ERMESINDA Y ADOSINDA

En ese hilo fijo-discontinuo que tenemos en este blog sobre grandes mujeres de la Historia de España, hoy traemos a las primeras reinas consortes de nuestro país.

Si alguien visita el Museo del Prado, verá dos cuadros magníficos uno de Joaquín Gutiérrez de la Vega, en el que retrata a la reina Ermesinda. Se puede ver en el siguiente enlace el cuadro: (https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ermesinda/8b729526-535e-468e-b6a2-282c5b5745a5 ) y otro de Isidoro Santos Lozano Sirgo que refleja su visión de la reina Adosinda (https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/usenda/ae20859f-0a61-4c87-a078-412751eaf1d2 ). Ambos cuadros proceden del Siglo XIX, cuando Madrazo era director del Museo del Prado y, por un encargo que la Reina Isabel II, se retrató a sus antepasados reales. No fue casualidad que se representaran a estas dos reinas, pues la intención de Isabel era reforzar su posición como mujer que reinaba frente a ciertas posiciones antifeministas existentes en la Corte y en la propia familia de la reina.

Ermesinda y Adosinda son las primeras reinas consortes reconocidas como tales de España. Bien poco conocidas por la mayoría de los españoles, incluso por los españoles nacidos en Asturias, pues asturianas eran. Madre e hija, y,  a su vez, hija y nieta del rey de los astures, el legendario rey Pelayo.

Ermesinda era la hija de Pelayo y de la reina Gaudiosa. Por expreso deseo de Pelayo, según relata la crónica Albendense  -ya se sabe que no hay muchos datos de los primeros momentos de la monarquía astur y que los que tenemos  proceden de casi un siglo después de la supuesta batalla de Covadonga, por ejemplo, las dos versiones de la Crónica de Alfonso III, la Rotense y la Sebastianense, escritas todas ellas en la década del 880 o las crónicas de Lucas de Tuy (canónigo de San Isidoro de León) o la Historia Gótica, escrita por Rodrigo Jiménez de la Rada (arzobispo de Toledo)-. Como decíamos parece ser que por voluntad del rey Pelayo, Ermesinda se casó con Alfonso, hijo de Pedro, duque de Cantabria. La boda habría tenido lugar en torno al año 772 .

El heredero de Pelayo era su hijo Favila, pero murió despedazado por un oso en las montañas de Covadonga. La capital astur de entonces, la primera capital asturiana, era Cangas de Onís. A Favila aún le dio tiempo de levantar allí una iglesia, la de Santa Cruz, que albergó la madera con la que Pelayo fue al combate (cuenta la tradición – sin que tenga un respaldo histórico- que sobre esa madera el rey Alfonso III el Magno mandó realizar una cubierta de oro y piedras preciosas, lo que dio lugar al aspecto que hoy tiene la Cruz de la Victoria, donada por Alfonso III a la Catedral de Oviedo, y que se puede visitar en la Cámara Santa de la Catedral).

La muerte de Favila convierte a Ermesinda en la poseedora de la legitimidad dinástica de su padre, Pelayo; por esa legitimidad, Alfonso se convierte en Alfonso I, rey de Asturias. Ermesinda será la reina consorte en un reinado que duró 18 años. Este matrimonio venía a afianzar los pactos en la zona astur-cántabra, creando el primer núcleo verdaderamente fuerte en la Cornisa Cantábrica fuerte los musulmanes, dando, al mismo tiempo, una aportación más a la herencia visigoda que con el tiempo haría aflorar la misión trascendental de aquel reino: la Reconquista. Esa legitimidad de Ermesinda se reconoce en la Crónica Rotense al mencionarla como hija de Pelayo, algo enormemente significativo para la época pues esta crónica data del siglo IX, es decir había adquirido trascendencia histórica su papel como reina. Parece que Ermesinda poseía ciertas habilidades políticas que ayudaron a su esposo a afianzar el reino, habilidades que transmitió a sus descendientes, como veremos. El primer Alfonso resultó ser un magnífico rey que, aprovechando la rebelión bereber que en aquellos años convulsionó a los musulmanes, aprovechó para ampliar su reino, ocupando la actual Galicia y llegando a atacar hasta la lejana Lisboa. También logró alianzas con los vascones, –el propio Estrabón señalaba en su Geographia que, durante la época romana, todos los pueblos del norte de España, desde los galaicos hasta los vascones, tenían una cultura y unas formas de vida similares-.

Alfonso, junto a su hermano Fruela, un temible guerrero, devastó los enclaves musulmanes, trasladó a multitud de cristianos a su territorio y dejó yermo el área al norte del Duero para crear un desierto que dificultara el avance de las tropas enemigas.

Alfonso falleció de muerte natural en 757 y recibió sepultura en la propia gruta de la “Santina” en Covadonga. Allí está también enterrada Ermesinda. Su sepultura, a la derecha de la imagen de la Virgen, está identificada con una lápida en la que se puede leer: “Aquí yaze el católico y santo rei don Alonso el primero i su muger doña Hermesinda, ermana d (e) don Favila, a quien sucedió. Ganó este rei muchas vitorias a los moros. Falleció en Cangas año de 757”.

Fue a la muerte de Alfonso I cuando, los musulmanes, fortalecidos por el fin de las luchas civiles internas lanzan un ataque a los reinos cristianos del norte.

El sucesor de Alfonso fue su primogénito, también llamado Fruela, de carácter muy violento. Al sospechar que su hermano menor, Vimaro, quien gozaba de muchas simpatías tanto entre la nobleza como entre el pueblo, conspiraba contra él, lo hizo prender y degollar. Los partidarios de Vimaro, acabaron con la vida de Fruela.

Sólo quedaba un hijo vivo de los tres que tuvieron Alfonso I y Ermesinda, su hija Adosinda. Las crónicas dicen de ella que era guapa, dotada de mente clara y razonamiento inteligente, poseía unas grandes habilidades para la política y la negociación.

A la muerte de Fruela, ocupó el trono Aurelio, sobrino de Alfonso I, pero Fruela había tenido un hijo, de nombre Alfonso, como su abuelo, que era por entonces muy pequeño. Su tía Adosinda, intentó que lo entronizaran aún siendo menor de edad, pero al no lograrlo y viendo que la vida del niño corría peligro, le envió al monasterio de San Julián de Samos (Lugo), donde adquirió una importante formación intelectual y cristiana que marcaría de por vida sus acciones y proceder. Al tiempo, ella contrajo nupcias con Silo, el más importante de los nobles gallegos. Con ello protegía a su sobrino y a sí misma. Se unían así el poder se Silo y el linaje astur en la nieta de Pelayo, lo que, a la muerte de Aurelio, permitió que Silo fuera nombrado rey del reino Astur y Adosinda – la portadora de la legitimidad dinástica- fuera reina consorte. Asimismo,  el joven Alfonso recuperó presencia en la corte y fue asimilado al trono.

Durante nueve años, Silo y Adosinda reinaron juntos. Una de sus decisiones fue trasladar la capital a Pravia, que tenía mejores comunicaciones gracias a las antiguas calzadas romanas que se cruzaban en el lugar. En Pravia, levantaron una iglesia dedicada a San Juan Evangelista (en Santianes de Pravia). Se la considera la iglesia más antigua de Asturias. Formando parte del conocido prerrománico asturiano. Además de la Iglesia, las crónicas señalan que levantaron un palacio real en las inmediaciones del templo, hoy totalmente desaparecido.

En su reinado, Silo y Adosinda tuvieron que enfrentarse a importantes rebeliones en las zonas galaicas, que supusieron para los astures el control definitivo de aquellas tierras. También fueron anfitriones de la actividad religiosa y cultural de la época. Por ejemplo, en la propia Iglesia de San Juan Evangelista se produjeron algunas de las disquisiciones religiosas del Beato de Liébana. Posiblemente la más conocida fue la que tuvo con el Obispo de Toledo, Elipando de Toledo, sobre la interpretación “adopcionista” de la divinidad de Cristo.

Silo muere en el 783 y Adosinda, que le sobrevivió varios años, dedicó su vida a lograr el ascenso al trono de su sobrino Alfonso, continuador de la línea sucesoria de Pelayo. Sin embargo, ese ansiado reinado de Alfonso no se inició tras la muere de Silo, sino que a éste le siguió Mauregato, hijo ilegítimo de Alfonso I y una esclava musulmana, que se valió de diversas artimañas para hacerse con el poder.

La gran nieta de Pelayo, acabaría sus días entre los muros de la iglesia de San Juan de Pravia, única salida honrosa para asegurar el celibato de las reinas viudas, además de evitar conflictos sucesorios, maquinaciones y tretas políticas que pudieran poner en peligro su vida por parte del nuevo rey. Aunque Adosinda siempre participó activa, pero ocultamente, en la vida de la corte, incluso estando recluida, para lograr el ascenso al trono de su sobrino. Mientras, el joven Alfonso había conseguido ponerse a salvo en la tierra de los vascones.

Posiblemente fallecida alrededor del año 788, Adosinda fue enterrada junto a su esposo Silo en la misma iglesia en que profesó su fe, siempre según la crónica Sebastianense, hecho que la arqueología parece hacer constatado al localizar en la iglesia de San Juan Evangelista dos tumbas de ilustres personajes que bien pudieran coincidir con ambos reyes. De este modo, se pondría de relieve el poder de ambos, unidos en la vida y para la eternidad, otorgando a Adosinda igual reconocimiento que a su esposo.

Pero falleció sin ver a su sobrino reinando en Asturias, y Alfonso tardaría un tiempo en alcanzar el ansiado trono.

A Mauregato le sucedió el segundo de los hijos de Fruela, hermano menor del rey Aurelio, conocido como Bermudo el Diácono, quien, por su sobrenombre, no parecía muy dotado para las necesidades guerreras del momento, en el que se recrudecieron los asaltos musulmanes al reino Astur. Bermudo fue derrotado varias veces por las tropas musulmanas,  con especial virulencia en batalla del río Burbia, en el Bierzo. Lo que le hizo renunciar al trono en el año 791.

Entonces sí, las miradas se volvieron hacia el biznieto de Pelayo, sobrino de Adosinda, que fue el magnífico rey, Alfonso II el Casto, quien iba a comenzar, en el año 791, un reinado largo, sufrido, heroico y, al cabo, fructífero. Combatió sin tregua, hubo de contemplar por dos veces la destrucción y el saqueo de Oviedo, su capital, y se vio obligado a refugiarse en lo más recóndito de las montañas; pero devolvió golpe por golpe y, al final, no solo resistió, sino que fortaleció su reinado.

Fue en el transcurso de éste cuando se produjo el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago. Fue el Casto el primer peregrino en hacer el camino, desde Oviedo, conocido como camino primitivo. Ya hablamos de ello aquí.

https://algodehistoria.home.blog/2021/11/12/el-camino-de-santiago/

Dicen las crónicas, que Alfonso II tuvo siempre presente, a lo largo de su, para aquel tiempo y aún ahora, longeva existencia (vivió 82 años), la imagen de su tía, su mayor referente, ejemplo y guía para sus pasos.

Con todo, la línea dinástica de Pelayo desaparece con Alfonso II el casto, pues no tuvo hijos. Le sucedió Ramiro I, hijo de Bermudo el Diácono, nieto de Fruela de Cantabria y bisnieto de Pedro de Cantabria. A partir de este Ramiro se sucedieron los reyes asturianos, leoneses, castellanos y luego españoles.  Por tanto, Bermudo I es el ascendiente coronado como rey más remoto de un linaje que entronca generación tras generación hasta Felipe VI. ​ Por esto, autores como García-Mercadal y García-Loygorri consideran que la dinastía reinante en España es la segunda más antigua del mundo, solo por detrás de la japonesa.

BIBLIOGRAFIA

AGUADO BLEYE, Pedro.- “ Manual de Historia de España”. Ed Espasa-Calpe. 1954

RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio.- ”Alfonso II”. Historia hispánica. Real Academia de la Historia.

BARRAU-DIHIGO, L.- “Historia política del Reino Asturiano, 718-910”  Ed. Silverio Cañada.1989

EL ORIGEN ARANCELARIO DE USA

Más de un historiador sostiene, con razón, que cuando en 1620 arribó el Mayflower a la costa este de Estados Unidos y se acabaron formando las 13 colonias, los territorios dominados por España en el Sur de lo que hoy es USA, con sus Haciendas y Misiones mantenían un desarrollo mucho mayor que la zona anglosajona.

A finales del S.XVIII y comienzos del S.XIX, los dominios españoles alcanzaban los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Misisipi y Alaska. Siendo incluidos como parte del Virreinato de Nueva España. En aquel momento álgido, España se extendía desde Alaska al estrecho de Magallanes.

El presidente estadounidense John F. Kennedy señaló en una ocasión: “Por desgracia, son demasiados los estadounidenses que creen que América fue descubierta en 1620, cuando los primeros colonos llegaron a mi propio estado, y se olvidan de la formidable aventura que tuvo lugar en el siglo XVI y principios del XVII en el Sur y el Suroeste de los Estados Unidos”. La aventura de los siglos XVI y XVII, a la que se refería el presidente, es aquella que logró que estuvieran escritos en castellano los primeros informes que se conocen sobre la geografía, los indios y las lenguas aborígenes de los Estados Unidos. Es la historia de los primeros asentamientos y primeros pasos en territorio USA de valientes españoles. Como ya comprobamos aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2020/07/03/la-presencia-espanola-en-ee-uu/

La diferencia esencial entre las zonas del virreinato de Nueva España y las 13 colonias la expresa de manera gráfica Clavero:

“Los colonos norteamericanos estaban más cerca de los indios que de sus abuelos o bisabuelos ingleses. Entre otras causas, por el abandono en que los tenía su Madre Patria, a la cual no le interesó para nada fundar escuelas, crear universidades o construir caminos en sus territorios en América”.

Recordemos a este respecto que las primeras universidades creadas por los españoles fueron en Perú (Real y Pontificia Universidad de Perú o Universidad Nacional Mayor de San marcos) en mayo de 1551 y la Real y Pontificia Universidad de México en septiembre del mismo año, y poco después, en 1558, se creó la Universidad (Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino) en Santo Domingo –República Dominicana-. En 1620 estaban en funcionamiento 15 universidades en la América española y al final de la presencia española existían 33 universidades en los antiguos virreinatos.

La ignorancia abundaba en las 13 colonias, apenas había colegios y los profesores eran, en ocasiones, los esclavos. Esta circunstancia era más acuciante en las colonias del sur. Hasta 1776 no hubo una imprenta en Virginia y la controlaba el Gobernador. En 1749, existía una sola librería en Nueva York y ninguna en Virginia, Maryland y las dos Carolinas. En Carolina, había cinco escuelas hacia 1830 y en Alabama, Misisipi y Missouri no llegaban a ese número. Sólo en México, en 1600, funcionaban cerca de 200 escuelas y a mediados del siglo XVII ascendían 1.650.

La primera Universidad norteamericana fundada por los anglosajones fue la Universidad de Harvard en 1636.

Con este nivel cultural y la situación de dureza del territorio norteamericano en las 13 colonias, los hombres sólo seguían su instinto. No hubo integración con la población autóctona, como sí ocurrió con los españoles, no tenían leyes humanitarias como las Leyes de Burgos de 1512 y demás leyes de Indias; al contrario, en 1703, el gobierno de Massachusetts decidió exterminar a los indios y para ello abonaba 12 libras esterlinas por cada cuero cabelludo arrancado.

Ese ambiente social de abandono de la metrópoli no se correspondía con el interés británico por la explotación económica de las 13 colonias. Toda la economía de las colonias iba encaminada a engrandecer a la metrópoli. Gran Bretaña, como siempre, miraba a sus intereses por encima de cualquier otra consideración, incluso con doblez (critico la doblez, la defensa de sus intereses es lo que ha hecho grande a Gran Bretaña, con un espíritu práctico- casi siempre- del que ya podríamos aprender). En su política llevaba a cabo, de un lado, una industrialización y desarrollo fomentado por el Estado y, por otra, pregonaba un liberalismo económico que realmente brillaba por su ausencia. Gran Bretaña fue la expresión del proteccionismo económico y del impulso estatal. Eso sí, criticando y atacando el proteccionismo que otros estados realizaban en sus territorios.  España entre ellos. Cuando la realidad nacional, con nuestra estructura virreinal, imprimía un impulso propio a cada virreinato y aunque el gobierno español mantenía el control general, éste se sitúa mucho más alejado que el británico de sus colonias, entre otras cosas, por la estructura provincial, no colonial, de la España americana, frente a las colonias de comercio, no de asentamiento, que ha caracterizado el Imperio Británico. Y en las pocas colonias de asentamiento que tuvo (USA, entre otras) bien que se dedicó a fomentar el enriquecimiento de la metrópoli.

Durante el Siglo XVII, en las Trece Colonias, los focos de industrialización se habían dado en torno a las familias campesinas que elaboraban sus útiles de labranza, clavos, recipientes para guardar las cosechas o las bebidas o comidas elaboradas para perdurar: mermeladas, melazas… Especialmente destacados eran estos focos en Nueva Inglaterra, sin embargo,  la metrópoli británica estableció medidas para impedir estos desarrollos. Eran plenamente conscientes de que el desarrollo económico, llevaría a buscar la independencia política, y Gran Bretaña lo que quería era seguir comerciando con los productos coloniales para el único beneficio de la economía inglesa. Pero de entre aquellos negocios, Gran Bretaña vigilaba con gran celo las industrias textiles y las siderúrgicas. Así se aprobó, en 1699, un Acta que prohibía los embarques de lana, hilados de lana y telas producidas en USA o en cualquiera otra de sus colonias. En 1750, se promulgó otra norma que prohibía el establecimiento de talleres laminados de metal o fundiciones de acero en todo el territorio de las 13 colonias. Sin embargo, sí dejaron fundir hierro, pero tampoco por el bien de la colonia sino porque Inglaterra estaba necesitada de este metal. Además, todas las importaciones que habrían de recibir las colonias inglesas desde Europa, a excepción de la fruta seca y el vino (estos procedían de las Indias Occidentales), debían pasar primero por Inglaterra, es decir, había que descargar la mercancía proveniente de otras partes de Europa en las costas de Inglaterra, posteriormente había que almacenar y volver a cargar la mercancía para su exportación a las colonias. Todo este trajín provocaba que el precio en América fuera mucho más alto. Por último, había una serie de productos “enumerados” que las colonias inglesas únicamente podían exportar a Inglaterra y a ningún otro lugar del Mundo, lo que reducía en gran medida el mercado potencial para los productores de las colonias inglesas. Especial protección tuvieron el tabaco, algodón, azúcar, arroz, miel, pieles y artículos navales.

Después de la Guerra de los Siete Años ( 1756-1763), las leyes mercantiles dictadas por Gran Bretaña perjudicaron considerablemente a las colonias del norte. Ejemplos de estas leyes son la Ley de las Melazas, aprobada por el Parlamento en 1733, donde los impuestos prohibitivos restringieron el comercio entre las colonias (en este caso, entre Nueva Inglaterra y las Antillas), o en 1764 la Ley del Azúcar, o en 1767 las Leyes Townshend, que gravaban productos como el papel, el vidrio y el té. A partir de ese mismo año, los impuestos para productos enviados a las colonias desde Inglaterra pasaron de un 2,5 a un 5%, lo que aumentaba los precios y el descontento. Estos impuestos causaron una gran indignación entre los colonos de América, que se negaban a pagar unas tasas que ellos no habían aprobado al carecer de representación parlamentaria en Londres.

De hecho, fue una protesta contra los impuestos procedentes de la metrópoli lo que desató, el 16 de diciembre de 1773, el conocido como Motín del té en Boston. El descontento por la tasa sobre el té, en aquellos momentos la bebida más popular en las 13 colonias, nació por culpa de la exclusiva en la comercialización que tenía la Compañía Británica de las Indias Orientales —eliminando a los comerciantes individuales—. El funcionamiento de la Compañía no era del todo claro y las actuaciones corruptas eran evidentes. Los impuestos, la corrupción y las medidas arancelarias británicas fueron el detonante de la rebelión, que comenzó en Filadelfia y Nueva York y tuvo su punto culminante en el puerto de Boston, cuando miles de personas se manifestaron para impedir que los barcos británicos desembarcasen su carga.

La noche del 16 de diciembre se llevó a cabo la “Boston Tea Party”, cuando un grupo de colonos, liderados por Samuel Adams y John Hancock, se disfrazaron de indios mohawk y se dirigieron hasta las naves inglesas. Los insurgentes tiraron al mar el cargamento, más de 300 cajas de té valoradas en 18.000 libras. El rey Jorge III reaccionó con contundencia ante estos actos declarando el estado de excepción en Massachusetts. Pero estas medidas no consiguieron amedrantar a los revolucionarios, y solo sirvieron para crear una mayor unidad entre los ciudadanos de las Trece Colonias. La mecha de la independencia acaba de prender y un año y medio más tarde comenzó la guerra entre los norteamericanos y su metrópoli. Los impuestos sobre el té marcan el inicio de un proceso que finalizó con la firma del Tratado de París, el 3 de septiembre de 1783, que llevó a la creación de los Estados Unidos de América.

Pero la dependencia económica de Gran Bretaña permaneció incluso cuando USA ya había logrado la independencia, y sólo se inició el camino de la liberación económica cuando en 1789 Alexander Hamilton fue nombrado secretario del Tesoro durante la presidencia de George Washington. La liberación total se consolidó tras el final de la Guerra de Secesión (1865).

Como secretario del Tesoro, lideró la financiación de las deudas de los estados por el gobierno federal, así como el establecimiento de un banco nacional, un sistema tarifario, y unas relaciones comerciales amistosas con Gran Bretaña.

Alexander Hamilton estaba muy lejos de apoyar el libre comercio pues consideraba que favorecía los intereses de las potencias colonialistas e imperialistas. Por el contrario, estaba a favor del proteccionismo estadounidense que, según él, beneficiaba el desarrollo industrial y la economía de las naciones emergentes. Apoyó la intervención gubernamental en favor de la industria y comercio nacionales (es decir, lo mismo que habían hecho los ingleses, pero desde la otra orilla). Su política económica dominó para siempre USA. Se le considera el padre de la política económica USA hasta nuestros días. En un primer momento, las políticas de Hamilton y sus seguidores tuvieron un gran éxito en el sector naval, pero no en otros campos. No fue hasta la guerra de 1812, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando los norteamericanos decidieron dar un vuelco a su dependencia de la antigua metrópoli. (https://algodehistoria.home.blog/2021/01/29/cuando-los-ingleses-quemaron-la-casa-blanca-y-el-capitolio/). La guerra disparó el proceso de industrialización. Aunque aquella guerra tuvo como principal resultado que los estados de EE.UU empezaran a sentirse como una nación, sin embargo, la estructura económica los dividió en un norte más proteccionista con sus productos manufacturados y un sur que tenía a Inglaterra como principal proveedor, con lo que los aranceles no le venían bien.

Hasta 1860, Estados Unidos fue un país subdesarrollado (sólo el hecho de que en 1848 hubiera descubierto oro en California, dio lugar a la inversión en el ferrocarril y al inicio de un polo de desarrollo base de su futura industrialización), su balanza comercial era negativa (importaba más que exportaba) y vivía de la exportación de materias primas sin elaborar. Era un país fuertemente endeudado, sobre todo, por los empréstitos que le ofrecía Reino Unido – estos empréstitos provocaron la quiebra de estados como Misisipi, Maryland, Pensilvania y Luisiana-. Realmente era un país exportador de productos agrícolas con una dependencia clara de la exportación de algodón. La riqueza algodonera del sur determinó su riqueza regional, frente a un norte que no acababa de despegar. Así nació la idea sureña de organizar un país pro- Gran Bretaña alejado del ordinario norte. Además, como no veían la necesidad de comprar las manufacturas norteñas, se mostraban partidarios del libre comercio y contrarios a los aranceles del Gobierno.

En el Norte, hombres como Henry Clay (uno de los senadores más influyentes, presidente del Congreso en diversas ocasiones, promocionó el proteccionismo y se interesó por fortalecer los medios económicos de EE.UU),  o Mathew Carey (irlandés de origen, se afincó en USA. Escritor y periodista, publicó, en 1822, Ensayos sobre economía política, o los medios más ciertos de promover la riqueza, el poder, los recursos y la felicidad de las naciones, aplicados particularmente a los Estados Unidos. Este fue uno de los primeros tratados a favor de la política económica proteccionista de Hamilton), veían en el proteccionismo un medio para descender los precios nacionales y hacerlos más atractivos a los ojos norteamericanos frente a los productos de mayor calidad británicos. Ganaron los proteccionistas en el Congreso al lograr aprobar la Ley Impositiva de 1816 que imponía gravámenes de entre un 7 y un 30% a los productos de importación, concediendo especial protección a los algodones, lanas, hierro…, pero esta ley no resultó suficiente para proteger a la industria del norte. Gran Bretaña llegó a vender a pérdidas para no perder el mercado norteamericano. Hacia finales de la década de los años 20 del Siglo XIX, el descontento se generalizó en los estados del sur, que seguían prefiriendo los productos ingleses de mayor calidad y porque sus productos naturales, sus grandes cosechas, tenían muy buena aceptación en Gran Bretaña. Estas exportaciones se veían perjudicadas por unos aranceles que sólo buscaban- eso decían- proteger al norte.

El presidente Andrew Jackson aprobó una nueva Ley Impositiva en 1828 que elevó aún más los aranceles, con la oposición del sur que, pese a todo, logró amortiguar algunas de aquellas trabas y generó un notable expansionismo económico sureño entre 1846 y 1857. Esto parecía dar la razón a los librecambistas. Realmente, como se viene observando, el mayor problema entre el norte y el sur no era el del esclavismo sino el del proteccionismo frente al librecambismo. De hecho, Abraham Lincoln será un adalid del proteccionismo económico. Apadrinado por H. Clay y teniendo como mente económica a Carey su mensaje se presentaba como el defensor del proteccionismo frente al libre cambio que permitía a la imperialista Gran Bretaña relegar a USA a un papel secundario de exportador de materias primas. Cuando Lincoln ganó, sus posiciones económicas no eran mayoritarias y, sobre todo, perdió gran número de votos en el sur. Se dio cuenta de que estaban ante dos mundos paralelos, pero no iguales y lo mismo debieron pensar en el sur. Lincoln sabía que sin proteccionismo no prosperarían y además necesitaban un gran mercado interior, el del norte y el del sur, en consecuencia, el enfrentamiento estaba servido.

Los impuestos de emergencia que se aplicaron durante la guerra civil, no desaparecieron con la paz. En 1864 el nivel de aranceles era tres veces más alto que en 1857. Desde entonces, un sistema altamente proteccionista que afectaba a cada vez mayor variedad de productos se convirtió en base firme de la política fiscal de Estados Unidos, lo que en aquellos momentos propició un acelerado proceso de industrialización, y una busqueda de nuevos mercados para los productos norteamericanos, lo que está en el origen del imperialismo de los Estados Unidos. Aunque esa es otra parte de la Historia.

Como se ha visto los aranceles están en el ADN de Estado Unidos como nación. Lo que no sabemos es si una política arancelaria en el S. XXI,  les permitirá recuperan su viejo esplendor.

BIBLIOGRAFÍA

Charles Fletcher Lummis. “The Spanish Pioneers [McClurg Chicago 1893]. Google Books. Ed (en inglés).

CLAVERO, Bartolomé (1994): Derecho indígena y cultura constitucional en América, Madrid, Siglo XXI.

DE OLIVEIRA LIMA, Manuel.- “Pan-Americanismo: Monroe-Bolívar- Roosevelt” . Ed Forgotten Books (reimpresión). 2018.

FIELDHOUSE, David. “Economía e Imperio. La expansión de Europa 1830-1914”. Ed Siglo XXI. 1977.

GULLO OMODEO, Marcelo. “Lo que América le debe a España”. Ed Espasa. 2023.

Serrano

A muchos de los visitantes de Madrid les gusta pasear por la calle Serrano, con sus lujosas tiendas. Pero seguramente muy pocos sepan quién fue ese Serrano que da nombre a una de las arterias más emblemáticas de la capital de España.

El general Serrano fue una de las figuras más relevantes de la España de Isabel II. Influyó enormemente en la reina de la que se dijo que fue su amante. Rubio y bien parecido, impresionó a la monarca (que, por otro lado, se dejaba impresionar fácilmente) que le llamaba el “general bonito”.  Entre su apostura, la debilidad real, su habilidad política y valentía militar, nos encontramos ante un personaje fascinante. Su carácter positivo, conciliador, diplomático, afable y amable le permitió ser llamado como “solucionador” de situaciones difíciles, cosa que logró en la mayoría de los casos, con gran éxito. A eso unió un gran valor militar con el que alcanzó múltiples victorias, ascensos y condecoraciones.

Se casó con cerca de cuarenta años con Antonia Micaela Domínguez y Borrell, hija de los condes de San Antonio, con la que tuvo cinco hijos.

Serrano perteneció a una ilustre y nobiliaria familia andaluza de Jaén. Su padre, Francisco Serrano Cuenca, militar destacado, participó activamente en la Guerra de la Independencia, llegó a ser mariscal de campo. De hecho, nuestro general nació en Cádiz en 1810, por ser su padre diputado en las Cortes liberales gaditanas; posteriormente, durante el Trienio Liberal ocupó el cargo de ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Estuvo perseguido por Fernando VII como todos los patriotas liberales de Cádiz, como ya vimos en la biografía del Conde de Toreno: https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/

Pero ocupémonos del hijo, que es el que nos trae hoy aquí. Francisco Serrano Domínguez (1810-1885) I duque de la Torre. Conde de San Antonio y Regente del Reino.

Serrano fue ante todo un gran militar. Su hoja de servicios es una de las más brillantes de cuantos militares ha tenido España. A los seis años, fue enviado a estudiar Humanidades al prestigioso Colegio de Vergara (Guipúzcoa), de inspiración ilustrada. A los nueve años, ingresó en el Colegio Militar de Valencia donde permaneció tres años hasta que pasó al Regimiento de Lanceros de Castilla, y posteriormente al Regimiento de Caballería de Sagunto, en el que comenzó a recibir su formación militar como cadete, obteniendo el grado de alférez en diciembre de 1825; tenía 15 años. Sin embargo, la persecución que Fernando VII mantuvo contra los liberales, también perjudicó a los hijos de éstos, y nuestro Serrano no fue una excepción: hasta 1830 vio su carrera militar estancada. Solicitó entonces plaza en el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, siendo nombrado subteniente y destinado a Málaga, permaneciendo en este servicio hasta el año 1832.

En 1833, ingresó en el Regimiento de Coraceros de la Guardia Real de Caballería. Fue a la muerte del rey Fernando VII y con la Primera Guerra Carlista (1833 y 1840), cuando su capacidad militar descuella. Comenzó la guerra siendo subteniente y la finalizó ascendiendo a mariscal de campo.

En la guerra del norte conoció a un joven capitán de infantería, Leopoldo O’Donnell, haciéndose desde entonces muy amigos. Fueron múltiples sus hechos militares en los que destacó nuestro protagonista tanto en la País Vasco, como en el frente catalán o en la persecución de los carlistas en el interior (en Cuenca, por ejemplo). Sus éxitos militares le llevaron a obtener la Cruz Laureada de San Fernando.

En 1839, al firmarse el Convenio de Vergara, adquiría el rango de brigadier, al tiempo que era elegido diputado por Málaga, militando en el Partido Progresista. En 1840, fue ascendido a mariscal de campo.

Una de sus primeras actuaciones como diputado fue votar a favor de la candidatura única del general Espartero como Regente del Reino en mayo de 1841. Sin embargo, entre Espartero y Serrano se fue abriendo una profunda brecha a causa de las tendencias dictatoriales del Príncipe de Vergara, su personalismo político y la dureza mostrada en el juicio sumarísimo y posterior fusilamiento del general Diego de León y sus compañeros (Diego de León fue un brillante militar, azote de los carlistas, que fue acusado de sedición por Espartero, por querer devolver la regencia a la reina M.ª Cristina).

Distanciado del regente, Serrano se unió a otros progresistas del momento como fueron los civiles Joaquín María López, Salustiano Olózaga y Manuel Cortina. A pesar de la falta de entendimiento, Espartero pidió a Joaquín María López —tras ofrecérselo a Cortina y Olózaga y éstos negarse a ello—, que formara Gobierno. Serrano —a la sazón vicepresidente del Congreso de los Diputados—, ocupó también la cartera de Guerra.  Tan sólo tenía 33 años.

El bombardeo de Barcelona por parte de Espartero (3 de diciembre de 1842: https://algodehistoria.home.blog/2023/03/10/la-insurreccion-de-barcelona-y-su-bombardeo-en-1842/ ) y la falta de consideración sobre las medidas que López y sus ministros le proponían desde el gobierno lograron la ruptura total de estos con el Regente. Ya en 1843, Serrano conspiró, junto a Juan Prim y González Bravo, para derrocar al dictador. Desde Barcelona, constituyó con aquellos, el «ministerio universal», que puso fin a la Regencia de Espartero. Por los servicios prestados durante el Ministerio Universal, Serrano fue ascendido a teniente general y se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de San Fernando.

Declarada la mayoría de edad de la reina Isabel II, Serrano se convirtió en el favorito de ésta, y fue objeto de regios favores. Esto provocó intrigas en la corte. Una de las más destacadas la del Duque de Sotomayor que, en 1847, pretendió alejarle de palacio, sin conseguirlo, nombrándole Capitán General de Granada.

Tras cesar en la Capitanía General de Granada, solicitó permiso para retirarse a sus tierras de Arjona, en Jaén, apartándose por un tiempo de la política. Meses después, viajó a Moscú y a Berlín para estudiar la organización militar rusa y prusiana. Pero el fin de la época moderada, con una situación política caótica, le llevó a regresar a España y suscribir el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, que, en última instancia, suponía el apoyo al pronunciamiento militar de O´Donnell. Durante el “Bienio Progresista” Serrano se afilió a la Unión Liberal de O´Donnell, y obtuvo diversos cargos militares que ejerció con éxito, por ejemplo, sofocando los violentos sucesos de julio de 1856, que pusieron fin al Bienio Progresista (la revolución callejera de los antiguos milicianos y, sobre todo, la conflictividad social).

En agosto de 1856, el general Serrano fue nombrado embajador de España en París. Se inició así una difícil tarea diplomática para impedir la ambiciosa expansión que Napoleón III pretendía ejercer en territorio español. Su éxito consistió en desbaratar los planes franceses y, al tiempo, mantener la armonía entre ambas naciones.

Durante el “Gobierno largo” de la Unión Liberal (denominado Quinquenio Unionista, 1858-1863), O’Donnell le nombró gobernador-capitán general de la isla de Cuba.

Tampoco fue empresa fácil, para lo que se necesitaba un tacto especial, tanto por los incipientes gérmenes separatistas que iban en aumento, como por el desbarajuste administrativo que existía en ella. Durante los tres años que Serrano estuvo al frente de Cuba, su gestión fue muy positiva; supo conjugar la autoridad de su cargo con un trato humano y cortés, que hasta entonces nunca había sido utilizado por los capitanes generales que le habían precedido. Serrano llevó a cabo en la isla una política conciliadora, escuchó atentamente a todos en sus planteamientos y fomentó la participación, por primera vez, de los cubanos en la Administración de Cuba. Influyó decisivamente en la creación del Ministerio de Ultramar independiente del Ministerio de la Guerra. Por su positiva gestión, la reina Isabel II le otorgó el título de duque de la Torre con Grandeza de España.

En enero de 1863, Serrano fue nombrado por O’Donnell ministro de Estado, cargo que ocupó pocos meses, a causa de la última crisis del “Gobierno largo”. Siguieron una serie de gobiernos moderados, con Narváez al frente y poco éxito de gestión, lo que, de nuevo, en el turno correspondiente, llevó a Isabel II a llamar a O’Donnell.

Se inicia en España un periodo de alteración, claramente prerrevolucionario, en el que Serrano, entre otras actividades, ayudó a sofocar la rebelión del Cuartel de San Gil (1866), por lo que obtuvo el Toisón de Oro (la rebelión no sólo pretendía cambiar la regencia o a la reina, como las revueltas que habían existido hasta entonces, sino que pretendía la expulsión definitiva de los Borbones). A la muerte de O’Donnell pasó a liderar el partido de la Unión Liberal siendo uno de los partícipes y artífices de la revolución de 1868, con la que se inicia el llamado Sexenio Revolucionario.

La revolución conocida como La Gloriosa comienza el 18 de septiembre de 1868, con el pronunciamiento de la Armada en Cádiz, al mando del almirante Juan Bautista Topete y del ejército dirigido por los generales Juan Prim y Serrano. Ya hablamos de ella, aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2023/06/02/la-gloriosa/

La reina se exilia a Francia, el 30 de septiembre, y tres días más tarde el general Serrano lidera el gobierno provisional, asumiendo la regencia en junio de 1869.

La forma política del Estado recogida en la Constitución de 1869 seguía siendo la monarquía, pero, recogiendo el espíritu de San Gil, excluyendo a los Borbones. Esto implicaba la búsqueda de un nuevo rey. En la sesión de Cortes de 16 de noviembre de 1870, se elige entre los siguientes candidatos monárquicos: Amadeo de Saboya, el duque de Montpensier, Espartero.

Serrano era partidario de la candidatura del Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, si bien todos sabemos que Amadeo de Saboya fue el elegido. Su valedor, Prim, fue asesinado cuando el nuevo Rey llegaba a España y algunas de las sospechas sobre los instigadores del asesinato recayeron en el duque de Montpensier y en Serrano. Estas sospechas nunca pudieron ser corroboradas.

https://algodehistoria.home.blog/2025/02/21/magnicidios-en-la-espana-contemporanea/

Este periodo culmina con la llegada de la Primera República y su caos. Serrano intentó con Cristino Martos (fue ministro de Estado, de Gracia y Justicia, y presidente del Congreso durante el Sexenio revolucionario), sublevar la Milicia Nacional contra la República.

Fracasado en su objetivo, huyó y se estableció en Biarritz. Regresó a Madrid, poco antes del golpe del general Pavía, fue elegido de nuevo diputado y también presidente del poder ejecutivo, es decir, presidente del Gobierno. Se trató de un Gobierno-puente debido la proclamación de la Restauración en 1874. Tras el pronunciamiento de Sagunto del General Martínez Campos se mantuvo alejado de la vida política durante algunos meses, pero acabó por reconocer al rey Alfonso XII, como rey de España.

El duque de la Torre falleció el mismo día que era enterrado el rey Alfonso XII – 30 de noviembre de 1885-.

BIBLIOGRAFÍA

DE LA CIERVA, Ricardo. “El Triángulo”. Ed Planeta. 1991

PALACIO ATARD, Vicente.- “ La España del Siglo XIX. 1808-1898”. Ed Espasa- Calpe. 1891

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Dolores del Mar; PÉREZ MARCOS, Regina Mª; MONTES SALGUERO, Jorge J;  ALVARADO PLANAS, Javier.- “Corte y monarquía en España” Editorial Universitaria Ramón Areces. 2003.

 

MAGNICIDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Según el Diccionario de la RAE, magnicidio es la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder.

Pues bien, con ese significado se suele hablar de los asesinatos de cinco de los presidentes del Gobierno de España en la Historia contemporánea. Por orden cronológico: Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y Carrero. Cinco presidentes asesinados en poco más de un siglo, entre 1870 y 1973. A los que convendría unir otra serie de intentos frustrados de magnicidios cuyo punto en común inicial es el intento de sus autores de cambiar la historia de España de manera violenta.

Esos autores, cada uno de un pelaje, tienen una denominación común: terroristas.

El periodista Francisco Pérez Abellán en su libro “El vicio español del magnicidio”, señala:

“El magnicidio ha sido durante más de un siglo una respuesta a los deseos de cambio […] Mediante maquinación inteligente, la violencia política trata de cambiar el curso de la historia con la muerte violenta de los máximos dirigentes. Desde finales del siglo XIX y hasta muy avanzado el XX, en España la forma nueva de forzar el destino colectivo era matando a un solo hombre… Se pueden remarcar, además, cuatro características que se repiten en los cinco asesinatos: importantes fallos de seguridad que dejaron a los presidentes demasiado expuestos; ninguno de los casos fue investigado como se debería; a pesar del fracaso que suponen estos actos, ha sido común que los ministros cercanos al presidente asesinado ascendieran en vez de ser destituidos; la cuarta constante es que los asesinos fueron tildados de libertarios o revolucionarios, enmascarando con ello maniobras políticas que, al investigar, puede verse que llevaron a cabo criminales a sueldo, de perfil idéntico”.

Analicemos uno las causas y consecuencias de estos asesinatos:

JUAN PRIM I PRATS

De modo sintético podríamos decir que tras la multiplicidad de conflictos acaecidos durante el siglo XIX (que no acabarán aquí), se intentó hacer borrón y cuenta nueva en 1868 con la revolución denominada La Gloriosa y un parlamento encabezado por el general Prim, catalán de Reus, profusamente laureado en su profesión militar, tanto por su defensa de la legalidad como por unas dotes militares que le hicieron ser protagonista principal en la primera guerra carlista y en la de África. A finales de 1870 el general, y a la sazón presidente del Consejo de ministros, había conseguido el visto bueno de la cámara para que una nueva casa real se situara a la cabeza del Estado. Se trataba de la dinastía italiana de los Saboya, en la persona de Amadeo de Saboya.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con el cambio de dinastía, ni con el propio hecho de que hubiera una dinastía. Cuando el futuro monarca se disponía a desembarcar en Cartagena para dirigirse a Madrid sucedió la tragedia.

Prim había tenido avisos de que podían atentar contra su persona, pero no quiso cambiar el itinerario que tradicionalmente le llevaba de las Cortes a su casa. El 27 de diciembre de 1870, bajo una intensa nevada, en la estrecha calle del turco (hoy Marqués de Cubas) esquina con Alcalá, el carricoche del presidente se vio entorpecido en su marcha y cuatro pistoleros que estaban en una taberna aledaña dispararon al General Prim. No murió al instante, pudo llegar a su casa y allí falleció tres días más tarde por una septicemia fruto de la infección de las heridas. En el centenario de su fallecimiento se realizó un estudio anatómico al cadáver y se llegó a decir que había sido estrangulado en su domicilio. Esta teoría parece descartada. Murió a consecuencia de las heridas y por las carencias de la medicina de la época.

Ahora bien, su muerte la llevaron a cabo unos embozados en una noche de perros en Madrid, se arrestaron a algunos de los asesinos materiales, pero los auténticos autores, sobre todo, los instigadores siguen sin ser identificados. Algunas investigaciones apuntaron al diputado José de Paúl y Angulo defensor de la república, al duque de Montpensier e incluso el general Serrano, ambos con pretensiones de gobernar por medio de una república dirigida por ellos. Las sospechas contra monárquicos alfonsinos y republicanos se difuminaron pronto. No así las que recaían en el diputado jerezano Paúl y Angulo, que huyó a Francia y publicó diversos panfletos defendiendo su inocencia. Hasta veinte testigos murieron en extrañas circunstancias.

De hecho, la consecuencia principal del asesinato de Prim fue la llegada de la I República. Pero también supuso el fin de una nueva dinastía y, a más largo plazo,  la restauración borbónica a pesar de los tres jamases pronunciados en su día por Prim sobre la vuelta de la dinastía Borbón a la jefatura del Estado.

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO

Cánovas del Castillo, nacido en Málaga el 8 de febrero de 1828, murió asesinado el 8 de agosto de 1897, en el balneario de santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa). El anarquista italiano Angiolillo, se registró en el mismo balneario simulando ser un corresponsal del periódico italiano Il Popolo. Puso fin a la vida del político de tres disparos.

La primera oleada del terrorismo moderno fue la anarquista. Comenzó con los populistas rusos asesinando al zar Alejandro II en 1881, y siguió con los libertarios, atentando contra dirigentes europeos y americanos. Atentaban contra personalidades, pero también contra símbolos del poder, como parlamentos, óperas o procesiones. Así había ocurrido ya en España, sobre todo en Barcelona. En el caso que nos ocupa, en el momento de su arresto, el italiano expresó que ejecutó el asesinato como represalia por el arresto continuado de anarquistas en Barcelona a raíz de uno de los atentados más sangrientos de España: el de la procesión del corpus de 1896 ( los anarquistas pusieron una bomba al paso de la Procesión y mataron a 12 personas y otras muchas fueron heridas)

Antonio Cánovas del Castillo, fundador y líder del Partido Conservador, era el político más importante de España en esos momentos, además de un reputado historiador y académico. Hijo de un modesto maestro de escuela, quedó huérfano a los 15 años. Se marchó a Madrid, donde consiguió un empleo en las oficinas del ferrocarril, y estudió Derecho mientras se abría paso en el mundo del periodismo. Entre la carrera y los periódicos aún le quedó tiempo para publicar su primera novela, La campana de Huesca, y una historia sobre la decadencia de España desde Felipe III hasta Carlos II.

Pero Cánovas siempre será recordado por ser el artífice de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Cánovas había sido ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar y Hacienda al año siguiente, se mantuvo neutral en la revolución que expulsa a Isabel II en 1868, pero la desastrosa situación que se produce tras la caía de Amadeo de Saboya y la instabilidad política de la República entiende que la única solución viable es la vuelta de la legítima dinastía, Borbón, pero en el hijo de Isabel. Aquellos años, a pesar de haberse iniciado algunos brotes violentos sobre todo en Cataluña y los problemas de ultramar, fueron de una estabilidad política de la que España llevaba sin disfrutar mucho tiempo. La base de aquella estabilidad fue un sistema rotatorio de partidos entre liberales o progresistas y conservadores que se turnan en el gobierno mediante la inestimable ayuda del caciquismo.

Las mayores consecuencias de la muerte de Cánovas se produjeron en la política de ultramar. En cuba, ante los insurrectos, se pasó de una política de mano dura propiciada por Cánovas a la concesión de autonomía de Sagasta que sólo mostró debilidad ante unos nativos y, sobre todo, los Estados Unidos, que ya se encargaron, Maine mediante, de acabar con la presencia española en Cuba, para someter a la Isla al dominio norteamericano.

Es difícil creer que con Cánovas vivo las cosas hubieran sido diferentes por el potencial y la cercanía geográfica de USA a la isla, pero la realidad es que fue a su muerte cuando la independencia se materializó.  La pérdida de Cuba tuvo repercusión directa en la pérdida de otros territorios españoles en el Pacífico

Ya lo contamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2021/04/09/la-tercera-guerra-de-independencia-cubana-y-sus-consecuencias/

Cuba y toda la política de ultramar habían generado conflictos entre las clases más desfavorecidas que eran las reclutadas para defender la isla, pero también es verdad que una era de conflictos sociales se estaba fraguando. La muerte de Cánovas también frenó la estabilidad del turnismo que posteriormente reconstruyeron con menor éxito Maura y Canalejas.

JOSÉ CANALEJAS MÉNDEZ

Gallego de El Ferrol, nacido 31 de julio de 1854, se convirtió en presidente del Consejo de ministros en 1910. Fue asesinado el 12 de noviembre de 1912 por los disparos del anarquista Manuel Pardiñas Serrano.

De nuevo el terrorismo anarquista, el mismo que había atentado contra el Rey Alfonso XIII el día de su boda (31 de mayo de 1906), dejando un reguero de sangre en Madrid. De momento, el terrorismo anarquista, en poco más de una década había matado a dos jefes de Gobierno y atentado contra el Rey.

Antonio Canalejas intentó desarrollar un modelo político basado en el liberalismo social, con medidas dirigidas a unos impuestos más justos, la igualación del servicio militar o una menor influencia de la Iglesia. Se dice que su actuación política pretendía un socialismo amable, alejado de la violencia de los socialistas del momento. Sin embargo, el discurso extremo por parte del anarquismo, convirtió a Canalejas en víctima propiciatoria al igualarle políticamente con el conservador Antonio Maura o con el Rey (no debemos olvidar que Maura también fue víctima de varios atentados terroristas de los que salvó la vida de milagro).

Canalejas había hecho frente a una huelga general, a la oposición popular a la guerra en Marruecos, a la ilegalización de la CNT, al crimen de Cullera (y el posterior y polémico juicio a sus autores), a la militarización de los ferroviarios en huelga y a una furibunda campaña internacional anarquista que le tildó de liberticida.

Su asesino, Manuel Pardiñas, anarquista, buscado por la policía, se suicidó de un tiro en la cabeza o esa fue la versión oficial, porque en su autopsia se descubrió que su cabeza había varios disparos.

La muerte de Canalejas fue más importante de lo que se podía pensar en aquel momento. El Partido Liberal perdió a su líder y no logró sustituirle por ninguno mínimamente de su talla y acabó extinguiéndose. Con la muerte de Canalejas se esfumaba cualquier posibilidad de adaptar la Restauración a la España del siglo XX; la opción de establecer un sistema democrático, que en Canalejas era progresista y católico. Quería introducir en España el socialismo democrático.

Su muerte también fue el punto de partida de la conocida como crisis de la Restauración, que desencadenaría, en 1923, con el golpe de estado y dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La muerte de Canalejas significó la decadencia de una manera de entender la política y, como él mismo temía, que se abriera una lucha entre los partidarios de los valores tradicionales y los radicales, encaminada a excluir al otro y no a la apertura de una auténtica democracia. Esa lucha desencadenó, como sabemos, en la guerra civil de 1936.

EDUARDO DATO E IRADIER

Sobre los detalles del asesinato de dato ya hablamos aquí: https://algodehistoria.home.blog/2020/03/13/el-asesinato-de-eduardo-dato/

Nuevo atentado anarquista, esta vez de anarquistas catalanes. Toda Europa vivió momentos de convulsión y violencia después de la primera Guerra Mundial. El proceso industrializador generó un movimiento obrerista mal encauzado, sumido en ideales bolcheviques. El sistema parlamentario parecía estancado en las posiciones de siempre, el socialismo no triunfaba y el anarquismo se imponía violentamente. A la violencia que el anarquismo traía consigo se unió el conocido como “pistolerismo” que se origina en el reinado de Alfonso XIII y que alcanzó su cenit entre 1917 y 1923. Ante la ola de violencia que vivía España, muchos empresarios o personas que temían por sus vidas contrataron a pistoleros o “matones a sueldo” para defenderse de los sindicalistas y/o anarquistas que atacaban sus negocios o personas. Evidentemente, violencia, genera violencia y aquello se convirtió, sobre todo, en Barcelona, en la ciudad sin ley. Desatándose una guerra entre bandas anarquistas y pistoleros.

Dato fue asesinado el 8 de marzo de 1921, en la Plaza de la Independencia. Dispararon a su coche, camino de su domicilio en la calle Lagasta esquina con Alcalá.

Los tres asesinos de Dato: Matéu, Nicoláu y Casanellas, llevaron a cabo el asesinato, convencidos de que Eduardo Dato representaba el obstáculo para la consumación del orden social que preveía el elemento sindicalista barcelonés y la Confederación Nacional de Trabajadores, de la que procedían. Fueron condenados a muerte, aunque la pena fue conmutada por cadena perpetua y dos de ellos se beneficiaron de la amnistía aprobada por la II República. El tercero, huido a Rusia, regresaría a España también con el cambio de régimen.

Pero nada podía borrar lo que había sucedido; el atentado contra Eduardo Dato no solo segó su vida, sino que sacudió todavía más la ya convulsa vida política española y, como las ondas que provoca una piedra en un estanque, sus consecuencias se dejaron sentir hasta mucho tiempo después. Así, el partido Conservador quedó aún más dividido, aunque ya se arrastraba en camarillas desde hacía tiempo. Las posibilidades de encauzar el País sobre los cimientos de la democracia, superando la muerte de Canalejas y sus consecuencias, se desvanecieron. En agosto del mismo año, el desastre de Anual determinó una inestabilidad en los siguientes gobiernos nombrados por el Rey que dieron lugar al Golpe de Estado, que Dato había intentado evitar y que se fraguó el 13 de septiembre de 1923 de la mano de Miguel Primo de Rivera. El golpe contó con el visto bueno de Alfonso XIII y de la oligarquía catalana. La dictadura duró 8 años, pero fue el principio del fin de la Monarquía. La llegada de la II República y, consiguientemente, la Guerra Civil, estaban llamando a la puerta de España.

LUIS CARRERO BLANCO

Una enorme carga explosiva detonada por la banda terrorista ETA hizo volar el coche del general Luis Carrero Blanco (Santoña 1904), presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco, hasta el tejado de un edificio en la calle Claudio Coello de Madrid. Murieron en el acto Carrero Blanco y el conductor. Era el 20 de diciembre de 1973. La operación que condujo al magnicidio fue bautizada por ETA como Operación Ogro.

El hecho de que toda la preparación del atentado pasara desapercibida, ya fueran las diversas visitas del comando terrorista a Madrid, el alquiler de un local de la Calle Claudio Coello para facilitar las manobras o la excavación del túnel bajo la misma, creará un caldo de cultivo para teorías de diferente índole, que llegan incluso a sugerir una posible conexión del atentado con el Gobierno de Estados Unidos. La razón es que la figura de Carrero encarnaba para algunos la supervivencia del régimen tras la muerte de Franco. De hecho, este será el motivo que la banda aducirá en una entrevista a la revista alemana “Der Spiegel” para justificar el atentado. Sin embargo, como siempre en ETA, todo era mentira. La figura esencial para la llegada de la Democracia era el Rey Juan Carlos.

Existen declaraciones de testigos, amigos de la víctima como el Sr. Utrera Molina que afirman que Carrero le había manifestado que, tras la muerte de Franco, dimitiría. Carrero era un militar obediente y leal. Si el jefe de las fuerzas armadas- el Rey- le decía que no contaba con él, Carrero se iría a su casa sin hacer ruido. Así lo ha expresado el Rey en alguna ocasión.

ETA mató por desestabilizar. Siempre lo hizo en época de Franco y después, y ahora lo hacen desde el Parlamento y como socio del Gobierno.

El asesinato de carrero ha dado lugar a varios libros y películas. Por ejemplo: «Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a la proclamación del Rey«, de Ricardo de la Cierva, y “Operación Ogro. Como y porqué ejecutaron a Carrero Blanco” de Eva Forest, ambos de 1978. Por otro lado, parte del imaginario colectivo social sobre el atentado se creó a partir del largometraje «Operación Ogro» (1979), de Gillo Pontecorvo.

Estos han sido los cinco magnicidios acontecidos en la Historia contemporánea de España. Para nuestra desgracia, el País que en el mismo lapso de tiempo ha tenido más muertes de esta naturaleza y eso sin contar los atentados fallidos, que enumeraremos a continuación:

-El 2 de febrero de 1852 contra la reina Isabel II.

-El 28 de julio de 1872 contra Amadeo I de Saboya

-El 25 de octubre de 1878 contra el Rey Alfonso XII en la calle Mayor de Madrid. El 30 de diciembre de 1879 segundo atentado contra Alfonso XII y su esposa.

-El 12 de abril de 1904 aconteció en Barcelona el primer atentado contra Antonio Maura. El 22 de julio de 1910, también en Barcelona, el segundo atentado contra Antonio Maura.

-El 31 de mayo de 1905 hubo un intento de asesinato en París del rey Alfonso XIII a la salida del Teatro de la Opera. El 31 de mayo de 1906 sucedió un atentado con bombas de mano contra Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia cuando regresaban al Palacio Real, después de la boda. Murieron una veintena de personas por el ataque.

-Un comando de ETA fue detenido en Palma de Mallorca cuando planeaban asesinar al Rey Juan Carlos I en el verano de 1995.

-José María Aznar sufrió en 1996, antes de ser presidente del Gobierno, un ataque de ETA a su coche blindado con una bomba del que salió ileso. En 2001 sufrió en 13 días 3 intentos de asesinato de la banda terrorista; el objetivo fue derribar en sendas ocasiones el avión en el que viajaba.

BIBLIOGRAFIA

DE LA CIERVA, Ricardo.  “Crónicas de la transición. De la muerte Carrero a proclamación del Rey”. Ed. Planeta. 1975.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

PÉREZ ABELLÁN, Francisco “El vicio español del magnicidio”. Ed. Planeta. 2018.

LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA Y OTRAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA DURANTE LA II REPÚBLICA

Cuando se produce la llegada de la II República, el 14 de abril de 1931,  la única ley de prensa que existía era la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Obra del gabinete liberal de Sagasta, esta ley se convirtió en la normativa reguladora de la prensa más longeva de todas las promulgadas a lo largo de la historia del derecho de prensa e imprenta en España. Si bien su aplicación pasó por momentos diferentes según el talante gubernamental del momento. Fue durante los gobiernos de Berenguer y Aznar (desde el 30 de enero de 1930 al 14 de abril de 1931) cuando la libertad de prensa o algo parecido a esa libertad alcanzó un nivel más destacable a pesar de la existencia de la censura previa, pocas veces aplicada.

Ese texto normativo fue derogado en cuanto los republicanos llegaron al poder. Durante los cinco años que mediaron entre la instauración del régimen –el 14 de abril de 1931- y el estallido de la guerra civil – el 18 de julio de 1936- la libertad de prensa fue progresivamente constreñida, e incluso anulada, al albur de leyes de excepción que favorecieron la injerencia gubernativa. Leyes de excepción que no sólo se aplicaron a la libertad de prensa (se ha calculado que sólo durante 16 semana durante esos 5 años se aplicó sin restricciones la Constitución de 1931). Y eso con todos los gobiernos, de cualquier signo político.

Antes de aprobarse la Constitución, el Estatuto Jurídico de 15 de abril -al día siguiente de proclamada la República- confería al ejecutivo el poder discrecional de someter a fiscalización los derechos que ese mismo decreto venía a reconocer.  Posteriormente se aprobó la Ley de Defensa de la República de 22 de octubre de 1931.

Aunque la justificación de la censura se basaba en la intención de defender la República de los elementos subversivos que querían acabar con ella, la pura verdad, es que se trataba de la aplicación de la censura a todos aquellos asuntos que iba en contra de lo señalado por los dirigentes republicanos, o bien mostraban el malestar ciudadano. La censura buscaba que la opinión pública viviera en la oscuridad sobre los problemas reales de aquellos años, que a lo largo del tiempo fueron de manera destacada:  anticlericalismo, Cataluña, una ley de amnistía para los delitos políticos –entonces para los implicados en la Revolución de octubre de 1934–, problemas en el campo y mucha crispación social alentada, incluso, desde el propio Parlamento.

La característica fundamental de la prensa antes y durante la II República era su contenido político. Muchos de los periódicos de la época eran periódicos de partido- el Socialista, Mundo Obrero- o de empresas con cierta vinculación a alguno de los núcleos de poder-. Poca neutralidad se encontraba en la prensa de entonces.

Aunque teóricamente la Constitución de la II República proclamaba la libertad de prensa, ni la Ley de Defensa de la República, ni la posterior de Orden Público permitieron la existencia de aquella libertad. De hecho, como Azaña quería la permanencia de la Ley de Defensa de la República, que no se compadecía con lo reseñado en el texto constitucional, la incluyó en una disposición adicional de la norma suprema, dando lugar a tal cúmulo de contradicciones y vulneraciones de las libertades públicas que suponían un quebranto democrático incompatible con la Carta Magna.

El debate parlamentario para introducir la Ley de Defensa de la República en una disposición adicional fue bronco, como no podía ser menos ante semejante atropello.

La defensa de Azaña se basó entre otras cosas en: “Eso no es prensa y contra eso vamos”. “La ley no va contra los periódicos que forman parte de la prensa digna y sí contra esos reptiles que circulan por la sombra”.

Pero la incompatibilidad de la disposición adicional con el texto de la Constitución era evidente. La norma suprema afirmaba que, los derechos individuales sólo podrían suspenderse “cuando lo exigiera la seguridad del Estado y en casos de notoria e inminente gravedad (…) Así, mientras la Constitución, entre otros derechos, consagra el habeas corpus (art.26), prohíbe el destierro o deportación a más de 250 kilómetros del domicilio (art. 42), garantiza la inviolabilidad del domicilio a todos los residentes de España (art. 31), reconoce el derecho de reunión pacífica sin discriminación del carácter de la misma, protege la libertad de asociación y sindicación (art. 39) y garantiza la libertad de expresión (art. 34). La Ley de Defensa infringía esos mismos derechos, e imponía sanciones a quienes ejercieran aquellas mismas garantías individuales que a partir de la promulgación de la Ley pasarían a ser considerados como actos de agresión a la República.

La votación para preservar la Ley desató una acerba polémica entre los parlamentarios. Manuel Azaña reconoció que la naturaleza de la Ley resultaba incompatible con la Constitución, aunque, no sin cinismo, afirmó que cuando la Cámara en su conjunto la había votado favorablemente lo había hecho con la voluntad de que perviviera todo el tiempo que funcionaran las Cortes. Algunos diputados lanzaron arengas contra su carácter coercitivo, dijeron que mutilaba la libertad de expresión y que violentaba derechos individuales. El diputado socialista José Gómez Ossorio resaltó la paradoja de que el gobierno pidiera la votación de un artículo de la Constitución “sin dictamen de nadie, sin deliberación, sin conocimiento previo de la Cámara y para ser resuelto en pocos minutos”. Aún más crítico se mostró José Antonio Balbontín, uno de los diputados del partido Comunista y periodista: “La República, hasta la fecha presente, ha fracasado”.  Balbontín admitió que la situación económica del país era ahora peor que durante la monarquía y adujo que el único aliciente que podía tener el ciudadano, que era gozar de plena libertad, se había visto arrebatado por la Ley de la Defensa de la República, la cual suspendía “derechos fundamentales del hombre contenidos en la Constitución”. Concluyó resaltando las consecuencias que tendría la inclusión de la ley dentro de la Carta Magna, que “el pueblo español siga sometido a una dictadura más o menos embozada”.

Desde su aprobación, la prensa se vio sometida a una inspección permanente. En julio de 1933, la coalición republicano-socialista, para reforzar las posiciones gubernamentales de censura, aprobó la Ley de Orden Público.

Ahora bien, todos sabemos que las malas leyes las aprueban unos gobiernos, pero pueden ser usadas por los siguientes, así los gabinetes conservadores del segundo bienio utilizaron la normativa existente para aplicarla a los periódicos de sus adversarios. Hay que decir que los periódicos monárquicos y los de tendencia obrera fueron perseguidos casi por igual por unos y por otros.

La censura previa se robusteció tras la revolución de octubre de 1934 cuando el gabinete radical impartió consignas tajantes y centralizó todas las instrucciones en el Gobierno Civil de Madrid. El Frente Popular utilizó, igualmente, los resortes que le otorgaba la Ley de Orden Público y en los meses previos al 18 de julio de 1936, el país siguió inmerso en una situación de perseverante excepcionalidad constitucional que hizo de la censura previa una herramienta valiosa para amordazar a la prensa hostil.

La persecución y censura no se limitó a la prensa escrita. Las radios, las agencias de noticias no sólo eran censuradas, sino que se les indicaban lo que tenían que decir. También se censuraron las hojas parroquiales o se persiguió a los sacerdotes en virtud de sus homilías. Por tanto, la Ley de Defensa de la República y la de Orden Público fueron mucho más allá de la mera censura de prensa.

Como hemos señalado dos eran los asuntos favoritos de los censores: los ataques a las políticas de la República o el reflejo del malestar ciudadano.

Tras los graves disturbios producidos en mayo de 1931 por la quema de Iglesias, que provocaron un clima de agitación que se propagó durante varios días por todas las provincias españolas(sólo en seis grandes ciudades: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Murcia y Valencia, ciento dos iglesias y conventos fueron completamente destruidos), todos los periódicos católicos del País Vasco y Navarra fueron suspendidos.  ABC, El Debate, La Nación – todos ellos entre los favoritos de los censores-, también, por protestar por la política religiosa del gobierno y mostrar lo ocurrido.

Posteriormente, debido a la expulsión de la Compañía de Jesús, El Debate, todavía bajo la dirección de Ángel Herrera, tuvo que dejar de publicarse entre el 19 de enero y el 20 de marzo de 1932, a causa de los artículos críticos con el decreto de disolución de la Compañía.

La Nación fue el diario que más duramente criticó la expulsión de los jesuitas, por lo cual, y por toda la oposición que mostraba al gobierno, en numerosas ocasiones fue cerrado o se editó con páginas en blanco fruto de la censura de última hora que imposibilitaba a sus rotativas a sustituir el texto censurado por otro nuevo. En 1936 sus instalaciones fueron destruidas por un incendio provocado. Tuvo que cerrar definitivamente. Su director Manuel Delgado Barreto fue asesinado en Paracuellos.

Los periódicos CNT y FE, órganos respectivos de anarquistas y falangistas, fueron suspendidos por el gobierno. Aunque también pusieron las tijeras sobre Mundo Obrero, la principal publicación del comunismo en España. El cierre más prolongado fue el de Mundo Obrero que, tras su agresiva campaña contra el gobierno por los sucesos de Castilblanco (1931), fue cerrado durante más de diez meses.

Las protestas de la prensa se reflejaban en algunos de sus editoriales. Así el editorial de El Debate, a su regreso tras uno de sus cierres, fue el siguiente:

“No se nos dijo por qué se nos imponía tan grave sanción; ni siquiera nos fue notificada por escrito. Una orden telefónica, seca y sin razonar, fue considerada como suficiente para hacernos saber la suspensión acordada, con omisión de todo fundamento y aún sin expresar si el castigo habría de durar un día, una semana o un año. Conste nuestra firme protesta contra este acto arbitrario del Gobierno”.

Gran intransigencia demostró el gobierno provisional con ABC que, por reflejar los disturbios anticlericales de mayo permaneció suspendido hasta el 5 de junio de 1931. Los contratiempos para este periódico se agravaron con el castigo adicional de la detención automática de su director, el marqués de Luca de Tena, y su ulterior procesamiento judicial. A su regreso al escenario editorial con la lección aprendida, dispuesto a no granjearse más enemistades en el gobierno, divulgó sus opiniones contrarias a la solución extrema del ejecutivo –la suspensión fulminante y la detención de su director-, pero lo hizo con las cautelas oportunas para evitar nuevos y enérgicos correctivos. No le valió de mucho. En 1932, tras el golpe militar de Sanjurjo se cerraron más de un centenar de periódicos – entre ellos, los favoritos: ABC, El Debate, La Nación. A los que hay que sumar los que ya estaban suspendidos antes del 10 de agosto: La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero…( Se calcula que en torno a 120 periódicos fueron suspendidos).

El mismo día del golpe, el gobierno divulgó la versión oficial del pronunciamiento militar; no dejaba asideros para la libre redacción y, tras una reunión del Consejo de ministros, facilitaba a los medios de comunicación una nota informativa que éstos tuvieron que aceptar como única verdad.

De entre todos los periódicos cerrados, el que más tarde obtuvo el permiso de apertura fue ABC. A su regreso se manifestó en el editorial del 30 de noviembre de 1932: “La suspensión gubernativa de este diario ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal”. Desde entonces ABC caminaba con pies de plomo y apenas criticaba contundentemente nada.

El procedimiento censor de la República era el siguiente:

Para poder cerrar los periódicos o detener a los periodistas o a los sacerdotes por sus homilías, la ley ordinaria no era de aplicación y sólo por la vía de la excepcionalidad podían tomarse las medidas que se tomaron. La excepcionalidad se convirtió en costumbre.

La Ley de Defensa de la República confería al gobierno – no al poder judicial- poder para tomar decisiones discrecionales contra la prensa beligerante. Otorgaba las competencias sancionadoras al Consejo de ministros y al ministro de la Gobernación. Y denegaba dicha prebenda a los gobernadores civiles y a los alcaldes. Sin embargo, en la práctica, eran los gobernadores civiles y los alcaldes los que ejercían las acciones contra la prensa. En multitud de casos se cerraban periódicos decretando el estado de excepción y también con asiduidad se aplicó una censura previa,  para la que no había respaldo legal. En los casos de secuestro de la publicación, se ordenaba la incautación de todos los ejemplares y del molde del artículo denunciado para eliminar cualquier posibilidad de reimpresión. El gobernador civil se apresuraba en su intervención, sin esperar a que la Fiscalía interpusiera la querella pertinente, para incautar los ejemplares que consideraban provocadores. Por medio de un telegrama que se emitía a primera hora de la mañana, probablemente para evitar que los ejemplares se hubieran repartido ya por todos los puntos de venta. Pocas horas después, el fiscal dictaba la querella criminal y el ministro autorizaba la suspensión de los periódicos implicados en la acción conjunta en contra del gobierno, pero el procedimiento judicial se iniciaba con posterioridad a la decisión gubernativa. Es decir, la fiscalía corroboraba lo actuado por quien no tenía competencias legales para una actuación…prevaricadora a todas luces.  Precisamente para dar ese respaldo legal, el gobierno radical-cedista preparó una Ley de imprenta que no llegó a ser aprobada.

Las sanciones en ocasiones eran pecuniarias, pero mayoritariamente se hacían acompañar de la censura completas de noticias, el secuestro de algunos ejemplares, cese de actividad temporal de los periódicos, sin que los dueños de los rotativos supieran por cuanto tiempo – estaban al albur de lo que quisieran, posteriormente al cierre, los gobernadores civiles, los alcaldes o el ministro de Gobernación-, y la detención de periodistas, directores de las rotativas o dueños de grupos editoriales.

Los directores tenían un plazo de diez días para presentar un recurso de alzada ante el ministro de la Gobernación y quince días de audiencia pública para aportar, más adelante, sus pruebas. Sin embargo, el importe de la sanción debía abonarse en papel de pagos al Estado en el plazo inexcusable de diez días y sólo después de haber consignado la multa en la Caja General de Depósitos, el sancionado podía recurrir. La finalidad del proceso era, por supuesto, asfixiar económicamente a los periódicos menos complacientes con el gobierno. Si las multas no se abonaban se procedía a la detención del director del periódico.

Evidentemente la aplicación de la ley no se producía a todos por igual. Así Casares Quiroga se dirigió al gobernador civil de Barcelona el 23 de octubre de 1931 en el que denegaba la solicitud de éste de suspender Solidaridad Obrera. El argumento era el siguiente:  “Como el Gobierno se propone que los periódicos suspendidos con anterioridad a la Ley de Defensa de la República reanuden su publicación no oculto a V.E. produciría mal efecto suspender Solidaridad Obrera al mismo tiempo que reaparezcan diarios derechistas, pero si dicha publicación ha incurrido en delitos comunes, debe denunciarla a los Tribunales, significándole a los Presidentes de la Audiencia las oportunas instrucciones que cabe aplicar en tales casos”

O, por ejemplo, el significativo editorial del periódico La Nación, el 21 de enero de 1932, ante la arbitrariedad gubernativa:

“Esperamos que el señor ministro de la Gobernación estudie este caso, tanto porque el derecho de un solo periódico, aunque sea el más humilde de España, merece iguales consideraciones que el más importante, cuanto porque lo hecho por el gobernador de Palencia viene a sentar un precedente, en el que pueden inspirar su actitud otras autoridades. El hecho es que, además de las sanciones que la Ley de Defensa de la República contiene para la Prensa, el gobernador de la provincia castellana ha establecido la previa censura para determinadas materias. Y esto merece un esclarecimiento…” Y añadía con una sorna evidente: “(…) Pero nosotros aprovechamos esta oportunidad para decir, una vez más, que dada la situación a que se ha llegado y los peligros que corre toda publicación por no saber lo que le es lícito publicar y qué cosas están prohibidas, preferiríamos que se estableciese la previa censura, que en estos momentos nos parecería una medida liberal, porque al menos representaría una igualdad para toda la Prensa, aparte de que ahorraría al Gobierno muchos disgustos…”

Los abusos fueron tales que sólo cabía buscar argucias para sortear el asedio del gobierno. La más empleada era la siguiente: se adjudicaba la autoría de los escritos denunciados a algún diputado cercano al espectro ideológico de la publicación que, amparándose en su inmunidad parlamentaria, sería juzgado por el Tribunal Supremo.

En casi todos los casos denunciados, el magistrado advertía indicios de delito, pero, al estar incapacitado legalmente para juzgar a un diputado, se veía en la obligación de elevar un suplicatorio a las Cortes solicitando autorización para dirigir el procedimiento contra el autor del artículo. Las Cortes, habitualmente, votaban en contra de tal petición en su sesión parlamentaria del día.

Determinados nombres de diputados estaban asociados a ciertas cabeceras periodísticas. Algunos eran imputados crónicos en la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, como el comunista José Antonio Balbontín, por sus denuncias exaltadas desde el diario La Tierra; el diputado monárquico Pedro Sainz Rodríguez, generalmente acusado de atentar contra el gobierno desde las páginas del periódico tradicionalista “Jerarquía”; Antonio García Prieto, muy crítico en el rotativo La Razón; algunos socialistas, como Joaquín García Hidalgo, redactor del semanario “Política”; Juan Company, del Partido Republicano Federal, redactor habitual del Diario de Almería o Manuel Robles Aranguiz, del PNV, que escribía en el diario bilbaíno Euzkadi. Otros simplemente eran denunciados de forma ocasional, como Marcelino Oreja, de Acción Católica, próximo a la órbita del tradicionalismo vasco; el carlista José María de Lamanie, que formaría parte del gobierno del segundo bienio, como ministro de la CEDA. Pese a estas agudezas de ingenio, las publicaciones no se libraban del secuestro y suspensión.

Sin embargo, la situación llegó a ser tan abusiva y tan caótica, que el propio gobierno intentó controlar la tarea censora de los gobernadores, para encauzarla a través del ministerio de Gobernación que era el que tenía las competencias. Pero no resultó nada fácil. Los gobernadores amparándose en la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 que en su artículo 22 facultaba al gobernador civil para “reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autoridad y las que en ejercicio de sus cargos cometan los funcionarios y corporaciones dependientes de la misma…”, aplicaban la misma censura que antes. La utilización de esta ley, que no tenía en su ámbito de aplicación a la prensa, resultaba de todo punto ilegal. Las detenciones de periodistas embarazosos llegaron a tal extremo que el gobierno tuvo que elaborar un decreto para amparar los derechos ciudadanos –entre ellos el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a recibir un juicio justo- que estaban siendo vulnerados por los gobernadores civiles.

De la censura no se libró ni la prensa extranjera, siendo especialmente significativa su persecución tras la revolución de octubre. Después del movimiento revolucionario, todos ellos debieron acatar las instrucciones de la censura y, antes de remitir sus crónicas a los diarios para los que trabajaban, tuvieron que someterse al juicio deliberante del censor en el servicio postal y telefónico.

A modo de ejemplo la revista anarquista “Cultura Proletaria” corrió esta suerte en mayo de 1935. Se editaba en Nueva York, pero era remitida a algunos lectores españoles. El gobierno interceptó el número 363 y se apresuró a tomar medidas al respecto. A iniciativa de la Fiscalía, interpuso una querella criminal contra los editores por la comisión de un presunto delito de impresos subversivos y clandestinos. Además, desplegó los medios operativos necesarios para impedir que el rotativo se distribuyera en España. Aunque su secuestro fue sentenciado como ilegal, el gobierno no hizo caso.

Tras la guerra, la censura continuó durante la dictadura como en parte ya vimos aquí:

https://algodehistoria.home.blog/2020/11/20/libertad-de-prensa-ley-fraga-1966/

Realmente España no ha tenido libertad de prensa hasta la constitución de 1978. Sin ella no cabe hablar de Democracia. Esperemos que dure.

 

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Jesús Timoteo.- “En Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990)”. Ariel Comunicación. 1989

BARREIRO, Cristina.- “Aproximación Al Estudio De La Prensa Durante La Segunda República”. usa8305re-presentacionesok.indd.pdf. file:///C:/Users/Administrador/Documents/BG/Espa%C3%B1a/II%20Rep%C3%BAblica/LDR/usa8305%20re-presentacionesok.indd.pdf

BARREIRO, Cristina https://www.eldebate.com/historia/20240716/censura-prensa-segunda-republica-jerga-resuena-medidas-sanchez_213358.html

SINOVA, Justino.- “La prensa en la Segunda República española”. Editorial Debate. 2006.

VIANA, Israel. https://www.abc.es/historia/abci-ley-dictatorial-contra-prensa-azana-quiso-erradicar-criticas-segunda-republica-202004212313_noticia.html

 

Instituto Nacional de la Vivienda

Aprovechando este año franquista que ha decretado el Gobierno, en el que, tras cincuenta años de la muerte del dictador, vamos a recordar algunas de sus políticas y, dado que, es de plena actualidad el problema de la vivienda y que se acaba de institucionalizar un organismo público, tan semejante, tanto, al Instituto Nacional de la Vivienda, merece la pena que recordemos la actuación de aquella entidad franquista desarbolada por el gobierno socialista de Felipe González y añorada por el actual.

Tan pronto como acabó la guerra, el gobierno de la dictadura se propuso abordar el grave problema de la vivienda. No sólo por la escasez de casas, tras la ruina y destrucción provocada por la guerra, sino también por el importante el éxodo rural que impedía a las personas que llegaban a Barcelona, a Madrid, a Bilbao… tener un lugar digno en el que vivir. Apareció el chabolismo. Sólo en Madrid había 20.000 chabolas y 120.000 personas vivían en ellas.

Ya en el final de la guerra, el bando nacional había creado la Dirección General de Regiones Devastadas y la Fiscalía Nacional de la Vivienda, con el objetivo de velar por la higiene y salubridad de los hogares familiares. Poco después se procedió a la creación, encuadrado, en un primer momento, en el Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de la Vivienda ( creado en 1939 en el seno del Ministerio de Acción y Organización Sindical, y bajo la dirección de Federico Mayo) que posteriormente se convirtió en Ministerio, integrándose en él la citada Dirección General de Regiones Devastadas y la Fiscalía General de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura y otros Organismos similares. Destaca entre ellos la creación del Instituto Nacional de Urbanización (INUR) dedicado a la formación de polígonos tanto de viviendas como industriales y a la urbanización de terrenos y solares, un instrumento imprescindible para la disposición de suelo a precios que resultaran asequibles, evitando la especulación.

La primera ley de viviendas protegidas del régimen, auspiciada por el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, llegó en 1939, posteriormente se dictaron otras como la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954, que puso límites a los precios de las casas e impulsó la creación de viviendas de protección oficial. Permitió la construcción de bloques en altura, que la Obra Sindical del Hogar había tachado años antes de «calabozos» y «colmenas» que alienaban a los obreros, y siempre agrupadas en conjuntos de al menos 25 casas que no tuvieran un formato rígidos en su manera de adaptarse al lugar. La norma preveía calcular 12 metros cuadrados por habitante.

Había tres categorías de viviendas: mínimas, reducidas y de tipo social. Se diferenciaban, sobre todo, por su coste de construcción: 800 pesetas por metro cuadrado, 1.000 pesetas por metros cuadrado y 25.000 pesetas totales como máximo (unos 10.000 euros, considerando la inflación desde 1954). Había tipos previstos de hasta 100 metros cuadrados, pero casi toda la producción estuvo entre los 58 y los 35 metros cuadrados.

Los comienzos fueron duros, en ocasiones por la carencia de materiales al finalizar la guerra, otras por los enfrentamientos soterrados entre las distintas instituciones dedicadas a la política de vivienda, la mayoría, sobre todo en la década de los 40, porque nuestra economía era paupérrima incapaz de crecer a más del 1,2% anual de su PIB pese a que todo estaba por reconstruir. El catedrático de arquitectura Carlos Sambricio ha documentado que España sólo construyó 1.200 viviendas al año en la década de 1940. No había materiales, ni financiación, ni empresas.

El modelo definitivo, el que nace a partir de 1954, permite la construcción de casas de 49 metros cuadrados, muy sencillas, hechas con dos crujías y muros de carga. La prioridad era no gastar un centímetro de espacio en pasillos. La cocina estaba semiintegrada en el salón. Como todo estaba tan medido, el arquitecto De la Hoz diseñó hasta los muebles para que cupiesen.

Aquel esfuerzo tuvo bastante de heroico hasta 1957. España no producía hormigón, ni hierro, ni cemento suficientes y la financiación escaseaba. Lo que sí que había era mano de obra. Después, la economía despegó relativamente deprisa, y la situación mejoró.

A partir de aquel año, las actuaciones llevadas a cabo se caracterizaron por constituir un conjunto de normas de financiación cualificada a los promotores, en forma de préstamos de las entidades de crédito públicas y privadas, a interés más reducido que el del mercado y préstamos del Estado sin interés, así como subvenciones o primas estatales. Asimismo, se otorgaron importantes exenciones y bonificaciones tributarias y algunas expropiaciones forzosas para la adquisición de suelo.

Esta política conjugó la cooperación de sector público y el privado, así como la cooperación de todas las instituciones, muy especialmente, los ayuntamientos. Las Corporaciones Locales, en muchos casos sin intervención del sector privado, promovieron gran número de viviendas, en régimen excepcional, para grupos de población de recursos escasos, con carácter subsidiario de la actuación de promotores privados. Fue a partir de 1957 con la liberalización del suelo, cuando el boom de la vivienda apareció en España. Importancia especial tuvo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo preámbulo decía:

“El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década”.

Este conjunto de leyes tuvieron como consecuencia la bajada de los precios, que disparó la compra de pisos. Además, aquella ley de arrendamientos no era nada atractiva para el dueño del piso a arrendar, pues impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas que congelaba los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos. Medida que se terminó con el llamado decreto Boyer  (2/1985 de 30 de abril, durante el Gobierno Socialista de Felipe González) sobre medidas de política económica que supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas.

Pero aquella ley de arrendamientos de 1964, tan sumamente tuitiva para el arrendatario, obligó a muchos propietarios a poner sus pisos a la venta, lo que abarató aun más los precios. Además, las políticas de protección se ampliaron a otros sectores: funcionarios, militares, colegios profesionales para sus colegiados…

Según las estadísticas publicadas por del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre los años 1961 y 1973, se construyeron en España 3.347.768 viviendas, que se ampliaron con 358.460 en 1974 y con 374.391 en 1975; en total, en estos catorce años, se levantaron 4.080.619 viviendas, lo que quiere decir que, al menos en los últimos, se superó la cifra de mil viviendas terminadas y entregadas por día.

De aquellas viviendas, las acogidas a protección oficial suponen un porcentaje del 52,48% y las libres (aunque con exenciones tributarias, algunas con expropiación y otros beneficios) ascienden al 47,52%.

En el año 1970, es decir, 30 años más tarde, el número de viviendas ascendía a 10.658.882 lo que significa un incremento de 4.855.521 = 83,6 %, correspondiendo a cada vivienda 2,99 habitantes. En tanto, el censo de población había aumentado, de 1940 a 1970, en 8.162.000 = 31,5 %, el incremento de las viviendas fue del 83,6 % , con la particularidad de que una gran proporción de las casas construidas en este periodo y a partir del año 1970 se habían acogido a distintos regímenes de protección del que se beneficiaron, desde el año 1943 a 1974, 3.190.960 viviendas, cuya proporción, en las poblaciones y áreas de inmigración, respecto al total de viviendas que había en el año 1970, fue muy considerable: Alava 50,3 %; Madrid 46 %; Vizcaya 64,4 %; Barcelona 34,3 %; Guipúzcoa 43,3; Valladolid 50,7, etc, etc. La proporción global de viviendas protegidas construidas de 1943 a 1974 respecto a las edificadas en el período 1940-1970, fue del 65,70 %.[1]

La política franquista de vivienda bajó tanto los precios que el ahorro en España se invirtió en ladrillo. Así en 1970, el 77,8 % de los españoles eran propietarios de su casa.

Hoy en día existe una Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos de España que ofrece ideas y vías de financiación para salvar esas comunidades de viviendas. Desde el Colegio de Barcelona opinan que: “España no ha sido un país que tuviese cultura del mantenimiento. Las averías se han solucionado cuando han llegado, como se ha podido y eso, en conjunto, ha sido un derroche de energía y de dinero. Ahora, entre los fondos Next Generation y el Pacto Verde Europeo tenemos la oportunidad de corregir errores”.

“Cualquier edificio, a partir de los 40 años, tiene materiales que se desgastan y acaban su vida. Pero eso tiene solución y, de hecho, mucha de la arquitectura de los años 50 está en buenas condiciones estructurales, sólo necesita actualizaciones. El problema verdadero es saber si se pueden adaptar a lo que la gente busca de una vivienda en 2024. Un piso de 45 metros cuadrados y tres habitaciones no entra bien en el mercado. Hay que ser imaginativos, promover rehabilitaciones integrales, unir pisos, crearles galerías exteriores”.

Si en los próximos 10 años esos edificios desaparecen del mapa, sólo quedará la literatura para recordar su historia.

Igual aquellas casas del franquismo son una solución a algunos problemas de vivienda actuales.

 

BIBLIOGRAFÍA:

 

BETRÁN ABADÍA, Ramón.- “ De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda de la España franquista y postfranquista”. Dianlet

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-DeAquellosBarrosEstosLodos-301625%20(2).pdf

SAMBRICIO, Carlos. “Un siglo de vivienda social. 1903-2003”. Ed Ayuntamiento de Madrid.2003.

 

 

[1] SAMBRICIO, Carlos. “Un siglo de vivienda social. 1903-2003”. Ed Ayuntamiento de Madrid.2003

 

EL ORIGEN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA

Cuando hablo de liberalismo, me refiero a aquella corriente económica y política cuya máxima es que la existencia del Estado se justifica para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. El Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma.

Se trata del liberalismo como opuesto al antiguo régimen, como hijo de la ilustración que tiene unas manifestaciones quizá más concretas a partir del Siglo XIX, pero que en muchos aspectos ya había dado muestras de su nacimiento con anterioridad.

No estoy hablando de partidos políticos sino de pensamiento. No hablo de moderados o de radicales, de progresistas o conservadores. Hablo de todos ellos, porque todos contribuyeron, en un momento de nuestra Historia a implantar un sistema de libertades.

Ese modelo de libertades, como proclamaron los doceañistas y que luego desarrollaremos, se manifiesta desde los orígenes de España:  desde Argantonio, Rey de toda la Península Ibérica según el relato de Heródoto, que llegó al poder por edad -era muy viejo y sabio-. No creó un reino por su fortaleza física, ni por su arrojo, valor o astucia frente al enemigo sino por organizar la vida de los distintos pueblos en torno a una misma ley que permite la convivencia de todos juntos, la prosperidad común.

Lo mismo cabe decir del orden y ley romana con un poder soberano y una ciudadanía romana. De Leovigildo, cuando comprendió que el poder sólo se sostiene bajo la unidad política y territorial, desde la monarquía como referente de respeto a la Ley visigoda, es decir, estableciendo unos límites morales al poder del Estado. (https://algodehistoria.home.blog/2022/10/14/el-estado-visigodo/ ). De los reyes asures herederos del primer Estado español (el visigodo) y de la primera concepción nacional de España. https://algodehistoria.home.blog/2020/03/06/el-reino-de-asturias-o-la-victoria-de-espana/ . Herencia asumida por los reyes hispanos en la Reconquista que no negaban la capacidad de los señoríos y del pueblo reunido en Cortes, y no sólo en el reino de Aragón, donde las Cortes constituían un poder mucho más importante que en Castilla, sino también recordando que el primer parlamento del Mundo con tal concepción nace en el Reino de León con el Rey Alfonso IX, adelantado a su tiempo, convocando en 1188 las primeras Cortes de la historia europea con participación ciudadana, noble y eclesiástica. De la posición de Alfonso X, el Sabio, (https://algodehistoria.home.blog/2021/06/11/octavo-centenario-de-alfonso-x-el-sabio/) al asentar y unificar la organización jurídica de España a través de las Partidas. Con el Rey Sabio llega el Derecho romano como fundamento de la unidad jurídica del poder y la ley escrita como fiel reflejo del espíritu bajomedieval, orientado ya hacia la moderna teoría del Estado: el Rey no se limita a preservar el Derecho viejo, sino que aspira a crearlo porque “las leyes hechas de nuevo valen tanto como las primeras o más” (Partidas I, 1, 19). Apunta así hacia la soberanía en su concepción más actual, casi anticipándose a Bodino (ideólogo del concepto de Estado moderno). Organiza el Estado de manera muy moderna no sólo internamente sino concibiendo la necesidad de la defensa de sus fronteras y creando un cuerpo de milicia con esa única finalidad; con la concepción de Imperio que recoge de la tradición histórica de España, de romanos, visigodos y astures y que proyecta más allá de nuestras fronteras con el “ fecho del imperio”; como señala José Antonio Maravall, la idea imperial del Rey Alfonso se sitúa de manera más cercana —a su juicio— a la tradición española que al modelo centroeuropeo y ello porque configura el Poder en el Territorio y lo ejerce directamente sobre el Pueblo, los tres elementos clásicos del Estado como forma política. De los Reyes Católicos con la unidad peninsular y nacional en torno a la Corona, creadores de un brazo ejecutivo formado por instituciones diversas con estructura aragonesa en algunos casos- virreinatos- y asesoramiento por Consejos propio de Castilla (Consejo de Castilla, de Indias…), la labor legislativa pasa a los monarcas y a las Cortes conjuntamente, lo que supone una fusión bajo la Corona de la forma de gobierno de ambos reinos. Se produce la normalización de derechos como se refleja, por ejemplo, en las Leyes de Indias, dictadas a modo de escudo protector de los nativos de los territorios descubiertos por Colón, lo que supone establecer las bases de la tutela de los Derechos Humanos. Seguidos por Carlos I, en defensa de la Fe (el Cristianismo como base moral de la acción política que recoge la tradición hispana desde los Visigodos, marca la Reconquista y la política de sus abuelos, los reyes Católicos) y la legalidad (Controversia de Valladolid https://algodehistoria.home.blog/2020/01/31/los-justos-titulos-y-la-controversia-de-valladolid/ ) o el pensamiento político, económico y científico de la escuela de Salamanca, con grandes intelectuales entre los que recordaremos al padre Vitoria o al padre Mariana por sus ideas y contribuciones al derecho Internacional, la economía moral, el respeto a los Derechos Humanos siempre fundamentados en el pensamiento humanista y el realismo aristotélico-tomista. A la expansión de aquel gran Rey y estadista que fue Felipe II y su/nuestra primera gran globalización.

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/15/escuela-de-salamanca-1/

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/22/la-escuela-de-salamanca-2/

Todo eso estaba en España, porque ya era España; todo eso había conformado España cuando gobiernan los Austria o al llegar los Borbones. Eso era España cuando Carlos III se propone durante el Siglo XVIII la modernización de un País que se había reformulado entorno a un imperio. Consigue traer a España los preceptos ilustrados en el ámbito del pensamiento y la ciencia por medio de unas élites ilustradas. Aquella ilustración que en España se manifestó por ejemplo en el Diccionario de autoridades publicado en la Real Academia Española entre 1726 y 1739 se definía a la “luz de la razón” a la” luz de la crítica” o a la luz de “la verdad, el tiempo y la Historia” en la alegoría de Goya.

Pero ilustrados en España hubo pocos y reducidos a una élite, que saludaron con autentico ardor a Carlos III- con motivos, y no les defraudó-. En las Universidades españolas se difundían pensamientos de los autores del iusnaturalismo racionalista germánico como Puffendorf, Grocio, Almicus… De ahí proceden los proyectos de Mayans, las reformas de Olavide, las cátedras de derecho natural o del derecho de gentes… También llegaban las propuestas francesas y británicas de Locke, de la “Enciclopedia”, de Rousseau, del “Espíritu de las leyes” de Montesquieu o del consuetuditarismo constitucional británico que fueron estudiadas y puestos en práctica por Jovellanos, Campomanes, Cabarrús, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda, Martínez Merino…

Los ilustrados españoles, como manifestará Jovellanos, tenían una concepción del liberalismo reformista que no revolucionaria; no aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente. Pretendían introducir reformas que fomentasen lo que denominaron pública felicidad o bien común, y para ello deseaban involucrar a las élites en su materialización.

La España de Carlos III fue un ejemplo de reforma y progreso en todos los órdenes. Esa era España cuando la invasión napoleónica y cuando la inutilidad y traición de Carlos IV y Fernando VII hacían presagiar que todo lo avanzado durante siglos iba a irse por el sumidero de la Historia.

Pero aquel espíritu estaba en nuestra sangre como pueblo, no sólo el pueblo levantado en armas sino en las expresiones políticas de realistas, liberales, americanos e incluso afrancesados – las cuatro facciones en las que se agrupó la España política a raíz de la invasión napoleónica, las tres primeras con asiento en las Cortes de Cádiz.

El liberalismo nacía de unas bases históricas- esbozadas en los párrafos anteriores- y así lo expresaron los liberales en Cádiz imbuidos de historicismo, pero no es menos cierto que nunca se había expresado en España de manera tan clara y contundente cómo ocurrió en Cádiz. Sobre todo, en la constitución de 1812. En ella se cimentaba una sociedad en la igualdad jurídica, una economía de mercado y un Estado de Derecho.

Los liberales constituyeron una minoría muy activa en aquellas Cortes y tuvieron una gran influencia por su cohesión política, personal, doctrinal y el empuje de la exultante juventud de sus representantes. Entre los liberales destacaban los clérigos, algunos nobles y otros miembros de la burguesía. Como curiosidad, en su origen geográfico, abundaban los extremeños y los asturianos.

Una de las características del corpus doctrinal defendido por los liberales y que se alejaba de otras manifestaciones foráneas de liberalismo, era que, pretendiendo ser revolucionarios, consiguieron acomodarse con los realistas para ofrecer un modelo reformista, basado en el nacionalismo patriótico, el historicismo y en el catolicismo.

Eran nacionalistas pues representaban a todo el pueblo español en armas. Esta posición creó la conciencia nacional, sumamente patriótica. Las libertades modernas se defendieron en España de la mano del patriotismo. Las manifestaciones antipatrióticas vinieron posteriormente de las posiciones absolutistas de la Santa Alianza, y de Fernando VII. Los liberales defendían la guerra frente al invasor, al contrario que los afrancesados; defendían, por ello, la tradición histórica frente a la imposición extranjera y al tiempo, sin caer en contradicción, las ideas francesas e inglesas como avanzadas frente a atraso de muchos sectores españoles.

Muchos liberales proyectaban ideas iusnaturalistas racionalistas procedentes de Francia e Inglaterra o Alemania y esas ideas, y todas las que había ido llegando a lo largo del siglo XVIII, se plasman de una u otra forma, con más o menos intensidad, en los artículos de la Constitución gaditana. Pero, sobre todo, esa influencia de puso de relieve en las más importantes premisas de la Constitución doceañista, como son la teoría de la soberanía, los conceptos modernos de Nación, Representación, Constitución y Monarquía. Esas premisas, plasmadas en la Constitución sí fueron un auténtico hecho revolucionario. El artículo más subversivo era aquel que señalaba que ”La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Unido a aquel que señalaba que ”La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”(art.15).  O aquel “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la Ley” (art. 17). En resumen, soberanía nacional y división de poderes.

La soberanía nacional se basó no en las ideas de los ilustrados franceses sino desde la originalidad española de defender su carácter tradicional y fundacional en la Historia de España y su función legitimadora de la insurrección patriótica contra el francés. Sus consecuencias sí se parecían a las extraídas por los franceses; sobre todo, la facultad nacional de dar o reformar una norma suprema, la Constitución, y la facultad de determinados órganos en actuar en nombre de esa Nación: las Cortes. El Rey pasaba a ser un órgano constituido, con notables facultades, pero muy disminuidas en relación a las que tenía en el Antiguo Régimen.

En Cádiz, conscientemente, para no ser acusados de afrancesamiento no se dio un listado de derechos y libertades, pero a lo largo del texto constitucional, de manera poco sistemática, sí se reflejaban algunos de esos derechos.

En el fondo, el resultado era muy francés y muy europeo, pero adornado con otros ropajes, entre los que destacaba que no se expresara la libertad religiosa.

El catolicismo fue interpretado como una marca de identidad nacional, conformando un ingrediente básico de la ciudadanía española. Mostrando cómo la asociación entre religión y nación se aceptaba de una forma tan natural como la existencia de la monarquía.

Todas las familias del liberalismo, más allá de su carácter conservador o progresista, establecieron el catolicismo como el elemento básico de su identidad religiosa. Una realidad que se fortaleció andando el tiempo cuando en 1851 se firmó el Concordato con el Vaticano.

Sin embargo, el liberalismo sufrió una modificación importante en sus planteamientos tras los dos embates absolutistas generados durante el reinado de Fernando VII: 1814 y 1823. Ambos acontecimientos provocaron el exilio en masa de los liberales y también de los afrancesados. Ya lo vimos al tratar la vida del Conde de Toreno, uno de los liberales más activos durante la Constitución de 1812 (https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/). Los refugios elegidos en ambos momentos históricos serán Gran Bretaña y Francia.

Los componentes que matizan o modifican las posiciones de nuestros liberales no se limitan al conocimiento que da el exilio sobre las teorías que mueven Europa, sino a otra serie de factores:

  • El carácter revolucionario que tenía el liberalismo se vio truncado al conocerse en la práctica el caos que esas posiciones políticas llevadas al extremo habían generado en la sociedad: los excesos de la revolución de 1789, el terror, el exceso de teorización, y el cataclismo que será en el futuro la revolución de 1848.
  • El radicalismo y la inoperancia del trienio liberal español (1820-1823).

En esa reacción contra esos excesos coinciden las teorías utilitaristas de Benthan, el positivismo de Comte, el constitucionalismo de Constant, la economía política de Say… En resumen, triunfa el liberalismo británico, con una atrayente síntesis entre empirismo e historicismo. Libertad y orden. Esas eran las premisas que no sólo influyeron en toda Europa, sino que las mismas transformaron a los liberales españoles, ni Argüelles, ni Toreno, ni Javier de Burgos o Martínez de la Rosa mantendrán ya las posiciones revolucionarias (cambio especialmente significativo en los dos primeros) que habían sostenido en la redacción de la constitución de Cádiz. De ahí que la Constitución pase a llamarse Carta otorgada, que eso fue el Estatuto Real de 1834, en el que el poder del Rey volvía a incrementarse, la separación de poderes cede paso a una colaboración entre Rey y Parlamento, las libertades ciudadanas se restringían a la luz del alboroto creado en el Trienio Liberal o el que se producirá con la Rebelión de los Sargentos en la Granja en 1836 que vuelve a mandar al exilio a nuestros ilustrados.

El Estatuto Real no duró mucho tiempo en vigor. No sobrevivió a las burlas de los liberales exaltados, a pesar de que España contaba con un régimen de libertades de los más avanzados de Europa. La Reina Gobernadora recurrió de nuevo a los más templados liberales, en este caso al Conde de Toreno para que impulsaran un nuevo texto constitucional. Así surge la constitución de 1837, en un modelo constitucionalista menos conservador que el Estatuto Real, pero que guardaba y equilibraba las esencias de “libertad y orden”. El texto fue fruto del consenso de todos. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo de Bentham. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos: moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español, las ganaron los moderados.

Los liberales adscritos a la filosofía krausista construyeron desde finales de la década de los cincuenta una doctrina política que buscaba la armonía entre el individuo y el Estado, el capital y el trabajo, la naturaleza y el espíritu, los hechos y las ideas, la religión y la ciencia, la reacción y la revolución y la libertad y la igualdad. Ese racionalismo armónico, asentado sobre el Ideal de la Humanidad de Krause, conformó una doctrina política liberal, de tintes progresistas, pero irreductible al imaginario político del Partido Progresista. En ese ideario se mueven Sanz del Río, Francisco de Paula Canalejas, Azcárate o Giner de los Ríos que construyen una alternativa política propia en el marco del liberalismo isabelino.

Sin embargo, el caos nacional, con una Reina que no tenía ni la formación, ni la capacidad adecuada, la guerra civil, los políticos del momento…, no lograron dar los pasos necesarios para que el régimen liberal marchara sin quebranto. La clase dirigente, moderada y progresista, optó por acercarse a “espadas” prestigiosas, excelentes militares, cuya actuación política se basaba en la imposición y no en el liberalismo. Narváez como ejemplo de ellos. Sin embargo, la idea liberal seguía en la mentalidad nacional. Así nació la Unión Liberal de O’Donnell apoyada por los moderados para encontrar un gobierno con ciertas garantías constitucionales (sobre todo desarrolladas durante el gobierno largo de O’Donnell).

Pero el modelo liberal estaba en quiebra, y ni los gobiernos de la Gloriosa, la Primera República, la crisis del 98, con todos sus intelectuales, el movimiento nacionalista… no lo iban a arreglar. Con todo, las instituciones lograron salvaguardar la integridad del régimen en España. La monarquía constitucional no se hundió, como se hundió en Francia. La Restauración era un momento de esperanza y a esa tarea se enfrentaron desde el interior del régimen varios de sus políticos entre los que destacaremos a José Canalejas, cuya idea de fortalecer la Monarquía, el Parlamento y la Nación representaron el intento más firme por hacer compatible el régimen monárquico y la constitución de 1876 con las exigencias del nuevo liberalismo. Consideraba Canalejas que no resultaba necesario el cambio de régimen, ni siquiera una reforma constitucional, para cumplir los ideales de la democracia moderna. Democracia no era para el político liberal el desarrollo de los principios políticos del siglo XIX sino la efectiva realización de los ideales sociales del XX.

La esperanza se deposita en la llegada, en 1902, de un Rey joven, Alfonso XIII. Más progresista que conservador aparece como un monarca regeneracionista. Parecía representar el dinamismo que necesitaba España. A la muerte de Canalejas, sin embargo, los retos eran gobernar en la nueva sociedad de masas y cuáles serían las respuestas del liberalismo ante los desafíos que ofrecía, de un lado, la revolución soviética, y de otro, la eclosión del fascismo. Los intelectuales, en esta coyuntura, se presentaron como los nuevos “gurús” de la opinión pública, en la que la amenaza del hombre-masa, como apuntaba la obra de Ortega y Gasset, conformaba un nuevo orden social que fue abordado con temor unas veces, no exento de esperanzas, en otras. En ese nuevo marco el liberalismo democrático constituyó una alternativa real que la monarquía alfonsina no quiso, o no pudo, finalmente, acoger. Habrá de pasar más de medio siglo, hasta la Transición y la Constitución de 1978, con otro Rey joven, Juan Carlos I, para conseguirlo.

BIBLIOGRAFÍA

JOVER ZAMORA, José María (DIR.). “Historia de España: la España de Fernando VII”. Ed. Espasa- Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. “Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)”. Siglo XXI editores. 1977

VII Conde de Toreno

Esta entrada se la dedico a mis amigos M.ª Ángeles Z., Luis A., y sus hijos.

José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia. VII Conde de Toreno, vizconde de Matarrosa. Nacido en Oviedo, el 26 de noviembre de 1786, y fallecido en París, el 16 de septiembre de 1843, fue un político- yo diría que la expresión más adecuada para definirle es, hombre de Estado-, liberal y excelente historiador.

Nació como primogénito de la casa de Toreno, una de las más ricas, antiguas e ilustres del Principado de Asturias. Único hijo varón de una familia con 5 hijos, fue educado de manera excelsa y exquisita. Cuando contaba con 4 años de edad, su familia se traslada a Madrid,  donde tiene como preceptor a su paisano Juan Valdés. Valdés, culto y liberal, instruye al niño en latín, literatura, humanidades, matemáticas y física. Hizo cursos avanzados en química, mineralogía y botánica. De gran facilidad para los idiomas, hablará griego clásico, francés, inglés e italiano, así como algo de alemán; pero dónde destacó fue en su facilidad para el conocimiento y uso del castellano. Las enseñanzas de su maestro Valdés no se limitaron a los aspectos culturales, sino que influyó de manera muy destacada en su pensamiento político, de tendencia liberal, al iniciarle en la lectura de libros como El Emilio y El Contrato Social, de Rousseau.

Partamos de una aclaración previa, que veremos en profundidad en futuras entradas del blog. El liberalismo en el siglo XIX, el que profesaba nuestro invitado de hoy, se entendía como el movimiento contrario al antiguo régimen, como la defensa de la existencia del Estado para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. Para ellos, el Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma. No se trata de moderados o radicales, de progresistas o conservadores, sino de la esencia común a todos ellos.

Toreno fue en excelente estudiante, un hombre ilustrado y un escritor destacado que expresó en sus libros sus conocimientos de todo tipo, aunque destacó en sus textos sobre Historia y Política.

En 1803, sus padres regresaron a Asturias, y él continuó sus estudios y entabló contacto con grandes políticos liberales, muchos asturianos y otros de Madrid: Agustín Argüelles (apodado “el divino” por su oratoria durante las Cortes de Cádiz. Abogado, político y diplomático, fue presidente de las Cortes en 1841 y tutor de la reina Isabel II), José Fernández Queipo (pariente del nuestro personaje y brillante político asturiano) y Ramón Gil de la Cuadra (formó parte de la Junta de Instrucción Pública. Firmó el informe sobre la reforma general de la educación nacional que redactó la Comisión en las Cortes de Cádiz). Se cree que, por entonces, con sólo 17 años, hizo una traducción de Eutropio, escritor romano del siglo IV, autor de un Compendio de Historia Romana, en diez libros que no editó, pero que anunciaban su afición a los estudios históricos.

La guerra contra los franceses, el 2 de mayo de 1808, le sorprendió en Madrid. Tras abandonar Madrid e instalarse de nuevo en Oviedo y estando congregada la Junta General del Principado de la que era miembros natos los condes de Toreno, por privilegio de familia, fue incluido él –además de su padre- como miembro de la misma, con tan sólo 22 años. Fue elegido para viajar a Inglaterra a solicitar la ayuda militar inglesa frente al invasor francés. Representó en Londres a la Junta Suprema de Asturias y su papel resultó crucial. Logró que el ministro de Relaciones Extranjeras les recibiera y viera con buenos ojos prestar ayuda a España.  Allí entabló amistad con otros políticos y militares como Castlereahg, Wellington, lord Holland (político, hispanista, amigo de Jovellanos y elemento fundamental en la forja de nuestro Estado liberal en sus primeros momentos). También logró contactos para sus intereses intelectuales como el del escritor Scheridan.

En diciembre de 1808, regresó a Oviedo donde, a la muerte de su padre, cambió su título de vizconde de Matarrosa, por el de conde de Toreno. Permaneció en Oviedo hasta mayo de 1809, ocupado por asuntos familiares y en la asistencia a las sesiones de la Junta, hasta que llegó a Oviedo el marqués de La Romana – encargado del ejército español en la defensa del norte (ver https://algodehistoria.home.blog/2024/11/08/cuando-galicia-mostro-el-camino-de-la-libertad-al-resto-de-espana-puente-sampayo/ )

La Romana disolvió la Junta asturiana y creó otra a punta de bayoneta, y nombró a Toreno miembro de ella. Sin embargo, el conde, no estando de acuerdo con las formas del marqués, no aceptó el cargo y se enfrentó a La Romana. Esto le podría haber creado más de un disgusto, de los que se libró por ser invadida Asturias por el ejercito francés al mando de Ney. La Romana se refugió en las montañas de Covadonga – con menos éxito y valor que Pelayo- y cuando los franceses se marcharon hacia Galicia – sin abandonar Asturias-, se desplazó a Andalucía. Dejando a nuestro protagonista tranquilo. En 1810, Toreno viaja a Cádiz en representación de Asturias en la Junta Central que se reúne en la isla de León. La finalidad de la Junta de Asturias era transmitir a la Central que debía representar a la Regencia y convocar Cortes. Se le encargó la redacción de la exposición que permitiría la defensa de esas posiciones. Tuvo éxito de nuevo y logró la convocatoria, no sin tener algunos desencuentros entre sectores más conservadores.

Las Cortes se proclaman el día de la Merced (24 de septiembre) de 1810. La invasión de Asturias, retrasó las elecciones en el Principado. A ellas se presenta Toreno sin tener los 25 años necesarios para ser elegido Diputado, pero una dispensa del Congreso le permitió concurrir y ser representante de Asturias en las Cortes de Cádiz.

Todos sus discursos estuvieron llenos de brillantez y espíritu liberal. Defendió la propiedad, pero no los señoríos – en contra de sus propios intereses económicos y tradicionales, dando muestras de gran patriotismo-, la soberanía nacional, que la potestad legislativa fuera compartida por las Cortes y el Rey ( hasta entonces sólo la ejercía el monarca). Aceptó la existencia de una sola Cámara. Partidario de configurar una normativa uniforme sobre la Administración territorial y local, anticipa lo que serán sus posiciones durante la regencia de M.ª Cristina . Defendió la creación de la figura del Alcalde como jefe político – en representación de la Soberanía Nacional- con representación popular y mando en plaza.

Siguió siendo Diputado cuando las Cortes se trasladan a Madrid. Si bien, con la intención de residir en Asturias. Tenía prevista su salida de Madrid para Asturias el 5 de mayo de 1814, como así aconteció, pero con más precipitación de la deseada.  El día 4 de mayo, Fernando VII firmó el Decreto de Valencia por el que declaraba nulo y sin valor todo lo acontecido en las Cortes extraordinarias y ordinarias, volviendo a implantar el sistema del antiguo régimen. No sólo anuló la obra de Cádiz, sino que en vez de premiar a los patriotas que habían luchado por España y preservado su Trono, el Rey felón declaró rebeldes a los liberales y constitucionalistas de Cádiz . En Asturias, Toreno recibió la noticia de la disolución de las Cortes, de la prisión de los Regentes, de los ministros y de varios de los diputados amigos suyos, así como que él se hallaba en situación de busca y captura. Salió hacia Ribadeo con intención de llegar a Portugal y, una vez en Lisboa, decidió trasladarse a Londres. Quiso instalarse posteriormente en París, pero la Presencia de Napoleón le hizo volver a Londres.

Después de la batalla de Waterloo, y restablecido en el trono Luis XVIII, volvió a Francia, a principios de agosto de 1815, pensando que sería un lugar seguro; sin embargo, su cuñado el general Juan Diez Porlier, preso en La Coruña por sus ideas liberales, se levantó contra el régimen absolutista. El pronunciamiento se inicia en la noche del 18 al 19 de septiembre de 1815.

Fue un pronunciamiento de corte liberal, pero moderado, que pretendía la vuelta a la Constitución de Cádiz y la convocatoria de Cortes. Este levantamiento tuvo repercusiones en Francia, pues temeroso de que el ejemplo se trasladara al país vecino, le gobierno francés persiguió a los liberales españoles asentados en Francia. Como consecuencia de ello, el Conde de Toreno fue hecho prisionero durante dos meses, al cabo de los cuales fue liberado sin cargos. Sin cargos, sin propiedades – Fernando VII se las había incautado- vivió en París pobre, pero muy reconocido por su talento y sus escritos. De esta época es su obra, traducida a varios idiomas: “Noticia de los principales sucesos ocurridos en el gobierno de España desde 1808 hasta la disolución de las Cortes en 1814”.

En 1820, a raíz del levantamiento de Riego. Fernando VII, como tantos traidores que cambian de opinión cuando les viene bien, afirmó: “marcharemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional”.  Al conde de Toreno se le restituyeron todos sus bienes. Fue nombrado ministro plenipotenciario en Berlín. Pero se negó a aceptar el puesto, esperando ser elegido Diputado por Asturias, como ocurrió.  A punto estuvo de ser nombrado presidente de las Cortes, pero aún sin la presidencia fue un parlamentario brillante, especialmente en materia económica. En esta etapa, colaboró y entabló amistad con Martínez de la Rosa y otros diputados. Su prestigio volvió a engrandecerse, y gracias a él se logró que los disturbios provocados por Riego y otros exaltados no fueran a mayores. Sus años de exilio y penurias le habían hecho más tolerante y negociador. De ahí que a Toreno y a Martínez de la Rosa les llamaran pasteleros. Fueron los exaltados los que apodaron de aquella manera a dos brillantes personajes de la vida española. Lo que puso en peligro sus vidas: a la salida del Congreso, intentaron asesinarle en 1822. Llevado a su casa, en la que vivía con su hermana, la viuda de Diez Portier, allanaron el edificio e hirieron a varios criados. Al día siguiente, magullados, pero dignos e íntegros, Toreno y Martínez de La Rosa, volvieron al Congreso.

El Rey le pidió formar gobierno, pero se negó. En cambio, aceptó dar los nombres para el nuevo gabinete y así dio el de Francisco Martínez de la Rosa. Toreno, que ya no era Diputado, se marchó a París previendo lo que se avecinaba con los acuerdos del Congreso de Verona y la llegada de los 100.000 mil hijos de San Luis.  Viajó con toda Europa y fue bien reconocido, pero su experiencia no dejaba de ser amarga, la amargura del exiliado. 10 años duró esta etapa, aunque larga, no participó en ninguna conspiración. En otros aspectos, estos años fueron muy destacados: tuvo contactos con ilustres personajes, Châteaubriand, Say, Madame Staël, M. de Villèle, , el general Fay, Benjamín Constant, N. de Lafayette, M. Guizot, M. Thiers, el duque de Broglie y otros insignes liberales que prepararon la nueva senda liberal en que entró Francia en 1830.

A fines de 1827 empezó a poner en práctica su proyecto de escribir una Historia de España. En 1830,  concluyó el libro décimo de esa obra. En 1831 presentó los libros undécimo y duodécimo. Durante el año siguiente volvió a viajar por toda la Europa central e Inglaterra; y, a pesar de tanto viaje, escribió otros seis tomos.

El 15 de octubre de 1832, la Reina Gobernadora publicó el decreto de la primera amnistía, con ciertas restricciones que desaparecerían en breve. Toreno volvió a España en julio de 1833 y se instaló en Asturias donde permaneció hasta la muerte del Rey.

La Diputación General de Asturias lo nombró su representante ante la Reina Gobernadora en las proclamaciones del nacimiento y minoría de edad de la princesa Isabel.

Tras los Gobiernos de Cea Bermúdez y el ministerio de Javier de Burgos que lidiaron por modernizar España, para lo que, entre otras medidas, reorganizaron territorialmente el País y su Administración con tal éxito que la división territorial dura hasta la actualidad.

La Reina Regente se vio obligada a elegir a ministros entre los sectores liberales, fundamentalmente porque los más conservadores- con los que quizá comulgaba más con sus ideas-, se habían aliado con los carlistas, que le habían declarado la guerra. A ello hay que unir su matrimonio (secreto. Aunque un secreto a voces) con un plebeyo Fernando Muñoz, lo que le impedía proclamar la boda frente a los carlistas que se consideraban legítimos herederos.

Entre los sectores liberales eligió a los más templados por entonces,  y así nuestro protagonista fue nombrado ministro de Hacienda en 1834, en el gobierno de Martínez de la Rosa, gobierno que aprueba la carta otorgada que es el Estatuto Real. Bajo los dictados del Estatuto Real se desarrollaron los gobiernos de Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal e Isturiz.

La situación económica de España, con una deuda exterior desbocada y los mercados ingleses cerrados para nuestro país, era desalentadora. Sin embargo, las medidas de Toreno surtieron efecto y logró con gran éxito encauzar las cuentas públicas. Fue ministro durante la presidencia de Martínez de la Rosa. Cuando éste cesó, fue elegido presidente del Consejo de ministros, es decir, presidente del Gobierno reteniendo el Ministerio de Hacienda y desempeñando de forma interina el de Estado.

Su conocimiento de Francia y Gran Bretaña le llevó a querer la modernización de España al modo británico. Sin embargo, no pudo desarrollar estas cuestiones pues duró en el puesto tres meses; la sublevación militar de los sargentos de La Granja, en agosto de 1836, hizo que se marchara de nuevo a París y a Londres, huyendo ahora de los liberales, como antes había huido de los absolutistas. De vuelta a España, logra, de nuevo, ser Diputado por Asturias.

Tras el Estatuto Real de Martínez de la Rosa denostado por los liberales más exaltados que querían recuperar la constitución de 1812, Toreno y otros sectores moderados impulsaron la constitución de 1837. Menos moderada que el Estatuto Real, pero sacada adelante con el consenso de todas las fuerzas liberales. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo radical de Bentham, que además de la constitución francesa, había inspirado las de Brasil, USA y el sistema británico. España gozaba en aquellos momentos de un de los sistemas libertades y derechos más avanzados del mundo. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos, moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español,  las ganaron los moderados y en ellas Toreno volvió a conseguir el acta de diputado por su provincia natal. El conde acudió a Madrid para desempeñar su cargo de diputado y recibir el título de Grande de España que le había concedido la Reina.

Para entonces ya llevaba escritos 18 volúmenes de su Historia de España.

La regente María Cristina de Borbón, tras la revolución de 1840 que causa su dimisión, abandona el país. Se inicia así la regencia de Espartero (1840-1843).

Toreno, al igual que la Reina Regente y otros liberales, se instala en Francia con toda su familia. Se inicia en la recopilación de material para escribir una Historia de la Casa de Austria. Recorrió Alemania, Suiza, Italia, Bélgica y Países Bajos, todo lugar que le permitiera documentarse sobre este trabajo histórico.

En 1843, cuando, depuesto Espartero, se disponía a volver a España, falleció de manera inesperada y en pocos días.

Dejó viuda y tres hijos. Sus restos se depositaron en el cementerio de San Isidro de Madrid, para ser luego trasladados al panteón familiar de Cangas de Tineo.

La Real Academia de la Historia le había nombrado académico. Cuando murió, España se encontraba en una de tantas situaciones críticas que necesitan de las cabezas más brillantes para superar el futuro, pero Toreno ya no estaba.

A personas como Toreno se los echa de menos, entonces y ahora.

BIBLIOGRAFÍA

GONZÁLEZ MUÑIZ, Miguel Ángel.- “Los Asturianos y la Política”. Ed.  Ayalga, 1976 .

JOVER ZAMORA, José María  ( DIR.) “Historia de España: La España de Fernando VII”. Espasa-Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Planeta.2011

VARELA SUANZES-CARPEGNA. Joaquín- “ El Conde de Toreno (1786- 1843). Biografía de un liberal”. Ed Marcial Pons, 2005.

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX” Ed. Espasa-Calpe. 1981.

 

KAMIKAZE

En 1944, la situación japonesa en el Pacífico era crítica. El Ejército Imperial se hallaba en serias dificultades tras la desastrosa campaña de las islas Marianas, que conllevó el hundimiento de gran parte de su flota en el transcurso de la batalla del mar de Filipinas. Especialmente desastrosa fue la situación de Japón desde octubre con la derrota en batalla del Golfo de Leyte también conocida como segunda batalla del mar de Filipinas. Desde aquella batalla (del 23 al 26 de octubre de 1944) hasta el final de la guerra, Japón tomó una drástica decisión con la finalidad de atajar la ventaja norteamericana en el mar de reclutar pilotos suicidas, los famosos kamikaze. Fueron los comandantes aéreos los que propusieron la desesperada acción de estrellar con sus aviones los barcos enemigos. Se considera que la táctica propuesta por los japoneses procedía de una idea italiana, de Mussolini. Durante la invasión de Etiopía, el duce se propuso crear un escuadrón suicida que estrellase sus aviones contra los buques de la Marina Real Británica, pero los italianos nunca llevaron a cabo ese siniestro proyecto.

Los Kamikaze eran lo más escogido de la aviación japonesa. Su presencia en el ejército japones adquiriría un ideal casi místico. No olvidemos el sentido religioso de todo Oriente, del que dará cuenta la presencia de pequeños templos en todos los buques de la armada japonesa.

El nombre, Kamikaze, significa viento celestial o divino. El nombre fue rescatado de la historia japonesa a partir de un relato sobre un emperador mongol cuya flota fue hundida o desviada por un tifón, que los japoneses atribuyeron a “los dioses que enviaron un viento celestial”. El tifón dispersó la flota mongola que amenazaba con invadir Japón. Databa la leyenda de 1281.

Además de la táctica suicida, no existía ninguna estrategia especial en los aviones Kamikaze. Fiados en la velocidad que desarrollaban los cazas Zero, a veces también usaban bombarderos más ligeros, se enfilaban sobre su objetivo, utilizando su propio avión como proyectil. Su forma de ataque consistía en lanzarse en picado desde gran altura sobre la presa, calculando el ángulo muerto de los cañones antiaéreos y procurando esquivar su fuego.

Los aviones a veces se cargaban con bombas y tanques de gasolina adicionales antes de volar hacia sus objetivos. Los pilotos eran hombres jóvenes que se ofrecían como voluntarios para la misión. Los pilotos eran bendecidos por sacerdotes sintoístas, realizaban una ceremonia especial en la que bebían sake y comían arroz antes de volar. También se les entregaban medallas y una espada katana durante estas ceremonias. Los pilotos llevaban preciadas posesiones para atesorarlas después de la muerte.  Antes de entrar en combate, se vestían con un traje de ceremonia con botones negros y la insignia de la flor del cerezo salvaje y se cubrían la frente con pañuelos de seda con el sol naciente y en los que estaban grabados versos patrióticos. Tenían un elemento común en todos ellos, su inquebrantable lealtad al Emperador

Parece que la aviación imperial contaba con unos 4.000 de esos hombres . Extrañamente alguno, muy pocos, sobrevivieron. La mayoría perdió la vida, y en numerosas ocasiones, para no lograr sus objetivos. Fueron derribados por las defensas antiaéreas de los buques antes de estrellarse. Se cree que solo el 10% de las misiones tuvieron éxito; hundieron unas 50 naves de los aliados.

Muchos de estos hombres eran seguidores del código samurái del Bushido. El bushido se basa en siete virtudes principales que los samuráis debían cultivar: rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor y lealtad. Cada una de estas virtudes se consideraba esencial para forjar el carácter del samurái y vivir una vida honorable y digna. Pero, sobre todo, el código mantenía un concepto de la virtud y del honor, desprendido de la vida, sobre la que no tenían gran apego.

A partir de 1945, la recluta de estos pilotos dejó de ser voluntaria para obligar a los universitarios a alistarse. Éstos, en gran número, se hicieron el hará-kiri; en una especie de acto de rebeldía en el que demostraban tener valor, pero negándose a que el sacrificio de su vida viniera de una imposición.

Se cree que el último piloto suicida fue M. Ugaki, cuando Japón se había rendido, decidió que mientras el Emperador no le comunicara el final de la guerra personalmente, él seguiría fiel a la defensa de su País. Así, optó por volar él sólo en una última misión suicida. Antes de subirse al aparato realizó todo el ritual habitual y partió en busca de los buques norteamericanos, pero no logró su objetivo. Su aeronave se estrelló en una playa de la isla de Ishikawa. Fue encontrado tiempo después por los norteamericanos.

Me he decidido a contar la historia de los kamikazes después de leer algunas noticias de la política española. Más parece que, en ocasiones, los partidos políticos sólo quisieran en sus filas a kamikazes fieles al líder hasta el final. Hasta el suicidio político o , incluso, judicial… Fidelidad al líder, que no a España.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, J.F. .- “ La segunda guerra mundial”. Ed Argos. 1964

PROCACCI, G. .- “ Historia General del Siglo XX”. Ed crítica 2001

MURRAY, W. Y MILLETT, A.-“ La guerra que había que ganar”. Ed Crítica. 2002.

JAIME I EL CONQUISTADOR (y el reino de Valencia).

Esta entrada se la dedico a mis amigos Julio FG y Julián GC, ambos con gran querencia por la Comunidad Valenciana.

 

Jaime​ I de Aragón, el Conquistador, nació en Montpellier el 2 de febrero de 1208 y falleció en Alcira, el 27 de julio de 1276. Fue Rey de Aragón (1213-1276), de Valencia (1238-1276) y de Mallorca (1229-1276), Conde de Barcelona (1213-1276), Conde de Urgel, señor de Montpellier (1219-1276) y de otros feudos en Occitania.

Era hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier, y fue engendrado de forma casual, según la leyenda, debido a las malas relaciones habidas entre sus padres. Como Pedro II no quiso hacerse cargo de su hijo, nació y pasó la primera infancia en casa de su madre en Montpellier .

Por tradición debería haberse llamado Alfonso, pero la madre alejada las tradiciones aragonesas y de su marido, ordenó encender doce cirios con los nombres de los apóstoles, manifestando que el que durara más daría el nombre de su hijo, lo que sucedió con Santiago Apóstol, san Jaime.

Jaime se casó dos veces, la primera a los 13 años. De ese matrimonio nació Alfonso , que falleció en vida de su padre. De su segundo matrimonio nacieron 4 hijos y cinco hijas. Una de ellas, Violante, se casó con Alfonso X, el sabio. El mayor de los hijos de este segundo matrimonio, Pedro, sucedió a su padre en el trono del reino de Aragón como Pedro III.

Jaime, en sus aspectos personales fue conocido por su elevada estatura- casi 2 metros- rubio y con gran afición a las mujeres. Tuvo multitud de amantes y unos cuantos hijos más que constituyeron el origen de algunas de las más importantes casas nobiliarias de Aragón y Valencia. Entre sus cualidades morales, destacan su valentía, orgullo, fidelidad a la palabra dada y su gran fe. Huérfano desde muy temprana edad y bajo la protección del Papa Inocencio III, se crio entre los templarios, lo que conformó su espíritu cristiano al servicio armado de la cristiandad. Fue un gran creyente y gran pecador, todo muy al gusto medieval.

Durante su infancia los diferentes regentes manipularon el reino como tuvieron a bien, con todo, Jaime no sólo era grande en estatura, también lo era en inteligencia y supo, gracias a la Reconquista, hacerse con el poder suficiente como para ir conformando un gobierno personal y sólido alejado de los intereses de las diferentes camarillas.

Su actuación conquistadora se integra en un movimiento general en toda la Península contra el invasor musulmán. Sobre todo, a partir de 1212 y a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa tras la que se produjo el hundimiento y la fragmentación del poder almohade, que facilitó en las décadas siguientes el avance de las fronteras de los reinos cristianos hacia el sur. https://algodehistoria.home.blog/2020/09/11/las-navas-de-tolosa-y-sus-consecuencias/

Aunque cronológicamente corren paralelas, hablaremos primero de la conquista de Mallorca porque propicia la de Valencia.

Jaime I fue el primer gran protagonista de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Ante las agresiones de los piratas mallorquines musulmanes a los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa, éstos pidieron ayuda al monarca, al que se unieron con todas sus naves (esperaban por otro lado que esta ayuda les proporcionase un suculento botín). Mallorca se tomó en 1235. La conquista supuso acabar con la piratería islámica en las Baleares. Las islas se , constituyeron en puente para el comercio entre Cataluña y el norte de África.

La conquista de Valencia, auténtica obsesión para Jaime I durante casi 20 años, se preparó minuciosamente dada su trascendencia, una vez ocupada Mallorca y alejado el peligro musulmán del Mediterráneo, centró todas sus fuerzas en el sur, que se culmina con la conquista del castillo y villa de Biar (1245), dando por finalizada la conquista de las tierras valencianas.

La conquista de Valencia se inicia bastante antes. En las Cortes de Tortosa de 1225 se proclamó la necesidad de emprender la reconquista contra el islam. Los enfrentamientos entre los diversos clanes y caballeros del reino de Aragón impidieron un avance más rápido y exitoso. Realmente se trataba de un enfrentamiento civil interno que se solventó con la fidelidad y ayuda del noble Blasco de Alagón. Aquella fidelidad fue compensada por Jaime I en 1226 con la concesión de todos los lugares y castillos que pudiera conquistar en territorio musulmán valenciano. Tras ello, en 1227, la intervención papal a través del arzobispo de Tortosa permitió firmar la concordia de Alcalá, que procuraba una paz entre el Rey y sus aliados, por un lado, y las facciones de los barones, por otro, lo que dejó la puerta abierta a las grandes empresas conquistadoras de Jaime I. En 1233, tomó Morella, Burriana y Peñíscola. En 1237 la victoria en la batalla de El Puig, le permite entrar en la ciudad de Valencia de manera definitiva en 1238.

Poco a poco y durante algunos años más fue logrando en diversas etapas la toma de todo el antiguo reino musulmán: primero, marcando la frontera en el Júcar, y luego en Játiva.  Los límites del Reino de Valencia quedaron fijados a través del Tratado de Almizrra, firmado en 1244 por Jaime I y Fernando III de Castilla. Así, se estableció una frontera entre la población de Biar, en el interior de Alicante, y Busot, en la costa.

Aunque los mudéjares protagonizaron algunas revueltas, las sofocó todas, repoblando la zona con cristianos y expulsando a los musulmanes.

Posteriormente, en 1296 Jaime II de Aragón tomó lo que hoy son los territorios más al sur hasta Murcia a los castellanos, a través de la Sentencia Arbitral de Torrellas de 1304.

Con pocas variaciones, esas fronteras se han mantenido a lo largo de los siglos, y son casi las mismas que las de la actual Comunidad Valenciana, aunque ahora es algo más extensa, ya que se unieron posteriormente los pueblos y tierras al norte del Río Segura, y algún otro territorio de lo que fue el reino de Murcia.

Pero lo trascendente de la conquista valenciana se debe a Jaime I pues transformó de manera definitiva lo que era una taifa musulmana en un reino cristiano. En una muestra más del espíritu de cruzada que impregnó el carácter de Jaime.

Además, Jaime I, en esta conquista, obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza, que consideraba las tierras conquistadas en Valencia como una prolongación de sus señoríos, al convertirlo en un reino privativo de la Corona (1239), unida dinásticamente a la Corona de Aragón. En su pugna con la nobleza, Jaime I encontró el soporte de la doctrina de la escuela de Bolonia, que afirmaba la supremacía del príncipe. A su vez, en un acto más destinado a imponerse a la insumisa nobleza, el Rey favoreció a los municipios y a la burguesía. También se modificaron las relaciones con los reinos hispánicos.

Aquel espíritu fortalecedor de la corona tuvo un revés en la herencia de sus reinos al repartir sus tierras entre sus hijos,  sin pensar en la unidad de la Corona. Si bien en el reparto último, realizado en 1262, tras la muerte del infante Alfonso, a su hijo Pedro le legó Aragón, Cataluña y Valencia, y a su hijo menor Jaime las Islas Baleares. Pero quizá el hecho más trascendente para la debilidad de la corona fue que durante su reinado tuvo lugar la consolidación de las Cortes privativas de cada reino, que actuaron como elemento esencial en la creación de una conciencia diferenciadora de cada territorio.

Las críticas entre los historiadores españoles contra estas actuaciones del monarca aragonés son duras y solventes. Sin embargo, para los historiadores nacionalistas la visión del monarca es la de gran rey,  un mito, el punto de partida de los futuros reinos de Mallorca, Cataluña y de Valencia, el creador de sus señas de identidad hasta nuestros días: territorio, fueros, moneda, instituciones, etc.

Con relación al resto de España, además del tratado de Almizra, que delimitó las zonas de expansión de ambos reinos, Jaime ayudó a su yerno Alfonso X el Sabio a la conquista y pacificación de Murcia en 1266. También ayudó al rey de Castilla en su enfrentamiento contra Marruecos y el reino de Granada.

Otro aspecto destacado de su política fue la renuncia a la política tradicional sobre el Francia, desviando su atención hacia el Mediterráneo.

Para resolver sus diferencias con Francia, en 1258, Jaime I firmó con Luis IX (san Luis), el tratado de Corbeil, en virtud del cual Luis IX renunció a los derechos “teóricos”, que desde tiempos de Carlomagno pretendía tener sobre el Rosellón, Conflent y Cerdaña, y a los condados catalanes (Barcelona, Urgel, Besalú, Ampurias, Gerona y Vic), y Jaime I a los derechos —más evidentes— que le asistían sobre diversos lugares del mediodía francés, por herencia de su madre.

Para afianzar este pacto, Jaime casó a su hija menor, Isabel, con Felipe, Delfín de Francia. También Jaime I cedió a la reina de Francia, Margarita, sus derechos a los condados de Provenza y Folcalquier, lo que tenía en el marquesado de Provenza y el señorío de las ciudades de Arles, Marsella y Aviñón, que fueron del conde Ramón Berenguer. Esto molestó sobre todo a la nobleza catalana.[1]

En el norte de África, sometió a los sultanatos de la zona y los convirtió poco menos que en colonias mercantiles para los comerciantes del Reino de Aragón, sobre todo catalanes y mallorquines.

El espíritu de cruzada de Jaime I le llevó a emprender una expedición a Tierra Santa, como resultado de la embajada tártara que recibió mientras estaba en Toledo en la Navidad de 1268, para asistir a la primera misa de su hijo el infante Sancho, arzobispo de la ciudad.[2]

Fue un monarca longevo, falleció a los setenta y un años, tras sesenta y tres de reinado, que coincidió con la época del apogeo medieval. Hasta el momento, en toda la historia de la humanidad, ocupa el puesto duodécimo en cuanto a la duración de su mandato.

BIBLIOGRAFÍA

AGUADO BLEYE, Pedro. “ Historia de España”. Ed Espasa-Calpe. 1956.

 HINOJOSA MONTALVO, José.- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. https://www.cervantesvirtual.com/obra/jaime-i-el-conquistador-1208-1276/

VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis.-“Jaume I el Conquistador” Ed.  Espasa Calpe, 2003

[1] Hinojosa Montalvo. Jaime I el conquistador

[2] Hinojosa Montalvo. Op. Cit.