión de la Compañía de Jesús, El Debate, todavía bajo la dirección de Ángel Herrera, tuvo que dejar de publicarse entre el 19 de enero y el 20 de marzo de 1932, a causa de los artículos críticos con el decreto de disolución de la Compañía.

La Nación fue el diario que más duramente criticó la expulsión de los jesuitas, por lo cual, y por toda la oposición que mostraba al gobierno, en numerosas ocasiones fue cerrado o se editó con páginas en blanco fruto de la censura de última hora que imposibilitaba a sus rotativas a sustituir el texto censurado por otro nuevo. En 1936 sus instalaciones fueron destruidas por un incendio provocado. Tuvo que cerrar definitivamente. Su director Manuel Delgado Barreto fue asesinado en Paracuellos.

Los periódicos CNT y FE, órganos respectivos de anarquistas y falangistas, fueron suspendidos por el gobierno. Aunque también pusieron las tijeras sobre Mundo Obrero, la principal publicación del comunismo en España. El cierre más prolongado fue el de Mundo Obrero que, tras su agresiva campaña contra el gobierno por los sucesos de Castilblanco (1931), fue cerrado durante más de diez meses.

Las protestas de la prensa se reflejaban en algunos de sus editoriales. Así el editorial de El Debate, a su regreso tras uno de sus cierres, fue el siguiente:

“No se nos dijo por qué se nos imponía tan grave sanción; ni siquiera nos fue notificada por escrito. Una orden telefónica, seca y sin razonar, fue considerada como suficiente para hacernos saber la suspensión acordada, con omisión de todo fundamento y aún sin expresar si el castigo habría de durar un día, una semana o un año. Conste nuestra firme protesta contra este acto arbitrario del Gobierno”.

Gran intransigencia demostró el gobierno provisional con ABC que, por reflejar los disturbios anticlericales de mayo permaneció suspendido hasta el 5 de junio de 1931. Los contratiempos para este periódico se agravaron con el castigo adicional de la detención automática de su director, el marqués de Luca de Tena, y su ulterior procesamiento judicial. A su regreso al escenario editorial con la lección aprendida, dispuesto a no granjearse más enemistades en el gobierno, divulgó sus opiniones contrarias a la solución extrema del ejecutivo –la suspensión fulminante y la detención de su director-, pero lo hizo con las cautelas oportunas para evitar nuevos y enérgicos correctivos. No le valió de mucho. En 1932, tras el golpe militar de Sanjurjo se cerraron más de un centenar de periódicos – entre ellos, los favoritos: ABC, El Debate, La Nación. A los que hay que sumar los que ya estaban suspendidos antes del 10 de agosto: La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero…( Se calcula que en torno a 120 periódicos fueron suspendidos).

El mismo día del golpe, el gobierno divulgó la versión oficial del pronunciamiento militar; no dejaba asideros para la libre redacción y, tras una reunión del Consejo de ministros, facilitaba a los medios de comunicación una nota informativa que éstos tuvieron que aceptar como única verdad.

De entre todos los periódicos cerrados, el que más tarde obtuvo el permiso de apertura fue ABC. A su regreso se manifestó en el editorial del 30 de noviembre de 1932: “La suspensión gubernativa de este diario ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal”. Desde entonces ABC caminaba con pies de plomo y apenas criticaba contundentemente nada.

El procedimiento censor de la República era el siguiente:

Para poder cerrar los periódicos o detener a los periodistas o a los sacerdotes por sus homilías, la ley ordinaria no era de aplicación y sólo por la vía de la excepcionalidad podían tomarse las medidas que se tomaron. La excepcionalidad se convirtió en costumbre.

La Ley de Defensa de la República confería al gobierno – no al poder judicial- poder para tomar decisiones discrecionales contra la prensa beligerante. Otorgaba las competencias sancionadoras al Consejo de ministros y al ministro de la Gobernación. Y denegaba dicha prebenda a los gobernadores civiles y a los alcaldes. Sin embargo, en la práctica, eran los gobernadores civiles y los alcaldes los que ejercían las acciones contra la prensa. En multitud de casos se cerraban periódicos decretando el estado de excepción y también con asiduidad se aplicó una censura previa,  para la que no había respaldo legal. En los casos de secuestro de la publicación, se ordenaba la incautación de todos los ejemplares y del molde del artículo denunciado para eliminar cualquier posibilidad de reimpresión. El gobernador civil se apresuraba en su intervención, sin esperar a que la Fiscalía interpusiera la querella pertinente, para incautar los ejemplares que consideraban provocadores. Por medio de un telegrama que se emitía a primera hora de la mañana, probablemente para evitar que los ejemplares se hubieran repartido ya por todos los puntos de venta. Pocas horas después, el fiscal dictaba la querella criminal y el ministro autorizaba la suspensión de los periódicos implicados en la acción conjunta en contra del gobierno, pero el procedimiento judicial se iniciaba con posterioridad a la decisión gubernativa. Es decir, la fiscalía corroboraba lo actuado por quien no tenía competencias legales para una actuación…prevaricadora a todas luces.  Precisamente para dar ese respaldo legal, el gobierno radical-cedista preparó una Ley de imprenta que no llegó a ser aprobada.

Las sanciones en ocasiones eran pecuniarias, pero mayoritariamente se hacían acompañar de la censura completas de noticias, el secuestro de algunos ejemplares, cese de actividad temporal de los periódicos, sin que los dueños de los rotativos supieran por cuanto tiempo – estaban al albur de lo que quisieran, posteriormente al cierre, los gobernadores civiles, los alcaldes o el ministro de Gobernación-, y la detención de periodistas, directores de las rotativas o dueños de grupos editoriales.

Los directores tenían un plazo de diez días para presentar un recurso de alzada ante el ministro de la Gobernación y quince días de audiencia pública para aportar, más adelante, sus pruebas. Sin embargo, el importe de la sanción debía abonarse en papel de pagos al Estado en el plazo inexcusable de diez días y sólo después de haber consignado la multa en la Caja General de Depósitos, el sancionado podía recurrir. La finalidad del proceso era, por supuesto, asfixiar económicamente a los periódicos menos complacientes con el gobierno. Si las multas no se abonaban se procedía a la detención del director del periódico.

Evidentemente la aplicación de la ley no se producía a todos por igual. Así Casares Quiroga se dirigió al gobernador civil de Barcelona el 23 de octubre de 1931 en el que denegaba la solicitud de éste de suspender Solidaridad Obrera. El argumento era el siguiente:  “Como el Gobierno se propone que los periódicos suspendidos con anterioridad a la Ley de Defensa de la República reanuden su publicación no oculto a V.E. produciría mal efecto suspender Solidaridad Obrera al mismo tiempo que reaparezcan diarios derechistas, pero si dicha publicación ha incurrido en delitos comunes, debe denunciarla a los Tribunales, significándole a los Presidentes de la Audiencia las oportunas instrucciones que cabe aplicar en tales casos”

O, por ejemplo, el significativo editorial del periódico La Nación, el 21 de enero de 1932, ante la arbitrariedad gubernativa:

“Esperamos que el señor ministro de la Gobernación estudie este caso, tanto porque el derecho de un solo periódico, aunque sea el más humilde de España, merece iguales consideraciones que el más importante, cuanto porque lo hecho por el gobernador de Palencia viene a sentar un precedente, en el que pueden inspirar su actitud otras autoridades. El hecho es que, además de las sanciones que la Ley de Defensa de la República contiene para la Prensa, el gobernador de la provincia castellana ha establecido la previa censura para determinadas materias. Y esto merece un esclarecimiento…” Y añadía con una sorna evidente: “(…) Pero nosotros aprovechamos esta oportunidad para decir, una vez más, que dada la situación a que se ha llegado y los peligros que corre toda publicación por no saber lo que le es lícito publicar y qué cosas están prohibidas, preferiríamos que se estableciese la previa censura, que en estos momentos nos parecería una medida liberal, porque al menos representaría una igualdad para toda la Prensa, aparte de que ahorraría al Gobierno muchos disgustos…”

Los abusos fueron tales que sólo cabía buscar argucias para sortear el asedio del gobierno. La más empleada era la siguiente: se adjudicaba la autoría de los escritos denunciados a algún diputado cercano al espectro ideológico de la publicación que, amparándose en su inmunidad parlamentaria, sería juzgado por el Tribunal Supremo.

En casi todos los casos denunciados, el magistrado advertía indicios de delito, pero, al estar incapacitado legalmente para juzgar a un diputado, se veía en la obligación de elevar un suplicatorio a las Cortes solicitando autorización para dirigir el procedimiento contra el autor del artículo. Las Cortes, habitualmente, votaban en contra de tal petición en su sesión parlamentaria del día.

Determinados nombres de diputados estaban asociados a ciertas cabeceras periodísticas. Algunos eran imputados crónicos en la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, como el comunista José Antonio Balbontín, por sus denuncias exaltadas desde el diario La Tierra; el diputado monárquico Pedro Sainz Rodríguez, generalmente acusado de atentar contra el gobierno desde las páginas del periódico tradicionalista “Jerarquía”; Antonio García Prieto, muy crítico en el rotativo La Razón; algunos socialistas, como Joaquín García Hidalgo, redactor del semanario “Política”; Juan Company, del Partido Republicano Federal, redactor habitual del Diario de Almería o Manuel Robles Aranguiz, del PNV, que escribía en el diario bilbaíno Euzkadi. Otros simplemente eran denunciados de forma ocasional, como Marcelino Oreja, de Acción Católica, próximo a la órbita del tradicionalismo vasco; el carlista José María de Lamanie, que formaría parte del gobierno del segundo bienio, como ministro de la CEDA. Pese a estas agudezas de ingenio, las publicaciones no se libraban del secuestro y suspensión.

Sin embargo, la situación llegó a ser tan abusiva y tan caótica, que el propio gobierno intentó controlar la tarea censora de los gobernadores, para encauzarla a través del ministerio de Gobernación que era el que tenía las competencias. Pero no resultó nada fácil. Los gobernadores amparándose en la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 que en su artículo 22 facultaba al gobernador civil para “reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autoridad y las que en ejercicio de sus cargos cometan los funcionarios y corporaciones dependientes de la misma…”, aplicaban la misma censura que antes. La utilización de esta ley, que no tenía en su ámbito de aplicación a la prensa, resultaba de todo punto ilegal. Las detenciones de periodistas embarazosos llegaron a tal extremo que el gobierno tuvo que elaborar un decreto para amparar los derechos ciudadanos –entre ellos el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a recibir un juicio justo- que estaban siendo vulnerados por los gobernadores civiles.

De la censura no se libró ni la prensa extranjera, siendo especialmente significativa su persecución tras la revolución de octubre. Después del movimiento revolucionario, todos ellos debieron acatar las instrucciones de la censura y, antes de remitir sus crónicas a los diarios para los que trabajaban, tuvieron que someterse al juicio deliberante del censor en el servicio postal y telefónico.

A modo de ejemplo la revista anarquista “Cultura Proletaria” corrió esta suerte en mayo de 1935. Se editaba en Nueva York, pero era remitida a algunos lectores españoles. El gobierno interceptó el número 363 y se apresuró a tomar medidas al respecto. A iniciativa de la Fiscalía, interpuso una querella criminal contra los editores por la comisión de un presunto delito de impresos subversivos y clandestinos. Además, desplegó los medios operativos necesarios para impedir que el rotativo se distribuyera en España. Aunque su secuestro fue sentenciado como ilegal, el gobierno no hizo caso.

Tras la guerra, la censura continuó durante la dictadura como en parte ya vimos aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2020/11/20/libertad-de-prensa-ley-fraga-1966/

Realmente España no ha tenido libertad de prensa hasta la constitución de 1978. Sin ella no cabe hablar de Democracia. Esperemos que dure.

 

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Jesús Timoteo.- “En Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)”. Ariel Comunicación. 1989

BARREIRO, Cristina.- “Aproximación Al Estudio De La Prensa Durante La Segunda República”. usa8305re-presentacionesok.indd.pdf. file:///C:/Users/Administrador/Documents/BG/Espa%C3%B1a/II%20Rep%C3%BAblica/LDR/usa8305%20re-presentacionesok.indd.pdf

BARREIRO, Cristina https://www.eldebate.com/historia/20240716/censura-prensa-segunda-republica-jerga-resuena-medidas-sanchez_213358.html

SINOVA, Justino.- “La prensa en la Segunda República española”. Editorial Debate. 2006.

VIANA, Israel. https://www.abc.es/historia/abci-ley-dictatorial-contra-prensa-azana-quiso-erradicar-criticas-segunda-republica-202004212313_noticia.html

 

EL ORIGEN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA

Cuando hablo de liberalismo, me refiero a aquella corriente económica y política cuya máxima es que la existencia del Estado se justifica para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. El Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma.

Se trata del liberalismo como opuesto al antiguo régimen, como hijo de la ilustración que tiene unas manifestaciones quizá más concretas a partir del Siglo XIX, pero que en muchos aspectos ya había dado muestras de su nacimiento con anterioridad.

No estoy hablando de partidos políticos sino de pensamiento. No hablo de moderados o de radicales, de progresistas o conservadores. Hablo de todos ellos, porque todos contribuyeron, en un momento de nuestra Historia a implantar un sistema de libertades.

Ese modelo de libertades, como proclamaron los doceañistas y que luego desarrollaremos, se manifiesta desde los orígenes de España:  desde Argantonio, Rey de toda la Península Ibérica según el relato de Heródoto, que llegó al poder por edad -era muy viejo y sabio-. No creó un reino por su fortaleza física, ni por su arrojo, valor o astucia frente al enemigo sino por organizar la vida de los distintos pueblos en torno a una misma ley que permite la convivencia de todos juntos, la prosperidad común.

Lo mismo cabe decir del orden y ley romana con un poder soberano y una ciudadanía romana. De Leovigildo, cuando comprendió que el poder sólo se sostiene bajo la unidad política y territorial, desde la monarquía como referente de respeto a la Ley visigoda, es decir, estableciendo unos límites morales al poder del Estado. (https://algodehistoria.home.blog/2022/10/14/el-estado-visigodo/ ). De los reyes asures herederos del primer Estado español (el visigodo) y de la primera concepción nacional de España. https://algodehistoria.home.blog/2020/03/06/el-reino-de-asturias-o-la-victoria-de-espana/ . Herencia asumida por los reyes hispanos en la Reconquista que no negaban la capacidad de los señoríos y del pueblo reunido en Cortes, y no sólo en el reino de Aragón, donde las Cortes constituían un poder mucho más importante que en Castilla, sino también recordando que el primer parlamento del Mundo con tal concepción nace en el Reino de León con el Rey Alfonso IX, adelantado a su tiempo, convocando en 1188 las primeras Cortes de la historia europea con participación ciudadana, noble y eclesiástica. De la posición de Alfonso X, el Sabio, (https://algodehistoria.home.blog/2021/06/11/octavo-centenario-de-alfonso-x-el-sabio/) al asentar y unificar la organización jurídica de España a través de las Partidas. Con el Rey Sabio llega el Derecho romano como fundamento de la unidad jurídica del poder y la ley escrita como fiel reflejo del espíritu bajomedieval, orientado ya hacia la moderna teoría del Estado: el Rey no se limita a preservar el Derecho viejo, sino que aspira a crearlo porque “las leyes hechas de nuevo valen tanto como las primeras o más” (Partidas I, 1, 19). Apunta así hacia la soberanía en su concepción más actual, casi anticipándose a Bodino (ideólogo del concepto de Estado moderno). Organiza el Estado de manera muy moderna no sólo internamente sino concibiendo la necesidad de la defensa de sus fronteras y creando un cuerpo de milicia con esa única finalidad; con la concepción de Imperio que recoge de la tradición histórica de España, de romanos, visigodos y astures y que proyecta más allá de nuestras fronteras con el “ fecho del imperio”; como señala José Antonio Maravall, la idea imperial del Rey Alfonso se sitúa de manera más cercana —a su juicio— a la tradición española que al modelo centroeuropeo y ello porque configura el Poder en el Territorio y lo ejerce directamente sobre el Pueblo, los tres elementos clásicos del Estado como forma política. De los Reyes Católicos con la unidad peninsular y nacional en torno a la Corona, creadores de un brazo ejecutivo formado por instituciones diversas con estructura aragonesa en algunos casos- virreinatos- y asesoramiento por Consejos propio de Castilla (Consejo de Castilla, de Indias…), la labor legislativa pasa a los monarcas y a las Cortes conjuntamente, lo que supone una fusión bajo la Corona de la forma de gobierno de ambos reinos. Se produce la normalización de derechos como se refleja, por ejemplo, en las Leyes de Indias, dictadas a modo de escudo protector de los nativos de los territorios descubiertos por Colón, lo que supone establecer las bases de la tutela de los Derechos Humanos. Seguidos por Carlos I, en defensa de la Fe (el Cristianismo como base moral de la acción política que recoge la tradición hispana desde los Visigodos, marca la Reconquista y la política de sus abuelos, los reyes Católicos) y la legalidad (Controversia de Valladolid https://algodehistoria.home.blog/2020/01/31/los-justos-titulos-y-la-controversia-de-valladolid/ ) o el pensamiento político, económico y científico de la escuela de Salamanca, con grandes intelectuales entre los que recordaremos al padre Vitoria o al padre Mariana por sus ideas y contribuciones al derecho Internacional, la economía moral, el respeto a los Derechos Humanos siempre fundamentados en el pensamiento humanista y el realismo aristotélico-tomista. A la expansión de aquel gran Rey y estadista que fue Felipe II y su/nuestra primera gran globalización.

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/15/escuela-de-salamanca-1/

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/22/la-escuela-de-salamanca-2/

Todo eso estaba en España, porque ya era España; todo eso había conformado España cuando gobiernan los Austria o al llegar los Borbones. Eso era España cuando Carlos III se propone durante el Siglo XVIII la modernización de un País que se había reformulado entorno a un imperio. Consigue traer a España los preceptos ilustrados en el ámbito del pensamiento y la ciencia por medio de unas élites ilustradas. Aquella ilustración que en España se manifestó por ejemplo en el Diccionario de autoridades publicado en la Real Academia Española entre 1726 y 1739 se definía a la “luz de la razón” a la” luz de la crítica” o a la luz de “la verdad, el tiempo y la Historia” en la alegoría de Goya.

Pero ilustrados en España hubo pocos y reducidos a una élite, que saludaron con autentico ardor a Carlos III- con motivos, y no les defraudó-. En las Universidades españolas se difundían pensamientos de los autores del iusnaturalismo racionalista germánico como Puffendorf, Grocio, Almicus… De ahí proceden los proyectos de Mayans, las reformas de Olavide, las cátedras de derecho natural o del derecho de gentes… También llegaban las propuestas francesas y británicas de Locke, de la “Enciclopedia”, de Rousseau, del “Espíritu de las leyes” de Montesquieu o del consuetuditarismo constitucional británico que fueron estudiadas y puestos en práctica por Jovellanos, Campomanes, Cabarrús, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda, Martínez Merino…

Los ilustrados españoles, como manifestará Jovellanos, tenían una concepción del liberalismo reformista que no revolucionaria; no aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente. Pretendían introducir reformas que fomentasen lo que denominaron pública felicidad o bien común, y para ello deseaban involucrar a las élites en su materialización.

La España de Carlos III fue un ejemplo de reforma y progreso en todos los órdenes. Esa era España cuando la invasión napoleónica y cuando la inutilidad y traición de Carlos IV y Fernando VII hacían presagiar que todo lo avanzado durante siglos iba a irse por el sumidero de la Historia.

Pero aquel espíritu estaba en nuestra sangre como pueblo, no sólo el pueblo levantado en armas sino en las expresiones políticas de realistas, liberales, americanos e incluso afrancesados – las cuatro facciones en las que se agrupó la España política a raíz de la invasión napoleónica, las tres primeras con asiento en las Cortes de Cádiz.

El liberalismo nacía de unas bases históricas- esbozadas en los párrafos anteriores- y así lo expresaron los liberales en Cádiz imbuidos de historicismo, pero no es menos cierto que nunca se había expresado en España de manera tan clara y contundente cómo ocurrió en Cádiz. Sobre todo, en la constitución de 1812. En ella se cimentaba una sociedad en la igualdad jurídica, una economía de mercado y un Estado de Derecho.

Los liberales constituyeron una minoría muy activa en aquellas Cortes y tuvieron una gran influencia por su cohesión política, personal, doctrinal y el empuje de la exultante juventud de sus representantes. Entre los liberales destacaban los clérigos, algunos nobles y otros miembros de la burguesía. Como curiosidad, en su origen geográfico, abundaban los extremeños y los asturianos.

Una de las características del corpus doctrinal defendido por los liberales y que se alejaba de otras manifestaciones foráneas de liberalismo, era que, pretendiendo ser revolucionarios, consiguieron acomodarse con los realistas para ofrecer un modelo reformista, basado en el nacionalismo patriótico, el historicismo y en el catolicismo.

Eran nacionalistas pues representaban a todo el pueblo español en armas. Esta posición creó la conciencia nacional, sumamente patriótica. Las libertades modernas se defendieron en España de la mano del patriotismo. Las manifestaciones antipatrióticas vinieron posteriormente de las posiciones absolutistas de la Santa Alianza, y de Fernando VII. Los liberales defendían la guerra frente al invasor, al contrario que los afrancesados; defendían, por ello, la tradición histórica frente a la imposición extranjera y al tiempo, sin caer en contradicción, las ideas francesas e inglesas como avanzadas frente a atraso de muchos sectores españoles.

Muchos liberales proyectaban ideas iusnaturalistas racionalistas procedentes de Francia e Inglaterra o Alemania y esas ideas, y todas las que había ido llegando a lo largo del siglo XVIII, se plasman de una u otra forma, con más o menos intensidad, en los artículos de la Constitución gaditana. Pero, sobre todo, esa influencia de puso de relieve en las más importantes premisas de la Constitución doceañista, como son la teoría de la soberanía, los conceptos modernos de Nación, Representación, Constitución y Monarquía. Esas premisas, plasmadas en la Constitución sí fueron un auténtico hecho revolucionario. El artículo más subversivo era aquel que señalaba que ”La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Unido a aquel que señalaba que ”La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”(art.15).  O aquel “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la Ley” (art. 17). En resumen, soberanía nacional y división de poderes.

La soberanía nacional se basó no en las ideas de los ilustrados franceses sino desde la originalidad española de defender su carácter tradicional y fundacional en la Historia de España y su función legitimadora de la insurrección patriótica contra el francés. Sus consecuencias sí se parecían a las extraídas por los franceses; sobre todo, la facultad nacional de dar o reformar una norma suprema, la Constitución, y la facultad de determinados órganos en actuar en nombre de esa Nación: las Cortes. El Rey pasaba a ser un órgano constituido, con notables facultades, pero muy disminuidas en relación a las que tenía en el Antiguo Régimen.

En Cádiz, conscientemente, para no ser acusados de afrancesamiento no se dio un listado de derechos y libertades, pero a lo largo del texto constitucional, de manera poco sistemática, sí se reflejaban algunos de esos derechos.

En el fondo, el resultado era muy francés y muy europeo, pero adornado con otros ropajes, entre los que destacaba que no se expresara la libertad religiosa.

El catolicismo fue interpretado como una marca de identidad nacional, conformando un ingrediente básico de la ciudadanía española. Mostrando cómo la asociación entre religión y nación se aceptaba de una forma tan natural como la existencia de la monarquía.

Todas las familias del liberalismo, más allá de su carácter conservador o progresista, establecieron el catolicismo como el elemento básico de su identidad religiosa. Una realidad que se fortaleció andando el tiempo cuando en 1851 se firmó el Concordato con el Vaticano.

Sin embargo, el liberalismo sufrió una modificación importante en sus planteamientos tras los dos embates absolutistas generados durante el reinado de Fernando VII: 1814 y 1823. Ambos acontecimientos provocaron el exilio en masa de los liberales y también de los afrancesados. Ya lo vimos al tratar la vida del Conde de Toreno, uno de los liberales más activos durante la Constitución de 1812 (https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/). Los refugios elegidos en ambos momentos históricos serán Gran Bretaña y Francia.

Los componentes que matizan o modifican las posiciones de nuestros liberales no se limitan al conocimiento que da el exilio sobre las teorías que mueven Europa, sino a otra serie de factores:

  • El carácter revolucionario que tenía el liberalismo se vio truncado al conocerse en la práctica el caos que esas posiciones políticas llevadas al extremo habían generado en la sociedad: los excesos de la revolución de 1789, el terror, el exceso de teorización, y el cataclismo que será en el futuro la revolución de 1848.
  • El radicalismo y la inoperancia del trienio liberal español (1820-1823).

En esa reacción contra esos excesos coinciden las teorías utilitaristas de Benthan, el positivismo de Comte, el constitucionalismo de Constant, la economía política de Say… En resumen, triunfa el liberalismo británico, con una atrayente síntesis entre empirismo e historicismo. Libertad y orden. Esas eran las premisas que no sólo influyeron en toda Europa, sino que las mismas transformaron a los liberales españoles, ni Argüelles, ni Toreno, ni Javier de Burgos o Martínez de la Rosa mantendrán ya las posiciones revolucionarias (cambio especialmente significativo en los dos primeros) que habían sostenido en la redacción de la constitución de Cádiz. De ahí que la Constitución pase a llamarse Carta otorgada, que eso fue el Estatuto Real de 1834, en el que el poder del Rey volvía a incrementarse, la separación de poderes cede paso a una colaboración entre Rey y Parlamento, las libertades ciudadanas se restringían a la luz del alboroto creado en el Trienio Liberal o el que se producirá con la Rebelión de los Sargentos en la Granja en 1836 que vuelve a mandar al exilio a nuestros ilustrados.

El Estatuto Real no duró mucho tiempo en vigor. No sobrevivió a las burlas de los liberales exaltados, a pesar de que España contaba con un régimen de libertades de los más avanzados de Europa. La Reina Gobernadora recurrió de nuevo a los más templados liberales, en este caso al Conde de Toreno para que impulsaran un nuevo texto constitucional. Así surge la constitución de 1837, en un modelo constitucionalista menos conservador que el Estatuto Real, pero que guardaba y equilibraba las esencias de “libertad y orden”. El texto fue fruto del consenso de todos. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo de Bentham. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos: moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español, las ganaron los moderados.

Los liberales adscritos a la filosofía krausista construyeron desde finales de la década de los cincuenta una doctrina política que buscaba la armonía entre el individuo y el Estado, el capital y el trabajo, la naturaleza y el espíritu, los hechos y las ideas, la religión y la ciencia, la reacción y la revolución y la libertad y la igualdad. Ese racionalismo armónico, asentado sobre el Ideal de la Humanidad de Krause, conformó una doctrina política liberal, de tintes progresistas, pero irreductible al imaginario político del Partido Progresista. En ese ideario se mueven Sanz del Río, Francisco de Paula Canalejas, Azcárate o Giner de los Ríos que construyen una alternativa política propia en el marco del liberalismo isabelino.

Sin embargo, el caos nacional, con una Reina que no tenía ni la formación, ni la capacidad adecuada, la guerra civil, los políticos del momento…, no lograron dar los pasos necesarios para que el régimen liberal marchara sin quebranto. La clase dirigente, moderada y progresista, optó por acercarse a “espadas” prestigiosas, excelentes militares, cuya actuación política se basaba en la imposición y no en el liberalismo. Narváez como ejemplo de ellos. Sin embargo, la idea liberal seguía en la mentalidad nacional. Así nació la Unión Liberal de O’Donnell apoyada por los moderados para encontrar un gobierno con ciertas garantías constitucionales (sobre todo desarrolladas durante el gobierno largo de O’Donnell).

Pero el modelo liberal estaba en quiebra, y ni los gobiernos de la Gloriosa, la Primera República, la crisis del 98, con todos sus intelectuales, el movimiento nacionalista… no lo iban a arreglar. Con todo, las instituciones lograron salvaguardar la integridad del régimen en España. La monarquía constitucional no se hundió, como se hundió en Francia. La Restauración era un momento de esperanza y a esa tarea se enfrentaron desde el interior del régimen varios de sus políticos entre los que destacaremos a José Canalejas, cuya idea de fortalecer la Monarquía, el Parlamento y la Nación representaron el intento más firme por hacer compatible el régimen monárquico y la constitución de 1876 con las exigencias del nuevo liberalismo. Consideraba Canalejas que no resultaba necesario el cambio de régimen, ni siquiera una reforma constitucional, para cumplir los ideales de la democracia moderna. Democracia no era para el político liberal el desarrollo de los principios políticos del siglo XIX sino la efectiva realización de los ideales sociales del XX.

La esperanza se deposita en la llegada, en 1902, de un Rey joven, Alfonso XIII. Más progresista que conservador aparece como un monarca regeneracionista. Parecía representar el dinamismo que necesitaba España. A la muerte de Canalejas, sin embargo, los retos eran gobernar en la nueva sociedad de masas y cuáles serían las respuestas del liberalismo ante los desafíos que ofrecía, de un lado, la revolución soviética, y de otro, la eclosión del fascismo. Los intelectuales, en esta coyuntura, se presentaron como los nuevos “gurús” de la opinión pública, en la que la amenaza del hombre-masa, como apuntaba la obra de Ortega y Gasset, conformaba un nuevo orden social que fue abordado con temor unas veces, no exento de esperanzas, en otras. En ese nuevo marco el liberalismo democrático constituyó una alternativa real que la monarquía alfonsina no quiso, o no pudo, finalmente, acoger. Habrá de pasar más de medio siglo, hasta la Transición y la Constitución de 1978, con otro Rey joven, Juan Carlos I, para conseguirlo.

BIBLIOGRAFÍA

JOVER ZAMORA, José María (DIR.). “Historia de España: la España de Fernando VII”. Ed. Espasa- Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. “Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)”. Siglo XXI editores. 1977

VII Conde de Toreno

Esta entrada se la dedico a mis amigos M.ª Ángeles Z., Luis A., y sus hijos.

José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia. VII Conde de Toreno, vizconde de Matarrosa. Nacido en Oviedo, el 26 de noviembre de 1786, y fallecido en París, el 16 de septiembre de 1843, fue un político- yo diría que la expresión más adecuada para definirle es, hombre de Estado-, liberal y excelente historiador.

Nació como primogénito de la casa de Toreno, una de las más ricas, antiguas e ilustres del Principado de Asturias. Único hijo varón de una familia con 5 hijos, fue educado de manera excelsa y exquisita. Cuando contaba con 4 años de edad, su familia se traslada a Madrid,  donde tiene como preceptor a su paisano Juan Valdés. Valdés, culto y liberal, instruye al niño en latín, literatura, humanidades, matemáticas y física. Hizo cursos avanzados en química, mineralogía y botánica. De gran facilidad para los idiomas, hablará griego clásico, francés, inglés e italiano, así como algo de alemán; pero dónde destacó fue en su facilidad para el conocimiento y uso del castellano. Las enseñanzas de su maestro Valdés no se limitaron a los aspectos culturales, sino que influyó de manera muy destacada en su pensamiento político, de tendencia liberal, al iniciarle en la lectura de libros como El Emilio y El Contrato Social, de Rousseau.

Partamos de una aclaración previa, que veremos en profundidad en futuras entradas del blog. El liberalismo en el siglo XIX, el que profesaba nuestro invitado de hoy, se entendía como el movimiento contrario al antiguo régimen, como la defensa de la existencia del Estado para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. Para ellos, el Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma. No se trata de moderados o radicales, de progresistas o conservadores, sino de la esencia común a todos ellos.

Toreno fue en excelente estudiante, un hombre ilustrado y un escritor destacado que expresó en sus libros sus conocimientos de todo tipo, aunque destacó en sus textos sobre Historia y Política.

En 1803, sus padres regresaron a Asturias, y él continuó sus estudios y entabló contacto con grandes políticos liberales, muchos asturianos y otros de Madrid: Agustín Argüelles (apodado “el divino” por su oratoria durante las Cortes de Cádiz. Abogado, político y diplomático, fue presidente de las Cortes en 1841 y tutor de la reina Isabel II), José Fernández Queipo (pariente del nuestro personaje y brillante político asturiano) y Ramón Gil de la Cuadra (formó parte de la Junta de Instrucción Pública. Firmó el informe sobre la reforma general de la educación nacional que redactó la Comisión en las Cortes de Cádiz). Se cree que, por entonces, con sólo 17 años, hizo una traducción de Eutropio, escritor romano del siglo IV, autor de un Compendio de Historia Romana, en diez libros que no editó, pero que anunciaban su afición a los estudios históricos.

La guerra contra los franceses, el 2 de mayo de 1808, le sorprendió en Madrid. Tras abandonar Madrid e instalarse de nuevo en Oviedo y estando congregada la Junta General del Principado de la que era miembros natos los condes de Toreno, por privilegio de familia, fue incluido él –además de su padre- como miembro de la misma, con tan sólo 22 años. Fue elegido para viajar a Inglaterra a solicitar la ayuda militar inglesa frente al invasor francés. Representó en Londres a la Junta Suprema de Asturias y su papel resultó crucial. Logró que el ministro de Relaciones Extranjeras les recibiera y viera con buenos ojos prestar ayuda a España.  Allí entabló amistad con otros políticos y militares como Castlereahg, Wellington, lord Holland (político, hispanista, amigo de Jovellanos y elemento fundamental en la forja de nuestro Estado liberal en sus primeros momentos). También logró contactos para sus intereses intelectuales como el del escritor Scheridan.

En diciembre de 1808, regresó a Oviedo donde, a la muerte de su padre, cambió su título de vizconde de Matarrosa, por el de conde de Toreno. Permaneció en Oviedo hasta mayo de 1809, ocupado por asuntos familiares y en la asistencia a las sesiones de la Junta, hasta que llegó a Oviedo el marqués de La Romana – encargado del ejército español en la defensa del norte (ver https://algodehistoria.home.blog/2024/11/08/cuando-galicia-mostro-el-camino-de-la-libertad-al-resto-de-espana-puente-sampayo/ )

La Romana disolvió la Junta asturiana y creó otra a punta de bayoneta, y nombró a Toreno miembro de ella. Sin embargo, el conde, no estando de acuerdo con las formas del marqués, no aceptó el cargo y se enfrentó a La Romana. Esto le podría haber creado más de un disgusto, de los que se libró por ser invadida Asturias por el ejercito francés al mando de Ney. La Romana se refugió en las montañas de Covadonga – con menos éxito y valor que Pelayo- y cuando los franceses se marcharon hacia Galicia – sin abandonar Asturias-, se desplazó a Andalucía. Dejando a nuestro protagonista tranquilo. En 1810, Toreno viaja a Cádiz en representación de Asturias en la Junta Central que se reúne en la isla de León. La finalidad de la Junta de Asturias era transmitir a la Central que debía representar a la Regencia y convocar Cortes. Se le encargó la redacción de la exposición que permitiría la defensa de esas posiciones. Tuvo éxito de nuevo y logró la convocatoria, no sin tener algunos desencuentros entre sectores más conservadores.

Las Cortes se proclaman el día de la Merced (24 de septiembre) de 1810. La invasión de Asturias, retrasó las elecciones en el Principado. A ellas se presenta Toreno sin tener los 25 años necesarios para ser elegido Diputado, pero una dispensa del Congreso le permitió concurrir y ser representante de Asturias en las Cortes de Cádiz.

Todos sus discursos estuvieron llenos de brillantez y espíritu liberal. Defendió la propiedad, pero no los señoríos – en contra de sus propios intereses económicos y tradicionales, dando muestras de gran patriotismo-, la soberanía nacional, que la potestad legislativa fuera compartida por las Cortes y el Rey ( hasta entonces sólo la ejercía el monarca). Aceptó la existencia de una sola Cámara. Partidario de configurar una normativa uniforme sobre la Administración territorial y local, anticipa lo que serán sus posiciones durante la regencia de M.ª Cristina . Defendió la creación de la figura del Alcalde como jefe político – en representación de la Soberanía Nacional- con representación popular y mando en plaza.

Siguió siendo Diputado cuando las Cortes se trasladan a Madrid. Si bien, con la intención de residir en Asturias. Tenía prevista su salida de Madrid para Asturias el 5 de mayo de 1814, como así aconteció, pero con más precipitación de la deseada.  El día 4 de mayo, Fernando VII firmó el Decreto de Valencia por el que declaraba nulo y sin valor todo lo acontecido en las Cortes extraordinarias y ordinarias, volviendo a implantar el sistema del antiguo régimen. No sólo anuló la obra de Cádiz, sino que en vez de premiar a los patriotas que habían luchado por España y preservado su Trono, el Rey felón declaró rebeldes a los liberales y constitucionalistas de Cádiz . En Asturias, Toreno recibió la noticia de la disolución de las Cortes, de la prisión de los Regentes, de los ministros y de varios de los diputados amigos suyos, así como que él se hallaba en situación de busca y captura. Salió hacia Ribadeo con intención de llegar a Portugal y, una vez en Lisboa, decidió trasladarse a Londres. Quiso instalarse posteriormente en París, pero la Presencia de Napoleón le hizo volver a Londres.

Después de la batalla de Waterloo, y restablecido en el trono Luis XVIII, volvió a Francia, a principios de agosto de 1815, pensando que sería un lugar seguro; sin embargo, su cuñado el general Juan Diez Porlier, preso en La Coruña por sus ideas liberales, se levantó contra el régimen absolutista. El pronunciamiento se inicia en la noche del 18 al 19 de septiembre de 1815.

Fue un pronunciamiento de corte liberal, pero moderado, que pretendía la vuelta a la Constitución de Cádiz y la convocatoria de Cortes. Este levantamiento tuvo repercusiones en Francia, pues temeroso de que el ejemplo se trasladara al país vecino, le gobierno francés persiguió a los liberales españoles asentados en Francia. Como consecuencia de ello, el Conde de Toreno fue hecho prisionero durante dos meses, al cabo de los cuales fue liberado sin cargos. Sin cargos, sin propiedades – Fernando VII se las había incautado- vivió en París pobre, pero muy reconocido por su talento y sus escritos. De esta época es su obra, traducida a varios idiomas: “Noticia de los principales sucesos ocurridos en el gobierno de España desde 1808 hasta la disolución de las Cortes en 1814”.

En 1820, a raíz del levantamiento de Riego. Fernando VII, como tantos traidores que cambian de opinión cuando les viene bien, afirmó: “marcharemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional”.  Al conde de Toreno se le restituyeron todos sus bienes. Fue nombrado ministro plenipotenciario en Berlín. Pero se negó a aceptar el puesto, esperando ser elegido Diputado por Asturias, como ocurrió.  A punto estuvo de ser nombrado presidente de las Cortes, pero aún sin la presidencia fue un parlamentario brillante, especialmente en materia económica. En esta etapa, colaboró y entabló amistad con Martínez de la Rosa y otros diputados. Su prestigio volvió a engrandecerse, y gracias a él se logró que los disturbios provocados por Riego y otros exaltados no fueran a mayores. Sus años de exilio y penurias le habían hecho más tolerante y negociador. De ahí que a Toreno y a Martínez de la Rosa les llamaran pasteleros. Fueron los exaltados los que apodaron de aquella manera a dos brillantes personajes de la vida española. Lo que puso en peligro sus vidas: a la salida del Congreso, intentaron asesinarle en 1822. Llevado a su casa, en la que vivía con su hermana, la viuda de Diez Portier, allanaron el edificio e hirieron a varios criados. Al día siguiente, magullados, pero dignos e íntegros, Toreno y Martínez de La Rosa, volvieron al Congreso.

El Rey le pidió formar gobierno, pero se negó. En cambio, aceptó dar los nombres para el nuevo gabinete y así dio el de Francisco Martínez de la Rosa. Toreno, que ya no era Diputado, se marchó a París previendo lo que se avecinaba con los acuerdos del Congreso de Verona y la llegada de los 100.000 mil hijos de San Luis.  Viajó con toda Europa y fue bien reconocido, pero su experiencia no dejaba de ser amarga, la amargura del exiliado. 10 años duró esta etapa, aunque larga, no participó en ninguna conspiración. En otros aspectos, estos años fueron muy destacados: tuvo contactos con ilustres personajes, Châteaubriand, Say, Madame Staël, M. de Villèle, , el general Fay, Benjamín Constant, N. de Lafayette, M. Guizot, M. Thiers, el duque de Broglie y otros insignes liberales que prepararon la nueva senda liberal en que entró Francia en 1830.

A fines de 1827 empezó a poner en práctica su proyecto de escribir una Historia de España. En 1830,  concluyó el libro décimo de esa obra. En 1831 presentó los libros undécimo y duodécimo. Durante el año siguiente volvió a viajar por toda la Europa central e Inglaterra; y, a pesar de tanto viaje, escribió otros seis tomos.

El 15 de octubre de 1832, la Reina Gobernadora publicó el decreto de la primera amnistía, con ciertas restricciones que desaparecerían en breve. Toreno volvió a España en julio de 1833 y se instaló en Asturias donde permaneció hasta la muerte del Rey.

La Diputación General de Asturias lo nombró su representante ante la Reina Gobernadora en las proclamaciones del nacimiento y minoría de edad de la princesa Isabel.

Tras los Gobiernos de Cea Bermúdez y el ministerio de Javier de Burgos que lidiaron por modernizar España, para lo que, entre otras medidas, reorganizaron territorialmente el País y su Administración con tal éxito que la división territorial dura hasta la actualidad.

La Reina Regente se vio obligada a elegir a ministros entre los sectores liberales, fundamentalmente porque los más conservadores- con los que quizá comulgaba más con sus ideas-, se habían aliado con los carlistas, que le habían declarado la guerra. A ello hay que unir su matrimonio (secreto. Aunque un secreto a voces) con un plebeyo Fernando Muñoz, lo que le impedía proclamar la boda frente a los carlistas que se consideraban legítimos herederos.

Entre los sectores liberales eligió a los más templados por entonces,  y así nuestro protagonista fue nombrado ministro de Hacienda en 1834, en el gobierno de Martínez de la Rosa, gobierno que aprueba la carta otorgada que es el Estatuto Real. Bajo los dictados del Estatuto Real se desarrollaron los gobiernos de Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal e Isturiz.

La situación económica de España, con una deuda exterior desbocada y los mercados ingleses cerrados para nuestro país, era desalentadora. Sin embargo, las medidas de Toreno surtieron efecto y logró con gran éxito encauzar las cuentas públicas. Fue ministro durante la presidencia de Martínez de la Rosa. Cuando éste cesó, fue elegido presidente del Consejo de ministros, es decir, presidente del Gobierno reteniendo el Ministerio de Hacienda y desempeñando de forma interina el de Estado.

Su conocimiento de Francia y Gran Bretaña le llevó a querer la modernización de España al modo británico. Sin embargo, no pudo desarrollar estas cuestiones pues duró en el puesto tres meses; la sublevación militar de los sargentos de La Granja, en agosto de 1836, hizo que se marchara de nuevo a París y a Londres, huyendo ahora de los liberales, como antes había huido de los absolutistas. De vuelta a España, logra, de nuevo, ser Diputado por Asturias.

Tras el Estatuto Real de Martínez de la Rosa denostado por los liberales más exaltados que querían recuperar la constitución de 1812, Toreno y otros sectores moderados impulsaron la constitución de 1837. Menos moderada que el Estatuto Real, pero sacada adelante con el consenso de todas las fuerzas liberales. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo radical de Bentham, que además de la constitución francesa, había inspirado las de Brasil, USA y el sistema británico. España gozaba en aquellos momentos de un de los sistemas libertades y derechos más avanzados del mundo. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos, moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español,  las ganaron los moderados y en ellas Toreno volvió a conseguir el acta de diputado por su provincia natal. El conde acudió a Madrid para desempeñar su cargo de diputado y recibir el título de Grande de España que le había concedido la Reina.

Para entonces ya llevaba escritos 18 volúmenes de su Historia de España.

La regente María Cristina de Borbón, tras la revolución de 1840 que causa su dimisión, abandona el país. Se inicia así la regencia de Espartero (1840-1843).

Toreno, al igual que la Reina Regente y otros liberales, se instala en Francia con toda su familia. Se inicia en la recopilación de material para escribir una Historia de la Casa de Austria. Recorrió Alemania, Suiza, Italia, Bélgica y Países Bajos, todo lugar que le permitiera documentarse sobre este trabajo histórico.

En 1843, cuando, depuesto Espartero, se disponía a volver a España, falleció de manera inesperada y en pocos días.

Dejó viuda y tres hijos. Sus restos se depositaron en el cementerio de San Isidro de Madrid, para ser luego trasladados al panteón familiar de Cangas de Tineo.

La Real Academia de la Historia le había nombrado académico. Cuando murió, España se encontraba en una de tantas situaciones críticas que necesitan de las cabezas más brillantes para superar el futuro, pero Toreno ya no estaba.

A personas como Toreno se los echa de menos, entonces y ahora.

BIBLIOGRAFÍA

GONZÁLEZ MUÑIZ, Miguel Ángel.- “Los Asturianos y la Política”. Ed.  Ayalga, 1976 .

JOVER ZAMORA, José María  ( DIR.) “Historia de España: La España de Fernando VII”. Espasa-Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Planeta.2011

VARELA SUANZES-CARPEGNA. Joaquín- “ El Conde de Toreno (1786- 1843). Biografía de un liberal”. Ed Marcial Pons, 2005.

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX” Ed. Espasa-Calpe. 1981.

 

Beatriz de Bobadilla (marquesa de Moya)

Vamos a empezar la temporada introduciéndonos en el hilo dedicado a las grandes mujeres que ha dado al Historia de España. Esta vez con Beatriz de Bobadilla.

Pedro de Bobadilla y María Maldonado pertenecientes a la pequeña nobleza castellana lograron, gracias a su amistad con los reyes, casar a sus hijos de manera brillante para la época. Tales matrimonios permitieron que al final de sus días se hubiera producido un ascenso social de la familia hasta topar con la alta nobleza castellana: su hija Isabel se casa con Álvaro de Luna y Ayala (1440-1519) llamado «el de las grandes fuerzas, Señor de Fuentidueña » ( no confundir con el Valido de Juan II de Castilla, antepasado de éste); Francisco «El Corregidor», primer señor de Pinos y Beas,  militar a la orden de los Reyes Católicos que fue comendador de Granada ( no confundir con su sobrino del mismo nombre y conquistador de América), y Beatriz, la más conocida.

Pedro de Bobadilla era alcaide del castillo de Arévalo lugar de residencia de la Reina vida, Isabel de Portugal y de sus hijos, Isabel y Alfonso. La muerte de Juan II había transmitido el trono a Enrique IV, hijo del primer matrimonio de Juan II, y, por ende, hermanastro de Isabel y Alfonso.

Durante la estancia de la reina y sus hijos en Arévalo, Beatriz se convirtió en la amiga de juegos de la infanta Isabel, hermanastra de Enrique IV, a pesar de que Beatriz era 11 años mayor. Ejerció de amiga, confidente y protectora hasta que, en 1462, Isabel y Alfonso fueron trasladados a la Corte. Con todo, Beatriz siguió siendo amiga de la futura reina Isabel I. Tanto era así que Enrique, viendo la amistad entre ambas, nombró a Beatriz doncella de la Infanta, y, en 1466, le procuró matrimonio con el Mayordomo real, Andrés Cabrera. Como regalos de boda, el Rey les concedió diversas prebendas, entre otras, trescientos mil maravedíes de juros (los juros eran un documento por el que se definía un privilegio a favor de la persona citada en él. El Rey le concedía el privilegio de cobrar una parte de determinados impuestos de la renta feudal,  citados en el documento, hasta una cantidad prefijada).

La vida de Isabel al lado de su hermano Enrique cambió a raíz de que, en 1465, el Príncipe Alfonso fuera proclamado Rey por los nobles de Ávila. La guerra civil que se inicia encuentra a Isabel en el palacio de Enrique. El marqués de Villena propuso a Enrique IV un arreglo: le proporcionaría los medios necesarios para liquidar el movimiento si casaba a Isabel con su hermano, Pedro Girón, maestre de Calatrava. De este modo, Girón se situaba en la línea de sucesión a la Corona. El maestre de Calatrava superaba los 50 e Isabel apenas contaba con 15 años. Desolada, sólo acertaba a rogar a Dios de rodillas que la ayudara en aquel trance. Pero su dama, Beatriz de Bobadilla, pensó aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando” y le prometió que ella misma se encargaría de impedir, incluso apuñalando al vejestorio del novio si era preciso, aquella disparatada boda. No hizo falta, curiosamente Girón enfermó y murió durante el viaje a la Corte para celebrar su boda. Posiblemente envenenado.

Isabel nunca olvidó el apoyo de Beatriz, aunque no fuera artífice de la desaparición del maestre.

Beatriz sí colaboró con los seguidores de Alfonso, cuando, meses después, tras la batalla de Olmedo – 1467-, lograron sacar de Palacio a Isabel, Beatriz y a otra dama, Mencía de la Torre, y llevarlas con ellos. En ese momento, Isabel se posicionó al lado de su hermano Alfonso y las huestes de Ávila, pero exigió un juramento: no se casaría contra su propia voluntad.

En 1468, muere asesinado Alfonso. Isabel es reconocida en Guisando como heredera de la corona de Castilla, frente a Juana, la Beltraneja ( supuesta hija de Enrique IV).  Pero el culmen del enfrentamiento con su hermanastro Enrique se produce, cuando, de nuevo, desobedece los planes de boda que éste tenía para Isabel, y se escapa para casarse con Fernando de Aragón.

El matrimonio Bobadilla-Cabrera hizo lo posible para que la infanta no se casara con Fernando, si bien, una vez realizado el matrimonio, se convirtieron en los más firmes defensores de los príncipes, así como intermediarios con el Monarca para que se produjera tanto la reconciliación entre los hermanastros como el reconocimiento de Isabel como heredera. El hecho de que Cabrera fuera el alcaide del alcázar de Segovia ( el tesoro real estaba allí depositado), permite al marido de Beatriz tener la llave del Reino y a Beatriz acomodar a Isabel en Segovia. Fue la habilidad de Beatriz la que logró que los partidarios de Isabel – Alonso de Quintanilla- aceptaran el cambio de posición de Beatriz y su marido en favor del matrimonio de Isabel, pero con la promesa de no combatir contra Enrique. La finalidad era evitar una guerra civil, y al tiempo que Isabel fuera reconocida como futura reina. Estos planes de Beatriz encuentran apoyo en el cardenal Mendoza.

Lograron que Enrique IV se reconciliara con su hermana, aunque no cambió su posición sobre la sucesión del Reino. Un año después de estos hechos el monarca muere, pero los príncipes ya están en Segovia, en donde Isabel se proclama Reina propietaria. Dueños del tesoro del Reino custodiado por el fiel Cabrera, comenzará la guerra civil que finalmente ganaron Isabel con el apoyo de Fernando, su marido.

Isabel recompensó con diversas mercedes el favor de Cabrera y Beatriz. En ocasiones, esos favores fueron depositados sólo en Beatriz; por ejemplo, la mejora del escudo de armas de la familia sólo en los aspectos referentes a Beatriz (hecho nada común que se mejorara el de la esposa y no el del marido). Sin embargo, la más destacable de los regalos reales fue el señorío de Moya con título de marquesado concedido al matrimonio el 4 de julio de 1489. Un señorío riquísimo, fronterizo entre los reinos de Castilla y Aragón, en contacto con el mercado valenciano. También les fueron otorgados los sexmos segovianos de Casarrubios y Valdemoro (los sexmos son una división administrativa que, en un principio, equivalían a la sexta parte de un territorio determinado), después convertido en señorío, y, más tarde, en condado de Chinchón.

Durante el reinado de los Reyes Católicos, Beatriz no dejó de ejercer su influencia no sólo por amistad, y sentido común, también por cultura —se interesó por el estudio del latín como todo el entorno femenino de Isabel—. Sus enemigos la juzgaban gastadora y apasionada por las joyas. Otros cronistas, más benevolentes,  no dudan en subrayar su discreción y valentía.

Durante la guerra de Granada, concretamente en 1487, fue confundida con la propia soberana. Beatriz fue atacada por un moro que la hirió sin gravedad gracias a la defensa que de ella hacían los adornos de oro de su traje. Su afición a los “arreos” —en palabras sus enemigos— le había salvado la vida. Isabel compensó a su dama entregándole unas casas en Sevilla, así como treinta esclavas de las que se tomaron en la ciudad de Málaga, y poder comerciar con Guinea.

Entre los acontecimientos destacados en los que participó Beatriz, se dice que pudo interceder en favor de Cristóbal Colón, aunque es bien sabido que la que sí tuvo contactos con el descubridor fue su sobrina del mismo nombre.

Siempre fue amiga de la reina y nunca perdió esa amistad, hasta el fallecimiento de Isabel I el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo y, según la tradición, es la marquesa de Moya la que tuvo el privilegio de cerrarle los ojos.

Aunque la reina Isabel recomendó a su hija Juana que mantuviera la amistad con el matrimonio Cabrera- Bobadilla, la realidad fue que desaparecida la reina Isabel,  tuvieron que luchar por conservar su mayor propiedad: la alcaldía del alcázar de Segovia que Felipe el hermoso les había arrebatado, sin embargo, el buen hacer de Beatriz, logró que Fernando el Católico se la devolviera.

A partir de entonces se dedicaron a preparar su alma para la otra vida haciendo varias obras de misericordia y fundando conventos.

El matrimonio tuvo 9 hijos, algunos se convirtieron en hombres de Iglesia y el resto se posicionaron excelentemente gracias a las rentas de sus padres y los magníficos matrimonios que hicieron.

Beatriz de Bobadilla muere en Madrid el 17 de enero de 1511. Su marido lo hace poco tiempo después. Ambos están enterrados en el convento de Santa Cruz de Carboneras, cerca de Cuenca.

 

Bibliografía:

DE AZCONA, T. “ Isabel la Católica”. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, 1993.

MÁRQUEZ DE LA PLATA Y FERRÁNDIZ, Mª.  “Mujeres renacentistas en la corte de Isabel la Católica: Beatriz de Bobadilla, Beatriz Galindo, Lucía de Medrano, Beatriz de Silva, Catalina de Aragón, María Pacheco” Ed. Castalia, 2005

MORALES MUÑIZ, D.C.  “Alonso de Quintanilla, un asturiano en la Corte de los Reyes Católicos”. Ed.  El Persevante Borgoñón, 1993.

MUÑOZ ROCA-TALLADA, C. “La marquesa de Moya”. Ed. Instituto de Cultura Hispánica, 1966

ALÍ BEY

Los que me conocen bien, saben que en verano yo cuelgo las botas, como si hubiera ganado la Champions, y, en vez de estudiar historia, me dedico a leer novela negra- nunca truculenta- pero sí de mucha investigación policial y/o mucho espía.

Como ya se acerca julio y el verano se nos echa encima, voy a aunar ambas diversiones, la historia y los espías. Iniciando aquí una nueve serie dedicada a tan intrépida profesión.

Espías españoles los ha habido siempre y siempre los habrá, buenos, valientes y eficaces… casi siempre, y aquellos que, aunque fuera brillantemente, espiaron para otro país. Los iremos viendo.

Hoy le dedicaré este espacio a Domingo Badía, alias Alí Bey, al que muchos consideran el mejor espía español de todos los tiempos. Esto de las clasificaciones siempre es discutible.

Domingo Badía y Leblich, nació en Barcelona el 1 de abril de 1767 y murió en Siria en agosto de 1818.

De familia acomodada gracias a su buena posición en la Administración española, pasó su infancia en Almería, donde se aprovisionaba a las tropas españolas destinadas en Ceuta y Melilla, familiarizándose así con el mundo islámico, por su contacto con mercaderes bereberes y con el territorio del norte de áfrica por las travesías que en compañía de su padre realizó a la costa africana.

En 1786, se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gran estudioso, amante de los libros y de la lectura, se matriculó también en las Reales Escuelas de Química y Física. Posteriormente, sucedió a su padre como contador de guerra en la costa de Granada. En 1793, fue nombrado administrador de la Real Renta de Tabacos en Córdoba, tras haberse casado el año anterior. En Córdoba se granjeó fama como científico por sus experimentos sobre el peso de la atmósfera y los principios en los que se basa el funcionamiento del barómetro. Comenzó entonces a trabajar en su gran proyecto: la construcción de un globo aerostático que pensaba emplear para llevar a cabo observaciones atmosféricas, lo que le granjeó la mofa de sus vecinos e importantes deudas, que pagó su suegro. Motivo por el cual, pidió el traslado a Puerto Real y de ahí a Madrid, donde, con escaso sueldo y muchas privaciones, siguió adelante; pasando el tiempo que le dejaba el trabajo de librería en librería. Leía en inglés, francés, alemán y algo de árabe, y casi todos los libros estaban dedicados a la explotación de África. Pronto ideó un plan para establecer alianzas políticas y comerciales para España con la explotación del continente africano. Así mismo, pretendía una misión científica: cartográfica, de observaciones geológicas, meteorológicas, botánica… y todo ello con la peculiaridad de que quería viajar sólo y hacerse pasar por árabe durante sus viajes. Ese plan se lo entregó a Godoy en 1801.

A Godoy le interesaba establecer rutas comerciales en el interior de África en lo que con el tiempo sería Marruecos, pero le interesaba aún más las relaciones políticas con el sultán Solimán (1766-1822). Éste había embargado el comercio con España, especialmente grave por la importación de trigo que España traía de Marruecos, y, aún peor, por la presión que el sultán ejercía sobre Ceuta y Melilla. Pero la vida política en Marruecos no era pacífica, pues los rebeldes del sur del territorio se oponían al Sultán. A Godoy se le ocurrió que Badía podía reunirse con ellos y ofrecerles el respaldo militar de España para destronar a Solimán a cambio importantes concesiones comerciales. En sus Memorias, publicadas en 1836, Godoy observó: “Badía era el hombre para el caso. Valiente y arrojado como pocos, disimulado, astuto, de carácter emprendedor, amigo de aventuras, hombre de fantasía y verdadero original, de donde la poesía pudiera haber sacado muchos rasgos para sus héroes fabulosos; hasta sus mismas faltas, la violencia de sus pasiones y la genial intemperancia de su espíritu le hacían apto para aquel designio”.

Aunque, el 7 de agosto, el Rey había decidido aprobar el plan, no fue hasta la primavera de 1802 cuando Badía consiguió el dinero y el pasaporte, para poder emprender el viaje. Se trasladó, primero a París, y de allí a Londres. Entabló contacto con importantes científicos en ambos lugares y, en Inglaterra, logró los instrumentos científicos que le hacían falta para su exploración. Su maletín lleno con útiles para la astronomía no solo encerraba herramientas, cristales de aumento, instrumentos de medición, catalejos…; tenía un doble fondo que albergaba elementos para elevar el espionaje a la categoría de arte. Toda una gama de tintas invisibles circularían entre Badía y España, impresas en minúsculos trozos de papel diseñado a tal efecto. Porque Badía no era un espía al uso, llevaba consigo una misión política y también científica . Sus cuadernos de viaje, en los que recopilaba todos sus descubrimientos científicos, fueron admirados por Napoleón y estudiados en Francia antes que en España, tan olvidadiza con sus genios.

Ya bajo la identidad de Alí Bey llegó a Cádiz en abril de 1803. Cruzó el estrecho y, una vez en Tánger, se presentó como hijo y heredero universal de un príncipe sirio fabulosamente rico, descendiente directo de los califas abasíes ( para qué andarse con minucias, debió pensar), que había tenido que huir de su país por razones políticas. Contaba que, tras recibir una exquisita educación en Inglaterra, Francia e Italia había decidido, como fervoroso musulmán, ir de peregrino a la Meca. El cuento coló, y así se hizo acreedor de la amistad de las más altas instancias de Tánger. En el mes de octubre ya tenía información suficiente para conocer la situación de los rebeldes y provocar una revolución. Entre 1803 y 1805 el coronel Amorós desde Tánger gestionó una ingente información que Badía-Alí Bey le proporcionaba con destino al Gobierno de España.

En ese periodo se produjo el hecho inesperado de que el Sultán visitó la ciudad de Tánger y se quedó impresionado por la sabiduría de Alí Bey, al que comunicó su deseo de que se trasladase con él a su corte, primero en Fez y luego a lo que hoy es en Marrakech. El sultán le regaló dos espléndidas mansiones. Siguió con su actividad subversiva informando constantemente a Godoy, el cual sólo daba noticias vagas a Carlos IV. Cuando, el monarca español supo que se preparaba una sublevación contra un monarca, retiró su apoyo a la expedición – Carlos IV estaba muy impresionado por los sucesos de la Revolución Francesa-.

En estas circunstancias, Alí bey intentó convencer a los rebeldes de que pospusieran su levantamiento. Su situación era enormemente delicada. Por un lado, sabía que el sultán no tardaría en conocer sus auténticas intenciones y, por otro, el sultán, que aún le admiraba y le consideraba amigo, no hacía más que presionarle para que se casara con una mujer se su harén. Además, los rebeldes ya desconfiaban de él. Su única salida era continuar su peregrinaje a la Meca.

Cuando España declaró la guerra a Inglaterra, y Marruecos, a pesar de su fingida neutralidad, ayudaba en secreto a los ingleses, Carlos IV autorizó a Badía a reanudar los planes para una revolución. Demasiado tarde. Enterado Solimán expulsó a Badía de su país.

El español se refugió en Argelia y de ahí a Chipre, donde se enteró del plan británico de derrocar al Bajá de Egipto. Se trasladó a Egipto y logró frustrar el plan inglés. En Alejandría, conoció al escritor francés Chateaubriand, quien le consideró “el turco más inteligente y cortés” que había conocido. Su periplo sufre un cambio de objetivo, sin olvidar su lealtad a España como espía. Ahora se transforma en un analista brillante de historia, costumbres, y viajes. En diciembre de 1806, salió para la Meca, llegando allí el 11 de enero de 1807. Fue el primer europeo en realizar una descripción detallada y exacta de los ritos del peregrinaje. Mientras estaba en Arabia, haciéndose pasar por ferviente musulmán, observó la captura de los lugares santos musulmanes por los antepasados de la actual casa reinante en Arabia, siendo el único testigo europeo de esos eventos. Después de volver al Cairo, pasó tres meses viajando por Palestina y Siria. En Palestina llevó a cabo un estudio de las condiciones de los monjes franciscanos que administraban los santos lugares con fondos del Gobierno español. En Siria descubrió y destruyó una línea secreta que tenían los ingleses para comunicarse con la India. Por el mes de octubre de 1807 estaba de vuelta en Constantinopla.

Tras visitar Tierra Santa, Siria, Turquía y cruzar toda Europa de vuelta hacia París, Badía llegó a Bayona el 9 de mayo de 1808, justo cuando Carlos IV y su hijo Fernando VII habían renunciado a la corona española en favor de Napoleón. Carlos IV recibió a Badía en audiencia y le recomendó ponerse al servicio del nuevo régimen. Para su desgracia, Badía, siempre fiel a los monarcas españoles, hizo caso a Carlos IV. Se puso bajo el mando de Napoleón, al que convenció para que invadiera Marruecos. Fue tal la descripción que hizo del Sultán y del territorio que Napoleón decidió mandar allá al capitán Antoine Burel para investigar la posibilidad de convertirlo en colonia francesa. Fascinado por aquel hombre, Bonaparte le recomendó ante su hermano. Badía volvió entonces a España, donde se reunió con su familia a la que no había vuelto a ver desde 1801. En septiembre de 1809, José Bonaparte le nombró intendente de Segovia, y, en abril del año siguiente, fue nombrado prefecto de Córdoba. Desempeñó ambos cargos con gran distinción, introduciendo muchas reformas en la agricultura, la administración municipal y la educación. En Córdoba creó una Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, que llevó a cabo muchos proyectos de investigación bajo su mecenazgo.

La expulsión de los franceses de España acabó llevándose a Badía al exilio en Francia. En 1814, publicó la primera edición de sus viajes. Lo hizo en francés con el título de “Viajes de Alí Bey por África y Asia”. En su edición incluyó más de un centenar de mapas y láminas. Es una obra de arte en el sentido más amplio de la palabra, no solamente por su elaborada confección, sino por su documentado e ingente contenido. Cientos de exploradores, ya sea profesionales o aficionados, han recorrido sus huellas y los trayectos que lo consagraron como el probablemente más implicado y comprometido de los exploradores de todos los tiempos. Fue traducida al inglés, italiano y alemán. La primera edición en español tuvo que esperar hasta 1836.

En el país galo, ahora bajo el gobierno de Luis XVIII, la vida sonreía al viajero español, que recibió la nacionalidad francesa, fue nombrado mariscal y se hizo un hueco en la vida cultural y social de París. En 1815, y en el marco de la competencia colonial con Gran Bretaña, Badía propuso al gobierno francés peregrinar a La Meca para luego atravesar África de costa a costa. Badía recibió el visto bueno y partió en enero de 1818, haciéndose llamar Alí Abu Othman. En julio estaba en Damasco, donde cayó enfermo de disentería y murió en agosto, con 50 años de edad, cuando su rumbo le llevaba de nuevo a La Meca.

Durante su periodo francés, aunque acomodado, no dejó de ser un extranjero, aceptado y brillante, pero extranjero. Le hubiera gustado volver a España, pero le era imposible por la acusación de afrancesado, a pesar de que su colaboración con los franceses se debió a su deseo de obedecer a Carlos IV. Es lo que tienen los malos gobernantes.

Tuvo que pasar más de un siglo desde su muerte para que en España se le reconociese por su capacidad intelectual, sus análisis científicos, compendio de la ilustración, por su personalidad polifacética, por ser un viajero perspicaz ( el Lawrence de Arabia español, como ha dicho Bernard Durán en El debate),  y por su intrepidez, valentía y osadía como espía al servicio siempre fiel y leal a España.

BIBLIOGRAFÍA

BARBERÁ, Salvador.- “Alí-Bey, Viajes por Marruecos”, Ediciones B, 1997.

DURÁN, Bernard: https://www.eldebate.com/historia/20230916/domingo-badia-lawrence-arabia-espanol_139999.html

MESONERO ROMANOS, R. “ El Príncipe Alí Bey el Abbassi (D. Domingo Badía Leblich)”. En obras completas. Biblioteca de Autores españoles 1967.

RODRÍGUEZ, Javier. “Peregrino a la Meca”. Ed Jaguar. 1998.

RUSPOLI, Enrique. –“Memorias de Godoy: primera edición abreviada de memorias críticas y apologéticas para la historia del reinado del señor D. Carlos IV de Borbón”. La esfera de los libros.2008.

 

 

Batalla de Trafalgar

Hoy vamos a hablar de una derrota. Una de las más dolorosas de nuestra Historia. No es la primera vez que digo que la Historia de cualquier país no puede ser contada sólo desde las hazañas o las victorias, sin las derrotas no comprenderíamos por qué hoy somos lo que somos. La derrota en Trafalgar explica el porqué de nuestra situación actual mucho mejor de lo que pensamos.

El 21 de octubre de 1805, se produjo, en el cabo Trafalgar (Cádiz), el enfrentamiento naval de la flota hispano-francesa contra la flota británica.

Los historiadores la consideran como una de las batallas más importantes de las guerras napoleónicas.

Históricamente, las potencias emergentes europeas, Francia y, sobre todo, Gran Bretaña, buscaban hacerse con el control de las rutas comerciales del Imperio español, ya fuera en Asia y Oceanía, como, sobre todo, América. Esa pugna se desarrolló casi sin tregua entre los siglos XVIII y XIX. La magnifica Armada española, que se había modernizado durante el reinado de Carlos III, se había ido deteriorando por el paso del tiempo y la poca inversión que se produjo desde la llegada al trono de Carlos IV, debido esencialmente al esfuerzo económico militar que realizaron Francia y España en sus campañas terrestres para la conservación y expansión de los territorios de que ya disfrutaban-conservación por parte española, expansión por la francesa-. Lo que dejó nuestras arcas exhaustas. España se había asociado con Francia a través de los llamados pactos de familia, que pocos beneficios nos reportaron.

La rivalidad hispano-francesa contra Gran Bretaña se fraguó poco a poco. Los británicos sabían que su prosperidad provendría del aumento de su comercio y desde hacía tiempo hostigaban a los barcos españoles en las rutas americanas para intentar debilitar a nuestra flota, hacerse con el botín y progresar económicamente. Francia, por su parte, conocía que la fortaleza de su imperio estribaba en controlar el continente y, para eso, Gran Bretaña era un gran obstáculo.

Por tanto, entramos en una época histórica de avance y desarrollo técnico y comercial que generó amplias tensiones políticas entre las principales naciones europeas.

A la España volcada en las reformas durante el gobierno de Carlos III, momento de gran desarrollo y prosperidad, le siguió una España débil durante los gobiernos de Carlos IV. Este reinado se volvió más delicada aún tras la proclamación de la República Francesa.  La monárquica España debe decidir qué política seguir con ambas potencias porque el aliado tradicional francés (pactos de familia) es ahora hostil a nuestra forma de gobierno. Tras un primer intento de alianza con Inglaterra para combatir la Revolución, pasa a hacer equilibrios en política exterior procurando mantenerse neutral en medio de una gran inestabilidad internacional y de conflicto de intereses. Ante la presión revolucionaria y napoleónica, España optó por una alianza contra natura iniciada por el Tratado de San Ildefonso en 1796, y posteriormente con el de Aranjuez.

Inglaterra era fuerte en el mar e inaccesible por tierra. Francia era una fuerte potencia continental con un disciplinado y muy numeroso ejército. Cuando Napoleón pretende invadir Gran Bretaña obliga a España a convertirse en su alidada para evitar una agresión por su frontera sur y, además, porque era consciente de que la debilidad de la flota francesa requería de la Armada española para poder derrotar a Gran Bretaña.

Napoleón que era un gran estratega terrestre, no era un marino. Ideó un plan para invadir Gran Bretaña desde Calais, para eso ordenó una maniobra de distracción frente a la Armada británica, que se dio en distintos episodios a lo largo del Caribe y el Atlántico hasta culminar en Cádiz. La maniobra de distracción no tuvo éxito por cuanto Napoleón no contó ni con el viento, ni con la meteorología en el momento de idearla, ni con la reacción política y diplomática británica que se movilizó para buscar la Tercera coalición con Austria, Nápoles, Suecia y Rusia, ni con la reacción militar inglesa de bloquear diversos puertos franceses y españoles (Brest, Tolón y el Ferrol).

Las flotas francesa y española, bajo el mando del almirante Villeneuve, se reunieron y fondearon en Cádiz en el mes de agosto de 1805. Cádiz quedó bloqueado por una escuadra británica.

Villeneuve, que resultó una calamidad, dio la fatal orden de que el 20 de octubre la flota aliada saliera del refugio de la bahía de Cádiz, para, el 21 de octubre de 1805, enfrentarse a la Armada británica frente al cabo de Trafalgar. La composición de las fuerzas se distribuía así: la flota hispano francesa estaba formada por 33 buques de guerra, 15 españoles y 18 franceses. Contaban con 2.626 piezas de artillería y a bordo iban unos 27.000 hombres. La flota de Gran Bretaña, liderada por el vicealmirante inglés Horacio Nelson, estaba integrada por 27 naves, 2.148 piezas de artillería y 18.000 hombres.

La disposición de las flotas en el combate se asemejó, para mejor comprensión del lector, como si se tratara de un dibujo que representara un arco al que se arrima una flecha. En el arco estaba dispuestas las naves hispano-francesas, la flecha- que, en vez de una, se dispuso en dos columnas- era la flota británica. Esa punta de flecha atravesó la disposición naval hispano francesa, provocando la desorganización de la columna combinada, que quedó dividida en tres partes; el centro y la retaguardia expuestas al fuego enemigo y la vanguardia aislada del resto. Al frente de una de esas líneas de flecha, Nelson situó su propio barco, el Victory, y la segunda comandada por el almirante Collingwood, quien atacó por la retaguardia. Fue una táctica novedosa, muy arriesgada y muy valiente, que le costó la vida a Nelson, pero logró elevarle al olimpo de los marinos.

A pesar de la tenacidad de los marinos franceses y españoles, la superioridad británica en el uso de la artillería (mucho más moderna y eficaz) y de tácticas mejor estudiadas,  permitió a los británicos prevalecer. La Armada inglesa estaba mejor pertrechada, era más moderna y contaba con un más eficaz uso de la munición. Los españoles tenían una tropa, marinería, peor formada, pero con unos mandos mucho mejor adiestrados. Posiblemente, la formación de la los mandos de la Armada española fuera la mejor del mundo, pero de nada valió con el apoyo de una flota, la francesa, que, aunque puso ardor en la batalla, no dispuso del conocimiento táctico necesario. Villeneuve dirigía con suma rigidez y falta de conocimiento naval, lo que llevó a la derrota.

En medio de la feroz batalla, los mandos españoles destacaron por su valentía. Frente a la torpeza táctica de Villeneuve, el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, mostró un gran arrojo y conocimiento militar a pesar de la adversidad. El brigadier Cosme Damián Churruca, al mando del navío “San Juan Nepomuceno”, no sólo luchó como un valiente, sino que estando mortalmente herido siguió dirigiendo su nave, sin ocuparse de su vida. El brigadier Dionisio Alcalá Galiano, comandante del navío “Bahama”, ferozmente resolutivo, heroico en su lucha hasta la muerte. El capitán de navío Francisco Alsedo, que mandaba el “Montañés”, resultó muerto en combate tras luchar con resolución, firmeza y gran valor.

Trafalgar fue un punto de inflexión en la Historia de la Humanidad y de España. Desde ella nuestra decadencia era  (¿es?) un hecho.

Como consecuencias directas del combate, podemos destacar que:

  • Francia perdió 12 navíos, reportó 2.218 muertos, 1.155 heridos y más de 500 prisioneros. España, por su parte, perdió 10 naves, tuvo 1.022 muertos, 1.383 heridos y unos 2.500 prisioneros. Gran Bretaña no perdió ningún buque, aunque tuvo que lamentar 449 muertos y 1.241 heridos. El vicealmirante Nelson murió por las heridas recibidas y se convirtió en uno de los héroes más importantes de la historia británica.
  • Napoleón no pudo concretar la invasión a Gran Bretaña, por lo que desvió su atención a sus rivales continentales, a las cuales derrotó en Ulm y en Austerlitz.
  • La flota británica quedó intacta y durante 1806 y 1807 protagonizó la conquista de la colonia neerlandesa del Cabo de Buena Esperanza y las llamadas invasiones inglesas del Rio de la Plata. El resultado de la batalla consolidó la supremacía de la marina de guerra británica y el inicio de su gran imperio y dominio de los mares durante todo el siglo XIX y parte del XX.
  • El debilitamiento de la flota española implicó que España no pudiera proteger debidamente sus colonias americanas. Iniciándose posteriormente los procesos de independencia. Asimismo, España perdió poder comercial y militar, lo que le llevó a un estado de debilidad que provocó la invasión napoleónica, y la Guerra de Independencia, donde, curiosamente, el apoyo exterior a España vino de la mano de los británicos. En el fondo nuestro país fue un escenario más del enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña por dominar el mundo.

Esta Batalla es una de las más destacadas en cuanto al conocimiento popular. No solo se recuerda en Londres ( Trafalgar Square- con la comuna dedicada a Nelson), sino también en numerosas ciudades españolas, al ser nuestro país el escenario de la sangrienta lucha. También se ha llevado este episodio al cine y a la literatura, sobresaliendo en este último ámbito “Trafalgar” (1873), la primera novela de los “Episodios Nacionales”, de Benito Pérez Galdós, y “Cabo Trafalgar” (2004), de Arturo Pérez-Reverte. Este talento literario es llamado a detallar lo acontecido allí por la trascendencia de una batalla que desde el principio tenía escrito en su destino que iba a ser una de las más dolorosas, sangrientas e incluso épicas de la historia de España.

“Un hombre tonto no es capaz de hacer en ningún momento de su vida los disparates que hacen a veces las naciones, dirigidas por centenares de hombres de talento”, escribió Galdós en este Episodio Nacional (no digamos nada cuando los dirigentes carecen de talento).

BIBLIOGRAFÍA.

AGUADO BLEYE, Pedro. “Historia de España” Espasa Calpe. 1956.

JOVER, ZAMORA, José María. “Características de la política exterior de España en el siglo XIX”. Marcial Pons. 1962.

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981.

PÉREZ GALDÓS, Benito. “Episodios nacionales”. Ed Aguilar. 1968.

 

 

ETA

Hoy traigo al blog la historia de la banda terrorista ETA. Evidentemente de manera muy resumida, imposible hacerlo de otro modo con la extensión de una entrada de blog. Como aclaraciones previas señalaré que, 1) no cito los nombres de los etarras, salvo algún caso excepcional. El motivo es sencillo: todos eran y son lo mismo. No merecen ser destacados. 2) Siento no haber encontrado en algún lugar el listado completo con los nombres de todas las víctimas. Hay nombres aquí y allá, en alguna de las Web que nombro aparecen muchos, pero no todos.

Según cuenta el libro “Las raíces de un cáncer”, de Gaizka Fernández Soldevilla y Santiago de Pablo. Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad) – ETA- no nació un día concreto sino en una sucesión de citas de cafetería, en un periodo algo superior al medio año durante la primera mitad de 1959. Por poner un hito fundador, más que otra cosa, los primeros miembros de ETA eligieron la fecha del 31 de julio de 1959. Era el día en el que enviaron al lehendakari en el exilio, José Antonio Aguirre, una carta en la que le comunicaban la escisión de su grupo de las juventudes del PNV. El 31 de julio era el aniversario del PNV y, aún peor, el día de San Ignacio, parecía que ETA sonaba a una filial del PNV formada por alumnos de los jesuitas con ínfulas. Y algo de verdad había, no sólo porque «unos mueven el árbol y otros recogen las nueces» que dijo Arzallus, manteniendo que había una coincidencia de objetivos entre su partido (PNV) y ETA, sino porque, además,  la influencia de la Iglesia Vasca en el origen y protección de ETA fue esencial. “ETA nació en un seminario”, el libro de Álvaro Baeza, así lo atestigua. No es el único. La historia de lo que ocurrió en estos años no deja en buen lugar a la Iglesia vasca. Muchos fueron los sacerdotes del País Vasco que ayudaron, encubrieron y aplaudieron a los terroristas.

ETA en sus orígenes nace bajo la defensa del euskera, el etnicismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios que, según ellos, pertenecían a Euskadi: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra (en España), Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).En “Las raíces de un cáncer” se señala que la banda terrorista nació, antes que como grupo armado, como un cuento fantasioso: “Los fundadores de ETA tenían una visión muy trascendente de sí mismos”, cuenta Fernández Soldevilla, responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. “Cuando crearon ETA juraron sobre un ejemplar de Gudari que era la publicación de los combatientes nacionalistas vascos en la Guerra Civil. Juraron que ellos iban a ser sus herederos, que iban a coger su antorcha y a conseguir lo que los gudaris no consiguieron. Se veían a sí mismos como como héroes que estaban posando ante la historia. Se veían como el Che Guevara y Fidel Castro y querían crear sus mitos desde el principio, aunque fueran un grupúsculo sin ninguna importancia”.[1]

Su origen universitario, más vinculado al carlismo que a ningún proceso revolucionario, y forjado en ambientes pseudointelectuales franceses originó en aquellos primeros militantes un afán de protagonismo heroico, que no se compadecía con la realidad a la que conducían sus actos. En los primeros años se limitan a realizar pintadas, tirar pasquines o colocar pequeños artefactos. Su primera acción violenta de entidad ( se trata de la primera acción reconocida por ETA, porque con anterioridad, según datos el Ministerio del Interior y algunas fuentes vascas la primera víctima mortal de ETA fue la niña de 18 meses María Begoña Urroz Ibarrola, alcanzada por una bomba colocada el 28 de junio de 1960 en la estación de Amara, de San Sebastián), se produce el 18 de julio de 1961: el intento fallido de descarrilamiento de un tren ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián para celebrar el Alzamiento.

En 1962, en su primera asamblea, celebrada en Bayona (Francia) se presentan como “Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional”. Allí se autodefinen como una organización clandestina revolucionaria que defiende la lucha armada como el medio de conseguir la independencia de Euskadi. Pero la reivindicación del uso de la violencia de manera más radical se produce en la V Asamblea (1966-67). En 1968, cuando tomaron la decisión de asesinar como modo de reivindicación nacional, eligieron a dos víctimas de la policía, con fama de duros represores franquistas: José Mª Junquera, policía jefe en Bilbao y Melitón Manzanas, de San Sebastián. Eran, en su lógica, dos víctimas perfectas para sus intenciones propagandistas de lucha contra la opresión franquista. Sin embargo, no eligieron bien al asesino. Este fue Txabi Etxebarrieta, inestable y bajo los efectos de centraminas, que la víspera del atentado previsto, mató a un guardia civil de tráfico, santanderino, con novia y amigos en el país vasco, que no tenía enemigos, ni formaba parte de ningún escuadrón al que acusar de torturas. Este error, destruía la narrativa prevista y les obligó a construir un nuevo relato con el que justificar lo que no dejaba de ser un simple asesinato.

Aquellos asesinatos y otras acciones deleznables dieron origen al proceso de Burgos. Juicio sumarísimo celebrado por un tribunal militar contra 16 miembros de ETA – 2 de ellos religiosos,  que se inició en Burgos el 3 de diciembre de 1970. El Régimen pretendía dar un golpe de autoridad, que no le salió bien. En vez de haberlo planteado como un juicio penal ordinario no sólo mucho más acorde con el sentir popular nacional e internacional sino también con el imperio de la ley, lo planteó bajo el código militar creando una imagen de juicio político y de indefensión de los terroristas. Hasta la Iglesia utilizó todos sus resortes y contactos para que el caso tuviera la máxima audiencia posible, creando una pequeña revolución, como señala Pedro Ontoso, en su libro “ETA, yo te absuelvo”.

Tras una semana de juicio, la sala militar confirmó nueve condenas de muerte para seis acusados. Y más de 500 años de cárcel para el resto. Debido a las presiones internacionales (incluida la Santa Sede), el Consejo de ministros conmutó las condenas capitales por penas de cárcel.

La reacción de ETA fue incrementar sus atentados. Así entre los cometidos en los años 70 destaca por su trascendencia el asesinato del presidente del Gobierno, el Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. En 1974, se produjo el primer atentado masivo : explosión de un artefacto en la cafetería Rolando de Madrid, con un resultado de 12 muertos y 80 heridos. La cafetería estaba situada junto a la Dirección General de Seguridad, ese fue su “pecado”, y si no hubiera sido ese, hubieran elegido cualquier otro para causar terror, su objetivo.

El debate interno sobre este atentado masivo provoca la primera escisión importante en la organización: los “milis” de ETA militar, más violentos, se desmarcan de los “polimilis” de ETA político militar. En 1982, ETA político militar se disuelve. Son los primeros arrepentidos. No hubo muchos arrepentidos más; ETA militar no lo consistió, ejemplo significativo fue la dureza con la que trató a Dolores González Cataraín “Yoyes”, la primera mujer dirigente de ETA, que abandonó la organización en 1980 por su desacuerdo con la línea dura. Fue asesinada en Ordizia, el 10 de septiembre de 1986 mientras paseaba con su hijo. Yoyes fue uno de los miembros de ETA más buscados durante los años 70, se había instalado en San Sebastián en 1985, tras 11 años de exilio en México. Ella misma vaticinó su asesinato: “Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas […] Por tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA”, dejó escrito en su diario.

Toda la propaganda de lucha contra el franquismo y la dictadura se vino abajo y dejó ver la auténtica cara de ETA cuando ya muerto Franco y con la democracia en ciernes, a finales de los 70, sus atentados fueron especialmente violentos, indiscriminados y se cobraron miles de vidas. La amnistía decretada el 15 de octubre de 1977 afecta a los presos etarras encarcelados durante la dictadura franquista. De nada sirvió aquella ley para apaciguar a los asesinos. 1979 y 1980 fueron los años con mayor número de atentados y de víctimas, casi 100 cada año.

Destaca, en 1979 el atentado con bombas en dos estaciones de trenes de Madrid. Mueren ocho personas. En la década de los 80, ETA recrudece sus acciones y los atentados masivos e indiscriminados atemorizan y castigan a la sociedad española como no lo había hecho hasta entonces. El 9 marzo de 1980 hubo elecciones en Euskadi, las primeras al Parlamento autonómico, que ganaría el Partido Nacionalista Vasco. “ETA mató hasta el 20 de febrero y reanudó las actividades el 18 de marzo. Ésa fue toda su tregua. El año de más muerte de su historia fue el mismo año en que Euskadi recuperaba de manera ejecutiva su capacidad de autogobierno [2]”. En julio de 1986, 12 agentes de la Guardia Civil mueren al explosionar un coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. En junio de 1987, 21 inocentes ciudadanos, hombres, mujeres y niños, pierden la vida por un coche bomba que ETA instaló en el Hipercor de Barcelona, otras 45 personas sufrieron heridas de diversa consideración, muchas irreversibles y con secuelas para toda la vida. El 11 de diciembre 1987, un coche bomba con 250 kilos de explosivos hacía explosión frente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, dejando un balance de 11 muertos ( entre ellos 5 niños) y 40 heridos.

La llegada del Gobierno socialista condujo a la creación de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), injustificable en un estado democrático. Fue un tipo de antiterrorismo ilícito, parapolicial. Juzgado y condenado. Pero también dio lugar a que, por primera vez, el 23 de septiembre de 1984, Francia colaborara con España en la lucha contra el terrorismo, con la concesión de la extradición de tres miembros de ETA. Francia siempre fue el santuario en el que se refugió ETA. Fueron años de éxito policial a pesar de los errores.

En 1987, se da un importante paso en la lucha contra el terrorismo de ETA: se firma el Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo o Pacto de Madrid. En el Congreso de los diputados se firma un acuerdo, el 5 de noviembre de 1987 para coordinar y poner fin a la violencia de la organización terrorista ETA. El acuerdo fue firmado por la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en la cámara: PSOE, Alianza popular, UCD, Convergencia i Unió, PNV, Partido Demócrata Popular, Partido Liberal, PCE y Euskadiko Ezquerra. En 1988, se firmaría en Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de navarra, en ambas comunidades autónomas, con un contenido y objetivos similares.

En 1989, ETA y el Gobierno de González intentan dialogar y acercar sus posturas en las conversaciones de Argel. Eta retomó las armas tras la ruptura del diálogo.

El 29 de marzo de 1992, pocos meses antes de la Expo’ 92 y de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se produjo una de las mayores operaciones contra ETA. Un trabajo encomiable de la Guardia Civil en colaboración con la policía francesa logró la detención de la dirección de la banda terrorista en la localidad francesa de Bidart. Esta actuación policial provocó la mayor crisis registrada hasta entonces en el seno de la banda criminal. El golpe de Bidart obligó a ETA a recomponer su dirección, reorganizar su entramado civil y extremar las medidas de seguridad. Ante esta situación, el 11 de julio de ese mismo año, la nueva dirección de ETA propuso una nueva negociación. Pero el diálogo no se materializaría en nada y, el 21 de junio de 1993, ETA vuelve a atentar contra seis militares en Madrid.

En aquel momento, ante el descabezamiento de la cúpula etarra,  la violencia callejera de diversa intensidad se convirtió en el arma más usada por los terroristas,  los grupos de jóvenes, como Jarrai, Haika y Segi alentaron la denominada «Kale borroka» o terrorismo callejero. Causaron destrozos por las calles, amenazaron y coaccionaron a ciudadanos, políticos y profesionales de todos los estamentos. Y esta manera de actuar se exportó a movilizaciones de grupos radicales fuera del País Vasco, normalmente en Madrid y Barcelona. El declive de la Kale borroka se debió a un cambio de legislación que trató a los alteradores como terroristas y así fueron juzgados, a la lucha policial y al poco apoyo social.

Pero los actos terroristas siguieron adelante. El 29 de mayo de 1991, atentaron con un coche bomba contra cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), en el que mueren 10 personas. En 1995, estalla un coche bomba al paso de un furgón militar en Vallecas (Madrid).
Mueren seis civiles que trabajaban para la Armada.

Además de las bombas, los etarras buscaban otras formas de presión al gobierno y por ello realizaron algunos de los secuestros y asesinatos más salvajes de la historia de la humanidad. El secuestro más largo de ETA ha sido el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado el 17 de enero de 1996 y liberado por la Guardia Civil el 1 de julio de 1997 tras 532 días de cautiverio. Entre los secuestros políticos se encuentra el intento, el 3 de julio de 1979, de secuestrar a Gabriel Cisneros Laborda, diputado de UCD y uno de los padres de la constitución. Intentaron secuestrarle en las puertas de su casa en Madrid; consiguió salir corriendo, pero le dispararon causándole unas heridas, que, si bien no le mataron en aquel momento, le provocaron daños cuya consecuencia fue su muerte tiempo después. El que cometió aquel intento de secuestro y asesinato fue Arnaldo Otegui, según narraba el propio Cisneros.

Asimismo, debemos recordar el secuestro de Javier Rupérez. Secretario de Relaciones Exteriores del partido UCD, el 11 de noviembre de 1979 fue secuestrado durante 31 días. Los etarras pretendían la liberación de varios presos. No lo lograron.

Pero sin duda, el secuestro político más bárbaro cometido por ETA para chantajear al gobierno aconteció el 10 de julio de 1997, al secuestrar a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua. Querían que el Gobierno de Aznar cediera en su política de dispersión de etarras por diversas cárceles del España- política que había iniciado el PSOE siendo ministro de Justicia Enrique Múgica Herzog. Esta política causó gran daño a los etarras, pero le costó la vida, también asesinado, al hermano del ministro, Fernando Múgica ( 6 de febrero de 1996)-. 48 horas después de su secuestro y dado que el gobierno de Aznar no cedió al chantaje, los secuestradores y torturadores de ETA, pegaron un tiro en la nuca a Miguel Ángel Blanco que llegó al hospital en estado de muerte cerebral, y falleció el día 13 de julio.

El mismo Aznar es víctima de ETA. El 19 de abril de 1995 la banda terrorista le intentó matar haciendo estallar una bomba a su paso. Aznar salió ileso gracias al blindaje del coche que llevaba, pero Margarita González, de 69 años y ama de casa, quedó sepultada entre los escombros de su hogar, cercano al lugar de la explosión, y murió posteriormente en el hospital. La acción contra miembros del PP se había recrudecido desde su prevista llegada al Gobierno. En enero de 1995 asesinaron a Gregorio Ordoñez y en los años posteriores 12 concejales más del PP fueron asesinados. Aznar no cedió al chantaje, aunque tuvo contactos para la rendición de ETA, como habían hecho todos los gobiernos. Una rendición sin condiciones, que no se dio. Diferente fue la negociación que inició el Gobierno de Zapatero en la que dio alas a los asesinos cuando ETA ya estaba muerta por las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por la entereza del pueblo español. En medio de negociación del Gobierno, que esperaba una tregua, se produjo un atentado en el aeropuerto de Barajas, en 2006 donde mueren dos personas. El 7 de marzo de 2008, era asesinado el último concejal socialista que falleció a manos de ETA, Isaías Carrasco. El 30 de julio de 2009, hizo explosión un artefacto-lapa colocado en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil estacionado en las inmediaciones del Acuartelamiento del Cuerpo de Palmanova (Mallorca) y resultaron muertos los Guardias Civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun, quienes serían las últimas víctimas mortales de atentados de la banda terrorista ETA en España.

Durante 42 años de crueles atentados, ETA asesinó 864 ciudadanos entre los que se encuentran civiles, políticos, miembros de la judicatura, ertzainas, policías. Ellos que pregonaban que luchaban contra la dictadura franquista, mataron a 43 personas entre 1968 y 1975, el resto de los fallecidos se produjeron en democracia. Entre los heridos han logrado ser reconocidos como afectados por gran invalidez, incapacidad permanente, incapacidad parcial o lesiones permanente un total de 1.076 víctimas. Si a eso unimos los que han tenido o tienen lesiones psicológicas, los que han visto destruido su patrimonio, los que tuvieron o tienen lesiones por secuestro el resultado se eleva a 2.123, según el informe del defensor del Pueblo de 2016. También deberíamos contar a todos los ciudadanos que por culpa de la violencia tuvieron que abandonar el País Vasco e instalarse en otros lugares de España.

Además, como señala el informe del defensor del pueblo (https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/12/VictimasETA.pdf) quedan al menos 377 asesinatos de ETA que no han sido resueltos por la Justicia, bien sea porque el delito ha prescrito, por falta de pruebas, por cuestiones burocráticas, negligencias judiciales o por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

A pesar del elevado número de víctimas, fueron muchos los éxitos policiales contra ETA; además de las muchas vidas de civiles que salvaron las fuerzas policiales, destacaremos los dos atentados frustrados contra el rey Juan Carlos. Uno de ellos con granadas preparadas cuando iba a inaugurar el museo Chillida en el País Vasco. Asimismo, en octubre de 1997, la banda terrorista intentó colocar tres maceteros con doce granadas para ser lanzadas durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. El ertzaina Txema Agirre les dio el alto, pero su valentía le costó la vida, como a tantos y tantos valientes servidores del Estado.

En el siguiente enlace del ministerio del Interior se pueden ver algunos de los grandes éxitos policiales tanto de la policía Nacional como de la Guardia civil de aquella lucha de las fuerzas del estado contra los asesinos de ETA. Y quizá más significativas sean las Web de los dos Cuerpos, que también acompaño.

https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2001/Actividad-Antiterrorista.pdf

https://www.policia.es/_es/tupolicia_memorial_timeline_victimas.php

https://www.guardiacivil.es/es/institucional/actividadesInstitucionales/actos/07_30.html#:~:text=Durante%2042%20a%C3%B1os%20de%20crueles,militares%20y%20210%20guardias%20civiles.

No podríamos terminar esta entrada sin señalar el porqué de que ETA se mantuviera tanto tiempo en activo. La maquinaria criminal de ETA requería de importantes cantidades de dinero para costear el material necesario para sus actividades, mantener su infraestructura y apoyar tanto a los etarras liberados como a sus miembros deportados, refugiados o huidos. Incluso para apoyar a los encarcelados, muchos de ellos con tendencias suicidas. Para ello, necesitaba 15 millones de pesetas diarios y más de 5.400 anuales, según un informe de la Ertzaintza conocido en 1996.

En sus inicios, la banda terrorista consiguió financiarse mediante: 1) atracos a entidades bancarias, técnica que fue abandonando progresivamente, 2)por la extorsión; 3) secuestros a empresarios, y 4) también iniciaron actividades “empresariales” propias con las que financiarse (ETA logró un entramado empresarial y financiero que extendía sus ramas hasta cuba, panamá, Venezuela y cabo verde. Existía una red de empresas paralelas de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) que financiaba a ETA).

Los métodos de extorsión se basaban en el cobro del llamado por ETA “impuesto revolucionario”, para ello enviaban cartas amenazantes a empresarios, mayoritariamente vascos, pero no exclusivamente vascos, en las que se exigía el pago de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su integridad física no corrieran peligro. Cartas que iban cifradas, de manera que si alguna se filtraba a la prensa ETA conocería al extorsionado “chivato”.  Aunque muchos amenazados denunciaron estas prácticas mafiosas, es difícil determinar cuántos realmente pagaron por salvar su vida, ante el terror psicológico impuesto por la banda terrorista, que llegó a aplicar “intereses de demora” a quienes que se retrasaban en el pago. En marzo de 2011 la banda anunciaba a los empresarios que cancelaba su extorsión, mediante una carta al presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.

Otro medio de financiación ejercido por ETA fueron los secuestros A lo largo de su historia, ETA secuestró a 77 personas. Algunas fueron liberadas tras el pago de los rescates o gracias a la intervención de la Fuerzas de Seguridad. Otras fueron asesinadas por los terroristas. El primer secuestrado fue el cónsul alemán Eugenio Behil. En ocasiones los secuestros se sucedían, así mientras estaba secuestrado José maría Aldaya ( 342 días secuestrado), ETA secuestro a Ortega Lara, y el mismo día de la liberación de éste, la banda terrorista había puesto en libertad a Cosme Delclaux, tras 233 días de secuestro. Otros secuestros destacados por su duración fueron los del empresario Emiliano Revilla, 249 días.  Los del empresario Julio Iglesias Zamora (116 días), – no confundir con Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias , que también fue secuestrado por ETA-.El empresario Luis Súñer. 91 días.  O los ingenieros Adolfo Villoslada. 85 días y Diego Prado y Colón de Carvajal. 73 días.

Entre las operaciones policiales exitosas para desmantelar el entramado financiero de ETA podemos destacar , la operación Sokoa, en 1986. En ella la policía francesa reveló que, entre 1980 y 1986,  ETA había ingresado cerca de 1.200 millones de pesetas mediante el chantaje empresarios. En 1992, la operación Easo logró desmantelar el intento de cobro de 400 millones de pesetas a una veintena de empresarios. En 1993, se detuvo en París al responsable del aparato financiero de ETA. En 1998, y 2000 se propinaron sendos golpes al entramado financiero de ETA en Iberoamérica. En mayo de 2002, se logró documentar y confirmar que las “herriko tabernas” funcionaron durante años como centros de recaudación del “impuesto revolucionario”. En 2006, la investigación de la policía francesa y española detuvo a los etarras responsables de recaudar, durante más de 20 años, el “impuesto revolucionario”.

Además, evidentemente, ETA se mantuvo tantos años en acción por el apoyo y colaboración de amplios sectores de la sociedad vasca. Entre los que se encuentra en un lugar destacado el periódico Egin, que daba los comunicados de ETA e informaba de los que la banda terrorista quería informar o desinformar.

Asimismo, existía un “brazo político”, Herri Batasuna (HB), que surgió en 1978 y se registró como partido político en 1986. En 2001, se escindió en dos: Batasuna y Aralar (tenía los mismos principios, pero rechazaba la lucha armada). En 2003 el Tribunal supremo en aplicación de la Ley de Partidos resolvió por unanimidad la ilegalización de HB, de Euskal Herritarrok y de Batasuna. En 2017, se disuelva Aralar. Surgieron otros partidos proetárras entre ellos Euskal Herria Bildu (EH Bildu) que en 2014 se inscribió como federación de partidos en el Ministerio del Interior. En 2017, se refundió para crear partido único y no una federación de partidos, Arnaldo Otegi, aquel al que Gabriel Cisneros identificaba como individuo que le disparó, fue elegido Coordinador general. Bildu se considera heredero de la ilegalizada Batasuna.

BIBLIOGRAFIA

BAEZA , Álvaro. “ETA nació en un seminario”. ABL, editor. 1995.

Espada, Arcadi. Artículo publicado en El País:

https://www1.udel.edu/leipzig/270500/elb270800.htm

FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, G Y DE PABLO, S. “Las raíces de un cáncer”. Ed Tecnos. 2024.

ONTOSO, Pedro “ETA, yo te absuelvo”. 2020. Ediciones Beta III. Milenio, S.L.

El Mundo.” La dictadura del terror”. https://www.elmundo.es/eta/historia/

Webs del Ministerio de Interior, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y del Defensor del Pueblo

[1] Las raíces de un cáncer, de Gaizka Fernández Soldevilla y Santiago de Pablo (Tecnos)

[2] Arcadi Espada. Artículo publicado en El País. https://www1.udel.edu/leipzig/270500/elb270800.htm