LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLITICA FORESTAL EN ESPAÑA

Mi admirado profesor Ferreiro, tantas veces nombrado en este blog, con su español escacharrado, pero certero, decía que para hablar de historia había que “dárselo morto”. Lo que recuerda que la Historia es el análisis del pasado y periodismo la del presente. Como este es un blog de Historia no pretendo adentrarme en las procelosas aguas de la política forestal actual.

Los Ingenieros de Montes definen la política forestal como:

La política forestal la componen el conjunto de objetivos, acciones y medios que, en un plazo determinado, trata de fomentar la conservación del monte como medio natural, el aprovechamiento, comercialización y transformación industrial de sus productos, la investigación y desarrollo de técnicas de gestión, el uso público de los servicios ambientales del monte, la formación de profesionales y la cultura forestal que debe poseerla sociedad”.[1]

En 1700 murió Carlos II sin sucesor. Desaparecía la dinastía de los Austrias, tras la guerra civil de sucesión que trajo a España a Felipe de Anjou, Felipe V, nieto del monarca francés Luis XIV. Consolidada la nueva dinastía, Felipe V comenzó a introducir profundas reformas en la organización y administración del Estado, que incluían los organismos centrales de la monarquía, el gobierno interior, en especial en lo que atañía a la Corona de Aragón, y a la política fiscal. También procedió a una reorganización del Ejército; la Marina fue objeto de un proceso racionalizador y centralizador, en lo que desempeñó un papel fundamental la Intendencia General de la Marina, de la que en 1717 se hizo cargo José Patiño. El intendente tenía bajo su mando todo aquello que no concernía directamente a las operaciones militares. Entre estas funciones se encontraba la obtención de la materia prima para la construcción de los barcos, es decir, los montes y plantíos necesarios y el personal a ello vinculado. Fernando VI dispuso que la Marina se hiciese cargo de algunos montes próximos al mar y a los ríos navegables. Esta medida tuvo efectos globalmente beneficiosos, pues la Marina se hizo responsable de realizar una gestión racional. Se comprometía a plantar tres árboles por cada uno cortado y a marcar los árboles cuya tala estaba prohibida. Esto contribuyó a salvar bosques irreemplazables.

Fue todo un programa ilustrado que caracterizará el siglo XVIII, lo que incluía no sólo las reformas administrativas y militares, sino también la política de fomento de la producción, la construcción de nuevas infraestructuras, el desarrollo cultural y la creación de instituciones científicas, culturales y económicas.

Este programa continuó durante el reinado de Fernando VI y el ministerio de Ensenada, y verá su mayor desarrollo en la segunda mitad del siglo, sobre todo, con Carlos III. Es importante poner de relieve la continuidad entre estas etapas del siglo XVIII, que puede fácilmente rastrearse en la labor política de personajes como José Patiño, José del Campillo y Zenón de Somodevilla, no sólo por haber ocupado en diferentes momentos el poderoso Ministerio de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, sino por el programa que habían esbozado y en uno u otro grado impulsado.  Esta continuidad, pacífica, inteligente y bien planificada llevó a que el siglo XVIII español haya sido uno de los más próspero de nuestra Historia, quizá pocas veces bien ponderado, hasta que Carlos IV y sobre todo Fernando VII malograron toda la obra anterior.

En materia forestal, durante las primeras décadas del XVIII se adoptaron medidas destinadas a la conservación de los recursos de los montes, por ejemplo, ante las demandas de las Cortes de Castilla, Felipe V ordenó una reforestación rápida y tomó algunas medidas proteccionistas, como la Ordenanza de 1719 para la defensa del pinsapar de la Sierra de Grazalema, que salvó esta importante reliquia forestal. Estas medidas no contradecían, sino que reforzaban lo legislado por los Austrias. Son numerosas las ordenanzas municipales que se establecieron en los siglos XVI y XVII destinadas a regular la convivencia entre los vecinos de los pueblos. Estas ordenanzas solían contener algún articulado que contemplaba los usos vecinales de los montes, que en algún caso estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto es comprensible si tenemos en cuenta que, para muchos municipios, el monte era un recurso de primer orden y, además, con frecuencia fuente de conflictos. De todas formas, la importancia que se le concede en las diversas ordenanzas varía mucho, en función, sin duda, de su peso en la vida colectiva. En lo que a los aprovechamientos forestales se refiere, estas normas se presentaban en numerosos casos bajo la forma de prohibiciones, indicándose la multa o castigo consiguiente.

En 1748, se publicaron unas nuevas ordenanzas de montes dentro del programa de reformas impulsado por Ensenada. Existe la opinión generalizada de que estas ordenanzas estuvieron inspiradas en la Ordonnance de Louis XIV, que en 1669 hizo aprobar Jean Baptiste Colbert, lo que da pie a plantear la existencia de un cambio cualitativamente muy importante en la legislación forestal a partir de este momento. Se promulgaron diversas ordenanzas para “el aumento y conservación de los bosques”, se instituyó la figura del guardabosques y se reforzaron las penas a los pastores responsables de quemar el monte. El resultado permitió mejorar sensiblemente la situación. Hacia el final de siglo, se estima que existía una extensión algo superior a los diez millones de hectáreas. Importante fue también la renovación de la silvicultura de la mano de diversos autores franceses, como Henri Louis Duhamel du Monceau (1700- 1782) que en 1731 comenzó a realizar trabajos de investigación en materia de silvicultura para la Marina.

La influencia francesa tuvo dos hitos destacados: 1) el nacimiento de una ciencia de los montes que irá desarrollando en torno a diversas personalidades vinculadas al Jardín Botánico de Madrid, y 2) Las figuras de los jardineros que acabaran siendo profesores y de ahí a la creación de las cátedras de agricultura. El primero de estos jardineros fue, en 1799, Claudio Boutelou, quien en 1807 fue nombrado profesor de Agricultura y, en 1809, el gobierno de José Bonaparte lo nombró director del Jardín Botánico, ocupando el puesto que se había visto obligado a abandonar Lagasca. La política liberal e ilustrada española tendrá sus referencias en Jovellanos y su Informe sobre la ley agraria; el padre Manuel Gil, miembro de la Sociedad Económica de Sevilla; Bernardo Ward y su Proyecto Económico entre otros.

Todas las mejoras del Siglo XVIII se perdieron en un desastroso XIX.

En el siglo XIX, se introdujeron medidas por medio de las cuales se querían impulsar los plantíos, pero fueron poco adecuadas, imponiéndose además onerosísimos gravámenes a los pueblos, con el resultado de que éstos hacieron todo lo posible para que los plantíos fracasaran. En cuanto a los aprovechamientos, contaban con el grave inconveniente de dejar su ejecución en manos de las justicias de los pueblos y los subdelegados, lo que dio lugar a frecuentes abusos, además de representar un menoscabo de la autonomía municipal. Entre los propietarios de bosques privados fueron extremadamente impopulares.

A eso hay que unir las diversas desamortizaciones (tanto la de Mendizábal como la de Madoz), pero, sobre todo, esta última. Se cebó en los bosques comunales de los pueblos, con terribles consecuencias medioambientales y sociales.

En muy pocos casos los nuevos propietarios hicieron una gestión acorde con criterios técnicos. Se produjeron muchas roturaciones a la búsqueda de un beneficio inmediato. El pastoreo no tuvo límites y también se multiplicaron los incendios provocados como protesta social. Toda esta política llevó a una desforestación destacada. Los bosques españoles quedaron reducidos a menos de seis millones de hectáreas, la menor dimensión de nuestra historia. La desaparición de la cubierta forestal protectora dio lugar a una serie de inundaciones y fenómenos torrenciales que causaron grandes desastres humanos en los núcleos de población situados próximos a los cauces de los ríos y cuantiosas pérdidas económicas al arrasar numerosos cultivos agrícolas ribereños.

Paralelamente a este proceso destructivo, la sociedad fue tomando conciencia del peligro que suponía el gigantesco proceso de degradación que se había producido y se seguía produciendo. Para frenar las actividades destructivas de la cubierta vegetal y desarrollar un programa racional de reconstrucción de la vegetación forestal y velar por su conservación y aprovechamiento, se creó, a mediados del siglo XIX, la Administración Forestal Española. Si bien, de toda aquella actividad administrativa poco fructífera sólo trascendió en el tiempo la Escuela de Ingenieros de Montes, creada en 1848. Fueron ellos, prácticamente los únicos, quienes, al promulgarse la desamortización, denunciaron que los montes públicos estratégicos pudiesen pasar al dominio de particulares sin ningún control, por los riesgos que supondría para las escorrentías, los suelos y la agricultura del país. Para dar respuesta a los daños causados por las inundaciones y los desastres torrenciales, se crearon, en 1888, las llamadas Comisiones de Repoblación encargadas de repoblar las cuencas hidrográficas más deforestadas y en las cuales los riesgos de inundaciones eran más probables. Son el antecedente de las Confederaciones hidrográficas.

Las medidas de mejora de la foresta fueron recogidas por los regeneracionistas, que incluyeron en su programa la defensa y recuperación de los montes. Aprobaron la primera ley contemporánea de montes (Ley de 24 de junio de 1918), cuyo objetivo era frenar la especulación desencadenada por los altos precios de la madera derivados del cierre de los mercados exteriores durante la Primera Guerra Mundial. El primer Plan Nacional de Repoblación Forestal se aprobó por Real Decreto de 26 de julio de 1926. En su preámbulo se dice que uno de los problemas que más directamente afectan a la riqueza nacional, y que ha llegado a interesar vivamente a la opinión pública es el de la repoblación forestal. Su política de ordenación de montes, bien intencionada, obtuvo escasos resultados.

Durante la República se aprobó la Ley de 9 de octubre de 1935, por la que se crea un organismo forestal específico para la repoblación, denominado Patrimonio Forestal del Estado (PFE), cuyo principal objetivo era restaurar, conservar e incrementar la superficie forestal del país. La guerra civil española (1936-39), no permitió la puesta en marcha de esta Ley.

El gran cambio se produce en la política forestar del nuevo régimen. En 1941, se recrea el organismo Patrimonio Forestal del Estado. Nace para desarrollar el Plan Nacional de Repoblación Forestal (PNRF). Cuyos objetivos principales eran los siguientes:

  • Conseguir mediante la repoblación de pequeños rasos y claros de los montes, el máximo de producción de madera compatible con la especie repoblada y con las características ecológicas de la estación.
  • Incrementar la superficie forestal arbolada en seis millones de hectáreas en un periodo de cien años.
  • Conseguir el interés de los propietarios privados para que colaborasen en la consecución del objetivo anterior, poniendo sus tierras a disposición del PFE para que fuesen repobladas. Esta colaboración se materializaba mediante la firma de un consorcio.

El plan se desarrollaba en diversas etapas:

La primera etapa, se extendió desde 1940 a 1959. En ella el objetivo prioritario era paliar el alto paro rural.

La segunda etapa comprende de 1960 a 1971. Inició la mecanización de los trabajos de reforestación debido a la escasez de mano de obra y al aumento, relativo, de los salarios, que encarecían excesivamente el proceso.

La Tercera etapa comprende de 1972 a 1982. Esta etapa se extiende desde la desaparición del organismo Patrimonio Forestal del Estado y la creación del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA); organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Agricultura (1972), hasta que se produce el traspaso de las competencias forestales a la Comunidades Autónomas, que habían surgido como consecuencia de la implantación del nuevo régimen democrático.

La cuarta etapa comprende desde 1982 a 1995. Con el traspaso de las competencias forestales a las Comunidades Autónomas en 1982 que no se encuentran vinculadas al PNRF se produce, de hecho, la desaparición del PNRF.

La presión de los movimientos ecologistas, y la vinculación del PNRF al régimen de Franco influyo negativamente en la política de reforestación. Los nuevos políticos, no eran partidarios de continuar políticas muy vinculadas a épocas anteriores, y aunque los propietarios privados, los servicios forestales, la economía y la restauración de extensas áreas degradadas en la vertiente mediterránea aconsejaban continuar repoblando, el proceso repoblador sufrió una reducción considerable.

Como consecuencias de la política desarrollada en esas cuatro etapas, surgieron algunos hitos importantes en la conservación de los montes. Así:

En 1955, se creó el primer servicio específico de lucha contra los incendios forestales, el Servicio Especial de Defensa de los Montes contra los Incendios, el cual contará con brigadas profesionales e incluso medios aéreos.

En 1969, se alquiló el primer avión anfibio en Canadá y después de unas prácticas fue destinado a Galicia, principal foco de los incendios en aquellos tiempos.

En 1971 se compraron dos aparatos y se firmó un convenio con el Ejército del Aire para su gestión, mantenimiento de los aparatos y suministro de tripulaciones. Tres años antes se había fundado la base de datos sobre incendios, que permitió mediante estudios basados en las estadísticas e incendios previos realizar una política de prevención efectiva contra el fuego.

Se realizaron campañas de concienciación hacia una población mayoritariamente urbana que había olvidado a conciencia su origen rural, en las que se recordaba lo nefasto de las colillas mal apagadas o fuegos abandonados y mal apagados. En ese sentido, fueron famosas las campañas publicitarias destinadas a la prevención. La campaña con mayor éxito fue con el lema “Cuando un monte se quema, algo tuyo se quema”. Esa campaña se vio apoyada, por ejemplo, en 1962, con la creación de un personaje animado, el conejo Fidel, que ejercía de guarda forestal en las campañas de televisión alertando sobre el riesgo de no vigilar las conductas humanas que ponían en peligro el bosque.

Asimismo, se realizaron varios programas en la televisión pública – la que había- de defensa de la fauna ibérica, con Félix Rodríguez de la Fuente, como protagonista en su condición de naturalista y divulgador ambientalista. Su programa “El hombre y la tierra” obtuvo tal éxito que aún se recuerda. También se hizo famoso por las campañas de salvamento de distintas especies animales en peligro de extinción, como el lobo, el oso y el águila imperial.

Pero el instrumento más eficaz para cuidar la naturaleza y protegerla de los incendios fue el ICONA. El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza además de buscar la concienciación ciudadana en materia de protección de los bosques, realizó el primer Inventario Forestal Nacional en 1965, dando como resultado que la superficie de los bosques españoles se había elevado desde 1941 hasta los 11,8 millones de hectáreas.

El esfuerzo español de repoblación tuvo reconocimiento internacional a través de la FAO.

El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento realizado por la iniciativa privada con subvenciones del Estado se separó del ICONA y pasó a depender de la Dirección General de la Producción Agraria (DGPA) del Ministerio de Agricultura, dando prioridad a las repoblaciones de alto interés protector, ecológico o social.

El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento se subvencionó a través de la Ley Para el Fomento de la Producción Forestal aprobada en 1977, que gestionaba la DGPA y que comprendía además de las ayudas a la reforestación un programa de ayudas y subvenciones a fondo perdido para la realización de trabajos culturales en masas naturales y repobladas de propiedad privada. Las críticas surgidas entre ciertos sectores ecologistas dieron como resultado una ralentización de la actividad de reforestación pública, no así la privada, que siguió su curso.

La desaparición del ICONA y la transmisión apresurada de sus competencias a las comunidades autónomas tuvieron penosas consecuencias. Entre 1981 y 1994 ardieron nada menos que dos millones de hectáreas, más del triple de las que se quemaban anualmente en el periodo anterior.

Actualmente, todas las comunidades autónomas han elaborado sus propios planes de reforestación, y pese a los problemas presupuestarios, están incrementando su actividad repobladora, si bien, éstas no se consideran suficientes y requieren de unas actividades de conservación, limpieza y mantenimiento que no siempre se realizan, en ocasiones por el abandono de la población de las zonas rurales, en otras por las dificultades que la Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes impone para realizar esas tareas. Además, esa reforestación debería ir acompañada de algunas obras hidráulicas que no parece que vayan a acometerse.

 

BIBLIOGRAFÍA

PEMÁN GARCÍA, Jesús; IRIARTE GOÑI, Iñaki; LARIO LEZA, Francisco José.- “La restauración forestal de España: 75 años de una ilusión”. Ed Ministerio de Agricultura. 2017

SILVA SUÁREZ, Manuel.- “ TÉCNICA E INGENIERÍA EN ESPAÑA III EL SIGLO DE LAS LUCES De la industria al ámbito agroforestal”. Ed Universidad de Zaragoza. 2005.

Página Web del Colegio de Ingenieros de Montes.

[1] Web del Colegio de Ingenieros de Montes

EL ORIGEN DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA

Cuando hablo de liberalismo, me refiero a aquella corriente económica y política cuya máxima es que la existencia del Estado se justifica para garantizar la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y el respeto y garantía del ejercicio justo de las libertades individuales. El Estado debe contar con límites claros a su poder para que no constituya un impedimento al ejercicio de la vida libre y autónoma.

Se trata del liberalismo como opuesto al antiguo régimen, como hijo de la ilustración que tiene unas manifestaciones quizá más concretas a partir del Siglo XIX, pero que en muchos aspectos ya había dado muestras de su nacimiento con anterioridad.

No estoy hablando de partidos políticos sino de pensamiento. No hablo de moderados o de radicales, de progresistas o conservadores. Hablo de todos ellos, porque todos contribuyeron, en un momento de nuestra Historia a implantar un sistema de libertades.

Ese modelo de libertades, como proclamaron los doceañistas y que luego desarrollaremos, se manifiesta desde los orígenes de España:  desde Argantonio, Rey de toda la Península Ibérica según el relato de Heródoto, que llegó al poder por edad -era muy viejo y sabio-. No creó un reino por su fortaleza física, ni por su arrojo, valor o astucia frente al enemigo sino por organizar la vida de los distintos pueblos en torno a una misma ley que permite la convivencia de todos juntos, la prosperidad común.

Lo mismo cabe decir del orden y ley romana con un poder soberano y una ciudadanía romana. De Leovigildo, cuando comprendió que el poder sólo se sostiene bajo la unidad política y territorial, desde la monarquía como referente de respeto a la Ley visigoda, es decir, estableciendo unos límites morales al poder del Estado. (https://algodehistoria.home.blog/2022/10/14/el-estado-visigodo/ ). De los reyes asures herederos del primer Estado español (el visigodo) y de la primera concepción nacional de España. https://algodehistoria.home.blog/2020/03/06/el-reino-de-asturias-o-la-victoria-de-espana/ . Herencia asumida por los reyes hispanos en la Reconquista que no negaban la capacidad de los señoríos y del pueblo reunido en Cortes, y no sólo en el reino de Aragón, donde las Cortes constituían un poder mucho más importante que en Castilla, sino también recordando que el primer parlamento del Mundo con tal concepción nace en el Reino de León con el Rey Alfonso IX, adelantado a su tiempo, convocando en 1188 las primeras Cortes de la historia europea con participación ciudadana, noble y eclesiástica. De la posición de Alfonso X, el Sabio, (https://algodehistoria.home.blog/2021/06/11/octavo-centenario-de-alfonso-x-el-sabio/) al asentar y unificar la organización jurídica de España a través de las Partidas. Con el Rey Sabio llega el Derecho romano como fundamento de la unidad jurídica del poder y la ley escrita como fiel reflejo del espíritu bajomedieval, orientado ya hacia la moderna teoría del Estado: el Rey no se limita a preservar el Derecho viejo, sino que aspira a crearlo porque “las leyes hechas de nuevo valen tanto como las primeras o más” (Partidas I, 1, 19). Apunta así hacia la soberanía en su concepción más actual, casi anticipándose a Bodino (ideólogo del concepto de Estado moderno). Organiza el Estado de manera muy moderna no sólo internamente sino concibiendo la necesidad de la defensa de sus fronteras y creando un cuerpo de milicia con esa única finalidad; con la concepción de Imperio que recoge de la tradición histórica de España, de romanos, visigodos y astures y que proyecta más allá de nuestras fronteras con el “ fecho del imperio”; como señala José Antonio Maravall, la idea imperial del Rey Alfonso se sitúa de manera más cercana —a su juicio— a la tradición española que al modelo centroeuropeo y ello porque configura el Poder en el Territorio y lo ejerce directamente sobre el Pueblo, los tres elementos clásicos del Estado como forma política. De los Reyes Católicos con la unidad peninsular y nacional en torno a la Corona, creadores de un brazo ejecutivo formado por instituciones diversas con estructura aragonesa en algunos casos- virreinatos- y asesoramiento por Consejos propio de Castilla (Consejo de Castilla, de Indias…), la labor legislativa pasa a los monarcas y a las Cortes conjuntamente, lo que supone una fusión bajo la Corona de la forma de gobierno de ambos reinos. Se produce la normalización de derechos como se refleja, por ejemplo, en las Leyes de Indias, dictadas a modo de escudo protector de los nativos de los territorios descubiertos por Colón, lo que supone establecer las bases de la tutela de los Derechos Humanos. Seguidos por Carlos I, en defensa de la Fe (el Cristianismo como base moral de la acción política que recoge la tradición hispana desde los Visigodos, marca la Reconquista y la política de sus abuelos, los reyes Católicos) y la legalidad (Controversia de Valladolid https://algodehistoria.home.blog/2020/01/31/los-justos-titulos-y-la-controversia-de-valladolid/ ) o el pensamiento político, económico y científico de la escuela de Salamanca, con grandes intelectuales entre los que recordaremos al padre Vitoria o al padre Mariana por sus ideas y contribuciones al derecho Internacional, la economía moral, el respeto a los Derechos Humanos siempre fundamentados en el pensamiento humanista y el realismo aristotélico-tomista. A la expansión de aquel gran Rey y estadista que fue Felipe II y su/nuestra primera gran globalización.

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/15/escuela-de-salamanca-1/

https://algodehistoria.home.blog/2019/11/22/la-escuela-de-salamanca-2/

Todo eso estaba en España, porque ya era España; todo eso había conformado España cuando gobiernan los Austria o al llegar los Borbones. Eso era España cuando Carlos III se propone durante el Siglo XVIII la modernización de un País que se había reformulado entorno a un imperio. Consigue traer a España los preceptos ilustrados en el ámbito del pensamiento y la ciencia por medio de unas élites ilustradas. Aquella ilustración que en España se manifestó por ejemplo en el Diccionario de autoridades publicado en la Real Academia Española entre 1726 y 1739 se definía a la “luz de la razón” a la” luz de la crítica” o a la luz de “la verdad, el tiempo y la Historia” en la alegoría de Goya.

Pero ilustrados en España hubo pocos y reducidos a una élite, que saludaron con autentico ardor a Carlos III- con motivos, y no les defraudó-. En las Universidades españolas se difundían pensamientos de los autores del iusnaturalismo racionalista germánico como Puffendorf, Grocio, Almicus… De ahí proceden los proyectos de Mayans, las reformas de Olavide, las cátedras de derecho natural o del derecho de gentes… También llegaban las propuestas francesas y británicas de Locke, de la “Enciclopedia”, de Rousseau, del “Espíritu de las leyes” de Montesquieu o del consuetuditarismo constitucional británico que fueron estudiadas y puestos en práctica por Jovellanos, Campomanes, Cabarrús, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda, Martínez Merino…

Los ilustrados españoles, como manifestará Jovellanos, tenían una concepción del liberalismo reformista que no revolucionaria; no aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente. Pretendían introducir reformas que fomentasen lo que denominaron pública felicidad o bien común, y para ello deseaban involucrar a las élites en su materialización.

La España de Carlos III fue un ejemplo de reforma y progreso en todos los órdenes. Esa era España cuando la invasión napoleónica y cuando la inutilidad y traición de Carlos IV y Fernando VII hacían presagiar que todo lo avanzado durante siglos iba a irse por el sumidero de la Historia.

Pero aquel espíritu estaba en nuestra sangre como pueblo, no sólo el pueblo levantado en armas sino en las expresiones políticas de realistas, liberales, americanos e incluso afrancesados – las cuatro facciones en las que se agrupó la España política a raíz de la invasión napoleónica, las tres primeras con asiento en las Cortes de Cádiz.

El liberalismo nacía de unas bases históricas- esbozadas en los párrafos anteriores- y así lo expresaron los liberales en Cádiz imbuidos de historicismo, pero no es menos cierto que nunca se había expresado en España de manera tan clara y contundente cómo ocurrió en Cádiz. Sobre todo, en la constitución de 1812. En ella se cimentaba una sociedad en la igualdad jurídica, una economía de mercado y un Estado de Derecho.

Los liberales constituyeron una minoría muy activa en aquellas Cortes y tuvieron una gran influencia por su cohesión política, personal, doctrinal y el empuje de la exultante juventud de sus representantes. Entre los liberales destacaban los clérigos, algunos nobles y otros miembros de la burguesía. Como curiosidad, en su origen geográfico, abundaban los extremeños y los asturianos.

Una de las características del corpus doctrinal defendido por los liberales y que se alejaba de otras manifestaciones foráneas de liberalismo, era que, pretendiendo ser revolucionarios, consiguieron acomodarse con los realistas para ofrecer un modelo reformista, basado en el nacionalismo patriótico, el historicismo y en el catolicismo.

Eran nacionalistas pues representaban a todo el pueblo español en armas. Esta posición creó la conciencia nacional, sumamente patriótica. Las libertades modernas se defendieron en España de la mano del patriotismo. Las manifestaciones antipatrióticas vinieron posteriormente de las posiciones absolutistas de la Santa Alianza, y de Fernando VII. Los liberales defendían la guerra frente al invasor, al contrario que los afrancesados; defendían, por ello, la tradición histórica frente a la imposición extranjera y al tiempo, sin caer en contradicción, las ideas francesas e inglesas como avanzadas frente a atraso de muchos sectores españoles.

Muchos liberales proyectaban ideas iusnaturalistas racionalistas procedentes de Francia e Inglaterra o Alemania y esas ideas, y todas las que había ido llegando a lo largo del siglo XVIII, se plasman de una u otra forma, con más o menos intensidad, en los artículos de la Constitución gaditana. Pero, sobre todo, esa influencia de puso de relieve en las más importantes premisas de la Constitución doceañista, como son la teoría de la soberanía, los conceptos modernos de Nación, Representación, Constitución y Monarquía. Esas premisas, plasmadas en la Constitución sí fueron un auténtico hecho revolucionario. El artículo más subversivo era aquel que señalaba que ”La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Unido a aquel que señalaba que ”La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”(art.15).  O aquel “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la Ley” (art. 17). En resumen, soberanía nacional y división de poderes.

La soberanía nacional se basó no en las ideas de los ilustrados franceses sino desde la originalidad española de defender su carácter tradicional y fundacional en la Historia de España y su función legitimadora de la insurrección patriótica contra el francés. Sus consecuencias sí se parecían a las extraídas por los franceses; sobre todo, la facultad nacional de dar o reformar una norma suprema, la Constitución, y la facultad de determinados órganos en actuar en nombre de esa Nación: las Cortes. El Rey pasaba a ser un órgano constituido, con notables facultades, pero muy disminuidas en relación a las que tenía en el Antiguo Régimen.

En Cádiz, conscientemente, para no ser acusados de afrancesamiento no se dio un listado de derechos y libertades, pero a lo largo del texto constitucional, de manera poco sistemática, sí se reflejaban algunos de esos derechos.

En el fondo, el resultado era muy francés y muy europeo, pero adornado con otros ropajes, entre los que destacaba que no se expresara la libertad religiosa.

El catolicismo fue interpretado como una marca de identidad nacional, conformando un ingrediente básico de la ciudadanía española. Mostrando cómo la asociación entre religión y nación se aceptaba de una forma tan natural como la existencia de la monarquía.

Todas las familias del liberalismo, más allá de su carácter conservador o progresista, establecieron el catolicismo como el elemento básico de su identidad religiosa. Una realidad que se fortaleció andando el tiempo cuando en 1851 se firmó el Concordato con el Vaticano.

Sin embargo, el liberalismo sufrió una modificación importante en sus planteamientos tras los dos embates absolutistas generados durante el reinado de Fernando VII: 1814 y 1823. Ambos acontecimientos provocaron el exilio en masa de los liberales y también de los afrancesados. Ya lo vimos al tratar la vida del Conde de Toreno, uno de los liberales más activos durante la Constitución de 1812 (https://algodehistoria.home.blog/2024/12/20/vii-conde-de-toreno/). Los refugios elegidos en ambos momentos históricos serán Gran Bretaña y Francia.

Los componentes que matizan o modifican las posiciones de nuestros liberales no se limitan al conocimiento que da el exilio sobre las teorías que mueven Europa, sino a otra serie de factores:

  • El carácter revolucionario que tenía el liberalismo se vio truncado al conocerse en la práctica el caos que esas posiciones políticas llevadas al extremo habían generado en la sociedad: los excesos de la revolución de 1789, el terror, el exceso de teorización, y el cataclismo que será en el futuro la revolución de 1848.
  • El radicalismo y la inoperancia del trienio liberal español (1820-1823).

En esa reacción contra esos excesos coinciden las teorías utilitaristas de Benthan, el positivismo de Comte, el constitucionalismo de Constant, la economía política de Say… En resumen, triunfa el liberalismo británico, con una atrayente síntesis entre empirismo e historicismo. Libertad y orden. Esas eran las premisas que no sólo influyeron en toda Europa, sino que las mismas transformaron a los liberales españoles, ni Argüelles, ni Toreno, ni Javier de Burgos o Martínez de la Rosa mantendrán ya las posiciones revolucionarias (cambio especialmente significativo en los dos primeros) que habían sostenido en la redacción de la constitución de Cádiz. De ahí que la Constitución pase a llamarse Carta otorgada, que eso fue el Estatuto Real de 1834, en el que el poder del Rey volvía a incrementarse, la separación de poderes cede paso a una colaboración entre Rey y Parlamento, las libertades ciudadanas se restringían a la luz del alboroto creado en el Trienio Liberal o el que se producirá con la Rebelión de los Sargentos en la Granja en 1836 que vuelve a mandar al exilio a nuestros ilustrados.

El Estatuto Real no duró mucho tiempo en vigor. No sobrevivió a las burlas de los liberales exaltados, a pesar de que España contaba con un régimen de libertades de los más avanzados de Europa. La Reina Gobernadora recurrió de nuevo a los más templados liberales, en este caso al Conde de Toreno para que impulsaran un nuevo texto constitucional. Así surge la constitución de 1837, en un modelo constitucionalista menos conservador que el Estatuto Real, pero que guardaba y equilibraba las esencias de “libertad y orden”. El texto fue fruto del consenso de todos. Fue una constitución aceptada por exaltados y moderados. Fue una constitución que duró menos de 10 años, pero con la trascendencia de haber significado la institucionalización definitiva de un régimen constitucional en España. Estaba inspirada en la francesa de Luis Felipe de Orleans y en el liberalismo de Bentham. Determinó además el nacimiento de los partidos políticos: moderados, por un lado, progresistas por otro. Se implantó un nuevo sistema electoral. Las siguientes elecciones, las más limpias de todo el Siglo XIX español, las ganaron los moderados.

Los liberales adscritos a la filosofía krausista construyeron desde finales de la década de los cincuenta una doctrina política que buscaba la armonía entre el individuo y el Estado, el capital y el trabajo, la naturaleza y el espíritu, los hechos y las ideas, la religión y la ciencia, la reacción y la revolución y la libertad y la igualdad. Ese racionalismo armónico, asentado sobre el Ideal de la Humanidad de Krause, conformó una doctrina política liberal, de tintes progresistas, pero irreductible al imaginario político del Partido Progresista. En ese ideario se mueven Sanz del Río, Francisco de Paula Canalejas, Azcárate o Giner de los Ríos que construyen una alternativa política propia en el marco del liberalismo isabelino.

Sin embargo, el caos nacional, con una Reina que no tenía ni la formación, ni la capacidad adecuada, la guerra civil, los políticos del momento…, no lograron dar los pasos necesarios para que el régimen liberal marchara sin quebranto. La clase dirigente, moderada y progresista, optó por acercarse a “espadas” prestigiosas, excelentes militares, cuya actuación política se basaba en la imposición y no en el liberalismo. Narváez como ejemplo de ellos. Sin embargo, la idea liberal seguía en la mentalidad nacional. Así nació la Unión Liberal de O’Donnell apoyada por los moderados para encontrar un gobierno con ciertas garantías constitucionales (sobre todo desarrolladas durante el gobierno largo de O’Donnell).

Pero el modelo liberal estaba en quiebra, y ni los gobiernos de la Gloriosa, la Primera República, la crisis del 98, con todos sus intelectuales, el movimiento nacionalista… no lo iban a arreglar. Con todo, las instituciones lograron salvaguardar la integridad del régimen en España. La monarquía constitucional no se hundió, como se hundió en Francia. La Restauración era un momento de esperanza y a esa tarea se enfrentaron desde el interior del régimen varios de sus políticos entre los que destacaremos a José Canalejas, cuya idea de fortalecer la Monarquía, el Parlamento y la Nación representaron el intento más firme por hacer compatible el régimen monárquico y la constitución de 1876 con las exigencias del nuevo liberalismo. Consideraba Canalejas que no resultaba necesario el cambio de régimen, ni siquiera una reforma constitucional, para cumplir los ideales de la democracia moderna. Democracia no era para el político liberal el desarrollo de los principios políticos del siglo XIX sino la efectiva realización de los ideales sociales del XX.

La esperanza se deposita en la llegada, en 1902, de un Rey joven, Alfonso XIII. Más progresista que conservador aparece como un monarca regeneracionista. Parecía representar el dinamismo que necesitaba España. A la muerte de Canalejas, sin embargo, los retos eran gobernar en la nueva sociedad de masas y cuáles serían las respuestas del liberalismo ante los desafíos que ofrecía, de un lado, la revolución soviética, y de otro, la eclosión del fascismo. Los intelectuales, en esta coyuntura, se presentaron como los nuevos “gurús” de la opinión pública, en la que la amenaza del hombre-masa, como apuntaba la obra de Ortega y Gasset, conformaba un nuevo orden social que fue abordado con temor unas veces, no exento de esperanzas, en otras. En ese nuevo marco el liberalismo democrático constituyó una alternativa real que la monarquía alfonsina no quiso, o no pudo, finalmente, acoger. Habrá de pasar más de medio siglo, hasta la Transición y la Constitución de 1978, con otro Rey joven, Juan Carlos I, para conseguirlo.

BIBLIOGRAFÍA

JOVER ZAMORA, José María (DIR.). “Historia de España: la España de Fernando VII”. Ed. Espasa- Calpe. 1978.

MARCO, José María. “Una Historia patriótica de España”. Ed. Planeta. 2011

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del Siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981

SOLÉ TURA, Jordi y AJA, Eliseo. “Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)”. Siglo XXI editores. 1977

Batalla de Trafalgar

Hoy vamos a hablar de una derrota. Una de las más dolorosas de nuestra Historia. No es la primera vez que digo que la Historia de cualquier país no puede ser contada sólo desde las hazañas o las victorias, sin las derrotas no comprenderíamos por qué hoy somos lo que somos. La derrota en Trafalgar explica el porqué de nuestra situación actual mucho mejor de lo que pensamos.

El 21 de octubre de 1805, se produjo, en el cabo Trafalgar (Cádiz), el enfrentamiento naval de la flota hispano-francesa contra la flota británica.

Los historiadores la consideran como una de las batallas más importantes de las guerras napoleónicas.

Históricamente, las potencias emergentes europeas, Francia y, sobre todo, Gran Bretaña, buscaban hacerse con el control de las rutas comerciales del Imperio español, ya fuera en Asia y Oceanía, como, sobre todo, América. Esa pugna se desarrolló casi sin tregua entre los siglos XVIII y XIX. La magnifica Armada española, que se había modernizado durante el reinado de Carlos III, se había ido deteriorando por el paso del tiempo y la poca inversión que se produjo desde la llegada al trono de Carlos IV, debido esencialmente al esfuerzo económico militar que realizaron Francia y España en sus campañas terrestres para la conservación y expansión de los territorios de que ya disfrutaban-conservación por parte española, expansión por la francesa-. Lo que dejó nuestras arcas exhaustas. España se había asociado con Francia a través de los llamados pactos de familia, que pocos beneficios nos reportaron.

La rivalidad hispano-francesa contra Gran Bretaña se fraguó poco a poco. Los británicos sabían que su prosperidad provendría del aumento de su comercio y desde hacía tiempo hostigaban a los barcos españoles en las rutas americanas para intentar debilitar a nuestra flota, hacerse con el botín y progresar económicamente. Francia, por su parte, conocía que la fortaleza de su imperio estribaba en controlar el continente y, para eso, Gran Bretaña era un gran obstáculo.

Por tanto, entramos en una época histórica de avance y desarrollo técnico y comercial que generó amplias tensiones políticas entre las principales naciones europeas.

A la España volcada en las reformas durante el gobierno de Carlos III, momento de gran desarrollo y prosperidad, le siguió una España débil durante los gobiernos de Carlos IV. Este reinado se volvió más delicada aún tras la proclamación de la República Francesa.  La monárquica España debe decidir qué política seguir con ambas potencias porque el aliado tradicional francés (pactos de familia) es ahora hostil a nuestra forma de gobierno. Tras un primer intento de alianza con Inglaterra para combatir la Revolución, pasa a hacer equilibrios en política exterior procurando mantenerse neutral en medio de una gran inestabilidad internacional y de conflicto de intereses. Ante la presión revolucionaria y napoleónica, España optó por una alianza contra natura iniciada por el Tratado de San Ildefonso en 1796, y posteriormente con el de Aranjuez.

Inglaterra era fuerte en el mar e inaccesible por tierra. Francia era una fuerte potencia continental con un disciplinado y muy numeroso ejército. Cuando Napoleón pretende invadir Gran Bretaña obliga a España a convertirse en su alidada para evitar una agresión por su frontera sur y, además, porque era consciente de que la debilidad de la flota francesa requería de la Armada española para poder derrotar a Gran Bretaña.

Napoleón que era un gran estratega terrestre, no era un marino. Ideó un plan para invadir Gran Bretaña desde Calais, para eso ordenó una maniobra de distracción frente a la Armada británica, que se dio en distintos episodios a lo largo del Caribe y el Atlántico hasta culminar en Cádiz. La maniobra de distracción no tuvo éxito por cuanto Napoleón no contó ni con el viento, ni con la meteorología en el momento de idearla, ni con la reacción política y diplomática británica que se movilizó para buscar la Tercera coalición con Austria, Nápoles, Suecia y Rusia, ni con la reacción militar inglesa de bloquear diversos puertos franceses y españoles (Brest, Tolón y el Ferrol).

Las flotas francesa y española, bajo el mando del almirante Villeneuve, se reunieron y fondearon en Cádiz en el mes de agosto de 1805. Cádiz quedó bloqueado por una escuadra británica.

Villeneuve, que resultó una calamidad, dio la fatal orden de que el 20 de octubre la flota aliada saliera del refugio de la bahía de Cádiz, para, el 21 de octubre de 1805, enfrentarse a la Armada británica frente al cabo de Trafalgar. La composición de las fuerzas se distribuía así: la flota hispano francesa estaba formada por 33 buques de guerra, 15 españoles y 18 franceses. Contaban con 2.626 piezas de artillería y a bordo iban unos 27.000 hombres. La flota de Gran Bretaña, liderada por el vicealmirante inglés Horacio Nelson, estaba integrada por 27 naves, 2.148 piezas de artillería y 18.000 hombres.

La disposición de las flotas en el combate se asemejó, para mejor comprensión del lector, como si se tratara de un dibujo que representara un arco al que se arrima una flecha. En el arco estaba dispuestas las naves hispano-francesas, la flecha- que, en vez de una, se dispuso en dos columnas- era la flota británica. Esa punta de flecha atravesó la disposición naval hispano francesa, provocando la desorganización de la columna combinada, que quedó dividida en tres partes; el centro y la retaguardia expuestas al fuego enemigo y la vanguardia aislada del resto. Al frente de una de esas líneas de flecha, Nelson situó su propio barco, el Victory, y la segunda comandada por el almirante Collingwood, quien atacó por la retaguardia. Fue una táctica novedosa, muy arriesgada y muy valiente, que le costó la vida a Nelson, pero logró elevarle al olimpo de los marinos.

A pesar de la tenacidad de los marinos franceses y españoles, la superioridad británica en el uso de la artillería (mucho más moderna y eficaz) y de tácticas mejor estudiadas,  permitió a los británicos prevalecer. La Armada inglesa estaba mejor pertrechada, era más moderna y contaba con un más eficaz uso de la munición. Los españoles tenían una tropa, marinería, peor formada, pero con unos mandos mucho mejor adiestrados. Posiblemente, la formación de la los mandos de la Armada española fuera la mejor del mundo, pero de nada valió con el apoyo de una flota, la francesa, que, aunque puso ardor en la batalla, no dispuso del conocimiento táctico necesario. Villeneuve dirigía con suma rigidez y falta de conocimiento naval, lo que llevó a la derrota.

En medio de la feroz batalla, los mandos españoles destacaron por su valentía. Frente a la torpeza táctica de Villeneuve, el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, mostró un gran arrojo y conocimiento militar a pesar de la adversidad. El brigadier Cosme Damián Churruca, al mando del navío “San Juan Nepomuceno”, no sólo luchó como un valiente, sino que estando mortalmente herido siguió dirigiendo su nave, sin ocuparse de su vida. El brigadier Dionisio Alcalá Galiano, comandante del navío “Bahama”, ferozmente resolutivo, heroico en su lucha hasta la muerte. El capitán de navío Francisco Alsedo, que mandaba el “Montañés”, resultó muerto en combate tras luchar con resolución, firmeza y gran valor.

Trafalgar fue un punto de inflexión en la Historia de la Humanidad y de España. Desde ella nuestra decadencia era  (¿es?) un hecho.

Como consecuencias directas del combate, podemos destacar que:

  • Francia perdió 12 navíos, reportó 2.218 muertos, 1.155 heridos y más de 500 prisioneros. España, por su parte, perdió 10 naves, tuvo 1.022 muertos, 1.383 heridos y unos 2.500 prisioneros. Gran Bretaña no perdió ningún buque, aunque tuvo que lamentar 449 muertos y 1.241 heridos. El vicealmirante Nelson murió por las heridas recibidas y se convirtió en uno de los héroes más importantes de la historia británica.
  • Napoleón no pudo concretar la invasión a Gran Bretaña, por lo que desvió su atención a sus rivales continentales, a las cuales derrotó en Ulm y en Austerlitz.
  • La flota británica quedó intacta y durante 1806 y 1807 protagonizó la conquista de la colonia neerlandesa del Cabo de Buena Esperanza y las llamadas invasiones inglesas del Rio de la Plata. El resultado de la batalla consolidó la supremacía de la marina de guerra británica y el inicio de su gran imperio y dominio de los mares durante todo el siglo XIX y parte del XX.
  • El debilitamiento de la flota española implicó que España no pudiera proteger debidamente sus colonias americanas. Iniciándose posteriormente los procesos de independencia. Asimismo, España perdió poder comercial y militar, lo que le llevó a un estado de debilidad que provocó la invasión napoleónica, y la Guerra de Independencia, donde, curiosamente, el apoyo exterior a España vino de la mano de los británicos. En el fondo nuestro país fue un escenario más del enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña por dominar el mundo.

Esta Batalla es una de las más destacadas en cuanto al conocimiento popular. No solo se recuerda en Londres ( Trafalgar Square- con la comuna dedicada a Nelson), sino también en numerosas ciudades españolas, al ser nuestro país el escenario de la sangrienta lucha. También se ha llevado este episodio al cine y a la literatura, sobresaliendo en este último ámbito “Trafalgar” (1873), la primera novela de los “Episodios Nacionales”, de Benito Pérez Galdós, y “Cabo Trafalgar” (2004), de Arturo Pérez-Reverte. Este talento literario es llamado a detallar lo acontecido allí por la trascendencia de una batalla que desde el principio tenía escrito en su destino que iba a ser una de las más dolorosas, sangrientas e incluso épicas de la historia de España.

“Un hombre tonto no es capaz de hacer en ningún momento de su vida los disparates que hacen a veces las naciones, dirigidas por centenares de hombres de talento”, escribió Galdós en este Episodio Nacional (no digamos nada cuando los dirigentes carecen de talento).

BIBLIOGRAFÍA.

AGUADO BLEYE, Pedro. “Historia de España” Espasa Calpe. 1956.

JOVER, ZAMORA, José María. “Características de la política exterior de España en el siglo XIX”. Marcial Pons. 1962.

PALACIO ATARD, Vicente. “La España del siglo XIX”. Ed. Espasa- Calpe. 1981.

PÉREZ GALDÓS, Benito. “Episodios nacionales”. Ed Aguilar. 1968.

 

 

TERESA CABARRÚS GALABERT

En esta semana que conmemoramos el levantamiento del pueblo español contra los franceses, traigo a colación a una heroína española durante la Revolución Francesa. Muchas veces hemos hablado de heroínas, pero pocas con una vida tan peculiar como la que tratamos hoy: “Teresa Cabarrús”. Su heroicidad se dio en los tempos del “Terror” republicano francés, salvando miles de vidas.

Teresa nació en Madrid en 1773, en Carabanchel- por entonces lugar de veraneo y recreo de las elites madrileñas-. Su nombre completo era Juana María Ignacia Teresa Cabarrús Galabert, era hija de un comerciante francés, nacido en Bayona, pero que vivió toda su vida en España, Francisco Cabarrús.

Aquel francés, casado con una valenciana, Antonia Galabert,  poseía grandes cualidades para las finanzas y una visión modernizadora de la sociedad que en aquel momento iba ligada a la ilustración, lo que le granjeó la amistad de Jovellanos, Campomanes, Floridablanca y Aranda durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.

En 1782 proyectó el Banco de San Carlos (del que fue director), que con el tiempo se convirtió en el Banco de España. También creó la real Compañía de Filipinas e inició el Canal Cabarrús- hoy Canal de Isabel II-. Se interesó en hacer navegable el río Llobregat en Barcelona, lo que dio impulso económico a la zona. Además de financiero fue diplomático y, en 1789, Carlos IV le otorgó el título de conde de Cabarrús, con grandeza de España. Fue ministro de Hacienda con José Bonaparte, como afrancesado que era, y falleció en Sevilla en 1810.

A su hija, Teresa, para evitar un matrimonio inoportuno, la envió a estudiar a Francia, cuando la niña contaba con 12 años.

Teresa recibió una buena educación. Alegre, simpática, ingeniosa y lista. Con facilidad de palabra, don de gentes y muy guapa tenía todos los elementos para destacar, lo que le gustaba sobre manera, y destacó, vaya si lo hizo, en especial en asuntos del corazón.

A los 15 años, en 1788- un año antes del estallido de la revolución francesa- se casó con Jean Jacques Devin, consejero del Parlamento y futuro marqués de Fontenay. Su primer hijo nace el 2 de mayo de 1789. En los fastuosos salones de su palacete parisino, Teresa Cabarrús brillaba en las fiestas, y se rodeaba de lo más granado de la política moderada. Ideológicamente, al principio de la Revolución fue como su padre, una progresista que creía en la Revolución. Pero cuando ésta adquirió determinados tintes sangrientos y se encontró con que familiares suyos, amigos y gente que conocía estaba sufriendo, sus posiciones cambiaron.

El régimen del Terror está considerado como la primera dictadura instaurada en Europa. El absolutismo monárquico anterior tenía tintes diferentes, paternalistas, absolutistas, pero no totalitarios. El Terror se acaba definiendo por las masacres y la persecución de todas aquellas personas y medidas consideradas como antirrevolucionarias, fue una caza de brujas. Teresa siempre se movió sobre una cuerda floja. “Fue una de las pocas mujeres que intervinieron activamente en la política revolucionaria y que vivió lo suficiente para contarlo, subraya la historiadora Carmen Iglesias. Muchas de los aristócratas horrorizados con Robespierre, fueron encarceladas.

Robespierre, procedente del club de los Jacobinos y líder de la “Montaña, quería acabar con los girondinos, más moderados, menos a la izquierda, y con los que se habían aliado las provincias sublevadas que protestaban contra la radicalización de la revolución y la violencia. La vigilancia se había vuelto extrema, las ventas de las propiedades confiscadas se dispararon y las matanzas de los considerados contrarrevolucionarios alcanzaron cifras impensables. Víctimas de la Revolución, el 21 de enero de 1793 el rey fue guillotinado y nueve meses después, mataban a María Antonieta.

La vida en París se tornaba cada día más asfixiante. Los Fontenay se trasladaron a Burdeos: él, como escala hacia la Martinica; ella, para quedarse. Le parecía buen sitio, suficientemente lejos del peligro parisino y más cerca de España. Y un refugio donde sentirse una ciudadana más. Aprovechando la reciente ley del divorcio,  se divorciaron en 1793; Teresa contaba con 20 años de edad.

En Burdeos se instaló al mando del gobierno el extremista Jean-Lambert Tallien. Se iniciaron ejecuciones por guillotina en la plaza a imagen y semejanza de la de la parisina plaza de la Revolución. Los primeros en probarla fueron los simpatizantes girondinos del Consejo Municipal, cuyas riquezas fueron a parar en parte al Estado y en parte a Tallien. Se creó un Comité de Vigilancia y un tribunal revolucionario, y se amplió la lista de sospechosos, que afectaba a Cabarrús por partida triple: por haber ido a un lugar federalista huyendo de París, por exmarquesa y por esposa (pese al divorcio) de un emigrado.

La consecuencia lógica fue que Teresa acabó en prisión. A través de diferentes circunstancias, Tallien conoció y se enamoró de Cabarrús, la liberó y se hicieron amantes. Teresa, se mudó a la casa “ocupada” por Tallien, el hôtel Franklin, un oasis de lujo en medio de la penuria y el horror. Allí recibía a los ciudadanos en lo que alguno ha denominado “gabinete de favores”; conocía de las penurias ciudadanas y, sobre todo, de las súplicas de los familiares de los arrestados. Ejerció de intercesora ante Tallien y logró la reducción drástica de los condenados a muerte. Entre diciembre de 1793 y marzo de 1794, el número de ejecuciones se redujo a casi la mitad. “Desde hace varios meses, no me he acostado una noche sin haber salvado alguna vida”, reconocería. Si bien Tallien aceptaba dádivas a cambio de perdonar a sus víctimas, a ella le movía la compasión. Asimismo,  a instancias suyas, se disolvió el Comité de Vigilancia. Pasó a ser conocida como “el ángel de Burdeos” o “Nuestra Señora del Buen Socorro”.

Robespierre, tenía espías siguiéndola con la intención de lograr detener a Tallien. Siendo conocedor de su actividad, encarceló a Teresa en la cárcel de la Force, donde conoció y se hizo muy amiga de Josefina Rosa Beauharnais, futura Josefina Bonaparte. Era mayo de 1794.

Tallien no podía ayudarla, al menos públicamente, y la repudió: “No deseo interferir de ningún modo. Las autoridades que arrestaron a estas personas tienen sus razones. Se apresurarán a impartir la justicia que ellas merecen. Un representante del pueblo traicionaría su deber y mancillaría su carácter si interviniese en defensa de sospechosos”.

Por entonces, el Terror mostraba su punto álgido, 7.800 presos se hacinaban en las cárceles de París; una ley que negaba el derecho a abogado y solo dejaba dos alternativas: absolución o muerte. Con una media de sesenta ejecuciones al día, los ciudadanos no podían soportar la situación. El Terror cada día tenía más enemigos.

La situación de Teresa esa desesperada y sabía que, a pesar de todo, sólo Tallien podría ayudarla.

Se cuenta que desde la cárcel escribió a Tallien con el siguiente mensaje: “Mañana compareceré ante el tribunal, es decir, subiré al cadalso”.Se parece muy poco al sueño que he tenido esta noche pasada: Robespierre ya no existía y las cárceles estaban abiertas de par en par. Pero gracias a tu cobardía, no habrá nadie en toda Francia capaz de realizar mi sueño”. Es muy poco probable que escribiera y, sobre todo, lograra enviar esta carta, por cuanto la seguridad de la prisión, lógicamente, lo hubiera impedido. Pero el romanticismo de la época así lo ha recogido y para un sector de la población está fue la realidad.

Con carta o sin ella, Tallien, expulsado del Club de los Jacobinos, preparó el derrocamiento de Robespierre junto a otros conjurados, como Fouché, responsable de incontables muertes en Lyon, y Barras, de otras tantas en Marsella y Tolón. Robespierre los acusó de hacerse con la riqueza de la República, pero a su favor constaban las victorias francesas frente a la coalición europea y el creciente rechazo popular al Terror.

Tallien logró en la Asamblea gracias a sus vibrantes discursos granjearse el favor de la mayoría y ser nombrado presidente de la misma. Allí, en una de sus más célebres intervenciones, interrumpiendo el discurso de Louis Antoine de Saint-Just, mano derecha de Robespierre, y exigiendo que se dijera quiénes eran los culpables, señaló: “Ayer, un miembro del gobierno [Robespierre] se aisló él mismo, pronunciando por su cuenta un discurso; hoy, otro hace lo mismo. Intentan precipitar al país al abismo. Pido que se descorra completamente el velo”.

Robespierre se percató de la maniobra e intentó hablar, pero las voces clamando “¡Abajo el tirano!”, acallaron la suya. Tallien volvió a adelantársele, y desde el estrado exhibió su daga y le llamó déspota y traidor: “Ayer vi formarse el ejército de Cromwell [haciendo referencia a la conjura que trajo la república a Inglaterra en 1653], y me armó con una daga para clavarla en su pecho si la Convención tenía la valentía de acusarlo”. El levantamiento en la Asamblea y en París obligó a Robespierre a abandonar la sala y se refugió en el Hôtel de Ville. Cuando los soldados entraron a por él, intentó suicidarse pegándose un tiro, pero se fracturó la mandíbula. El golpe de Estado había triunfado. Era el 9 de Termidor (27 de julio de 1794), que supuso la ejecución de Robespierre en la guillotina. El Terror se había acabado, y Teresa recibía un apodo más: “Nuestra Señora de Termidor”.

En diciembre de ese mismo año, Teresa Cabarrús se casó con Tallien.

El periodo que le sucedió, el Directorio, fue un momento dulce para Teresa, cuya popularidad crecía al ritmo que menguaba la de su marido. Ante el previo pavor, la sociedad parisina había respondido con una explosión de alegría y desenfreno que también encontró su reacción desde el punto de vista estético. Se puso de moda el atuendo de estilo grecolatino, de talle alto y elaborado con tejidos blancos y casi transparentes como la muselina. La moda era llevarlos mojados, para conseguir un efecto más pegado al cuerpo, lo que era considerado por muchos como indecente e intolerable. Una de las lideresas de este estilo fue Teresa Cabarrús, que llevaba vestidos con amplias aperturas y sandalias con anillos en los dedos de los pies. Asimismo, la joyería de madame Tallien era famosa y envidiada. Posiblemente la pieza más llamativa que llevó fue un brazalete con forma de serpiente de oro, esmaltada, con una cabeza cortada a partir de una esmeralda gigante. Volvieron las grandes fiestas y volvió a ejercer de anfitriona para políticos y militares como el joven Bonaparte. Josefina era una invitada asidua en casa de Teresa, allí conoció a Napoleón. En este periodo nació la segunda hija de Teresa, bautizada como Josefina en honor a su amiga, de la que era ahijada.

Sin embargo, sus excentricidades en el vestir, la caída en popularidad de su marido y las ganas de olvidar momentos pasados y diferenciarse de ellos, hicieron que Napoleón, casado ya con Josefina, prohibiera a ésta volver a ver a Teresa.

La desaprobación pública de Teresa creció: sus atuendos, antes imitados, ahora eran objeto de crítica por su transparencia. Tampoco su matrimonio con Tallien llevaba buen camino y volvió a divorciarse, lo que, en aquel momento, no está bien visto.

Con su belleza aún esplendorosa, se casa por tercera vez. En esta ocasión con François-Joseph-Philippe de Riquet, conde de Caraman y príncipe de Chimay, con el que tuvo otros tres hijos. Se refugió en la familia, la beneficencia y la música. No quería por lo más mínimo perjudicar la carrera política tanto de su marido y la vida de sus hijos. Desapareció de la vida pública y se instaló en Chimay, donde se hizo querer por su mecenazgo, particularmente de la música, sus obras de caridad. En honor de su esposa, el príncipe hace construir en Chimay un asilo de ancianos y un hospicio para niños pobres y un teatro, que aún hoy sigue siendo foro de importantes conciertos.

Teresa falleció rodeada de los suyos, en 1835.

Sin embargo, su amor por la moda fue heredado por sus descendientes, especialmente famosa fue su bisnieta, la condesa Greffulhe, famosa por su estilo en el vestir y por ser la musa de Marcel Proust.

Su padre fue un gran financiero y político; sus maridos, hijos, nietos y bisnietos, personas destacadas de la sociedad, como lo fue ella misma. Pero nadie debe olvidar el papel de la española Teresa Cabarrús como ángel salvador de miles de personas y contribuyó a la caída de la dictadura del «Terror» de Robespierre durante la Revolución Francesa.

BIBLIOGRAFÍA

DIAZ-PLAJA, Fernando. “Teresa Cabarrús. Una española en los destinos de la Revolución Francesa”. Ed Olimpo. 1943.

POSADAS, Carmen. “La cinta roja”. Editorial Espasa. 2008.[novela]

Religiónenlibertad.com . “Una española en la Revolución Francesa: Teresa de Cabarrús. “Notre Dame du Bon Secours””. Enero de 2016.

 

 

 

ROJIGUALDA.

No es extraño que las comunidades, incluso las más primitivas, tengan algún símbolo que las identifique frente a otros grupos. En España uno de los primeros símbolos, si no el primero, fue el penacho de color rojo que llevaban los íberos en sus cascos de bronce. También fue roja la escarapela de los gorros militares españoles hasta su sustitución por la bicolor a mediados del siglo XIX. No por casualidad el color rojo se convirtió en el color nacional por excelencia.

Con los Reyes Católicos las banderas del nuevo Estado unen en sus escudos las armas de Aragón y Castilla. En términos descriptivos no heráldicos: Castillos con tres almenas sobre fondos rojos, la almena del medio de mayor altura, leones rampantes sobre fondo blanco de los castellanos y barras rojas y amarillas del mismo tamaño en posición vertical o partidas con flancos blancos sobre los que se asienta un águila negra, que hacía referencia al reino de las Dos Sicilias. (En términos heráldicos: cuartelado en el que se alternaban las armas de Castilla (de gules, y un castillo de oro almenado de tres almenas, con tres homenajes, siendo el de en medio mayor. Además, cada homenaje tiene también tres almenas. Mamposteado de sable y aclarado de azur) y León (de plata y un león de púrpura, coronado de oro, lenguado y armado de gules), con las de Aragón (de oro y cuatro palos de gules) y las Dos Sicilias (partido y flanqueado, jefe y puntas de oro y cuatro palos de gules, flancos de plata y un águila de sable, coronada de oro, picada y membrada de gules[1]). Posteriormente, tras la conquista de Granada en 1492 se añadió el emblema de este reino, una granada (de plata y una granada al natural, rajada de gules, tallada y hojada de dos hojas de sinople)[2].

Ese ajedrezado en forma de cuadrícula con la corona encima y todo ello sujeto por el Águila de San Juan, con el yugo y las fechas en los laterales inferiores, símbolos de la unión y la fuerza, y, a los pies, el lema “tanto monta, monta tanto”, fue el primero de los escudos de España elegido Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla como armas comunes en 1475.

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Con Juana I se unió al escudo la cruz de San Andrés o aspa de Borgoña, que, si bien procedía de la presencia de Felipe, el hermoso, es decir, tenía origen extranjero, no era extraña a los españoles pues había sido utilizada por algunas milicias del norte de España. La cruz de San Andrés se convertiría, más tarde, en el símbolo hispano muy destacado, pasando a tomar carácter secundario el color del paño donde se bordara. Esta cruz alcanzó carácter tan español porque las tropas hispanas lo llevaban bordado en sus ropas, a modo de distinción en la batalla, ya que entonces no existían uniformes y los soldados vestían de civil y sólo el símbolo de cada país los identificaba.

Con Carlos I, las tropas, aún sin uniforme, seguían identificándose con la cruz de san Andrés, que también se llevaba a modo de bandera a la que se unía otra, símbolo de los Austrias. Esta era de seda amarilla con el Escudo Imperial bordado.

Carlos I transforma el escudo de los reyes católicos para incorporar a él sus armas, con lo que se unen los símbolos tradiciones de los reinos españoles a los de la casa de Austria, de borgoña, Brabante, Flandes y el Tirol (que se manifiesta esencialmente en el águila bicéfala que sirve de soporte). Cambia la corona real por imperial, que se coloca encima del águila y se añaden las columnas de Hércules con la leyenda «Plus Ultra«, en representación del Imperio ultramarino. Finalmente, rodea el escudo el collar del Toisón de Oro, en conmemoración de que Carlos I era soberano de dicha Orden.

El escudo resultaba ciertamente abigarrado:  https://www.pinterest.es/pin/292593307033557517/

Los sucesores de Carlos I descargan el escudo de ornamentos externos, sustituyen la corona imperial por la real y mantienen el Toisón, que a partir de entonces permanecerá en todos los escudos reales.

En 1580, Felipe II de España se proclama rey de Portugal e incorpora las armas del nuevo reino al escudo, que se mantienen hasta que reconoce la independencia portuguesa en 1668.  Se puede ver en el enlace este escudo, donde la representación de Portugal se produce por un pequeño escudete de plata (blanco) y cinco escudetes en azur (azul), puestos en cruz con cinco dineros en plata (blancos) puestos en sotuer (aspa o cruz), bordura de gules (borde de color rojo vivo) con siete castillos de oro. Situado en la parte superior del escudo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Felipe_II.svg

La llegada de los Borbones, con Felipe V, en el siglo XVIII determina un cambio de filosofía en los símbolos y aunque aún no hay una bandera propia, si se atisban los orígenes de la misma.

En primer lugar, Felipe V dará un símbolo unificado y propio a España. Antes, los símbolos, como hemos visto, procedían del escudo real. Felipe V establece una tela blanca con el aspa de borgoña (Cruz de San Andrés) y el escudo, muy parecido a los anteriores, añadiendo la flor de lis de los Borbones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Felipe_V_de_Espa%C3%B1a_Tois%C3%B3n_y_Espiritu_Santo_Leones_de_gules.svg

La actual bandera de España, nació bajo el reinado de Carlos III

La historia de nuestra bandera surge por la necesidad de distinguir a los barcos de la flota española. Hasta ese momento, los barcos iban con el distintivo real, el cual, en el caso de los borbones y como hemos señalado antes, se establecía sobre un fondo blanco y el escudo de la corona en medio. El mismo fondo blanco que tenía media Europa como color principal en sus banderas: Francia, Gran Bretaña, Sicilia, Toscana y otras naciones, lo que dificultaba distinguir al enemigo en los enfrentamientos navales.

Para solucionar el problema, Carlos III mandó a su ministro de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán, que elaborase una nueva bandera destinada únicamente para uso naval. Valdés convocó entonces un concurso y escogió los mejores bocetos, que presentó al Rey para que tomase la decisión final. Carlos III eligió aquellos que permitieran la visibilidad a gran distancia.

El rey eligió dos modelos diferenciados por el tamaño de las franjas para distinguir a la Marina de Guerra y la Mercante, pero en ambos casos los colores elegidos eran el rojo de la Corona de Castilla y las franjas rojigualdas de la corona de Aragón, pero con la peculiaridad de que se constituyeran en horizontal con la banda amarilla en medio y de doble tamaño que las dos laterales de color rojo y el escudo se situaba en la franja amarilla en su lado izquierdo. El escudo consistía en un óvalo dividido verticalmente en dos mitades en la de la izquierda figuraba sobre fondo rojo el castillo tradicional del escudo desde los Reyes Católicos y, a la derecha, sobre fondo blanco, un león rampante. Todo el conjunto se remataba con la corona real.

https://www.arenaldesevilla.com/banderas-de-espana/bandera-espana-1785-carlos-iii-129-.html

Desde el 28 de mayo de 1785 se usó esta bandera, aunque aún no tuviera la consideración formal de bandera nacional

Durante el reinado de Carlos IV, el uso de la bandera se va extendiendo alcanzando su cenit durante la Guerra de la Independencia. Será durante el reinado de Isabel II cuando la bandera llegará al Ejército de Tierra con el Real Decreto del 13 de octubre de 1843, y la consideración de bandera nacional.

La bandera no cambió sustancialmente ni en el reinado de Amadeo I de Saboya ni en la Primera República. Lo que se modificaron fueron los escudos.

Este era el escudo de la I República:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_del_Gobierno_Provisional_y_la_Primera_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.svg

La Segunda República ejecutó la idea de poner una banda morada en la línea inferior, que se había barajado y finalmente desechado durante la I República. También se cambió el himno nacional.

El decreto del bando nacional de 29 de agosto de 1936 señala: “Se restablece la bandera bicolor, roja y gualda, como bandera de España”. Tras la victoria de los nacionales en 1939 se impuso definitivamente la insignia bicolor acompañada del águila de San Juan.

Ya en democracia, el Rey Juan Carlos I sancionó el Real Decreto 1511/1977, que regulaba banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos. La Constitución Española, artículo 4.1, constitucionaliza que “la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. También hay que destacar en esta normativa la  “Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas”. A ella se une el escudo actual que es casi igual al de la II República, excepto que en vez de coronar el escudo un castillo lo hace una corona, y que se le añadió el emblema de los borbones – un escudete enmarcado con tres flores de lis situado en medio de cuartelado -.

 

BIBLIOGRAFÍA

https://www.heraldicahispanica.com/escudo-de-espana/evolucion-del-escudo-de-espana/

GÓMEZ HERRERA, Rafael Luis. “Compendio de las banderas de España”. Ed Sociedad española de Vexilología.

Diferentes leyes.

[1] https://www.heraldicahispanica.com/escudo-de-espana/evolucion-del-escudo-de-espana/

[2] Op. Cit.

El Afianzamiento de la Nación Española. La Constitución de Cádiz

La guerra de independencia se produce en un entorno histórico en el que se disputa la preeminencia francesa con sus ideas revolucionarias exportadas por medio de los ejércitos napoleónicos frente a la sublevación de los que no se dejan dominar, dando lugar a diferentes guerras nacionales de liberación. Por otro lado y desde el punto de vista meramente político, el ambiente europeo está impregnado de los postulados de la ilustración y del constitucionalismo francés y norteamericano, o siguiendo un patrón más amplio, imbuido de las, llamadas por Palmer, revoluciones atlánticas. En todas ellas el elemento característico nace del equilibrio de poderes, en la eliminación de la ostentación del poder por una persona o grupo de ellas, dueños del poder político, para pasarlo a todos los ciudadanos. Realmente, este proceso de reformas, las emprendidas u otras, hacía tiempo que los ilustrados de toda Europa, españoles incluidos, veían como una necesidad para que el “Antiguo Régimen” pudiera ser útil.

Siguiendo ese patrón, en España los mayores avances los habían hecho los tres primeros Borbones (olvidándonos a Luis I), es decir, Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Incluso en el reinado de Carlos IV, Godoy intentó continuar las reformas de los brillantes reyes anteriores. Pero la situación colapsó por la intervención napoleónica, favorecida por las disensiones entre Carlos IV y Fernando VII, que culminan con la Abdicación de ambos en favor de Napoleón y el establecimiento de un Gobierno francés bajo el reinado de José I.

A partir de aquí, es el gobierno del rey intruso el que dirige las instituciones tradicionales de España, inutilizándolas a ojos de los españoles. En la búsqueda hispana de  un gobierno legítimo, se idean varias soluciones:1) la afrancesada, que consistía en plegarse al invasor y a su superioridad, 2) la que toscamente buscaba la vuelta antiguo régimen, inmovilista y radical, y (3), en medio de ambas, la España patriótica ilustrada, la que superaba la distancia entre aquellos dos polos, la España de los que se mantenían fieles a la Independencia de España y firmes ante la necesidad de revisión que el momento exigía, la España de los que reivindicaban las reformas brillantes que imperaron durante todo el SXVIII, las que dieron a España y a sus provincias americanas una enorme estabilidad y prosperidad.

En la búsqueda de un gobierno legítimo, esa España ilustrada y patriótica analiza las bases de nuestra nación, de su Historia y tradiciones y así, por un lado, recupera la teoría de la escolástica española de la “Traslatio Imperii” según la cual la soberanía era otorgada por Dios al pueblo y este se la transmitía al monarca. Por otro lado, los ilustrados, iusnaturalistas, apelaban a la idea de contrato social que había sido recogido como base de la revolución francesa. En ambos casos la idea de soberanía residía en el pueblo de una manera más o menos inmediata. En el caso de los escolásticos, se pensaba que el pueblo transmitía al rey la titularidad de la soberanía y el ejercicio de la misma; los segundos, los liberales, consideraban que sólo se transmitía el ejercicio y no la titularidad. En todo caso, ante la usurpación del poder, como eran las circunstancias de España en 1808, el pueblo recuperaba lo que le era propio y lo administraba hasta encontrar al gobierno legítimo.

La combinación de ambos postulados será una de las características peculiares de la España de entonces. España durante todo el S.XVIII se había imbuido de los preceptos ilustrados, pero manteniendo la esencia de su personalidad como nación, sintiéndose orgullosa de su pasado, de su gran presencia en América, que ya quisieran los imperios británicos o francés poder contar, siendo la precursora de los Derechos Humanos por aplicación de las más profundas convicciones católicas. España había antepuesto los intereses nacionales a otros fines, logrando un siglo de brillante desarrollo y modernización, como posiblemente no encontremos otro en nuestra Historia y, sin embargo, algo se torció a finales de siglo XVIII y durante todo el S.XIX.[1]

La invasión napoleónica vino a trastocar el desarrollo iniciado por un miedo a la aplicación que Francia había hecho de la ilustración, con revolución, fin de la monarquía, terror… y que parecía ahora venía de la mano del invasor.

La España popular, aquella que constituía la base de la nación, aquella que había ido asimilando poco a poco la esencia nacional desde la Hispania romana, la unidad visigoda y la Reconquista, reaccionaba contra el invasor, sin más ideología que la defensa de lo suyo y de su rey.  Son los intelectuales los que se dan cuenta de que hay que dar una estabilidad política a aquella reacción, en cómo hacerla está la diferencia. Unos buscaban una España reformada, pero sin revolución, al modo inglés. Tenían una idea pactista de la Constitución, poniendo límites al ejercicio del poder del Soberano, estableciendo una soberanía compartida entre Rey y Cortes que permitiera una representación tradicional de ciudades con derecho al voto, en una cámara estamental y una segunda, provincial, elegida por sufragio popular. Entre ellos y como cabeza destacada estaba Jovellanos y también Floridablanca. Por otro, un grupo más radical consideraba la soberanía como propiedad exclusiva del pueblo, con división clara de poderes y el reconocimiento de derechos y libertades ciudadanas. Ésta segunda era una posición mucho más revolucionaria que reformista, al gusto francés, pero sin ser afrancesados sus partidarios, por eso seguían apelando a la Constitución histórica española. Formaban lo que pronto pasó a denominarse liberales, voz de origen hispano que así se extendió por el mundo.

La expresión de este grupo de patriotas, más moderados unos, más radicales otros, queda manifiesta en las palabras de Jovellanos al general Sebastiani cuando le propuso formar parte del gobierno de José I: “Señor General. Yo no sigo un partido, sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria, que unánimemente adoptamos los que recibimos de su mano el augusto cargo de defenderla y regirla, y que todos hemos jurado seguir y sostener a costa de nuestras vidas. No lidiamos, como pretendéis, por la Inquisición ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de los Grandes de España; lidiamos por los preciosos derechos de nuestro Rey, nuestra Religión, nuestra Constitución y nuestra independencia… [Y por] el deseo y el propósito de regenerar España y levantarla al grado de esplendor que ha tenido algún día y que en adelante tendrá, es mirado por nosotros como una de nuestras principales obligaciones”[2].

Cabe señalar que Napoleón creyó que otorgando una constitución liberal a España apaciguaría el levantamiento nacional contra sus tropas, pero no fue así. Así nació la Constitución de Bayona en 1808. La Constitución de Bayona, realmente una carta otorgada, de carácter liberal en apariencia si bien dominada por el autoritarismo napoleónico, es confesional, al modo tradicional español, y en sus 146 artículos intenta sofocar las instituciones del Antiguo Régimen estableciendo una reforma política, social y económica que potencie a la burguesía y debilite a la nobleza. No establece un listado de derechos, pero recoge varios y asimismo reconoce representación a las provincias de ultramar.  Su presencia, aunque rechazada por los españoles, no dejó de ser importante para crear el ambiente propicio a los cambios que se darán en España. De hecho, en Cádiz, llaman como experto para que ayudar en la redacción de la Constitución gaditana a Ranz Romanillos, que había participado en la redacción de la de Bayona.

Por su parte, en el gobierno de los españoles, aquellos postulados políticos nacionales y patriotas que se daban en los sectores ilustrados se vieron representados, en las Juntas provinciales y locales, que nacieron como oposición político-organizativa de la nación frente al invasor. En ellas tienen acomodo todos los estamentos sociales, intelectuales, nobles, pueblo llano, clero. Muchas de aquellas Juntas apelaron a las instituciones tradicionales y asumieron el poder en nombre del que creían era su legítimo dueño- el rey Fernando VII-. En las juntas se recogen los postulados del poder legítimo nacional nacido de la Historia, la escolástica, la tradición y la modernidad con todas sus variaciones y divergencias. Pero en su organización, las Juntas se mostraban como una amalgama de poder acéfala; patriota, pero sin un camino unitario, en medio de una guerra emprendida por el pueblo español, sin una coordinación unívoca. Esa tendencia se revierte cuando se opta por la formación, en septiembre de 1808, de una Junta Central y con ella un movimiento centralizador que fue, con el tiempo, limando el poder provincial, pero dejando en sus manos algunas competencias destacadas: alistamiento, recaudación, órganos periféricos del Gobierno central, daría lugar a la estructura provincial bajo el principio de desconcentración y coordinación que será esencial en la futura estructura administrativa de España. Pero, antes de culminar ese proceso, la Junta Central (la Derrota de las tropas españolas en Ocaña en noviembre de 1809 lleva a la Junta a Refugiarse en Cádiz), tenía la obligación para seguir ahondando de un proceso político de representación de la España invadida frente al usurpador y, por ende, de convocar Cortes, como órgano de representación política de la soberanía. La primera Junta que señala la necesidad de convocar Cortes fue la de Asturias, y el primer decreto de convocatoria de Cortes se dictó el 22 de mayo de 2009

La propia convocatoria fue complicada por su ánimo de incluir a todos los sectores nacionales. Para los trabajos preparatorios, se nombró una Comisión de Cortes, que elaboró una “Instrucción que deberá observarse para la elección de los diputados en Cortes”, debida a Jovellanos, es decir, bajo los principios reformistas no revolucionarios, pero buscando un camino intermedio entre ambos. Por eso en los futuros escaños se pretendía una representación popular (un diputado por cada cincuenta mil habitantes), una representación territorial (un diputado por cada Junta superior provincial) y una representación estamental (ciudades, grandeza de España y sector eclesiástico). Como apoyo a aquella Comisión se nombró una Junta de Legislación cuyo trabajo, fijado en otra Instrucción del mismo Jovellanos, tenía como objetivo “meditar las mejoras que pueda recibir nuestra Legislación, así en las Leyes fundamentales como en las positivas del Reino y proponer los medios de asegurar su observancia”. Es decir, se admite la posibilidad de reformar las leyes constitucionales de España, lo que sin duda supuso el punto más conflictivo. Al frente de esta Junta estaba Agustín Argüelles, un liberal que pretendía una revolución más que una reforma. De hecho, en los trabajos de esta comisión se inició la redacción de una nueva constitución, en contra de la posición de Jovellanos y otros ilustrados. El prócer asturiano sostenía que España ya tenía una constitución formada por las leyes que fijan los derechos del soberano y de los súbditos, y contaba con los medios necesarios de preservar unos y otros. Para Jovellanos aquellas leyes no habían sido postergadas o destruidas por ningún dictador, por tanto, si faltase alguna medida para conseguir su observancia debía establecerse, pero no era necesario sustituirlas por otra norma suprema. [3]

Sin embargo, los liberales consideraban que la desidia, la ignorancia y el abandono que se habían hecho de aquellas leyes constitucionales de España habían tenido como consecuencia su inutilidad, habían dejado de tener efecto.[4]

Se inicia así un proceso constituyente en el que la Junta central se disuelve en manos de una regencia, formada por cinco miembros, que se propuso la dirección de la guerra y la reestructuración del Estado y que hace el llamamiento a cortes, constituyentes y extraordinarias, el 1 de enero de 1810.

Llamamiento que abarcaba sólo a los representantes de las provincias y de las ciudades con voto en Cortes. Aunque no hubo un primer llamamiento por estamentos, la reunión final sería La representación en las Cortes generales de la nación elegidos electoralmente y por Estamentos (nobleza, clero y estado llano) como en el Antiguo Régimen. Se procedió a la elección de los representantes de la nación, así como, a los suplentes de América y Asia y de las provincias ocupadas por el enemigo que no pudiesen elegir libremente a sus diputados[5] (No se sabe cómo se realizaron estas elecciones en medio de un país ocupado por los franceses en su mayor parte. Previsiblemente tendrían un carácter clandestino y la participación sería muy baja. De ahí que se recurriera a un sistema de suplentes nombrados entre los oriundos de cada región residentes en Cádiz). Finalmente, las Cortes se reunieron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810. Se reunieron en cámara única. Su composición fue la siguiente: eclesiásticos, 97; catedráticos, 16; militares, 37; abogados, 59; funcionarios de diferentes Cuerpos, 54; grandes propietarios, 15; médicos, 2; otras profesiones populares, 20. En total, 300 diputados; de ellos 30 representaban a las provincias de ultramar. Todos juran defender a su legítimo Rey Fernando VII. Sin embargo, por los avatares de la guerra no se reunieron nunca los 300.

Como la guerra hacía peligrar la estancia de las Cortes en la isla de León, decidieron trasladar la sede de las reuniones a Cádiz capital. La última sesión en la isla de León fue el 20 de febrero de 1811 y la primera en Cádiz el 24 del mismo mes.  Tras ocho meses de discusiones parlamentarias, la constitución fue promulgada el día 19 de marzo de 1812, aniversario de la subida al trono de Fernando VII y fiesta del patriarca San José, motivo por el cual, el pueblo comenzó a festejar su aprobación con el famoso grito de “viva la Pepa”.

En su estructura es una constitución muy extensa de 384 artículos divididos en 10 títulos, eminentemente rígida al analizar su sistema de reforma, si bien no consideró necesario establecer un control constitucional de las leyes.

En su contenido, la Constitución de 1812, a pesar de todas las tendencias ideológicas vistas, con toda la buena voluntad, logró un texto que unía la soberanía popular, los derechos del Rey, con las exigencias de los liberales, que en última instancia fueron los más influyentes en el texto. Redactada esencialmente por Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero, Evaristo Pérez de Castro y el ya nombrado Romanillos, enlazaba con las leyes tradicionales de la Monarquía española, pero, al mismo tiempo, incorporaba principios del liberalismo democrático tales como la soberanía nacional y la separación de poderes. Es decir, se proclama constitucionalmente la existencia de la soberanía popular, no del rey o compartida entre ambos, el rey no lo era por origen divino sino por la gracia de Dios y la Constitución; el poder recaía, pleno y supremo, en esa Nación como Ente distinto de los individuos que la integran.

Como consecuencia de ello, la Corona veía limitado su poder, conservando una participación en el Poder legislativo, con una tímida iniciativa y un veto suspensivo, así como la titularidad del Poder ejecutivo, aunque sus actos debían ser refrendados por los Secretarios de despacho. Se introduce, por tanto, el principio de separación de poderes, siguiendo los modelos de las constituciones francesa de 1791 y norteamericana.

La constitución presenta algunos otros elementos destacados y dignos de mención:

  • Fue una constitución demasiado extensa y prolija en algunos aspectos. Entró a regular materias que deberían haberse dejado al Legislador o incluso al propio Ejecutivo. Así, por ejemplo, se extiende en detalles relativos a la regulación de los poderes del Estado y del régimen electoral. Lo que no es más que la muestra de aquello que realmente preocupaba en el momento, la auténtica revolución interna que era la limitación del poder monárquico y la ostentación de la representación del poder popular por parte del Parlamento a través de las elecciones.
  • Las Cortes se organizaban en una Cámara única, pues se temía que el clero y la nobleza consiguieran apoderarse de una Asamblea de Próceres, obstaculizando la renovación política, social y económica que se pretendía operar. Quizá para evitarlo redactaron algunos artículos ciertamente curiosos como artículo 6 que señala: “el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y así mismo ser justos y benéficos”. Asimismo, y posiblemente con la intención de conducir al monarca, sobre el que recaía el poder ejecutivo en el artículo 13 se expresaba en los siguientes términos: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.
  • Aunque no se estableció un listado de derechos y se negó el derecho de libertad religiosa (España se proclamaba como estado confesional), sí hubo un reconocimiento a determinados derechos como la libertad de pensamiento y expresión de una manera muy amplia, aunque limitado por una censura en aquellos aspectos en los que se mancillara a la religión; se establece la libertad personal; el derecho de propiedad; derecho a la educación elemental con la obligación de un Plan nacional unitario para toda España; libertad de imprenta; derecho al sufragio activo y pasivo, el primero universal masculino y el segundo censitario, con lo que, para ser candidato era necesario poseer una renta anual procedente de bienes propios …
  • A los derechos anteriores hay que unir una serie importantísima de preceptos en materia penal y civil que se mantienen vigentes en la actualidad como, la inviolabilidad de los diputados con tribunales especiales que los juzguen, la inviolabilidad del domicilio, la posibilidad de poner fin al arresto mediante fianza, la imposibilidad de arrestar sin ser informado de los derechos, de la existencia de orden judicial o la limitación de imponer penas físicas…

Tras la derrota de Napoleón, las fuerzas del Antiguo Régimen pretendieron volver al lugar político que ocupaban antes de la Revolución Francesa, pero ya su presencia no se hacía con la armonía de un sistema que había evolucionados desde la Edad Media, como solución y aplicación del Estado-Nación, sino en sus maneras absolutistas más radicales, que en España encontraron en Fernando VII un defensor a ultranza. Derogó la Constitución de Cádiz en 1814, pero tras el pronunciamiento de Riego en 1820, se vio obligado a jurarla de nuevo, iniciándose así el Trienio liberal.

Con ello terminó la vigencia de la Constitución de Cádiz, pero no su influjo, que gravitó sobre la política nacional, directamente hasta 1868, e indirectamente, durante el resto del ciclo liberal hasta nuestros días. Tuvo además una gran influencia fuera de España, en América, en las constituciones de las provincias españolas al independizarse, siendo la pieza clave de la transferencia de los ideales del liberalismo al mundo hispánico, formando parte del trasfondo de su Derecho y de la estructura de los nuevos estados. En Europa, influyó en los preceptos constitucionales de Portugal, en el surgimiento del Estado italiano e incluso en la Rusia zarista.

La Constitución de 1812 se convierte en el antecedente de lo que será el régimen democrático actual en España. La constitución introdujo a España en la modernidad político-jurídica, nos incorporó al constitucionalismo y a la superación del Antiguo Régimen, y consolidó el concepto de Nación y soberanía popular. Es este aspecto lo que hace grande a la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1978, la otra gran constitución de nuestra Historia, enlaza directamente con los preceptos liberales de Cádiz, con su espíritu creativo y moderno. En el camino hemos pasado por distintas guerras de independencia en América, diversas guerras civiles en el interior de la Península durante los siglos XIX y XX, ocho textos constitucionales inestables y poco estimados, varios golpes de Estado, dictaduras militares, dos repúblicas profundamente fracasadas y calamitosas para el devenir histórico de España y un proceso nacionalista desastroso para la Nación. Cádiz consagró a la ya existente Nación española y supuso la modernización política de España; el régimen del 78 aspira a mantenerlo y afianzarlo. En ambos casos, los españoles nos hemos dado dos magníficas constituciones fruto de un esfuerzo común de superación, a ver si no lo estropeamos.

BIBLIOGRAFÍA

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. “España, tres milenios de Historia”. Marcial Pons. 2020.

MARIAS, Julián: “España Inteligible. Razón histórica de las Españas”. Alianza Editorial. 2014.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Génesis de la Constitución de 1812”.

RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro. “Tratado de la regalía de amortización” Archivo de Internet: https://archive.org/details/tratadodelaregal00campuoft

FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel, “Derecho parlamentario español” Google Books:

https://books.google.es/books?id=FigGAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[1] Julián Marías “España Inteligible”. Alianza Ed. 2014. Pag.315-320

[2] Carta de Jovellanos de 1809 recogida en “Jovellanos en la Guerra de la Independencia”. Real Academia de la Historia- José Gómez Centurión-

[3] La instrucción y los acuerdos de la Junta de Legislación pueden consultarse en TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Génesis de la Constitución de 1812”.

[4] RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro, Tratado de la regalía de amortización”

[5] FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel, Derecho parlamentario español. pp. 600-619.

DESPOTISMO Y DESPOTISMO ILUSTRADO

A decir del diccionario de la RAE

Despotismo se define en dos acepciones:

  1. m. Autoridad absoluta no limitada por las leyes.
  2. m. Abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas.

El despotismo, políticamente hablando, se expresa en el régimen político gobernado por el temor y la corrupción, no existe posibilidad de expresión de los ciudadanos, y el déspota -sea un hombre, un grupo de ciudadanos o una asamblea- impone por el miedo sus normas; sólo en tal régimen, sólo en tal opresión, las divisiones son reales por debajo de la capa de uniformidad, de conformismo social. Esa uniformidad a veces se apodera de los menos formados, en ocasiones ,también de las grandes inteligencias.

En su forma clásica, el despotismo es un sistema de gobierno en el que una sola persona ejerce todo el poder y la autoridad que contiene el Estado. Esta forma de mando era común en las primeras formas de la estatalidad y la civilización, el faraón de Egipto es un ejemplo clásico del déspota, puesto que, una de sus esencias del despotismo era la concentración del poder en manos del monarca por provenir su derecho del orden divino .

El despotismo acabará desembocando y entroncando con el Absolutismo, que no dejaba de ser un sistema de gobierno, propio de las monarquías tradicionales, en el que todo el poder, era ejercido por el rey sin limitación institucional alguna, fuera de la propia ley divina. El rey era identificado como la personificación del propio Estado y por el origen divino del mismo sólo podía heredarse por sus hijos. Se sitúa en el periodo histórico conocido como Antiguo Régimen y cuya datación se inicia en el S.XVI, con la formación de los Estados-Nación, es decir, los estados modernos y que alcanza el S. XVIII. Luis XIV de Francia, el rey sol, es uno de sus mayores representantes .

En España, por coincidencia temporal, el absolutismo habría que relacionarlo en su inició con el periodo de Carlos V, prolongándose a la dinastía de los Borbón. Pero los Austrias, mantenían un sistema de consejos y ciertas atribuciones a la nobleza que impiden asociarlo al modo europeo de absolutismo radical.  En comparación con otros países de la Europa Occidental en España el absolutismo llegó más tarde y finalizó más tarde y fue Felipe IV el que estuvo más cerca de pasar por un rey absoluto al modo francés por influencia del Conde Duque de Olivares. Fueron los borbones, con Felipe V, los que introdujeron el absolutismo francés, pero, realmente su posición se acerca ya al Despotismo o absolutismo ilustrado.

El siglo XVIII marca el inicio de un cambio, que a la postre será un gran cambio. El movimiento ideológico de la Ilustración estaba contra las instituciones y amenazaba el régimen absolutista. Bajo este contexto, nace el “Despotismo ilustrado” (término acuñado en el siglo XIX para definir una situación del siglo XVIII). Su ideación es una estrategia para que los monarcas pudieran mantener su poder absoluto usando el argumento de que el Estado tenía el papel de padre protector de sus súbditos. Su forma de actuar tenía tres características esenciales: 1) supuso una reafirmación del poder absoluto de la Monarquía, por lo que no significó ninguna ruptura con la tradición política absolutista anterior. 2) Se planteó el ideal del “rey filósofo”. El monarca, amante de las artes y las ciencias, era asistido por las minorías ilustradas, sabía lo que convenía a los súbditos, y estaba en condiciones de impulsar reformas racionales necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la felicidad al pueblo. Realmente, esta segunda característica procedía del renacimiento cuando ya los reyes eran mecenas antes de intentar convivir con la Ilustración. 3)  Aquella cortina de moderación que tuvo la monarquía clásica para sobrevivir, tuvo como base de actuación el fomento de la prosperidad, la cultura y los avances de sus países y súbditos, pero con la peculiaridad de hacerlo desde la élite: “Todo por pueblo, pero sin el pueblo”. El despotismo ilustrado pertenecía a un sistema de gobierno propio del Antiguo Régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales, las decisiones del hombre son guiadas por la razón y, en aquella interpretación monárquica, ejecutadas por la monarquía que seguía concibiéndose como único representante de la Soberanía por gracia de Dios.

Entre los monarcas ilustrados más significativos del periodo deben ser citados los ejemplos de José I de Portugal; Federico II el Grande de Prusia; Catalina la Grande de Rusia, José II, Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y, en España, el gran ejemplo es Carlos III. Todos ellos impulsaron reformas en distintas áreas (educación, justicia, agricultura, libertad de prensa o tolerancia religiosa).

La efectividad de estas medidas fue amplia en el campo económico y en las condiciones de vida de sus sociedades, sin ellas no se hubiera desarrollado una burguesía pujante que a la larga los desaloja del trono o bien los modera en su poder. Es característico de estos monarcas rodearse de grandes hombres, siempre ilustrados que aplicaran o diseñaran las reformas que se pretendía imponer. Así Voltaire asesoró a Federico II ; Diderot a Catalina II, gracias a la cual Diderot conservó su magnifica biblioteca, que ha llegado a nuestros días. En Portugal el artífice de las grandes reformas fue el Marqués de Pombal y en España recordaremos al Conde de Floridablanca, Campomanes, el Conde de Aranda o Jovellanos. Extendiéndonos mínimamente en el caso español, señalaremos que las reformas emprendidas por Carlos III, ya con sus ministros españoles tras la oposición del pueblo a las medidas de los primeros italianos ( ver entrada sobre el Motín de Esquilache) abarcaron todos los órdenes:

Se plantearon reducciones del poder de la Iglesia, que culminaron con la expulsión de los Jesuitas, también se limitó el poder de la Inquisición, se modificaron costumbres de la religiosidad popular y se puso especial empeño en aumentar la formación de los eclesiásticos, elemento de transmisión de valores entre el pueblo.

Económicamente, en el sector agrario se intentó controlar a las oligarquías locales, para ello se introdujeron en los gobiernos municipales cargos elegidos por la población –síndicos y diputados del común-, aunque acabaron controlados por el señorío local. También, se hizo una reforma agraria que nunca se llevó a cabo en toda su extensión pero que ha dejado una interesante documentación sobre las propuestas ilustradas, sobre todo, de Jovellanos. Se limitaron los derechos de la Mesta y se repoblaron zonas despobladas, especialmente interesantes, fueron las de Sierra Morena y también se desamortizaron algunas zonas comunales. Se liberó la circulación y el comercio de cereales y vinos y el comercio con América. Fue la época dorada de las Sociedades Económicas de Amigos del País, impulsadas por el Ministro José Gálvez y por Campomanes.

En el plano institucional se estableció el sistema de quintas – servicio militar- y se crearon las distintas armas en el ejército.

Quizá la reforma más interesante en cuanto supuso un importante cambio social, fue la Real Cédula de 1783 que establecía que los oficios no eran deshonrosos. También se intentó el control de grupos marginales como vagabundos o gitanos.  En este terreno social fue importante la labor a favor de la educación, las instituciones culturales y científicas. También tuvieron algunos fracasos, como el cambio del plan de estudios universitarios que contó con la oposición de la Universidad de Salamanca que aprobó el suyo propio, el cual, a la larga, fue el que se impuso en toda España.

En las obras públicas realizó el Canal Imperial de Aragón y un plan de carreteras radial con origen en Madrid y destino en Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia que fue la base del sistema de carreteras que tenemos hoy en día. En la Industria fomentó la de bienes de lujo: platerías, porcelanas, alfombras, cristalería ( famosa las del Buen Retiro o la Granja).

Hizo hospitales públicos, servicios de alumbrado y recogida de basura, uso de adoquines, una buena red de alcantarillado, que embellecieron y sanearon las ciudades, especialmente Madrid. En la capital, además, ejecutó un ambicioso plan de ensanche, con grandes avenidas; monumentos y museos que le granjearon al Rey el sobrenombre del mejor alcalde de Madrid.

Para financiar todo esto ideó un sistema para aumentar la recaudación fiscal: la Lotería Nacional y para la ordenación de fondos se creó el Banco Nacional de San Carlos, antecedente del Banco de España.

Volviendo al plano mundial, a pesar de las mejoras introducidas por el Despotismo ilustrado, la libertad que la Ilustración buscaba no se consiguió. Los ilustrados apoyados por los burgueses, clase mercantil emergente, comienzan a difundir la noción de libertad del hombre entre el pueblo. Comienzan así los crecientes conflictos sociales y políticos que desencadenarán en la Declaración de Independencia Americana de 1776 y la Revolución Francesa en 1789, poniendo fin al Despotismo ilustrado. En ambos casos, el alzamiento burgués supuso la aceptación de sistemas constitucionales que se basaban en la separación y contrapesos de los poderes del Estado, ideada originariamente por Montesquieu y esencia de la democracia.

Decía Montesquieu que,  todo hombre que tenga poder tenderá insensiblemente al abuso; el amor al poder -apunta Montesquieu- es en el hombre insaciable y «casi constantemente agudizado y jamás saciado por la posesión». «Es que los hombres abusan de todo», escribe en sus cuadernos, y «hasta la virtud necesita límites». Esta sed de poder sería uno de los resortes, por lo demás positivo, que pone en movimiento al hombre, al movilizar la pasión de la ambición -la más potente, junto con la del amor, para los ilustrados-, que además aumenta su fuerza si, por contrapartida, no encuentra más que la tendencia al reposo de los otros, esto es, la pasividad de los otros.

Ese pensamiento y la idea de respeto a la libertad, la propiedad, a los derechos humanos los veremos plasmar de manera práctica en el mundo a través del constitucionalismo que sigue a las revoluciones liberales. Pero no todas las constituciones recogen esos principios de separación del poder de manera real, en algunas es mera retórica.

Precisamente, en las situaciones donde el constitucionalismo es meramente formal, hoy en día, hablamos de dictaduras, tiranicidio y en ellas el déspota domina a través del castigo, la violencia y siempre el miedo. La dictadura es una forma de gobierno sin restricción ni por la constitución ni las leyes y donde a la oposición no se la deja que exista, en ocasiones de manera evidente, en otras, más sibilina. Ejemplos de ello tenemos demasiados en nuestros días, sólo hay que abrir el periódico. Son ejemplos de que el Despotismo no ha sido derrotado.

BIBLIOGRAFIA

Hº Universal. Ed Espasa- Calpe.

ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ. » La España de la Ilustración». Ed Espasa-Calpe

EL MOTÍN DE ESQUILACHE

El gran historiador Domínguez Ortiz, en sus diversos estudios de la historia del Antiguo Régimen, siempre destaca el gran problema que suponía para la estabilidad política de cualquier país las hambrunas que se producían de cuando en cuando. En un momento de bajo desarrollo, con una economía dedicada a la agricultura, si en un año se daban malas cosechas, el hambre y la pobreza se extendían por todas partes.

España no era una excepción, la situación empezó a mejorar con las reformas ilustradas de uno de los mejores reyes de la Historia de España: Carlos III. Pero hasta ponerlas en marcha, los problemas con las cosechas y la manera de atajarlas, también le dieron disgustos.

Carlos III, accede al trono de España, tras el fallecimiento sin descendencia de su hermano Fernando VI. Carlos provenía de ser Rey de Nápoles y de Sicilia, y del país transalpino procedían algunos de sus consejeros; ellos impulsaron las primeras reformas ilustradas de un Rey que ejerció de ilustrado durante todo su reinado. Estos ministros extranjeros representaban al sector reformista más radical.

El primero de aquellos asesores reales provenientes de Italia fue Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache

Esquilache, de origen humilde, militar retirado, logró escalar en la vida social por su laboriosidad, probidad y talento. Carlos III le nombró Inspector de aduanas y más tarde se ocupó de la Secretaría de Hacienda del Reino de Nápoles.

La entronización de Carlos III como rey de España en 1759,  llevó al Marqués a España. Nombrado, primero, Consejero en la Hacienda Real, pasó a ocupar también la Secretaría de Guerra en 1763. Contaba con la absoluta confianza del Rey para iniciar reformas ilustradas y, junto al Marqués de la Ensenada, llevó a cabo cambios encaminados a la modernización del país.  Algunos de ellos del siguiente tenor: libertad comercial para los cereales, desamortización de los bienes de la Iglesia, utilización de bienes de manos muertas… Estas políticas suscitaban la manifiesta hostilidad de la nobleza, de la Iglesia y también las protestas del pueblo, que percibía las reformas como medidas de inspiración extranjera que alteraban costumbres tradicionales de la sociedad española. Además, aquellos cambios se realizaron con apresuramiento, sin la habilidad de que fueran asimilados por el pueblo o aplicados con la suficiente cautela como para buscar el momento más oportuno para su implantación. De este modo, algunas grandes ideas, como, por ejemplo, la liberalización del comercio de cereales se aplicó en un momento de malas cosechas, en 1765, lo que hizo subir el precio del pan. La carestía generó pobreza y hambrunas. Consiguientemente, una buena medida se aplicó sin oportunidad y creó un conflicto. A estas medidas, se unían otras que incluían la limpieza, pavimentación y alumbrado público de las calles de Madrid, la construcción de fosas sépticas y la creación de paseos y jardines- las condiciones de insalubridad e inseguridad de Madrid eran consideradas por el nuevo rey como indignas de una Corte ilustrada-. Sin embargo, algunas de ellas como la instalación de las nuevas farolas hizo subir el precio de la cera, de manera que muchos hogares vieron imposible pagar por ellas y permanecían a oscuras mientras las calles lucían con alegría.

Por si fuera poco, a Esquilache se le criticaba por su vida ostentosa, más en su mujer que en él, lo que unido a la época de estrecheces que pasaba el pueblo generaron un malestar enorme.

Algunas otras de las medidas tomadas estaban encaminadas al control de la población y, de entre ellas, más concretamente, al control del orden público. Ese fue el motivo de ordenar la modificación del vestuario al uso en España. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un pueblo empobrecido y harto de que medidas que consideraban oprobiosas, se las dictaran una serie de consejeros extranjeros.

La indumentaria típica, impuesta como moda pocos años antes por la guardia austriaca de Mariana de Austria, se componía entre los hombres de sombrero de ala ancha (Chambergo) y las capas largas. Aquellas ropas ocultaban el rostro y a las perfiles de las personas lo que impedía la identificación de los criminales, circunstancia que se salvaba mejor con el uso de la capa corta y el sombrero de tres picos.

El empeño de Esquilache en que se aplicara la medida unido a la ira acumulada por el pueblo, provocó el estallido de un motín, muy populoso y espontaneo, el típico motín de supervivencia del Antiguo Régimen, si bien, en este caso, influido por capas de la nobleza enfrentadas contra los italianos en la Corte. En este episodio de nuestra Historia, tuvieron especial importancia los alcaldes y golillas en el levantamiento y la permisividad en la distribución de pasquines con coplillas contra Esquilache y los italianos, siempre dejando en buen lugar al Rey, el cual quizá temió por la integridad de su Palacio en un primer momento, pero salió fortalecido del conflicto. El Motín se inicia el 23 de marzo de 1766. A pesar de ser un incidente, primigeniamente, local, madrileño, pronto se extendió a Cuenca, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Barcelona, La Coruña, Santander o Cádiz.

La mayor parte de los ministros del Rey, incluidos los italianos Grimaldi y Sabatini a los que el pueblo también se oponía, aconsejaron ceder, dado que, lo solicitado por los amotinados era mantener la indumentaria clásica, el control de precios, la desaparición paulatina de la guardia valona y la destitución de Esquilache.

El Rey envió a Esquilache a Italia, aunque seguía contando con su buen hacer, y, por ello, le nombró embajador de España ante la Corte veneciana.

Carlos III ordenó a Grimaldi que se hiciera cargo de restaurar el orden.

Como consecuencia del Motín, Esquilache fue sustituido por Aranda. Poco a poco la Guardia valona perdió presencia y los precios del pan se controlaron. Sin embargo, no se pararon por ello las reformas ilustradas de Carlos III, pero ahora con mayor presencia de ministros españoles. De hecho, la vestimenta se cambió, pero en vez de hacerlo por medio de una orden impuesta, Aranda, de manera más astuta que Esquilache (y quizá conociendo mejor la idiosincrasia española), dispuso que los verdugos llevaran desde entonces la capa larga y el chambergo, con lo que, la gente optó voluntariamente por sustituir la capa larga por la corta y el chambergo por el sombrero de tres picos.