LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLITICA FORESTAL EN ESPAÑA

Mi admirado profesor Ferreiro, tantas veces nombrado en este blog, con su español escacharrado, pero certero, decía que para hablar de historia había que “dárselo morto”. Lo que recuerda que la Historia es el análisis del pasado y periodismo la del presente. Como este es un blog de Historia no pretendo adentrarme en las procelosas aguas de la política forestal actual.

Los Ingenieros de Montes definen la política forestal como:

“La política forestal la componen el conjunto de objetivos, acciones y medios que, en un plazo determinado, trata de fomentar la conservación del monte como medio natural, el aprovechamiento, comercialización y transformación industrial de sus productos, la investigación y desarrollo de técnicas de gestión, el uso público de los servicios ambientales del monte, la formación de profesionales y la cultura forestal que debe poseerla sociedad”.[1]

En 1700 murió Carlos II sin sucesor. Desaparecía la dinastía de los Austrias, tras la guerra civil de sucesión que trajo a España a Felipe de Anjou, Felipe V, nieto del monarca francés Luis XIV. Consolidada la nueva dinastía, Felipe V comenzó a introducir profundas reformas en la organización y administración del Estado, que incluían los organismos centrales de la monarquía, el gobierno interior, en especial en lo que atañía a la Corona de Aragón, y a la política fiscal. También procedió a una reorganización del Ejército; la Marina fue objeto de un proceso racionalizador y centralizador, en lo que desempeñó un papel fundamental la Intendencia General de la Marina, de la que en 1717 se hizo cargo José Patiño. El intendente tenía bajo su mando todo aquello que no concernía directamente a las operaciones militares. Entre estas funciones se encontraba la obtención de la materia prima para la construcción de los barcos, es decir, los montes y plantíos necesarios y el personal a ello vinculado. Fernando VI dispuso que la Marina se hiciese cargo de algunos montes próximos al mar y a los ríos navegables. Esta medida tuvo efectos globalmente beneficiosos, pues la Marina se hizo responsable de realizar una gestión racional. Se comprometía a plantar tres árboles por cada uno cortado y a marcar los árboles cuya tala estaba prohibida. Esto contribuyó a salvar bosques irreemplazables.

Fue todo un programa ilustrado que caracterizará el siglo XVIII, lo que incluía no sólo las reformas administrativas y militares, sino también la política de fomento de la producción, la construcción de nuevas infraestructuras, el desarrollo cultural y la creación de instituciones científicas, culturales y económicas.

Este programa continuó durante el reinado de Fernando VI y el ministerio de Ensenada, y verá su mayor desarrollo en la segunda mitad del siglo, sobre todo, con Carlos III. Es importante poner de relieve la continuidad entre estas etapas del siglo XVIII, que puede fácilmente rastrearse en la labor política de personajes como José Patiño, José del Campillo y Zenón de Somodevilla, no sólo por haber ocupado en diferentes momentos el poderoso Ministerio de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, sino por el programa que habían esbozado y en uno u otro grado impulsado. Esta continuidad, pacífica, inteligente y bien planificada llevó a que el siglo XVIII español haya sido uno de los más próspero de nuestra Historia, quizá pocas veces bien ponderado, hasta que Carlos IV y sobre todo Fernando VII malograron toda la obra anterior.

En materia forestal, durante las primeras décadas del XVIII se adoptaron medidas destinadas a la conservación de los recursos de los montes, por ejemplo, ante las demandas de las Cortes de Castilla, Felipe V ordenó una reforestación rápida y tomó algunas medidas proteccionistas, como la Ordenanza de 1719 para la defensa del pinsapar de la Sierra de Grazalema, que salvó esta importante reliquia forestal. Estas medidas no contradecían, sino que reforzaban lo legislado por los Austrias. Son numerosas las ordenanzas municipales que se establecieron en los siglos XVI y XVII destinadas a regular la convivencia entre los vecinos de los pueblos. Estas ordenanzas solían contener algún articulado que contemplaba los usos vecinales de los montes, que en algún caso estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que, para muchos municipios, el monte era un recurso de primer orden y, además, con frecuencia fuente de conflictos. De todas formas, la importancia que se le concede en las diversas ordenanzas varía mucho, en función, sin duda, de su peso en la vida colectiva. En lo que a los aprovechamientos forestales se refiere, estas normas se presentaban en numerosos casos bajo la forma de prohibiciones, indicándose la multa o castigo consiguiente.

En 1748, se publicaron unas nuevas ordenanzas de montes dentro del programa de reformas impulsado por Ensenada. Existe la opinión generalizada de que estas ordenanzas estuvieron inspiradas en la Ordonnance de Louis XIV, que en 1669 hizo aprobar Jean Baptiste Colbert, lo que da pie a plantear la existencia de un cambio cualitativamente muy importante en la legislación forestal a partir de este momento. Se promulgaron diversas ordenanzas para “el aumento y conservación de los bosques”, se instituyó la figura del guardabosques y se reforzaron las penas a los pastores responsables de quemar el monte. El resultado permitió mejorar sensiblemente la situación. Hacia el final de siglo, se estima que existía una extensión algo superior a los diez millones de hectáreas. Importante fue también la renovación de la silvicultura de la mano de diversos autores franceses, como Henri Louis Duhamel du Monceau (1700- 1782) que en 1731 comenzó a realizar trabajos de investigación en materia de silvicultura para la Marina.

La influencia francesa tuvo dos hitos destacados: 1) el nacimiento de una ciencia de los montes que irá desarrollando en torno a diversas personalidades vinculadas al Jardín Botánico de Madrid, y 2) Las figuras de los jardineros que acabaran siendo profesores y de ahí a la creación de las cátedras de agricultura. El primero de estos jardineros fue, en 1799, Claudio Boutelou, quien en 1807 fue nombrado profesor de Agricultura y, en 1809, el gobierno de José Bonaparte lo nombró director del Jardín Botánico, ocupando el puesto que se había visto obligado a abandonar Lagasca. La política liberal e ilustrada española tendrá sus referencias en Jovellanos y su Informe sobre la ley agraria; el padre Manuel Gil, miembro de la Sociedad Económica de Sevilla; Bernardo Ward y su Proyecto Económico entre otros.

Todas las mejoras del Siglo XVIII se perdieron en un desastroso XIX.

En el siglo XIX, se introdujeron medidas por medio de las cuales se querían impulsar los plantíos, pero fueron poco adecuadas, imponiéndose además onerosísimos gravámenes a los pueblos, con el resultado de que éstos hacieron todo lo posible para que los plantíos fracasaran. En cuanto a los aprovechamientos, contaban con el grave inconveniente de dejar su ejecución en manos de las justicias de los pueblos y los subdelegados, lo que dio lugar a frecuentes abusos, además de representar un menoscabo de la autonomía municipal. Entre los propietarios de bosques privados fueron extremadamente impopulares.

A eso hay que unir las diversas desamortizaciones (tanto la de Mendizábal como la de Madoz), pero, sobre todo, esta última. Se cebó en los bosques comunales de los pueblos, con terribles consecuencias medioambientales y sociales.

En muy pocos casos los nuevos propietarios hicieron una gestión acorde con criterios técnicos. Se produjeron muchas roturaciones a la búsqueda de un beneficio inmediato. El pastoreo no tuvo límites y también se multiplicaron los incendios provocados como protesta social. Toda esta política llevó a una desforestación destacada. Los bosques españoles quedaron reducidos a menos de seis millones de hectáreas, la menor dimensión de nuestra historia. La desaparición de la cubierta forestal protectora dio lugar a una serie de inundaciones y fenómenos torrenciales que causaron grandes desastres humanos en los núcleos de población situados próximos a los cauces de los ríos y cuantiosas pérdidas económicas al arrasar numerosos cultivos agrícolas ribereños.

Paralelamente a este proceso destructivo, la sociedad fue tomando conciencia del peligro que suponía el gigantesco proceso de degradación que se había producido y se seguía produciendo. Para frenar las actividades destructivas de la cubierta vegetal y desarrollar un programa racional de reconstrucción de la vegetación forestal y velar por su conservación y aprovechamiento, se creó, a mediados del siglo XIX, la Administración Forestal Española. Si bien, de toda aquella actividad administrativa poco fructífera sólo trascendió en el tiempo la Escuela de Ingenieros de Montes, creada en 1848. Fueron ellos, prácticamente los únicos, quienes, al promulgarse la desamortización, denunciaron que los montes públicos estratégicos pudiesen pasar al dominio de particulares sin ningún control, por los riesgos que supondría para las escorrentías, los suelos y la agricultura del país. Para dar respuesta a los daños causados por las inundaciones y los desastres torrenciales, se crearon, en 1888, las llamadas Comisiones de Repoblación encargadas de repoblar las cuencas hidrográficas más deforestadas y en las cuales los riesgos de inundaciones eran más probables. Son el antecedente de las Confederaciones hidrográficas.

Las medidas de mejora de la foresta fueron recogidas por los regeneracionistas, que incluyeron en su programa la defensa y recuperación de los montes. Aprobaron la primera ley contemporánea de montes (Ley de 24 de junio de 1918), cuyo objetivo era frenar la especulación desencadenada por los altos precios de la madera derivados del cierre de los mercados exteriores durante la Primera Guerra Mundial. El primer Plan Nacional de Repoblación Forestal se aprobó por Real Decreto de 26 de julio de 1926. En su preámbulo se dice que uno de los problemas que más directamente afectan a la riqueza nacional, y que ha llegado a interesar vivamente a la opinión pública es el de la repoblación forestal. Su política de ordenación de montes, bien intencionada, obtuvo escasos resultados.

Durante la República se aprobó la Ley de 9 de octubre de 1935, por la que se crea un organismo forestal específico para la repoblación, denominado Patrimonio Forestal del Estado (PFE), cuyo principal objetivo era restaurar, conservar e incrementar la superficie forestal del país. La guerra civil española (1936-39), no permitió la puesta en marcha de esta Ley.

El gran cambio se produce en la política forestar del nuevo régimen. En 1941, se recrea el organismo Patrimonio Forestal del Estado. Nace para desarrollar el Plan Nacional de Repoblación Forestal (PNRF). Cuyos objetivos principales eran los siguientes:

Conseguir mediante la repoblación de pequeños rasos y claros de los montes, el máximo de producción de madera compatible con la especie repoblada y con las características ecológicas de la estación.
Incrementar la superficie forestal arbolada en seis millones de hectáreas en un periodo de cien años.
Conseguir el interés de los propietarios privados para que colaborasen en la consecución del objetivo anterior, poniendo sus tierras a disposición del PFE para que fuesen repobladas. Esta colaboración se materializaba mediante la firma de un consorcio.

El plan se desarrollaba en diversas etapas:

La primera etapa, se extendió desde 1940 a 1959. En ella el objetivo prioritario era paliar el alto paro rural.

La segunda etapa comprende de 1960 a 1971. Inició la mecanización de los trabajos de reforestación debido a la escasez de mano de obra y al aumento, relativo, de los salarios, que encarecían excesivamente el proceso.

La Tercera etapa comprende de 1972 a 1982. Esta etapa se extiende desde la desaparición del organismo Patrimonio Forestal del Estado y la creación del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA); organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Agricultura (1972), hasta que se produce el traspaso de las competencias forestales a la Comunidades Autónomas, que habían surgido como consecuencia de la implantación del nuevo régimen democrático.

La cuarta etapa comprende desde 1982 a 1995. Con el traspaso de las competencias forestales a las Comunidades Autónomas en 1982 que no se encuentran vinculadas al PNRF se produce, de hecho, la desaparición del PNRF.

La presión de los movimientos ecologistas, y la vinculación del PNRF al régimen de Franco influyo negativamente en la política de reforestación. Los nuevos políticos, no eran partidarios de continuar políticas muy vinculadas a épocas anteriores, y aunque los propietarios privados, los servicios forestales, la economía y la restauración de extensas áreas degradadas en la vertiente mediterránea aconsejaban continuar repoblando, el proceso repoblador sufrió una reducción considerable.

Como consecuencias de la política desarrollada en esas cuatro etapas, surgieron algunos hitos importantes en la conservación de los montes. Así:

En 1955, se creó el primer servicio específico de lucha contra los incendios forestales, el Servicio Especial de Defensa de los Montes contra los Incendios, el cual contará con brigadas profesionales e incluso medios aéreos.

En 1969, se alquiló el primer avión anfibio en Canadá y después de unas prácticas fue destinado a Galicia, principal foco de los incendios en aquellos tiempos.

En 1971 se compraron dos aparatos y se firmó un convenio con el Ejército del Aire para su gestión, mantenimiento de los aparatos y suministro de tripulaciones. Tres años antes se había fundado la base de datos sobre incendios, que permitió mediante estudios basados en las estadísticas e incendios previos realizar una política de prevención efectiva contra el fuego.

Se realizaron campañas de concienciación hacia una población mayoritariamente urbana que había olvidado a conciencia su origen rural, en las que se recordaba lo nefasto de las colillas mal apagadas o fuegos abandonados y mal apagados. En ese sentido, fueron famosas las campañas publicitarias destinadas a la prevención. La campaña con mayor éxito fue con el lema “Cuando un monte se quema, algo tuyo se quema”. Esa campaña se vio apoyada, por ejemplo, en 1962, con la creación de un personaje animado, el conejo Fidel, que ejercía de guarda forestal en las campañas de televisión alertando sobre el riesgo de no vigilar las conductas humanas que ponían en peligro el bosque.

Asimismo, se realizaron varios programas en la televisión pública – la que había- de defensa de la fauna ibérica, con Félix Rodríguez de la Fuente, como protagonista en su condición de naturalista y divulgador ambientalista. Su programa “El hombre y la tierra” obtuvo tal éxito que aún se recuerda. También se hizo famoso por las campañas de salvamento de distintas especies animales en peligro de extinción, como el lobo, el oso y el águila imperial.

Pero el instrumento más eficaz para cuidar la naturaleza y protegerla de los incendios fue el ICONA. El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza además de buscar la concienciación ciudadana en materia de protección de los bosques, realizó el primer Inventario Forestal Nacional en 1965, dando como resultado que la superficie de los bosques españoles se había elevado desde 1941 hasta los 11,8 millones de hectáreas.

El esfuerzo español de repoblación tuvo reconocimiento internacional a través de la FAO.

El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento realizado por la iniciativa privada con subvenciones del Estado se separó del ICONA y pasó a depender de la Dirección General de la Producción Agraria (DGPA) del Ministerio de Agricultura, dando prioridad a las repoblaciones de alto interés protector, ecológico o social.

El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento se subvencionó a través de la Ley Para el Fomento de la Producción Forestal aprobada en 1977, que gestionaba la DGPA y que comprendía además de las ayudas a la reforestación un programa de ayudas y subvenciones a fondo perdido para la realización de trabajos culturales en masas naturales y repobladas de propiedad privada. Las críticas surgidas entre ciertos sectores ecologistas dieron como resultado una ralentización de la actividad de reforestación pública, no así la privada, que siguió su curso.

La desaparición del ICONA y la transmisión apresurada de sus competencias a las comunidades autónomas tuvieron penosas consecuencias. Entre 1981 y 1994 ardieron nada menos que dos millones de hectáreas, más del triple de las que se quemaban anualmente en el periodo anterior.

Actualmente, todas las comunidades autónomas han elaborado sus propios planes de reforestación, y pese a los problemas presupuestarios, están incrementando su actividad repobladora, si bien, éstas no se consideran suficientes y requieren de unas actividades de conservación, limpieza y mantenimiento que no siempre se realizan, en ocasiones por el abandono de la población de las zonas rurales, en otras por las dificultades que la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes impone para realizar esas tareas. Además, esa reforestación debería ir acompañada de algunas obras hidráulicas que no parece que vayan a acometerse.

BIBLIOGRAFÍA

PEMÁN GARCÍA, Jesús; IRIARTE GOÑI, Iñaki; LARIO LEZA, Francisco José.- “La restauración forestal de España: 75 años de una ilusión”. Ed Ministerio de Agricultura. 2017

SILVA SUÁREZ, Manuel.- “ TÉCNICA E INGENIERÍA EN ESPAÑA III EL SIGLO DE LAS LUCES De la industria al ámbito agroforestal”. Ed Universidad de Zaragoza. 2005.

Página Web del Colegio de Ingenieros de Montes.

[1] Web del Colegio de Ingenieros de Montes

GIBRALTAR, ESPAÑOL.

El pasado 4 de agosto, se cumplían 318 años de la toma de Gibraltar por parte de los ingleses, y ahí siguen. Ni con Brexit ni sin él tienen nuestros males remedio. Analicemos los orígenes del conflicto y su evolución.

Ya vimos como la muerte de Carlos II trajo consigo el inicio de una guerra de Sucesión con dos pretendientes principales, uno francés, Felipe V, y, otro austríaco, el archiduque Carlos. (https://algodehistoria.home.blog/2022/09/30/como-se-fraguo-la-sucesion-de-carlos-ii-el-hechizado-el-cardenal-portocarrero/). A este último le apoyaban los holandeses y los ingleses que, desde que descubrieron las ventajas comerciales del imperio español, no hicieron otra cosa que dar la lata hasta apoderarse de él; cuando no es creando la leyenda negra, es aliándose con nuestros enemigos y, cuando no, nos torean como si Curro Romero hubiera nacido en Londres.

En el inicio de la Guerra de secesión, el 1 de septiembre de 1704, una escuadra anglo-holandesa mandada por el almirante Rooke, asalta, en teoría en nombre del archiduque Carlos, la plaza de Gibraltar. Los asaltantes se presentan con 70 barcos bien armados, los defensores son 80 españoles llenos de coraje y dignidad- nuestra historia está llena de militares y ciudadanos gallardos, y muy pocos gobiernos a la altura de ellos -. El gobernador de Gibraltar, Diego Salinas, tras recibir el bombardeo con miles de balas de cañón, se rinde, pero se niega a reconocer la autoridad del archiduque, motivo por el que conduce a todos los ciudadanos que así lo deseen a la cercana ciudad de San Roque.

En el peñón, Rooke no extendió la bandera del Archiduque sino la inglesa. Las hostilidades siguieron hasta que el bando francés gana el trono español para el nieto de Luis XIV, Felipe V, quien firma el tratado de paz que pone fin a la Guerra de Sucesión española: Tratado de Utrecht.

El Tratado de Utrecht o Paz de Utrecht fue, en realidad, un conjunto de tratados firmados entre los países antagonistas en la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), pero tomó el nombre de la ciudad holandesa –Utrecht– en que se rubricó el primero de dichos acuerdos, el 11 de abril de 1713. Él final de la guerra con Austria se consolidó por los tratados de Rastatt y Baden firmados en 1714. A ellos se unen otros 19 acuerdos comerciales y territoriales.

Territorialmente, España cedió a Gran Bretaña Menorca y Gibraltar. Menorca la recuperamos definitivamente por el tratado de Amiens en 1802. Por el contrario, los ingleses han entendido que el Peñón es de ellos para siempre. Lo cual, no me negará el lector, es muy “British”, no hay más que ver el contenido del Museo británico, para comprender qué entiende un inglés sobre lo que es suyo.

Desde 1713, España ha intentado recuperar sin éxito este enclave estratégico, unas veces por la fuerza: por ejemplo, en el siglo XVIII, España sometió a Gibraltar a constantes asedios. En el más importante de ellos, entre 1779 y 1783. En otras ocasiones, por medios diplomáticos, pero siempre sin éxito. Hemos fracasado a pesar que los ingleses han incumplido el tratado de Utrecht en casi todos sus puntos.

La cesión se reconoce en el artículo X del tratado de Utrecht:
“El Rey Católico [Felipe V], por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno”.

Añadía el tratado que la propiedad se cedía “sin jurisdicción territorial y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra”.

Y añadía un tercer elemento al acuerdo:

“Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar, de cualquier modo, la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”

Por lo que hemos expuesto, la cesión se acordó con tres condiciones clave: (1) la limitación del territorio cedido; (2) la falta de comunicación con zonas vecinas; y (3) el derecho de retrocesión a España en caso de que Gran Bretaña quisiera cambiar el régimen pactado.

Además, el tipo de cesión realizada explica que el Reino Unido no disponga de una soberanía plena sobre el territorio, sino, que dispone solo de una “propiedad” que le da derecho al uso, pero no a la enajenación.

La primera de esas condiciones, es decir, la de la limitación del espacio cedido al castillo y ciudad, impide considerar como legítimo el avance británico por el istmo. En un primer incumplimiento, la presencia británica en esta zona data del Siglo XIX y la construcción de una verja, en 1909, para parar el avance inglés no impide que la ocupación británica de la lengua de tierra sea ilegal. Realmente hoy Gran Bretaña disputa el acuerdo considerando que tiene derecho a la tierra, al espacio aéreo y al mar- 12 millas territoriales de alrededor-.

España se ciñe en su defensa al contenido literal del Artículo X, por lo que mostró su oposición a la presencia británica en la lengua de tierra y también contra la construcción del aeropuerto en 1938, pues se encontraban fuera de la demarcación establecida en Utrecht. Quizá uno de los mayores logros españoles se consiguió en 2013 cuando los representantes del Ministerio de Fomento sacaron adelante, en la negociación del reglamento europeo sobre el cielo único europeo, el compromiso de que el aeropuerto de Gibraltar no tuviera jurisdicción al respecto y todos los aviones que utilizaran la infraestructura gibraltareña, requirieran la autorización previa española.

Esa posición española vino después de miles de actos de buena voluntad en el proceso negociador, como se reconoce en el acuerdo de Londres de 2 de diciembre de 1987 sobre la utilización conjunta del aeropuerto (que nunca llegó a aplicarse). Igualmente, el posterior acuerdo de Córdoba, de 18 de septiembre de 2006, se refiere, esencialmente, a cuestiones ligadas al aeropuerto, dejando claro que esos acuerdos buscan “la solución de problemas concretos, pero no tienen ninguna repercusión en absoluto en lo que atañe a la soberanía y a la jurisdicción”.

Algo parecido pasa con las aguas jurisdiccionales. La gran obsesión del Gobierno británico ha sido consagrar que las aguas que rodean el Peñón son de soberanía inglesa, algo que España no acepta, porque en Utrecht sólo se cedieron las aguas del puerto de Gibraltar. Para hacer ver que son de su Poder, el Gobierno británico no pierde ocasión de denunciar supuestas violaciones españolas de “sus” aguas jurisdiccionales, que realmente son “nuestras” aguas jurisdiccionales y ellos los violadores.

Esta cuestión de las aguas tiene directa relación con la segunda condición: el aislamiento por tierra de Gibraltar.

El artículo X subraya que la ciudad debía abastecerse por mar y solo en caso de que ese tráfico fuera interrumpido se permitiría comprar en España las mercancías necesarias para evitar “grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra. se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto” Es decir, quedaba claro que se trataba de un intercambio humanitario en caso de ser necesario, pero no de mantener un negocio permanente.

Hasta 1985, España tuvo aislado a Gibraltar y sólo la inclusión en la Unión Europea (en adelante, UE) permitió avanzar en los intercambios en un proceso de negociación bilateral. Negociación que ha sido otro fracaso porque mientras España no ha logrado gran cosa, los ingleses sí han conseguido que Gibraltar se convierta en un centro de negocios, un centro de servicios internacionales y un lugar más cercano al paraíso fiscal que a otra cosa. Alterando y violando, de nuevo, el tratado de Utrecht, con el agravante de que la población española de alrededor se lucra de esta presencia británica y del comercio de la zona, lo que dificulta volver a aislar el Peñón.

La decisión española de terminar el aislamiento por tierra de Gibraltar pretendía, sobre todo, avanzar en las negociaciones sobre la retrocesión, la tercera condición del acuerdo.

El tercer pacto establecido en Utrecht es el más importante, y también ha sido incumplido, pues el gobierno británico ha intentado la enajenación, a la que no tiene derecho, en dos ocasiones:

El primer intento de cambio de régimen tuvo lugar en la década de 1960, cuando se buscó la descolonización al amparo de Naciones Unidas. Porque fue la propia Gran Bretaña la que incluyó a Gibraltar en el listado de colonias existentes en el mundo en un listado enviado a las Naciones unidas en cumplimiento de la Resolución 1.514 de la Asamblea general del 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de la Descolonización, en la que se reconoce el derecho a autodeterminarse de todas las colonias. Y que sigue en tal situación lo demuestra que en todas las Asambleas Generales desde entonces vuelve a debatirse el tema. Ya en la resolución 2.353 (XXII) del 19 de diciembre de 1967 se indicó cómo tenía que hacerse tal descolonización: “Por negociaciones entre los gobiernos español y británico”, teniendo en cuenta que “toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”. Esta misma resolución señaló que no es posible ni la cesión a terceros ni la independencia. Londres se niega. De hecho, esa Asamblea dicta su resolución tras la consulta que, en aquel en el mismo año de 1967, los británicos plantearon en el Peñón y por la cual los gibraltareños respaldaron en su gran mayoría la independencia. Naciones Unidas entendió que el referéndum contravenía la petición previa de España en la ONU, los derechos de nuestra nación y, por ello, instaba a seguir con las negociaciones.

El segundo instante vino de la mano de la “Orden Constitucional el 23 de mayo de 1969” que mantenía la consideración de Gibraltar como colonia de la Corona, pero con una cierta autonomía en su gestión interna, mientras que cuestiones clave como la defensa y las relaciones exteriores quedaban en manos del Reino Unido. Se trata de una carta otorgada, en cuyo preámbulo se contiene el compromiso unilateral de respetar la voluntad de los gibraltareños y que se expresó de manera más contundente en la reforma constitucional de 2006, que introduce el derecho de autodeterminación de los gibraltareños. Recordemos que el tratado de Utrecht habla del territorio y no de los ciudadanos, de ahí que dispusiera la reversión a España si Gran Bretaña lo abandonaba. Es más, lo que plantea el tratado es la preferencia española sobre el territorio antes de que se enajene, con la simple intención, tendríamos esa opción. Una especie, en el ámbito internacional, del derecho de tanteo de nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos (salvando todas las distancias, claro está). Esa idea de abandono británico se ha plasmado en la Constitución de 2006 y, por tanto, legalmente, la cesión de España habría terminado y tendríamos que recuperar los derechos soberanos sobre el territorio cedido.

En términos jurídicos, también la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya favorece el título español frente a la ocupación física del terreno (¿deberíamos decir Okupación, para ser más gráficos?). Pero los ingleses han hecho caso omiso, al igual que al resto de resoluciones de la ONU.

Los dos momentos en los que la negociación sobre el retorno del Peñón, ya estando en democracia, tuvieron más fuerza fueron en los años 80 tanto con los gobiernos de UCD, como con los socialistas de Felipe González y posteriormente durante el mandato de José maría Aznar. En este último caso, debido a su amistad con Tony Blair se logró un acuerdo de cooperación policial y la esperanza de un estatuto pactado de cosoberanía durante una etapa transitoria, proyecto que nunca se vio plasmado en un documento público. El debate sobre esta posibilidad en la Cámara de los Comunes fue muy criticado y posteriormente sometido a referéndum de la población gibraltareña. El referéndum logró un enorme rechazo a la opción de la cosoberanía. Dando lugar a la promesa británica de no hacer nunca nada que no quisieran los ciudadanos del Peñón.

El Brexit creó una nueva oportunidad. Gran Bretaña había logrado meter a Gibraltar en la UE como “territorio cuyos asuntos externos lleva un estado miembro”. Pero al salir el Reino Unido de la UE, debía salir salía su colonia, o quedaría a merced de España. En un alarde de habilidad negociadora, y vendiendo el camelo, como siempre, los ingleses han logrado que se quede en el “espacio Schengen” o territorio fiscal europeo. Pero esta situación no gusta a Bruselas, que no quiere tener a los ingleses en su frontera sur con una base militar abierta, con submarinos nucleares y manejando el tráfico del estrecho. Por eso, la UE exige que en su puerto y aeropuerto haya aduanas para controlar las mercancías y personas que entren en Europa, dando a España esa responsabilidad.

A día de la fecha de esta entrada se sigue negociando el estatus que va a tener el Peñón, pero con la peculiaridad mantenida por el Ministerio de exteriores español de que se busca un acuerdo a tres bandas (UE, España, Reino Unido- en algunos momentos, en la época de Zapatero, Reino Unido tuvo el valor y España lo aceptó de convocar a un representante de Gibraltar en la mesa, al mismo nivel de responsabilidad-) con la creación de una “zona de prosperidad compartida”. Traducido por los británicos como “prosperidad compartida en todo el campo de Gibraltar”. A lo que nadie en el gobierno español ha contestado. Al contrario, nuestro ministro de Exteriores ha señalado: “Vamos hacia un nuevo modelo de prosperidad compartida en todo el Campo de Gibraltar”. Es decir, parece que la posición española, lejos de defender que Gibraltar, por incumplimiento del tratado de Utrecht, ya es español, se viste con la piel de la versión británica. Deberemos andarnos con ojo, porque con estos entendimientos y negociaciones, los ingleses pretenderán quedarse con toda Andalucía. Ya sabemos cómo describen los diplomáticos la forma de negociar de los británicos: “primero se pacta que se quedan con nuestro reloj y, después, ellos, en contraprestación negociadora, nos dan la hora”.

Llevamos más de 300 años recibiendo la hora de los británicos con nuestro reloj. A ver si espabilamos, porque no parece que, ni con el Reino Unido en sus horas más bajas, aprendamos. Si no reaccionamos nosotros confiemos que, esta vez, la UE haga algo más, aunque sólo sea por no tener un mosquito dando con el aguijón en la frontera sur. Bastante tienen con la irlandesa.

BIBLIOGRAFÍA
CALVO POYATO, José. “Los Tratados de Utrecht y Rastatt: Europa hace trecientos años”. Dendra médica. Revista de Humanidades. 2013.

CARRASCAL, José María. “La batalla de Gibraltar”. Ed Actas. 2012.

https://noticiasgibraltar.es/documentacion/1967-resoluci%C3%B3n-2353-de-la-asamblea-de-las-naciones-unidas

https://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/15/espana/984660136.html#top

La Mesta

La reconquista contribuyó a asegurar en Castilla una economía pastoril. En una tierra árida, siempre cercana a la frontera con los moriscos y llena de algaradas y enfrentamientos por ese motivo, la ganadería era una actividad segura – se podía trasladar el ganado hacia zonas que no eran atacadas y volver cuando crecían los pastos- y bien remunerada.

La prosperidad pastoril y los intereses comunes de los ganaderos dieron lugar a su asociación. No está claro si la iniciativa fue puramente profesional, es decir, entre los propios pastores o tiene origen real. Con carácter mayoritario se entiende que su origen estaría en las pequeñas mestas locales que existían ya en la Alta Edad Media entre los pastores de las majadas leonesas y castellanas, como producto de su asociación ante problemas derivados de su profesión, para reforzar sus fueros y hacerse cargo de las reses desmandadas dándoles dueño (mostrencos). De este modo, la monarquía sólo tuvo que dotarla de legalidad. En un primer momento, la agrupación sólo perseguía ordenar el complicado sistema de trashumancia, de acuerdo con el cual los rebaños eran conducidos a través de España desde los pastos de verano en el norte a los pastos invernales del sur. Posteriormente, pretendió hacerse con el control de todos los rebaños de la cabaña lanar castellana aprovechando para abaratar el mismo y hacerlo más seguro pues se trasladaba acompañado de una guardia armada, llamada esculca o rafala. Aquella cabaña lanar era mucho más próspera a medida que la reconquista avanzaba hacia el sur, pues a la oveja tradicional castellana- Churra- se le unió, probablemente en el último tercio del S XIII, una raza de oveja nueva procedente del norte de África- la oveja Merina-. Esta nueva raza daba una lana de excelente calidad que se convirtió en el primer producto en exportaciones del reino; era una parte sustancial de la economía. La oveja churra, era más importante para consumo humano.

A medida que se prosperaba y se incrementaba el terrero sobre el que extender los rebaños surgieron complicaciones en las tareas de aquellas asociaciones de ganaderos. Estas complicaciones en las tareas a realizar y los derechos a defender dio lugar al nacimiento de una asociación más organizada e institucionalizada: el Concejo de la Mesta.

El origen de la complicación social se debió, como hemos señalado, al avance de la reconquista. Al llegar Fernando III, el santo, a Andalucía el territorio se estabilizó, de modo que lo que habían sido siempre zonas ganaderas- zonas fronterizas cercanas a los territorios musulmanes, fueron acogiendo a más colonos cuya actividad principal era la agricultura. Los agricultores no querían que el ganado trashumante se comiera sus cosechas, surgiendo así enfrentamientos entre ganaderos y agricultores.

La solución la dio el rey Alfonso X, el sabio, hijo de Fernando. Pactó con las asociaciones de ganaderos unos caminos por los que transitar y no molestar a los agricultores. El rey dio así el impulso definitivo al Concejo de la Mesta en 1273, que más tarde se llamó Honrado Concejo de la Mesta, tras la reglamentación que le dio Alfonso IX en 1347.

Para que el ganado no dañara los cultivos, se idearon unos itinerarios especiales que, dependiendo del tamaño de la vía, recibían diferentes nombres. De menor a mayor se denominaron coladas, veredas, cordeles o cuerdas, y cañadas. Las cañadas más importantes eran conocidas como cañadas reales.

Los ganaderos que pertenecían a la Mesta obtuvieron privilegios reales, como la exención del servicio militar y de testificar en los juicios y ventajas como derechos de paso y pastoreo. Con el tiempo obtuvo nuevos privilegios reales y ventajas fiscales.

La Mesta celebraba dos asambleas al año, una en el sur de la península y otra en el norte. Principalmente se debatían los cargos internos (presidente) y cómo se iban a organizar los itinerarios.

La Mesta alcanzó gran poder y contribuyó, junto con la pacificación de las zonas ya reconquistadas, al desarrollo de una destacada actividad textil que se localizaba en ciudades de la cuenca del Duero, como Zamora, Palencia, Soria o Segovia, pero también en ciudades ganadas al islam, tales como Toledo, Cuenca Córdoba o Murcia. La producción textil de Castilla y León era modesta, al menos si la comparamos con la excepcional producción de lana de los reinos. Pero a medida que se desarrollaron centros industriales, sobre todo, en el País vasco, la producción creció.

Por lo que se refiere al comercio en el siglo XIII, es un dato significativo el hecho de que se crearan nuevas ferias, sobre todo en ciudades de la meseta sur y de Andalucía; así, en Brihuega, Alcalá de Henares, Cuenca, Cáceres, Badajoz o Sevilla.

En las cortes de Toledo de 1480 se decreta dejar libre el paso de rebaños entre Aragón y Castilla, siendo el reflejo del destacado concepto en el que los Reyes Católicos tuvieron a la Mesta. Aquella libertad de tránsito pretendía proteger la actividad e incrementar los ingresos de la corona mediante el arrendamiento y la venta de derechos de pastos. A partir de entonces, el presidente de la Mesta sería el miembro más antiguo del Consejo Real.

La Mesta alcanzó su máximo esplendor en 1492, año en que los campesinos consideraron excesivos los privilegios concedidos a la Mesta.

Fue una organización muy poderosa debido a los privilegios que los reyes le concedían, ya que la lana era un importante producto entre los que exportaba Castilla a Europa, por lo que se debía fomentar la producción de lana, a veces en detrimento de la agricultura. En ocasiones se acusa a la Mesta de la desforestación de la península ya que la gran cantidad de ganado necesitaba mucho pasto para alimentarse.

Sin embargo, la Mesta llegó a su decadencia. Principalmente por la perdida del monopolio mundial. Tal ruptura se debió a que varios corderos merinos fueron regalados por Felipe V a su abuelo el rey de Francia, Luis XIV. Los franceses aprovecharon su crianza para extender esta ganadería por todo su país y ejercer de exportadores a centro Europa en detrimento de España. En nada favoreció a nuestro país las guerras napoleónicas que destrozaron infraestructuras y cañadas dificultado la actividad trashumante. A ello se unió, que la industria española no era lo suficientemente competitiva frente a los talleres europeos, lo que incrementaba el precio de la lana española frente a la europea.

Además, los continuos enfrentamientos internos entre campesinos y agricultores y las necesidades económicas de la corona, laminaron muchos privilegios de la Mesta. Las grandes fortunas nobiliarias y también los conventos y eclesiásticos van poco a poco abandonando esta actividad y refugiándose en otras más prosperas.

Todos esos motivos fueron esenciales para la desaparición del Concejo de la Mesta en 1836.

BIBLIOGRAFÍA

ANES, Gonzalo y GARCÍA SANZ, Ángel (coord.) “Mesta, trashumancia y vida pastoril”. Ed. Investigación y Progreso. 1994.

KLEIN, Julius. “La Mesta: estudio de la historia económica española, 1273-1836.” Alianza editorial. 1979.

JORGE PRÓSPERO DE VERBOOM

Hoy el hilo se lo dedico a todos mis familiares y amigos ingenieros.

Hoy vamos a hablar de un destacado español, de los que habían nacido en el territorio de la Corona española de Flandes. Fue una gran figura, como tantos otros de nuestra historia, desconocido para la mayoría, a pesar de que sus acciones fueron esenciales para dos disciplinas: la militar y la de la ingeniería.

Jorge Próspero Verboom. Marqués de Verboom nació en Amberes, Flandes, en 1665 y murió en Barcelona el 19 de enero de 1744. Fue hijo de María Ana de Wolf y del también ingeniero militar Cornelio Verboom, que fue ingeniero mayor de los Ejércitos del Rey de España en los Países Bajos.

Es decir, nace siendo rey Carlos II y muere con Felipe V como monarca, lo que significa que por medio se produjo la guerra de sucesión al trono. Asunto no menor para comprender algunos de los pasajes de su vida.

Su primer aprendizaje lo hizo de la mano de su padre que le instruyó como ingeniero y militar al incluirle entre sus ayudantes en la guerra del Franco Condado, aún sin haber ingresado el joven Jorge en el ejército.

El 5 de febrero de 1677, ingresó oficialmente en el Ejército como cadete del regimiento de Infantería Valona del conde de Moucron. Esta actividad la compaginó con la asistencia a los cursos de la Real Academia Militar de los Países Bajos con sede en Bruselas, donde fue discípulo del director del centro, el ingeniero militar Sebastián Fernández de Medrano, con el que además desarrolló una especial colaboración.

La importancia de los ingenieros en el ejército se incrementa a raíz de la aparición de la artillería como arma clave en el desarrollo de las batallas, lo que supuso un cambio en los sistemas defensivos de las ciudades y el nacimiento de sistemas especiales de fortificación. Esto trajo consigo la necesidad creciente de la presencia de ingenieros en el ejército y en los campos de batalla, tanto para el diseño de las obras defensivas como para dirigir el ataque a las mismas.

Con fecha 8 de enero de 1685, recibió el nombramiento de alférez de Infantería, su primer destino fue Namur donde intervino en las obras de fortificación de aquella plaza. Tanto aquí como en el siguiente estallido de la guerra contra Francia, en 1688, Verboom demuestra su habilidad y conocimientos, su valía, para el ejercicio de la ingeniería lo que le valió que pronto fuera ascendido a un cargo de relevancia: Cuartel Maestre General e Ingeniero Mayor del Ejército y Plazas de los Países Bajos. Tenía tan sólo 27 años.

En 1697, contrae matrimonio, fruto del cual nacieron 5 hijos. Dos de los cuales fueron militares e ingenieros, como su padre.

Pero sus grandes dotes para la ingeniería militar se mostraron durante la Guerra de Sucesión española (1702-1714), en la que Verboom tuvo importantes actuaciones en favor de Felipe V.

Al fallecer sin descendencia Carlos II de España, es nombrado rey el nieto de Luis XIV de Francia – recordamos que Luis era hijo y esposo de españolas-, Felipe de Anjou, que reinará con el nombre de Felipe V. Fue coronado el 4 de octubre de 1700 en París. Pero la sucesión no fue pacífica ya que también reclamaba la corona española, Carlos de Habsburgo, descendiente de la rama Habsburgo reinante en el sacro imperio desde la herencia favorable a su hermano, Fernando, del emperador Carlos I. Las naciones europeas temían la fortaleza que alcanzarían Francia y España si se producía una alianza familiar entre las dos naciones; motivo por el cual, Austria, Inglaterra, Países Bajos, Prusia y Portugal forman la Gran Alianza que era favorable a Carlos de Habsburgo, lo mismo que determinadas regiones españolas, como Cataluña, lo que dará lugar, durante más de trece años, a la Guerra de Sucesión Española.

Los estados de Flandes se unen a la alianza hispano-francesa. El gobierno de los Países Bajos recayó en el Elector de Baviera que tenía a Isidro de la Cueva y Enríquez, marqués de Bedmar como jefe del ejército hispano. Los ingenieros que allí se encontraban, continuaron bajo control del Ingeniero Mayor, Verboom, si bien sometidos a la organización de los ingenieros franceses. De entre las tareas realizadas, destacó la fortificación de Amberes. En este periodo Verboom fue ascendido a mariscal de Campo.

El 23 de mayo de 1706, el ejército inglés, al mando del duque de Marlborough, derrota a los franceses en Ramillies. La derrota fue tremenda y la retirada, un verdadero desastre para el ejército francés, además, muchas ciudades se pasaron al bando Habsburgo. A todos aquellos que llegaron a Francia se les exigió un juramento de fidelidad a la causa borbónica, que Verboom, “ofendido por la desconfianza que se le mostraba” rehusó hacer por dignidad personal, lo que determinó su arresto el 4 de julio de 1706 en Valenciennes y posteriormente en Arras.

Tras su liberación marchó a Chartres y en 1709 Felipe V le llama a España para que ejerza como ingeniero en la península. En primer lugar, fue destinado a reconocer la frontera con Portugal, para saber del estado de las fortificaciones- bastante desastradas, según el informe emitido-. Pero su tarea esencial, para la que realmente fue reclamado en la Península era la de constituir un Cuerpo de Ingenieros Militares. A fin de que realizara tal función y para prestigiar más la misma, Felipe V le asciende y nombra, el 13 de enero de 1710, Ingeniero General y Cuartel Maestre General de los Ejércitos. Sin embargo, la idea de crear un Cuerpo de ingenieros tuvo que retrasarse un poco, pues la campaña militar se complicó en la provincia de Lérida, siendo Verboom enviado a aquella zona en junio de 1710. A pesar de su pericia como estratega e ingeniero, resultó herido y hecho prisionero en la batalla de Almenara, por lo que fue trasladado a Barcelona donde quedó en cautiverio.

El tiempo en que estuvo preso lo aprovechó para dos cosas: primero y debido a los códigos de honor con las que eran tratados los prisioneros entonces, pudo tener una reclusión que le permitía pasear dentro de la fortaleza defensiva de Barcelona, lo que aprovecho para estudiar los puntos débiles y fuertes de aquella fortaleza, algo muy útil para el posterior y exitoso asalto de las tropas hispano-francesas a Barcelona y, en segundo lugar, trazar los pasos y procedimientos necesarios para constituir el Cuerpo de Ingenieros militares. Se las ingenió para hacer llegar al Rey sus ideas y con ellas, Felipe V aprobó mediante un Real Decreto, de 17 de abril de 1711, el Plan General de los Ingenieros de los Ejércitos y Plazas, lo que suponía la fundación del Cuerpo de Ingenieros del ejército, en tanto que Verboom continuaba en prisión en Barcelona.

Cuando fue liberado, se instala en Barcelona, dirigiendo bajo las ordenes de duque de Berwick el asalto a la ciudad. Verboom dirige el asalto por el baluarte de la Puerta Nueva, que fue definitiva para la rendición de la ciudad el día 12 de julio de 1714.

El rey Felipe V dispuso, por Decreto de 1 de junio de 1715, que se construyese una ciudadela en Barcelona, cuyo proyecto y ejecución fueron confiados a Jorge Próspero de Verboom, que destacó con el diseño y construcción de la misma. Una vez concluida, fue nombrado gobernador de la misma, cargo que conservó toda su vida. También mejoró las defensas de Gerona, la Seo de Urgel y el Castillo de Figueras.

La capitulación de Barcelona, fue un gran éxito en su carrera profesional y esencial para su desarrollo como ingeniero general en los años posteriores. Asimismo, destacó por la creación de la Real Academia de Matemáticas, destinada a los miembros del cuerpo de ingenieros, en virtud de lo dispuesto en la Real Ordenanza e Instrucción para los Ingenieros publicada el 4 de julio de 1718, una vez sancionada por Felipe V.

“De lo expuesto en el preámbulo de estas Ordenanzas se deduce que los Ingenieros se ocuparían del reconocimiento de los ríos para su utilización como medio de transporte, del descubrimiento de aguas subterráneas para regadío, de abrir nuevos caminos y construir puentes para facilitar la comodidad de los “pasajeros” y “comerciantes”, es decir de todas las obras de tipo civil que estuvieran a cargo de su Real Hacienda. Todo ello era consecuencia de la inexistencia de un cuerpo de Ingenieros civiles hasta 1785, año en el que Agustín de Betancourt propuso la creación de la Inspección General de Caminos y Canales. Posteriormente, en 1802, crea la Escuela de Ingenieros de Caminos.

La creación de la Real Academia de Matemáticas se debió a que la formación de los ingenieros quedó interrumpida al cerrarse la Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos de Bruselas en 1706, por lo que el Ingeniero General planteó, en 1712, la apertura de una nueva Academia que la sustituyera en España, la cual, como hemos visto, se aprobó en 1718, si bien no fue hasta 1720 cuando fue inaugurada la Real Academia de Matemáticas de Barcelona.

Otra de sus grandes y continuas preocupaciones fue la retribución económica de sus ingenieros que no recibían a tiempo sus sueldos. Su biografía está llena de continuas reclamaciones no solamente de su propia paga sino de las del resto de sus subordinados o sus pensiones. Por ello, en 1720, decidió crear un Montepío o Caja Fraternal destinada, mediante una retención de sus pagas, a asegurar una pensión para las viudas de los ingenieros fallecidos. Sin embargo, no pudo ver conseguido este deseo ya que hasta 1752, después de su fallecimiento, no se hizo realidad.”[1]

La primera promoción del Cuerpo de ingenieros se compuso de 26 ingenieros franceses que habían llegado durante la Guerra y que se quedaron en España, en un acuerdo entre Felipe V y Luis XIV.

Las guerras no pararon y se extendieron a Italia. El Cardenal Alberoni, primer ministro de Estado, en la guerra del Sacro Imperio y España contra determinadas posiciones en el Mediterráneo, envió una expedición militar a Cerdeña en la que los ingenieros ya formaban parte indiscutible de sus filas. El éxito de la campaña, los llevó a atacar Sicilia, en esta ocasión, con Verboom dirigiendo a los ingenieros, y logrando el asalto exitoso de la ciudadela de Messina (del 28 de junio al 29 de septiembre de 1718).

Entre 1721 y 1727, Verboom viajó por toda España y de su labor de investigación se realizan mejoras en las fortificaciones de Málaga ciudad y especialmente de su puerto. La fortificación de Ceuta, Cádiz ciudad y Algeciras (obra especialmente destacada y brillante, motivo por el que se le rindió un homenaje y erigió una estatua hace pocos años). Reforzó el sistema defensivo de Pamplona. Asimismo, revisó las obras hidráulicas de los pantanos de Tibi y Elche y de las acequias en la región de Murcia. En Sevilla, realizó estudios de navegabilidad del río Guadalquivir hasta Córdoba.

Por toda esta eminente tarea que mejoró las infraestructuras españolas civiles y militares, Felipe V, por Real decreto de 9 de enero de 1927, le otorga el título de Marqués de Verboom, a la vez que dispensa del “derecho de Lanzas”.

Por toda su experiencia fue enviado a poner sitio a la plaza de Gibraltar en 1727 bajo el mando del Conde de las Torres. Su relación no fue buena por discrepar profundamente en el modo de llevar a cabo el ataque. Mientras el Conde de las Torres se empeñó en hacerlo por tierra, Verboom quería hacerlo por mar. Se realizó como decía Conde de las Torres y fue un competo fracaso. Esta fue la última misión sobre el terreno de Verboom, que regresó a Barcelona en 1731, tras haber pasado una larga temporada en Madrid recuperándose de diversas dolencias.

Su salud y su estado anímico no debían de ser muy buenos por diversas razones, pero empeoraron sustancialmente cuando en 1732 murió su hijo primogénito y también militar e ingeniero, Isidro Próspero.

Con todo y sin moverse de Barcelona, fue capaz de estudiar y dar las órdenes oportunas para la mejora de diversas fortificaciones.

En 1737 fue ascendido a Capitán General.

Falleció en la ciudadela de Barcelona el 19 de enero de 1744, siendo enterrado, tal como había dispuesto en su testamento, en el Real Convento de Santa Catalina de la Orden de Predicadores, donde estaba enterrada su esposa Maríe Marguerite Visscher.

BIBLIOGRAFIA

CARRILLO DE ALBORNOZ Y GALBEÑO, Juan. “El Ingeniero General don Jorge Próspero de Verboom, marqués de Verboom” Dianlet. 2003.

CAPEL, E. H. y otros “Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica”. Ediciones de la Universidad de Barcelona. 1983.

[1] José Ignacio Mexía y Algar. Coronel de Ingenieros. Comisión histórica del Arma de Ingenieros- diversos textos a partir del estudio de Carrillo de Albornoz-.