EL ASESINATO DE EDUARDO DATO

Todos los años, el día 8 de marzo se celebra en el mundo el día de la mujer trabajadora, cada año con más alborozo y reivindicación, pero ese mismo día, en España, deberíamos recordar un magnicidio cuyas causas siguen en la base de muchos de nuestros problemas y que cambió la Historia de España. Estoy hablando del asesinato de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros y tercer Presidente del Gobierno asesinado durante la Restauración, tras los ocurridos, pocos años antes, de Cánovas del Castillo y Canalejas. Dato fue asesinado en Madrid al paso de su coche por la Puerta de Alcalá. Tenía sesenta y cuatro años. Eduardo Dato Iradier había nacido en La Coruña en 1856, se doctoró en Derecho y fue un eminente abogado antes de entrar en política. Era miembro del Partido Conservador, fue Alcalde de Madrid, Presidente de las Cortes, ejerció diversas Carteras, hasta que fue nombrado, en tres ocasiones, Presidente de Gobierno:

Del 27 de octubre de 1913 al 9 de diciembre de 1915
Del 11 de junio al 3 de noviembre de 1917
Del 5 de mayo de 1920 al 8 de marzo de 1921

De su primer mandato destaca que lograra la neutralidad española en la 1ª Guerra Mundial, lo que le granjeó la antipatía de los que pensaban hacer buenos negocios con la guerra, entre otros, parte del empresariado catalán, y que aprobara el proyecto de Canalejas de 1912 que recogía algunas de las solicitudes de las diputaciones provinciales catalanas formuladas por Prat de la Riba. Permitiendo la constitución de la Mancomunidad de Cataluña en 1914.

En el segundo, se enfrenta a las protestas por la crisis laboral y la carestía de la vida, trufadas por aquellos elementos revolucionarios que a imagen de la Revolución Rusa pretendían un gobierno revolucionario en España (se suele hablar de trienio bolchevique al estudiar este periodo de la historia de España). Para atajarlo legalizó las Juntas de Defensa y el 25 de junio decretó la suspensión de las garantías constitucionales en toda España, aunque el foco de mayor tensión se dio en Barcelona ciudad en la que se convocó la Asamblea de Parlamentarios promovida por Cambó y donde la huelga revolucionaria del PSOE, apoyado por la UGT y la CNT, crea gran tensión. La llamada al ejército para sofocar la sublevación le aparta del Gobierno, al que vuelve en 1920.

En este último periodo de Gobierno elabora la primera legislación laboral de cierta importancia en España, creó el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Previsión. Aprobó leyes de protección a niños y mujeres. Fue el fundador de la Escuela de Criminología de Madrid. Católico ferviente, gran seguidor de la Doctrina social de la Iglesia, siempre quiso mejorar las condiciones de vida de los desprotegidos. Estaba muy lejos de ser un duro represor como algunos de sus enemigos quisieron reflejar.

Su mayor preocupación fue el anarquismo que campaba a sus anchas en Cataluña, especialmente en Barcelona. Su intención era poner orden frente a un pistolerismo que recordaba más a Chicago que a España, lo quele obligó a tomar soluciones drásticas, tratando de impedir un golpe de estado, que finalmente ocurrió. El Conde de Salvatierra, Gobernador Civil de Barcelona fue asesinado y la violencia se extendió por toda la ciudad. Los industriales y algunos políticos catalanes, especialmente, Francisco Cambó, líder de la derecha catalana, le exigieron mano dura. Ante la presión de éstos y con la finalidad de pacificar la situación, nombró como gobernador de Barcelona al General Martínez Anido. Los anarquistas no le perdonaron este nombramiento ni la aplicación de la Ley de Fugas a partir del 20 de enero de 1921.

Los asesinos de Dato eran tres anarquistas catalanes. Es cierto que la historiografía no acaba de ponerse de acuerdo en si eran anarquistas por convicción o unos asesinos a sueldo pagados desde Barcelona. En todo caso, como anarquistas fueron tratados en todo el proceso y así se manifestaron ellos mismos por militancia o tal vez por ser conscientes de que tal afirmación les podía favorecer. Se llamaban, Matéu, Nicoláu y Casanellas.

Los asesinos habían llegado a Madrid casi dos meses antes del día elegido para el magnicidio (llegaron el 11 de enero). Siguieron a Dato y observaron que solía volver a casa en coche, sin escolta y con el mismo recorrido: desde el Senado o el Congreso, subía por la calle de Alcalá, pasaba por la plaza de la Independencia dónde frenaba para rodear la plaza camino de la calle Lagasca, en la que vivía el presidente del Gobierno (no hay que olvidar que en 1921 en España se conducía por la izquierda, como en Gran Bretaña, circunstancia que no cambio hasta 1924). Ese circular por la izquierda, hacía que la curva para rodear la plaza debiera tomarse con más lentitud al doblar hacia la calle Serrano. Allí, fue el atentado.

Con el seguimiento hecho, Matéu y Nicoláu volvieron a Barcelona y compraron una moto como vehículo con el que perpetrar el atentado. Se trataba de una espectacular “Indian” gris oscuro con sidecar, de 7 caballos, que costó 5.100 pesetas de la época, una pequeña fortuna. Se cree que fueron miembros de las FAI en Barcelona los que financiaron el “proyecto”. La moto la guardaron en la calle Arturo Soria hasta el día elegido para el magnicidio. Hay que decir que, según se supo después, la primera idea era asesinar a Martínez Anido, pero éste tenía una escolta espectacular que le permitía caminar por Barcelona con toda tranquilidad, mientras que don Eduardo estaba muy mal protegido por las fuerzas policiales.

El día 8, los asesinos montaron, a modo de carabinas, las Mauser en la motocicleta; sobre las 19:40, cuando don Eduardo subía por la izquierda de la calle Alcalá, desde el Senado, Nicoláu en el sillín y Matéu en el sidecar, mientras Casanellas conducía, descerrajaron 20 tiros, de los cuales 18 acertaron de lleno al coche, que tampoco tenía un blindaje especial. Eduardo Dato fue herido de muerte, el conductor del coche, que resultó ileso, le llevó a la casa de socorro de la calle Salustiano Olózaga; solo pudieron certificar su muerte.

La situación en la que quedó el coche se puede ver en el Museo del Ejército de Toledo, donde se conserva.

Los asesinos actuaron con total impunidad paseando por Madrid, observando el recorrido en varias ocasiones, sin ser molestados por la policía a pesar de que las autoridades sabían que el Presidente estaba amenazado. Incluso Dato redactó su testamento, que luego rompió. Se sentían seguros por la posesión de armas de lujo, dinero en abundancia y fuga garantizada. La investigación del asesinato fue penosa, pero al final se logró encontrar la motocicleta y en ella las armas, en el número 77 de la calle Arturo Soria.

A Matéu se le arrestó cuando, en un error de principiante, volvió al lugar en el que se alojaban. Se le juzgó y condenó a pena de muerte. Por su parte, Nicoláu logró huir a Alemania y Casanellas se fue a Rusia. Nicoláu fue detenido en Alemania, país al que España solicitó la extradición, pero no fue concedida en un primer momento y, cuando se logró, no se otorgó por todos los delitos, por lo que no pudo ser condenado a muerte. Se encontró, así, la justicia española, con un condenado a muerte y otro a una pena menor por el mismo delito. Dadas las circunstancias, al Rey Alfonso XIII no le quedó más remedio que perdonar la pena a Matéu y condenar a ambos a cadena perpetua. La II República los amnistió y el populacho sacó de la cárcel en volandas como si en vez de asesinos hubieran sido unos héroes (héroes anarquistas). Al final de la Guerra civil, en 1939, Nicoláu fue fusilado. Matéu, que había huido a Francia, vivió en el país vecino hasta los 80 años gozando de un pequeño taller de su propiedad que le permitió tener las comodidades de un pequeño burgués; debió pensar que el anarquismo pregonado y el “mercenarismo” de corazón y bolsillo no se merecían menos. Casanellas, en Rusia, se hizo comunista y cambió su nombre por uno ruso, aunque era conocido como el terrorista español. Volvió a España para hacer proselitismo comunista y promover organizaciones de ese signo político. Murió al estrellarse con la moto que solía conducir.

Como consecuencia de la muerte de Dato, el partido Conservador quedó aún más dividido, aunque ya se arrastraba en camarillas desde la muerte de Canalejas. En agosto del mismo año, el desastre de Anual determinó una inestabilidad en los siguientes gobiernos nombrados por el Rey que dieron lugar al Golpe de Estado, que Dato había intentado evitar y que se fraguó el 13 de septiembre de 1923 de la mano de Miguel Primo de Rivera. El golpe contó con el visto bueno de Alfonso XIII y de la oligarquía catalana. La dictadura duró 8 años, pero fue el principio del fin de la Monarquía; la II República y, consiguientemente, la Guerra Civil, estaban llamando a la puerta de España.

Bibliografía.

CARLOS MAZA GÓMEZ El Asesinato de Eduardo Dato. Freeditoria.com

PEDRO AGUADO BLEYE. Historia de España. ED Espasa-Calpe

EL REINO DE ASTURIAS O LA VICTORIA DE ESPAÑA

Todos los asturianos sabemos que Asturias es España y el resto tierra conquistada, pero este aserto jocoso tiene mucho de verdad histórica, veamos el porqué.

El término “Hispania” fue utilizado por los romanos para denominar aquella península que los griegos llamaron iberia. Estrabón en su libro III de Geografía señala que aquel territorio- en la parte conquistada hasta ese momento- se dividía en dos provincias. Hispania citerior e Hispania ulterior. La primera comprendía lo que hoy es Cataluña, Valencia y parte de Murcia y la ulterior, el valle del Guadalquivir. Posteriormente los visigodos fundaron su Reino en Toledo con una extensión semejante a lo que hoy es la Península ibérica, de hecho, se suele presumir que el Reino Visigodo constituyó el primer Estado español.

Ahora bien, el nombre de España, históricamente hablando, es el desarrollo cultural de una nación que desde el principio fue concebida como imperio cuyo núcleo surge a partir de la resistencia de las sociedades asentadas, en principio, en la cordillera cantábrica, en tono a los picos de Europa.

La invasión musulmana iniciada en el 711 supone, pues, la ruina del Reino Visigodo de Toledo y la victoria de España, concebida no como simple organización político-jurídica estatal o sociedad nacional sino como elevación de la misma por la formación de un imperio. Ambos aspectos culminan en 1492, la transformación de la realidad histórica que era España en realidad política con la toma de Granada y el culmen imperial con el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Como decíamos esa idea imperial nace en las montañas de Covadonga. Se trata de una realidad política distinta de la del Reino de Toledo, por más que esa idea goda esté en el sustrato del movimiento astur. De hecho, a Oviedo se la denomina en un primer momento “nueva Toledo”, sin embargo y significativamente, tal nombre no trascendió.

¿Qué diferencia a un Estado de un Imperio?

Quizá podríamos concluir que un Estado se forma entre gentes que tienen una larga convivencia por proximidad geográfica, por costumbres afines, por una larga historia de intercambios y relaciones humanas de todo tipo, incluso por guerras. El imperio, lo forman gentes diversas que tuvieron poco o nada que ver entre sí. Es más, normalmente un Estado aspira a posiciones más ambiciosas transformándose, así, en un imperio.[1]También podemos señalar que el imperio es una forma de superar fronteras, de crear un desplazamiento de sus propias fronteras mirando hacia un objetivo superior.

Con esa diferencia en mente, veremos que el origen de España, como realidad histórica, no es sólo la recuperación del Estado visigodo sino el impulso de una idea que, potenciada esencialmente por el proselitismo cristiano, busca abarcar todo el territorio ocupado por el islam hasta terminar desbordando la península por el inesperado descubrimiento de América y los hechos que trascendieron al descubrimiento: la vuelta al mundo y posesiones en todos los mares “hasta no ponerse el sol”

El reino astur, formado entre las montañas de los Picos de Europa, con Pelayo al frente como primer Rey de una dinastía, que continúa su hijo Favila y extiende su yerno Alfonso I tras la boda con Ermesinda, hija de Pelayo, y expansionada por Alfonso II, que se denomina primer Rey de España, y Alfonso III, causante de la idea imperial, marca y dirige el futuro de la gran nación que es hoy España (da igual si H. Kamen tiene o no razón al considerar a Pelayo una leyenda, porque Pelayo, existiera como tal o no, existió en cuanto representa a aquellas tribus cantábricas, que sin duda vivieron, y cuya fortaleza, lucha y esfuerzo contra el invasor, trajeron lo que hoy somos).

A Alfonso I las crónicas posteriores atribuyen el sobrenombre de «el católico», circunstancia no menor en la pretensión imperial de aquellos reyes forjados en la dureza y belleza de las montañas asturianas. Aquel Reino alcanzó su máxima extensión territorial gracias a las conquistas de casi todos sus monarcas, entre los que destacaremos a modo de compendio: Alfonso I, que incorpora Galicia y parte de Portugal; su hijo Fruela I que refuerza sus posiciones; Alfonso II, el casto,que además de ampliar en gran manera el territorio, impuso oficialmente en todo el Reino la legislación romana-visigoda, la Lex Visogothorum, futuro “ Fuero Juzgo” y sus sucesores, Ramiro I y Ordoño I que extienden el reino hacia el este, hasta la frontera pirenaica, y Alfonso III, el magno, uno de los más brillantes monarcas de la Historia de España, que lo lleva hasta Zamora.

Alfonso III es el último rey asturiano con capital en Oviedo (Reino de Oviedo), tras él el Reino traslada su capital a León. A Alfonso III le debemos la autentica idea de España, la idea imperial y la mejor crónica histórica de aquella época que permitió forjar, entender y desarrollar España.

Como decimos, es la crónica de Alfonso III, el magno, la que vincula oficialmente, con intención narrativa, la dinastía astur con el reino Visigodo de Toledo (Alfonso II fue precursor en ello, pero sin la trascendencia histórico-documental de Alfonso III). Así, el tercer Alfonso considera que Pelayo es un noble visigodo y Alfonso I descendiente de Leovigildo y Recaredo. Realmente Alfonso III busca reforzar el prestigio de la dinastía y su propio prestigio personal vinculando su origen con el del Reino de Toledo y los últimos reyes godos.

Alfonso, además, introduce en la crónica y en la intencionalidad del Reino otro elemento esencial: la fe cristiana. A primera vista aparece como un milagro histórico que los musulmanes después de haber derrotado al potente y bien organizado Reino visigodo fueran a tropezar con un reino pequeñín situado tras la cordillera cantábrica. Pero así fue. Cuando casi dos siglos después del inicio de la invasión, Alfonso III recapitulaba la historia de sus orígenes, veía en Covadonga la salvación de España y la reparación de la caída del reino godo (la batalla de Covadonga no está confirmada por la historiografía, la cual, basándose en los restos arqueológicos, entiende, como mejor explicación que, Covadonga no sea más que una metáfora histórica para aglutinar en un pasaje la multitud de pequeñas, grandes o medianas escaramuzas que mantuvieron los asturianos y los musulmanes en los Picos de Europa y que lograron la derrota de estos últimos). Pero la imagen de la gran batalla con la Santina al fondo permitía al cronista y al Rey transmitir a sus seguidores un sentimiento de misión providencial, a la vez religiosa y política: salvar a la iglesia cristiana y a la Monarquía hispana (astur-goda).

Evidentemente, Alfonso III no parte de la nada, no se inventa un relato vacío de razón, sino que los sustratos hispano- godos estaban en la realidad social desde los romanos y los visigodos y los elementos cristianos se mostraban en el sustrato del propio Reino astur-godo. Así, recordemos que hasta Alfonso I no había en el reino ninguna ciudad episcopal, pero la figura episcopal, mucho más desarrollada por Alfonso II (se le atribuye la creación del Obispado de Oviedo), no deja de surgir por el desarrollo de dos elementos que son la base del avance astur, ideados y puestos en marcha por Alfonso I: la repoblación y el monacato. Los dos se inician y desarrollan al tiempo, siendo el segundo casi la base esencial para lograr el primero. Estos monasterios parecen muchas veces fórmulas económicas, tanto o más que pactos religiosos. Los hombres se asocian bajo la autoridad de un abad, para alabar a Dios y ganar el sustento. Por todo ello y con mucha intención, las crónicas alfonsinas bautizaron a Alfonso I como el católico. Estableciendo así un eslabón narrativo, de guerra santa, de lucha contra el infiel, a la idea de Reconquista, enlazando de ese modo la realidad social y el ideario político.

Insistimos en que, Alfonso III no parte de la nada, transcribe los hechos de fe de sus antecesores y les da una intencionalidad. Pero esos hechos existieron, por ejemplo, tras fomentar los monacatos institucionalizados por sus antecesores, Alfonso II formó una pequeña ciudad, en la que instala su palacio adosado a una capilla (la cámara Santa, con las reliquias traídas de Toledo). Nacía así Oviedo. Más tarde Ramiro I mandaba edificar un Aula regia (Santa María del Naranco) a la que se agregó, posiblemente como iglesia palatina, San Miguel de Lillo. Reforzando la idea de capitalidad de Oviedo y de monarquía católica. A esto Alfonso III añade como símbolo del Reino la Cruz de la Victoria.

Además, a estas actuaciones reales, se unen con el tiempo una serie de anacoretas entre los que destaca Santo Toribio de Liébana, seguramente la mayor figura intelectual de la época.

Con Alfonso III, el Reino asturiano es, dentro de la Península, una potencia que mantiene contactos con los núcleos pirenaicos de resistencia católica; alimenta pretensiones evidentes de hegemonía en la Reconquista y manifiesta ambición de realizarla enfrentándose al poder de Córdoba. Siempre teniendo presente en su ideario una colaboración discursiva y narrativa entre los núcleos astur- romano e hispano godo. Es decir, del Imperio romano y del Estado visigodo.

Por todo ello y con gran intención, Alfonso III, es el primer rey español que se hace llamar emperador. Su idea de imperio es la de avanzar fronteras para imponerse a aquellos invasores de lengua, religión y costumbres extrañas a los que querían expulsar. En sus crónicas, identifica desde el primer momento las guerras contra el islam en los Picos de Europa como acción superior de defensa de la Fe, pero hoy sabemos que ese concepto no fue esencial en la sublevación de Pelayo, no inundaba las almas de las primigenias tribus locales. Para ellos lo fundamental era expulsar de sus tierras al ocupante ilícito. Es la voluntad y visión de Alfonso III la que determina el carácter imperial, al querer expandirse más allá de sus fronteras buscando un dominio universal cuya base se encontró en la lucha contra el islam. El título de Emperador otorgado a Alfonso III se transmitió después de su muerte a sus sucesores. Se conoce un documento del año 916 que dice “Ego Hordonius Rex Imperator-filius Adefonsus magni Imperatoris”. Pero no todos lo utilizan, tras Alfonso III, Alfonso VI, Alfonso VII se intitulan emperadores, de hecho, Alfonso VII es ungido emperador dos veces, la primera frente a Alfonso I de Aragón, el batallador, como una muestra de recuperar lo que era suyo y en segundo lugar tras hacerse con parte del Reino de Aragón y haber avanzado considerablemente en la Reconquista, es decir, de nuevo al superar sus fronteras frente al islam. El “fecho del imperio” de Alfonso X, el sabio, o el imperio de Carlos I continúan esa línea de tener un alcance global que llega a su máxima extensión con Felipe II. Es ese concepto y realidad de imperio lo que eleva a España, históricamente, al nivel de la Grecia clásica, Roma, Gran Bretaña, Francia o Rusia y EE.UU , por encima de Portugal, Japón y Alemania. “Tú me diste la vuelta”, la divisa que regala Carlos I a Elcano o la enseña con el “Plus Ultra” demuestran esa idea imperial, y es ese imperio el que pone a España en la Historia Universal.

La realidad histórica y política nacional, la Nación histórica, nacida del estado visigodo y recuperada por el reino Astur alcanza su realidad política plena, como dijimos, con la toma de Granada y con toda nitidez a partir del siglo XVI se consolida como unidad política con identidad imperial, la cual se resquebraja tras la batalla de Trafalgar (1805), donde cede el dominio de los mares a Gran Bretaña y, sobre todo, tras la invasión napoleónica en 1808. Pero entonces, aquella sociedad con conciencia soberana, que defendía su soberanía territorial, política y social frente al invasor musulmán en Covadonga, se transforma en soberanía popular histórica con el levantamiento del 2 mayo de 1808 y en soberanía popular reconocida política y jurídicamente con la constitución de 1812.

España es lo que es hoy día gracias a Pelayo, Covadonga y sobre todo a la idea estatal y nacional de recuperación del Reino de Toledo elevada a imperio por Alfonso III. La continuidad de esa idea fraguó una gran nación con espíritu imperial.

Ya lo advertía Unamuno:

“¿Es España una nación? Me preguntaba un lego en historia. Y le dije: España es internacional, que es modo universal de ser más que nación, sobrenación. Un conglomerado de republiquetas no es nada universal si no se eleva a imperio.”[2]

Espero que nuestros gobernantes nacionales y locales recuerden que ni España es un conjunto de republiquetas ni Asturias, una de ellas. Espero que la Historia de grandeza de Asturias se recuerde y fortalezca en lo que es: nacional e imperial y no se pretenda su reversión histórica imponiendo una serie de elementos culturales, muy dignos de preservación, pero no de imposición. Espero que se recuerde la grandeza histórica de Asturias y su contribución elevada a la Historia de España en vez de querer identificarla con elementos pueblerinos locales.

BIBLIOGRAFÍA

ELVIRA ROCA. Imperiofobia y Leyenda Negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. Ed. Siruela. 2019
AGUADO BLEYE. “Manual de Historia de España”. Ed. Espasa-Calpe. 1963
PEDRO INSUA. 1492. España ante sus fantasmas. Ariel. 2018.
MIGUEL DE UNAMUNO. “República española y España republicana”. Artículo publicado en el diario El Sol, 16 de julio de 1931.
HÉLÈNE SIRANTOINE. “Exclusión e integración: la conquista y el imperio en los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII”. Historia digital. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas / Silex Ediciones. 2015. Edición digital de 2017.

JOSÉ MANUEL PÉREZ PRENDES. “Historia del Derecho español”. Ed UCM.1986.
JOSÉ JAVIER ESPARZA. “La gran aventura del Reino de Asturias. Así empezó la Reconquista”. Ed. La esfera de los libros. 2009.

[1]Elvira Roca. Imperiofobia y Leyenda Negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español. Ed. Siruela. 2019

[2]Miguel de Unamuno. “República española y España republicana”. Artículo publicado en el diario El Sol, 16 de julio de 1931.

LA SARGENTADA

Se conoce con el nombre popular de “la sargentada” a un levantamiento militar republicano que pretendía la deposición de Alfonso XII en 1883.

Tras la caótica 1ª República, el 29 de diciembre de 1874, acontece el pronunciamiento en Sagunto dirigido por Arsenio Martínez Campos cuya finalidad era lograr la vuelta de la Monarquía como forma de Estado en España. Se inicia así el periodo llamado Restauración borbónica. La Restauración trajo orden a la vida española, pero, en sus primeros años, estuvo amenazada por una importante movilización clandestina protagonizada por asociaciones secretas en las que la ideología republicana tuvo un indiscutible peso. La Asociación Republicana Militar fue la más activa de ellas.

La Asociación Republicana Militar fue creada a finales de 1881 por un pequeño grupo de oficiales en la reserva y pronto logró agrupar a numerosos militares republicanos que habían participado durante los años anteriores en las conspiraciones contra la Monarquía de Alfonso XII. En 1882, el movimiento republicano con intenciones golpistas se organiza en torno a la figura del líder republicano progresista en el exilio Manuel Ruiz Zorrilla. Unos años después, se fusionaron con una asociación de tendencia republicana federal dando lugar a la Asociación Revolucionaria Militar que llegó a contar con más de 7.000 afiliados. En su aparente éxito se generó su fracaso: las nuevas incorporaciones estaban trufadas por topos del gobierno que lograron impedir que las acciones previstas por la Asociación alcanzaran buen puerto, hasta que en 1890 prácticamente habían desaparecido.

Los acontecimientos que vamos a narrar ocurren siendo aún la Asociación Republicana Militar (ARM) la actuante.

Hasta aquel momento, uno de los inconvenientes para lograr el éxito en sus acciones era la separación tajante entre los movimientos militares y los civiles, de manera que su deseo de implantar un sistema republicano tenía una vinculación siempre militar que evitaba el apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, en 1882, los proyectos fiscales del ministro de Hacienda, Camacho, provocaron una oleada de protestas, especialmente graves en Cataluña, que, por primera vez, permitieron vincular las reivindicaciones y acciones civiles con las militares. Los oficiales, sin embargo, rechazaron realizar una acción conjunta con paisanos, de modo que los planes de asonada se suspendieron durante unos meses.

Ese enfrentamiento con la sociedad civil no fue el único problema. Otra de las dificultades se basaba en la falta de fondos. Lograr el dinero para las acciones, vincular a los militares con la sociedad civil, nunca fue tarea fácil y, en última instancia, causó el fracaso de sus planes.

Tras la primera suspensión, las fuerzas levantiscas, tanto civiles como militares, acuerdan una nueva fecha para la revuelta: el 29 de junio. Uno de los puntos esenciales de aquella negociación, y sobre lo que más incidieron los seguidores de Zorrilla, fue que Barcelona estuviera entre las ciudades levantiscas. A finales de junio, se descubrió que el propósito de entrar en Barcelona era apoderarse de unos 20 o 30 millones de pesetas y con esa cantidad hacer la revolución sin contar demasiado con el ejército. Esto indignó a los militares que abortaron el levantamiento. Tras nuevas negociaciones, la fecha del movimiento insurreccional quedó fijada para el cinco de agosto 1883.

Se esperaba un alzamiento en toda España y, sobre todo, en grandes plazas: Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Alicante y Logroño. El resto de las guarniciones, como por ejemplo Bilbao, Cartagena, Cádiz, Burgos, Sevilla, Granada y Málaga, se irían sumando, al fin y al cabo, por aquellas fechas el número de afiliados a la ARM ya era muy numeroso y, por tanto, la rebelión más factible.

Cuando todo estaba preparado, los elementos civiles propusieron retrasar los acontecimientos al día 10 de agosto, pero las órdenes habían sido ya enviadas a Badajoz, donde los asociados de la ARM cumplieron con precisión las mismas. Realmente el levantamiento se siguió en tres ciudades: Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y la Seo de Urgel (también hubo algunos conatos en otras zonas de Cataluña y de Andalucía).

La situación fue grave en Santo Domingo y chusca o muy chusca en los otros dos lugares, como veremos.

En Badajoz. Los telegramas que anulaban las órdenes y que retrasaban todo habían llegaron a tiempo, pero el jefe militar, Serafín Asensio Vega, lo interpretó de manera contraria, con lo que el levantamiento se realizó. Las órdenes iniciales señalaban la una de la madrugada del día 5 de agosto como el momento del alzamiento. Así se hizo en la ciudad extremeña, donde se consiguió dominar a las autoridades militares y civiles, pero, al no haberse sublevado ningún otro acuartelamiento en el país, el movimiento, fracasó y, el día 6, los sublevados de Badajoz huyeron a Portugal.

Seo de Urgel. Este es el episodio más pintoresco y menos serio de los tres. Los instigadores habían encargado la dirección de la sublevación al coronel don Francisco Fontcuberta. Este señor era espiritista y cuando recibió el aviso del fracaso de la sublevación iniciada en Badajoz, intentó desistir, pero, antes de hacerlo, invocó al espíritu de Prim y, según manifestación del propio sublevado, éste le aconsejó seguir adelante pues la vitoria era segura. Siguió adelante, pero se ve que el espíritu del vencedor de los Castillejos sufrió una lastimosa equivocación a la que arrastró a Fontcuberta. Eso sí, estuvo suficientemente alerta, no sabemos si por intercesión de Prim o no, para huir a Francia y así ponerse a salvo.

En Santo Domingo de la Calzada. La sublevación de la ciudad riojana se llevó a cabo a pesar de haberse realizado tras la frustración de Badajoz. En la Rioja existía un buen número de militares republicanos, así como un significativo grupo de civiles “zorrillistas” dispuestos al levantamiento, como ya se había puesto de manifiesto en 1868 durante la “Gloriosa”. Además, tuvo especial trascendencia por ser la única en la que se consiguió apresar y ajusticiar a los sublevados.

Dos fueron los destacados calceatenses que participaron en la sublevación Juan Manuel Zapatero Castillo y Juan José Cebrián. Habían participado en la organización de la sublevación en las reuniones mantenidas en Barcelona. Sus órdenes eran actuar una vez se amotinara Logroño, pero a Zapatero y Cebrián les pudo la impaciencia y decidieron sublevarse la madrugada del 8 de agosto. Aunque eran varios los acuartelamientos llamados a la desobediencia en la Rioja, realmente, el único movimiento destacado fue en del Regimiento de Caballería de Numancia acantonado en el ex convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada.

Zapatero, acompañado de otros sublevados, pretendía dirigirse a Haro para alentar otros movimientos insurreccionales, pero fue interceptado e impedida su acción. Logró huir a Francia. Mientras, Cebrián seguía con sus acciones y movilizó a tres sargentos primeros y nueve sargentos segundos del campamento Numancia que levantaron a 224 hombres, entre cabos y soldados. Cebrián se había presentado en el acuartelamiento haciéndose pasar por coronel. No hubo resistencia. A los soldados se les ordenó montar sin explicarles el porqué y a dónde se dirigían (se dirigieron a Torrecilla, pues quería unirse allí a las tropas que supuestamente Zapatero había logrado reunir en Logroño y Zaragoza. Cebrián desconocía el fracaso y huida de Zapatero)

El oficial al mando del regimiento era el coronel Ramón Rubalcaba Juárez de Negrón que se encontraba fuera del cuartel en el momento de la entrada de Cebrián. Es posible que Rubalcaba fuera conocedor y participe en la organización, sin embargo, en aquel momento, traicionó sus antiguas posiciones y optó por unirse a los que perseguían a los insurrectos

Una vez en Torrecilla, Cebrían espero inútilmente la llegada de las tropas de Logroño y Zaragoza. Los que se acercaron fueron sus perseguidores, obligando a los sublevados a salir en dirección a Soria. En mitad del camino, uno de los soldados del regimiento Numancia, sin que se sepa si fue por error o por discrepancia, disparó su carabina contra Cebrián, le dio en la espalda y lo mató. Aquello se consideró una hazaña y sería convenientemente retribuido y condecorado. El resto de los soldados apresaron a los sargentos.

Aquel día, 8 de agosto, las provincias de Logroño y Soria eran declaradas en estado de guerra que se extendió el día 10 a las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz. Previamente, el día 9, la Gaceta de Madrid publicaba la suspensión de las garantías constitucionales en España, decretada por el Presidente del Consejo de Ministros interino, Arsenio Martínez Campos, a reserva de su aprobación por las Cortes. El gobernador de Madrid, conde de Xiquena, informaba el 9 de agosto a los directores de los periódicos la posibilidad de cierre de aquellos medios que alentasen la comisión de delitos contra el orden público. El día 12, tras juicio verbal y sumarísimo, fueron ejecutados los sargentos insurrectos.

Posteriormente, Zorrilla y otros miembros de la ARM recibieron notificación de sus delitos y juzgados en rebeldía. Sus penas fueron conmutadas tiempo después.

Una vez más, y no será la última en la Historia de España, los auténticamente convencidos de sus principios y que actúan con honestidad en función de ellos, sean acertados o no- no nos incumbe ahora juzgarlos- acaban soportando toda la fuerza de la ley, mientras que, los que cobardean y huyen viven plácidamente.

LA REVOLUCIÓN CULTURAL CHINA

Mao Tse-Tung, cuyo nombre original era Mao Zedong, fundó la China comunista tras la guerra civil de 1949 y la dirigió hasta su muerte en 1976. Su persona y personalidad está llena del oscurantismo propio de un régimen que, pese a su apertura económica hace ya varias décadas, no puede dejar pasar la luz a un sistema autoritario con origen en un personaje autoritario- Mao- que dejó en herencia alguno de los capítulos más desastrosos de la Historia de China y sobre los que el régimen intenta pisar de puntillas. Nos referimos al “Gran Salto Adelante” y “La Revolución Cultural”. Podríamos analizarlos por separado, pero eso impediría seguir el hilo conductor de unos acontecimientos que se construyen por el encadenamiento de hechos enlazados por las argollas de la dictadura más férrea y del fracaso más absoluto. Antecedentes y consecuencias se concatenan con unas acciones que nacen en 1958 y finalizan en 1981.

En 1958, se inicia lo que se conoce como “Gran Salto Adelante”, que no fue nada más que un intento de los dirigentes chinos, especialmente Mao Zedong, de multiplicar la producción agrícola para buscar un desarrollo equiparable al de la industria. Utilizaron la gran mano de obra rural existente, hasta la extenuación; facilitaron la creación de guarderías para que las madres pudieran dedicarse al campo sin tener que ocuparse de los hijos, buscando una relajación de los lazos familiares; se explotaron los campos y los terrenos con poco conocimiento, lo que repercutió en hacerlos improductivos; se mataron pájaros para que no comieran las cosechas y consiguieron que se incrementase el número de insectos que atacaron el ecosistema, y se combatieron con insecticidas que enfermaron a la población; se construyeron sistemas de regadío que, en ocasiones y por las deficiencias en el diseño, provocaron inundaciones no deseadas. Se acabó con la autarquía preexistente en el mundo rural; las reducidas dimensiones de las cooperativas agrícolas no permitían llegar a los niveles de producción proyectados, transformándolas, por ello, en comunas populares que no fueron más que centros de experimentación social sin precedentes en un intento de colectivización de la vida cotidiana.

El Gran Salto Adelante tenía como objetivo acelerar el desarrollo económico y las comunas, acelerar la transición hacia una sociedad comunista.

Hasta 1960 el régimen publica las estadísticas de producción, desde 1960 abandona tal práctica ante los pésimos datos obtenidos, como bien reconoce la historiografía actual. El Gran Salto Adelante supuso un fracaso, una gran catástrofe para la producción agrícola y la fertilidad de las tierras que quedaron destrozadas con los métodos empleados. Todo ello provocó una enorme hambruna y un retraso de 5 o 6 años en el desarrollo económico de China, que pasó sus peores momentos entre 1960 y 1964.

La “Gran Hambruna” sería la segunda fase de este proceso. Lo poco que se cultivaba se expropiaba y enviaba a la URSS a cambio de armas y componentes para las fábricas. Murieron cerca de 40 millones de chinos. La mayor catástrofe china del S XX, mucho peor que las hambrunas de Stalin en ucrania, que había acabado unos años antes con 10 millones de inocentes.

Como consecuencia del desastre, se desmembraron las comunas y los campesinos consiguieron pequeñas libertades. En aquellos años, además, se produjeron, según los casos, choques diplomáticos y algunos enfrentamientos, tales como los producidos con Taiwán, Tíbet, EE. UU, India, Vietnam y, finalmente, al pretender realizar una forma de comunismo diferenciadora de la de la Unión Soviética, con la URSS. También internamente el partido Comunista chino experimentó cambios. Mao abandona la presidencia de la República, pero no fue expulsado del Partido Comunista. Ese fue el gran error de sus enemigos. Los sectores más aperturistas dentro del comunismo, tomaron el poder.

Mao, aún fuera del Poder, mantuvo mucho poder. Sus seguidores se ocuparon de que no se le olvidara. Especialmente Li- Piao, el cual difundió entre los soldados del ejército chino un libro sobre el pensamiento de Mao, base y fundamento de las futuras facciones “maoístas” y del culto al líder. Mao, por su parte, en 1965, puso en marcha un sistema nuevo y expeditivo que le permitió ir escalando posiciones: promovió la conocida “Revolución Cultural” que, en esencia, no fue otra cosa que una campaña masiva contra los altos cargos del Partido Comunista, intelectuales, académicos y contra cualquiera que fuera tachado de contrarrevolucionario.

La revolución cultural fue una lucha de poder. La acusación de contrarrevolucionario se impuso en los dos bandos contra el contrario. Enfrentados a Mao estuvieron especialmente Liu Shaoqui, Peng Dehuai y Deng Xiaoping.

A grandes rasgos se pueden distinguir cuatro etapas en el desarrollo de la revolución cultural:

De noviembre de 1965 a mayo de 1966, en el que la fase de preparación y ofensiva maoísta es discreta e incluso soterrada. Los ataques van dirigidos a intelectuales y académico, pero ya en sus últimos momentos se inician las primeras ofensivas contra personalidades del Partido Comunista, como el Alcalde de Pekín. Todo ello organizado como si se tratara simplemente de una revolución estudiantil. Fue esa masa la “tropa” que empleó Mao en su reconquista del poder. Estos grupos, convenientemente fanatizados, viajaban por toda China, financiados por el Partido Comunista, lo cual era casi lo mismo que decir, por el Estado, reclutando miembros para su causa y organizando concentraciones masivas, en las que se fomentaba el abandono de las viejas costumbres chinas y se exaltaba la figura de Mao Zedong.La idolatría al líder será el segundo gran apunte de la revolución cultural.En el momento cumbre de la movilización, se destruyeron templos tradicionales chinos, se saquearon bibliotecas y quemaron libros, menos el libro Rojo de Mao, el “libro sagrado” de estos grupos.
De mayo de 1966 a comienzos de 1967. Acantonada hasta entonces en los medios literarios, artísticos y universitarios, la crítica y la depuración escogen sus víctimas desde ahora entre los más altos dirigentes del Partido. En este periodo, Mao lleva al Comité Central, y éste aprueba, su “Decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria” o “Dieciséis puntos” convirtiendo así lo que inicialmente era un movimiento estudiantil, en una campaña que alcanza a todos los sectores sociales de todas las provincias. Al tiempo, todos los ojos se vuelven a Pekín donde proliferan lo que hasta entonces era una nota exótica: los primeros guardias rojos y los periódicos murales como medio de propaganda para sus fines y purgas. En este periodo se acentúa la presión de las masas y la intensificación del culto a Mao. El terrorismo, a manos de los guardias rojos, y el desorden se apoderan de Pekín y de otras grandes ciudades. La forma de actuar de la Guardia Roja se fundamentaba en la persecución a los acusados de “burgueses”, en realidad, sus oponentes políticos o intelectuales, apaleándolos, encarcelándolos, humillándolos públicamente, confiscando sus bienes y sentenciándolos a trabajos forzados, cuando no a la simple ejecución. Entre agosto y septiembre de 1966, fueron asesinadas unas 1.772 personas y en octubre Mao convocó a una “Conferencia Central del Trabajo”, en donde logró forzar la autocrítica de sus opositores, eliminando así toda oposición en el partido. Esta etapa constituye el periodo denominado “terror rojo”.

A partir de 1967, los maoístas desencadenan una ofensiva más sistemática contra los cuadros del partido que no les son afines y que durará hasta agosto de 1967. Se inician los comités revolucionarios. En este proceso fueron clave Lin Biao, ministro de defensa fiel a Mao, y la propia esposa de Mao, Jiang Qing (una antigua actriz), quienes emplearon el prestigio del líder revolucionario para purgar a los miembros de otras facciones del Partido Comunista y materializar sus propias aspiraciones al poder.
De septiembre de 1967 a abril de 1969. Las principales purgas afectaron a sectores ultraizquierdistas; no dejaban de ser detractores de Mao que atacaban al líder desde posiciones aún más radicales. Mientras, la mayoría del partido se intenta adaptar a la situación, fueran cuales fueran sus posiciones previas, para mantenerse en el Poder y además sobrevivir. Así los nuevos comités revolucionarios provinciales, que se multiplican en 1968, se constituyen sobre unas bases más ambiguas que los que comenzaron en 1967.

En abril de 1969 se convocó al IX Congreso del Partido Comunista de China, donde se reafirmó la autoridad de Mao como líder del partido y líder militar. Su doctrina fue adoptada como ideología central del partido y de la nación. Al mismo tiempo se designó a Lin Biao como su segundo al mando y sucesor. En ese congreso, el propio Mao declara terminada la Revolución cultural. Sin embargo, sus más fervientes seguidores, procurando mantenerse en el Poder, continuaron con muchas de sus actividades hasta la muerte de Mao en 1976. En ese momento, el mando del país cambia de manos y pasa a aquellos detractores de Mao que milagrosamente seguían vivos, como fue el caso de Deng Xiaoping que sobrevivió trabajando en una fábrica de motores. Los seguidores maoístas fueron detenidos por los nuevos dirigentes. En este sentido, hay que destacar a la llamada “banda de los cuatro”: la propia viuda de Mao, Jian Qing, y sus tres colaboradores: Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen. Fueron juzgados y ejecutados.

Como consecuencia de la Revolución Cultural millones de personas fueron perseguidas, humilladas y ejecutadas ya fuera mediante el vil asesinato, utilizando supuestas vías judiciales, simplemente muertas de hambre o puestas a trabajar hasta el desfallecimiento. Sus bienes fueron confiscados, sus familiares perseguidos, violados, torturados o desplazados a la fuerza hacia el campo. El número exacto de muertos no se conoce y es posible que nunca se sepa, dado el encubrimiento de las autoridades del momento, la falta de registros fiables y en general el obscurantismo del régimen, de entonces y los posteriores; aunque, el gobierno de Deng Xiaoping inició una serie de reformas aperturistas (más de tipo económico que social) y el partido comunista aprobó una Resolución en la que declaraba que: la “Revolución Cultural” fue “ el revés más severo y las pérdidas más graves que sufrió el partido, el Estado y el pueblo chino desde la fundación de la “República Popular”

Asimismo, el movimiento, en su conjunto, desde el “gran salto adelante” supuso una auténtica catástrofe para el del desarrollo de China. Mientras el Gran Salto Adelante arrasó a los campesinos y a los sectores más vulnerables, la “revolución Cultural” acribilló a los intelectuales, dirigentes y personas con cierto nivel educativo. El decaimiento de la educación fue radical tras la abolición de los exámenes de ingreso en las universidades, la redefinición de los programas de estudio orientados a poco más que a ensalzar la figura de Mao. Se cree que entre 16 y 18 millones de estudiantes chinos fueron enviados a “campos de reeducación”. Pol-Pot siguió este ejemplo al poco tiempo (la dictadura de los Jemenes Rojos, se extiende de 1975 a 1979) en Camboya.

En una visión de desenraizar a los chinos de su pasado cultural para enraizarlos exclusivamente en el pensamiento único y el partido comunista, la cultura tradicional china, el budismo, sus templos, reliquias y en general el acervo cultural chino fue asolado. Si el número de muertos es casi imposible de conocer, la pérdida cultural es imposible de evaluar.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL REINO DE HAMMURABI (1775-1730 A. DE J.C.)

Sin lugar a dudas Hammurabi fue uno de los grandes estadistas de la antigüedad y de toda la historia de la humanidad, como lo demuestra la organización administrativa de su reino- Babilonia-, en la que destaca, y en ella nos centraremos, la administración de justicia, cuya reforma introdujo personalmente, y aún ahora causa asombro la perfección y eficacia de sus normas procesales.

Hammurabi fue un rey absoluto- no se concebía el poder de otra manera en aquellos tiempos- por tanto, organizó la administración en torno a su persona. En su palacio residía la administración de finanzas, de las propiedades, de las obras públicas y del ejército. Tenía un sistema de oficinas provinciales que mantenía bajo su control por medio de la Cancillería. A ella reportaban los gobernadores, figura que sustituyó a los antiguos príncipes, tras la unificación territorial de Mesopotamia. Las ciudades fueron confiadas a los alcaldes y en todas ellas implantó una unidad procedimental, aunque con cierto grado de autonomía para incluir las tradiciones preexistentes en aquellas provincias. Tanto los gobernadores como los alcaldes administraban justicia siempre en nombre del rey.

Los jueces de distrito se consideraban agentes de la política real y constituían los tribunales, los consejos de administración y los órganos de intervención financiera y fiscal; eran nombrados por el rey por un periodo de tiempo de varios años y actuaban de manera colegiada bajo agrupaciones de cuatro a ocho miembros a cuyo frente estaba un funcionario, “rabizu”, cuya competencia era recibir las demandas de las partes, preparar la instrucción de los asuntos y firmar las actas de los testigos con el fin de garantizar la autenticidad. Existía también un escribano con funciones de archivero y con la obligación de conservar los documentos judiciales.

Las normas y el lenguaje administrativo se realizaban en acadio, la lengua oficial y la que entendía el pueblo. Hammurabi se empeñó en que las normas tuvieran un lenguaje claro y sencillo para que fueran fáciles de entender por todos los súbditos. El sumerio era la lengua culta que se exigía a los funcionarios para acceder a la condición de tal, pero no en su trato con la población.

Con el tiempo se crearon una especie de juzgados civiles que tenían conocimiento de procesos relativos a la propiedad inmueble, sucesiones, participaciones entre coherederos y relaciones entre acreedores y deudores.

Con Hammurabi, el Tribunal Real adquirió, de forma definitiva, una clara superioridad sobre los demás tribunales. Siempre tuvo el propósito, con esta medida, de mantener el orden y el principio de igualdad entre todos los ciudadanos; así como, fomentar el respeto al Derecho y a la equidad.

La administración de justicia requería unas leyes. La más conocida es el Código de Hammurabi.

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes mejor conservados de la antigüedad. Se encuentra en el Museo del Louvre de París.

Su acción de justicia se basa en la aplicación de la ley del talión y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia. Fue escrito en 1750 a. C. y en él unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. No se aplicaba aleatoriamente, como ocurría en sociedades menos avanzadas, sino que permaneció en el tiempo con un sentido claro de seguridad jurídica.

Hammurabi, ya desde tiempo tan temprano en la Historia, aun teniendo la visión absolutista propia de la época, comprendió que el buen orden en su imperio y, esta fue una de las razones por las que alcanzó la condición de imperio, se fundamentaba, en la claridad y estabilidad de las normas, la seguridad jurídica y en el respeto a las decisiones judiciales de unos órganos judiciales jerárquicamente establecidos. Su orden determinó, pasado el tiempo, una de las bases de la separación de poderes.

LA LEY SECA EN ESTADOS UNIDOS

En 2020 se cumplen cien años de la promulgación de la llamada Ley Seca en Estados Unidos. Estuvo vigente entre el dieciséis de enero de 1920 y el seis de diciembre de 1933. Pero sus orígenes son anteriores, como veremos, y sus consecuencias tuvieron carácter económico, social y político.

Desde el siglo XVIII, las iglesias protestantes, especialmente las metodistas propugnaban la prohibición de las bebidas alcohólicas como forma de salvaguardar la virtud de las mujeres y la felicidad de las familias. Esto no respondía a lo establecido por Lutero sino a la ola de puritanismo que embargó siempre el protestantismo americano, unido al hecho de que los obreros bebían a la salida del trabajo como forma de evasión barata. A las borracheras se le unían los accidentes laborales, los problemas conyugales y las enfermedades. La campaña metodista tuvo un primer éxito en 1851 cuando se aprobó la ley Maine que prohibía la venta de alcohol. A esta batalla moral se une un elemento distorsionador de la vida americana: el gran desarrollo económico de siglo XIX y sobre todo del S.XX llevó a Estados Unidos a numerosos inmigrantes que no eran anglosajones y en muchos casos no eran protestantes: irlandeses, alemanes, italianos. El puritanismo americano no era compartido por estos grupos, y los protestantes americanos no veían con buenos ojos a los recién llegados. Es más, su presencia se les hacía odiosa no sólo por la diferencia cultural sino porque les arrebataban muchos puestos de trabajo. De manera que el puritanismo se vio sostenido por los anglosajones, protestantes y blancos que acusaban a los inmigrantes de todo tipo de calamidades existentes en las ciudades americanas. Así, desde el inicio, el problema del abstencionismo fue una batalla moral, racial y económica. Muchos de los abstencionistas eran los empresarios que vieron en la prohibición la opción de incrementar la productividad y de equilibrar los precios en un producto cuya demanda era inelástica: así suba el precio, muchos consumidores todavía lo pagarán (no hay que olvidar que no se prohibió el consumo, sino la fabricación y distribución)[1].

En 1917, dos terceras partes de los escaños del congreso estaban ocupados por partidarios de la ley seca y en diciembre de 1917 se aprobó una enmienda constitucional que prohibía ‘la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas “intoxicantes”. La enmienda definitiva se aprobó en 1920 -la decimoctava- que vedaba la venta y fabricación de bebidas con más de medio grado de alcohol. La derogación, en 1933, se produjo mediante otra enmienda constitucional, la enmienda XXI, siendo Presidente Franklin D. Roosevelt.

Aquellos supuestos beneficios de la prohibición, no fueron tales, de hecho, las cifras del consumo de alcohol, aunque siguen siendo cuestionadas y controvertidas según los autores, parece que oscilan en una disminución en torno al 5%, se calcula que en 1925 había 100.000 bares secretos en las principales ciudades de USA, de los cuales 10.000 estaban en la ciudad de Nueva York (los conocidos como “Speakeasy”- bares situados normalmente en sótanos-). A cambio, trajo consigo el incremento del contrabando desde Canadá y del crimen organizado. Sus efectos fueron una buena época de lucrativos “negocios” para personajes como Al Capone que llegó a defender el contrabando, con gran cinismo, en términos empresariales: «Le doy al público lo que el público pide», declaró. «Nunca he tenido que enviar vendedores agresivos. Nunca hubiera podido dar abasto». Dado que, entre los contrabandistas- los competidores empresariales-no se podían denunciar, los métodos para hacerse con el monopolio del mercado cada vez eran más violentos, dando lugar al crimen organizado por medio de bandas de delincuentes- gánsteres-, policías, políticos y jueces corrompidos.

Esas corruptelas, que en el caso de Capone no olvidaban a las clases populares a las que protegía y apoyaba mediante fiestas populares, comidas gratuitas y otro tipo de amparos, hicieron muy difícil acabar con este tipo de bandas. Como todo el mundo sabe, a Capone le encarcelaron por delitos contra el fisco y, en el juicio, hubo que cambiar al jurado porque había sobornado al que le correspondió en un primer momento.

Aquellos ingresos, además, hicieron florecer otros “negocios” criminales, como el tráfico de drogas y la prostitución.

El verdadero final de estas bandas vino con la legalización del comercio y fabricación de medidas alcohólicas.

En EE.UU. todavía hay condados «secos» y las llamadas «leyes azules» que prohíben su venta los domingos.De todos modos, la ley seca y sus consecuencias demuestran, una vez más en la Historia, que cuando el Estado intenta imbuir en la mentalidad de sus habitantes un tipo de moralidad concreta, forzadamente, suele fracasar, pero causando mucho sufrimiento por el camino.

BIBLIOGRAFÍA

MARK THORTON. «La economía de la prohibición”. 2012. Centro Mises.
Revista National Geographic . Octubre 2017.

[1]Mark Thorton en su libro «La economía de la prohibición”

Los Justos Títulos y la Controversia de Valladolid.

Cuando hablamos de los ”Justos Títulos” nos referimos a las razones jurídicas que, partiendo de un análisis teológico-jurídico, permitían a España y, más concretamente, a la monarquía española (no hay que obviar como era la configuración del Estado en aquel momento) el dominio sobre América. Estamos hablando del principio de legalidad unido al de legitimidad dentro de los sustratos jurídicos de los siglos XV y XVI. La teoría de los justos títulos no se fraguó en un momento único, sino que evoluciona desde la llegada de Colon a América hasta el reinado de Felipe II. Tal evolución surge por la confrontación ideológica, controversias, en la que destaca la de Valladolid de 1550. Esta búsqueda de la legalidad y la legitimidad marcan la diferencia de la conquista española en relación con otros imperios, esencialmente, por la defensa española de los derechos de los nativos de los territorios conquistados frente a las posiciones esclavistas de otros países.

Estamos ante una de los grandes momentos de nuestra Historia, esa que se solaza actuando bajo la legalidad, frente a esos otros instantes históricos en los que la búsqueda de atajos nos hace alterar el buen juicio jurídico y moral y nos convierte en el hazmerreír del mundo.

En un hilo anterior mostramos la técnica de estudio de la escuela de Salamanca. Con los justos títulos, nos situamos ante otro de esos grandes análisis que marcan el devenir jurídico del derecho mundial. Los primeros en plantearlo fueron los dominicos, pero las soluciones más brillantes vuelven a salir de Salamanca.

El problema de los justos títulos aparece por primera vez con Fernando el Católico y trae origen de la denuncia formulada por los Dominicos sobre los abusos que sufrían, en su opinión, los indios en América a manos españolas. Para comprender el problema debemos tener presentes tres dimensiones:

La moral que, en aquel momento, era esencial para conocer la legal.
La evolución de las propias posiciones filosófico- teológicas desde el “agustinismo” imperante en la época de los Reyes Católicos al “tomismo” racionalista de la escuela de Salamanca.
Las posiciones político-estatales de España ante la conquista.

La necesidad de actuar de manera legal bajo el amparo de una norma no era nueva en el mundo, como antecedente directo, nuestros vecinos portugueses desde tiempo anterior tenían una serie de documentos pontificios que salvaguardaban sus derechos en los territorios que iban conquistando.

Cuando Cristóbal Colón llegó a América – creyendo ir a las indias- fundamentó la conquista en el título XXIX de la Tercera Partida, en virtud de la cual una tierra descubierta, por el propio hecho del descubrimiento, permitía al país descubridor atraer bajo su poder las islas y tierras conquistadas. Sin embargo, los teólogos hispanos determinaron que a aquellas conquistas no se les podía aplicar el título XXIX, puesto que las tierras conquistadas no estaban deshabitadas, es decir, no era un territorio ignoto para la humanidad. Se requería pues, buscar una ley adecuada, la cual se halló en la Ley IX del Título I de la Partida II. En virtud de la cual, el señorío se ganaba por las siguientes razones:

a) Por herencia. b) Por anuencia de todos los implicados. c) Por casamiento. d) Por otorgamiento del Papa o del Emperador.

Es evidente que los títulos de España debían encontrarse en las razones b) o d).

Ante el precedente portugués, se solicita una bula del Papa. La misma se expidió el 3 de mayo de 1493. Bula «ínter coetera», en virtud de la cual se hacía donación de todas las islas y tierras descubiertas o por descubrir de la parte de las indias no pertenecientes a ningún príncipe cristianos y les constituía en señores de ella con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. A este acto pontificio le faltaba delimitar hasta dónde llegaba el territorio portugués y el castellano. Esto se hizo en una segunda bula, dictada al día siguiente de la primera.

Entroncamos, de este modo, el sustrato legal con el moral y éste último con la doctrina de San Agustín. Y ello porque, en el fondo, esta forma de actuar, buscando el respaldo papal, se fundamentaba en lo que algunos denominan » agustinismo político»[1]; doctrina según la cual el poder civil y el imperial se subordinan al papado, sobre el que recae la potestad de nombrar reyes e intitular emperadores o de deponerlos. Al Papa, como vicario de Cristo en la tierra le corresponde el poder sobre todo el Orbe y, por tanto, el de darle a determinado rey o emperador la potestad de detentar el dominio y poder de cualquier territorio.

Ya desde el siglo XIII, con el desarrollo del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la doctrina del “agustinismo político” perdió fuerza. Por eso, cuando en 1510, los religiosos dominicos denuncian la codicia de algunos colonos españoles, se unen en su solución dos asuntos, de un lado, saber si las bulas pontificias son suficiente poder; por otro lado, cómo afectaba esto a la visión política estatal y a la institución de la encomienda (el uso y explotación de la tierra por los españoles en nombre del rey, aunque sin expropiar la titularidad de dominio de los indios). Se plantea la incoherencia entre la encomienda y la libertad de los indios. Buscando una respuesta se alumbraron las leyes de Burgos del 27 de diciembre de 1512. Pero ni las leyes de Burgos ni la reforma realizada poco después en Valladolid resuelven los problemas que planteaban los dominicos: cómo atraer apostólicamente a los indios al cristianismo, según las bulas papales, pero sin violar sus derechos como seres humanos y como propietarios legítimos de sus dominios. Si se violaran los derechos de los indios, el Rey y España se condenarían a ojos de Dios, ante eso era mejor abandonar la empresa. Como solución de trámite, en Burgos, se defendió el “requerimiento” hecho por los españoles ante los indios para solicitar su anuencia al proceso de conversión. Si no lo aceptaban, ya se les podía someter incluso con el empleo de la fuerza. Pero, evidentemente, ese requerimiento, que rara vez era entendido por los indios, servía de excusa permanente a los españoles. Lo que mantuvo las reivindicaciones dominicas.

En las reuniones que llevaron a las leyes de Burgos se empezaron a notar las diferencias entre los agustinistas y los tomistas. El mayor defensor de los primeros fue Fernández de Enciso y su teoría del señorío universal del Sumo Pontífice. Ante ello, los dominicos cedieron, pero no se convencieron. Las expediciones a América se reanudaron, hasta que, en 1525, los dominicos volvieron a sus denuncias. Consecuencia de lo cual, en 1526, en Granada, Carlos V firmaba una extensa carta- instrucción que representaba algunos avances. La novedad es que en cada expedición a América irían dos religiosos encargados de predicar y convertir a los naturales, también se les encomendaba la fiscalización de la navegación, nada podrá hacer el capitán sin autorización de los religiosos.

En la base de estas quejas, se encontraba la afirmación de la condición humana de los indios, que era un elemento comúnmente aceptado tanto por la moralidad católica como por la concepción política del imperio; puesto que el imperio español consideraba a los habitantes de la zona descubierta como españoles a todos los efectos, salvo por el desarrollo inferior de éstos, pero no por ello, gozaban de una condición humana inferior. La tendencia española era reequilibrar esa diferencia hasta que se pudiera considerar a los indios como ciudadanos al mismo nivel que los de la madre patria. Precisamente, la cuestión de esos habitantes y la lucha de España por tratarlos con justicia determina todas las discusiones en las controversias sobre los títulos de dominación, la legislación de indias y todo el desarrollo institucional desarrollado en América, buscando llevar la civilización de aquellos lugares y personas, con sentido evangelizador; pero a sabiendas de que el indio, a diferencia de los Sarracenos, no eran infieles, sino ignorantes de la Fe verdadera. Por tanto, a decir del padre Vitoria, no están en pecado sino en pena. De esta diferencia, parte del razonamiento que determina la solución.

Nombrar al Padre Vitoria es recordar a la Escuela de Salamanca. En ella, ya en el siglo XVI, lo que empieza a cuajar es el racionalismo tomista y con esa filosofía se afrontará el problema de la legitimidad de la presencia, dominio y conquista española del Nuevo Mundo. El paso del agustinismo al tomismo suponía la vuelta al derecho natural frente al poder del Papa, lo que reforzaba el poder del Estado. No hay que olvidar que estamos en los tiempos de la reforma protestante. Para la mitad de la población europea, el poder del papa ya no es importante, por tanto, fundamentar la legitimidad de la Conquista sólo en las bulas papales debilitaba mucho la posición española. Se imponía el racionalismo, por él el imperio se sobreponía a las comunidades indias a fin de evangelizarlas, pero en virtud del derecho de gentes los indios no perdían su condición de dueños de sus tierras.

La elección del tomismo o el agustinismo tenía otras consecuencias: la fundamentación de las razones de legitimidad de la conquista. Las mismas no se basaron en la implantación mimética del derecho castellano en América, sino que el derecho de indias partía de las nomas indígenas preexistentes en cuanto no fueran inmorales, tamizadas con los avances filosófico-teológico-morales que las controversias iban concluyendo. En las controversias se parte de dos visiones, los que consideran al indio como “el buen salvaje” y los que destacan aquellos aspectos de sus costumbres y actos que se hacían odiosos ante la Fe y ante el orden político. Las leyes de indias son un equilibrio entre las diferentes posiciones. Así, se produce un enfrentamiento intelectual del que nacerá la normativa definitiva que sostiene la conquista española.

Tras Burgos, se abre una nueva etapa discursiva que va de 1512 a 1566, caracterizada por su revisionismo en relación al orden jurídico-legislativo implantado en las indias hasta ese momento, a decir del profesor García Gallo. Razón de ello era que el tomismo había triunfado en Salamanca, aunque bajo una interpretación dual: lo que podíamos llamar la interpretación natural y sobrenatural. Derivado de su enfrentamiento se va a lograr la tendencia de la norma imperial durante tres siglos. Esto será así a partir de las conquistas de Nueva España y del Perú. No hay que olvidar que la Junta de Valladolid de 1550, se convoca a instancias del Consejo de Indias por los problemas, guerra civil, de los conquistadores en el Perú, entre cuyas causas ( además de las disputas por el reparto de la conquista, especialmente por el dominio de Cuzco, entre Pizarro y Almagro) estaban la supresión de las encomiendas hereditarias y del trabajo forzado de los indios que fue acordado en las Leyes Nuevas, promulgadas en 1542 por Carlos V a instancias de Fray Bartolomé de las Casas.

En este contexto se produce razonamiento filosófico-teológico y, en última instancia, jurídico, del Padre Vitoria y de la controversia de Valladolid, donde la discusión entre la civilización y la evangelización alcanza su punto álgido y donde, una vez más, se paraliza la acción de la conquista hasta resolver la cuestión.

A la célebre Junta acudieron, como figuras estelares Sepúlveda y Las Casas, pero también, algunos seguidores de Vitoria: Domingo de soto, Melchor cano, Bartolomé de Carranza, todos dominicos y Bernardino de Arévalo (único franciscano).

Veamos primero las posiciones de Vitoria sobre la presencia española en América.

En Salamanca prevalece la posición de Vitoria en relación con la justificación tomista, racional, natural para defender la presencia española. Vitoria no está ni en la tendencia teocrática agustiniana católica ni en el cesaropapismo- de corte protestante-. Según Vitoria, los indios no pierden la propiedad ni publica sobre sus dominios, ni privada de sus cosas. Entre otras razones, porque los indios ignoran la existencia de la Fe; pero es una ignorancia vencible. La racionalidad del indio servirá además de punto de partida para proceder a su conversión a la Fe cristiana. Esta teoría es la base de las famosas “Relecciones” de Vitoria. Para Vitoria, la Gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Dios había dado la Tierra a los hombres para que la dominasen y la infidelidad no borra esos dominios. A sarracenos y a judíos, aun siendo enemigos de la Fe Cristiana, se les reconoce como legítimos propietarios de sus posesiones, con mayor razón se les reconocerá tal derecho a los indios que no han arrebatado nada a los cristianos y no son enemigos de la Fe, simplemente, la desconocen.

A partir de aquí, los títulos no se basarán en la Fe sino en la razón. Por tanto, hay que ver si en el orden natural hay títulos para la presencia española, aunque sin olvidar que ese poder temporal imperial, está acompañado por el poder sobrenatural representado por el Papa Vicario de Cristo en la Tierra. Porque es en el ámbito sobrenatural en el que están ordenadas todas las criaturas. El poder eclesiástico administra los bienes espirituales que conducen a Dios (las virtudes) previniendo sobre los obstáculos (vicios) que desvían a las criaturas de su camino. Ésta acción es esencial para la salvación y, por tanto, es el fin último, algo que debe imponerse al orden natural y al imperial que no dejan de ser inferiores a ese poder sobrenatural (espiritual). Esos poderes son independientes entre sí. Con esta separación nacen los 7 títulos de Vitoria a los que se une un octavo que no es un título fijo sino probable:

Cualquier nación tiene derecho a entrar en comunicación (comercial, doctrinal o de cualquier otro tipo) con cualquier otra nación. Los españoles tienen derecho a recorrer cualquier lugar sin dañar los mismos o a sus habitantes. Si los indios rechazan esa comunicación sea porque los rehúyen, sea porque los agreden, esto es causa justa de guerra. La diversidad de religiones no justifica la guerra contra los indios, pero tampoco de éstos contra los españoles.
Los españoles tienen derecho a predicar el evangelio, sin que sea lícito usar la fuerza para evangelizar. Aquí entrarían las bulas papales como justificación de la acción española.
Defensa de los convertidos.
Para esa defensa en nombre de la Iglesia, el Papa puede nombrar un príncipe cristiano.
Defensa de los inocentes cuando son tiranizados por los gobiernos autóctonos degenerados.
La libre elección que tiene cualquiera de hacerse súbdito de quien quiera.
El derecho a socorrer o auxiliar al amigo o aliado.
El derecho de España a tutelar a los indios en razón de la incapacidad de estos para gobernarse de modo recto.

A la larga, el código Vitoria será el que se imponga. El sistema Vitoria no es axiomático y funciona a expensas de las circunstancias concretas que van apareciendo con toda su casuística al paso del desarrollo de la conquista. Así se forman varios bloques en virtud de sus posiciones en la conquista:

Vitoria-Sepúlveda. A favor de la continuidad de la conquista y de la defensa de los derechos temporales de los españoles, lo que no significa ni mucho menos estar en contra de los derechos de los indios.
Bartolomé de las Casas, en contra de los derechos de soberanía, por no ser tales; partidario de la suspensión del dominio temporal español, la restitución a los indios de sus propiedades y justificar la presencia española sólo, por la vía espiritual; concibe al imperio como mera delegación Papal en la línea de los dominicos.

La definición final de la posición del imperio surge en la Controversia de Valladolid, con la confrontación entre Las casas y Sepúlveda.

Aunque hasta hace algunos años en la historiografía se pensaba que la posición aceptada por el imperio era la de Las Casas, sin embargo, la revisión actual de las fuentes llega a la conclusión contraria. Es verdad, que sus posiciones parecen triunfar en “las Leyes Nuevas” pero serán revocadas después. Para De Las Casas la presencia española sólo está justificada por la vía espiritual. No cree adecuado ni el título primero de Vitoria ni el octavo porque para Las Casas no existe atraso alguno de los indios frente a los españoles. Para él, la vida en la América prehispana era una Arcadia feliz, ignorando los conflictos entre los propios indios, lo mismo que la petición de ayuda de éstos a los españoles frente a las tribus dominantes, por lo que también neutraliza el título VIII. Para Las Casas sólo las bulas papales son derechos adecuados para los españoles, pero sin que ello permita el uso de la fuerza, ni siquiera defensiva. Lo único que cabe hacer para cumplir correctamente la bula papal y no condenarse era:

Restituir a los indios a sus dominios por ser los auténticos propietarios de sus reinos.
Anunciar pacíficamente el Evangelio.

Vitoria no dudó jamás de la legitimidad de la Soberanía española en las indias, aunque tenía dudas de la acción española en algunos momentos. Las Casas, por el contrario, no aceptó jamás la Soberanía española. Vitoria señala que si hay algún abuso hay que enmendarlo, pero no abandonar.

Sepúlveda, centra la atención en el título VIII de Vitoria. Para Sepúlveda, dada la situación parapolítica, bárbara de los indios, estos terminarían por exterminarse si no eran tutelados dado que el derecho natural está siendo violado constantemente por ellos. Por tanto, el género humano está allí actuando de manera degenerada y conviene actuar en favor de su regeneración. Cuatro son las razones de Sepúlveda:

Siendo por naturaleza siervos, bárbaros, incultos e inhumanos, rechazan el imperio de los más prudentes poderosos y perfectos, el cual deben admitir para gran beneficio de los propios indios (lo que coincide con el título VIII de Vitoria).
Desterrar el crimen de devorar carne humana, con el que se ofende especialmente a la naturaleza, sobre todo contra ese rito monstruoso de inmolar víctimas humanas.
Salvar de graves peligros a numerosos inocentes a quienes los bárbaros inmolaban todos los años (Coincide con el Título Quinto de Vitoria)
Que la religión cristiana se propagase por donde quiera que se presentase la ocasión, en gran extensión y por motivos convenientes (una especie de síntesis de los títulos 2º, 3º y 4º de Vitoria).

Para Vitoria y Sepúlveda, no para Las Casas, los sacrificios humanos, la antropofagia, serán actos contrarios al derecho natural y, su corrección, causa justa para la dominación y la guerra. Con lo cual, los indios no pierden temporalmente sus dominios por infidelidad sino por insociabilidad. Españoles e indígenas no son iguales por ser hijos de Dios. Pero mientras Las Casas afirma un igualitarismo total sin analizar las sociedades indígenas, Sepúlveda resalta la degeneración inhumana de algunas costumbres y por ello debían ser sometidos a los españoles, no para el bien de éstos sino para el bien de los indios y así prepararlos “con las mejores costumbres y con el trato de los hombres piadosos para recibir la religión y el culto al verdadero Dios”. Es el derecho de los indios a vivir dignamente con arreglo a la racionalidad. Dice Sepúlveda: “nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales”. Sepúlveda señala que no se trata de esclavizar a los indios, al contrario, se trata de destruir sus instituciones prepolíticas para salvar a los indígenas de su mutua destrucción. La conquista es, por tanto, un proceso pacificador. Según Sepúlveda tal acción no es voluntaria sino obligada para introducir más humanidad en el tutorizado, propagando sobre él las virtudes políticas que le salven de la degeneración y la corrupción. En ese ambiente la guerra era el corolario “justo” derivado de tal situación ante cualquier conato de resistencia.

La principal objeción de Las casas a Sepúlveda es que es necesaria la libertad para recibir la Fe. Si se les obliga la Fe se les antojará como algo “odioso”. La principal objeción de Sepúlveda a Las Casas es que para recibir la Fe es necesario escucharla y si no se les domina y civiliza, mal la van a escuchar al ser imposible predicarla. Y es que Las Casas obviaba que varios frailes habían sido asesinados por los indígenas. Lo que buscaba Sepúlveda era que el Imperio garantizase, en la medida de lo posible, que los indios no acabasen con la vida de los evangelizadores.

Las Casas, de manera ilusa, propone predicar la Fe sólo dónde no haya peligro y, dónde lo hubiera, construir una fortificación para desde ella pregonar el evangelio.

La solución de Sepúlveda era tutelar a los indios y para ello la institución de la encomienda permitiría a algunos varones españoles, probos, justos y prudentes que se encargaran de educarlos en la fe cristiana. La posición de Sepúlveda era a la postre la justificación de lo que ya se estaba haciendo: creación de ciudades, encomiendas, cabildos, universidades, es decir, era permitir la creación en América de un marco institucional, como modo más efectivo de evitar la postración étnica de los pueblos indígenas.

A partir de 1550, tras la Controversia de Valladolid, Las Casas deja de influir en la conciencia de Carlos V. En la Junta, Las casas y Sepúlveda participaron como informadores, quedando en manos de los jueces las decisiones que hubiera que tomar al respecto. Aunque no se posicionaran por uno u otro, en la práctica, se acogen a los señalado por Sepúlveda. “En consecuencia, la Corona reconocerá la bondad del sistema apostólico y los inconvenientes de la penetración armadas; pero nunca dejó de reconocer la realidad indiana”.

BIBLIOGRAFÍA

HENRI-XAVIER ARQUILLIÈRE. El agustinismo político. Ensayo sobre la formación de las teorías político en la Edad Media. De Universidad de Granada. 2005.

ALFONSO GARCÍA-GALLO. Manual de Historia del Derecho español. Publicado por el autor. Madrid 1964

PEDRO INSUA. 1492. España ante sus fantasmas. Ariel. 2018

JUAN MANZANO MANZANO “Los justos títulos en la dominación castellana de Indias”. Revista de Estudios Políticos, ed.

[1]Henri-Xavier Arquillière. El agustinismo político. Ensayo sobre la formación de las teorías político en la Edad Media. De Universidad de Granada. 2005.

EL MOTÍN DE ESQUILACHE

El gran historiador Domínguez Ortiz, en sus diversos estudios de la historia del Antiguo Régimen, siempre destaca el gran problema que suponía para la estabilidad política de cualquier país las hambrunas que se producían de cuando en cuando. En un momento de bajo desarrollo, con una economía dedicada a la agricultura, si en un año se daban malas cosechas, el hambre y la pobreza se extendían por todas partes.

España no era una excepción, la situación empezó a mejorar con las reformas ilustradas de uno de los mejores reyes de la Historia de España: Carlos III. Pero hasta ponerlas en marcha, los problemas con las cosechas y la manera de atajarlas, también le dieron disgustos.

Carlos III, accede al trono de España, tras el fallecimiento sin descendencia de su hermano Fernando VI. Carlos provenía de ser Rey de Nápoles y de Sicilia, y del país transalpino procedían algunos de sus consejeros; ellos impulsaron las primeras reformas ilustradas de un Rey que ejerció de ilustrado durante todo su reinado. Estos ministros extranjeros representaban al sector reformista más radical.

El primero de aquellos asesores reales provenientes de Italia fue Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache

Esquilache, de origen humilde, militar retirado, logró escalar en la vida social por su laboriosidad, probidad y talento. Carlos III le nombró Inspector de aduanas y más tarde se ocupó de la Secretaría de Hacienda del Reino de Nápoles.

La entronización de Carlos III como rey de España en 1759, llevó al Marqués a España. Nombrado, primero, Consejero en la Hacienda Real, pasó a ocupar también la Secretaría de Guerra en 1763. Contaba con la absoluta confianza del Rey para iniciar reformas ilustradas y, junto al Marqués de la Ensenada, llevó a cabo cambios encaminados a la modernización del país. Algunos de ellos del siguiente tenor: libertad comercial para los cereales, desamortización de los bienes de la Iglesia, utilización de bienes de manos muertas… Estas políticas suscitaban la manifiesta hostilidad de la nobleza, de la Iglesia y también las protestas del pueblo, que percibía las reformas como medidas de inspiración extranjera que alteraban costumbres tradicionales de la sociedad española. Además, aquellos cambios se realizaron con apresuramiento, sin la habilidad de que fueran asimilados por el pueblo o aplicados con la suficiente cautela como para buscar el momento más oportuno para su implantación. De este modo, algunas grandes ideas, como, por ejemplo, la liberalización del comercio de cereales se aplicó en un momento de malas cosechas, en 1765, lo que hizo subir el precio del pan. La carestía generó pobreza y hambrunas. Consiguientemente, una buena medida se aplicó sin oportunidad y creó un conflicto. A estas medidas, se unían otras que incluían la limpieza, pavimentación y alumbrado público de las calles de Madrid, la construcción de fosas sépticas y la creación de paseos y jardines- las condiciones de insalubridad e inseguridad de Madrid eran consideradas por el nuevo rey como indignas de una Corte ilustrada-. Sin embargo, algunas de ellas como la instalación de las nuevas farolas hizo subir el precio de la cera, de manera que muchos hogares vieron imposible pagar por ellas y permanecían a oscuras mientras las calles lucían con alegría.

Por si fuera poco, a Esquilache se le criticaba por su vida ostentosa, más en su mujer que en él, lo que unido a la época de estrecheces que pasaba el pueblo generaron un malestar enorme.

Algunas otras de las medidas tomadas estaban encaminadas al control de la población y, de entre ellas, más concretamente, al control del orden público. Ese fue el motivo de ordenar la modificación del vestuario al uso en España. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un pueblo empobrecido y harto de que medidas que consideraban oprobiosas, se las dictaran una serie de consejeros extranjeros.

La indumentaria típica, impuesta como moda pocos años antes por la guardia austriaca de Mariana de Austria, se componía entre los hombres de sombrero de ala ancha (Chambergo) y las capas largas. Aquellas ropas ocultaban el rostro y a las perfiles de las personas lo que impedía la identificación de los criminales, circunstancia que se salvaba mejor con el uso de la capa corta y el sombrero de tres picos.

El empeño de Esquilache en que se aplicara la medida unido a la ira acumulada por el pueblo, provocó el estallido de un motín, muy populoso y espontaneo, el típico motín de supervivencia del Antiguo Régimen, si bien, en este caso, influido por capas de la nobleza enfrentadas contra los italianos en la Corte. En este episodio de nuestra Historia, tuvieron especial importancia los alcaldes y golillas en el levantamiento y la permisividad en la distribución de pasquines con coplillas contra Esquilache y los italianos, siempre dejando en buen lugar al Rey, el cual quizá temió por la integridad de su Palacio en un primer momento, pero salió fortalecido del conflicto. El Motín se inicia el 23 de marzo de 1766. A pesar de ser un incidente, primigeniamente, local, madrileño, pronto se extendió a Cuenca, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Barcelona, La Coruña, Santander o Cádiz.

La mayor parte de los ministros del Rey, incluidos los italianos Grimaldi y Sabatini a los que el pueblo también se oponía, aconsejaron ceder, dado que, lo solicitado por los amotinados era mantener la indumentaria clásica, el control de precios, la desaparición paulatina de la guardia valona y la destitución de Esquilache.

El Rey envió a Esquilache a Italia, aunque seguía contando con su buen hacer, y, por ello, le nombró embajador de España ante la Corte veneciana.

Carlos III ordenó a Grimaldi que se hiciera cargo de restaurar el orden.

Como consecuencia del Motín, Esquilache fue sustituido por Aranda. Poco a poco la Guardia valona perdió presencia y los precios del pan se controlaron. Sin embargo, no se pararon por ello las reformas ilustradas de Carlos III, pero ahora con mayor presencia de ministros españoles. De hecho, la vestimenta se cambió, pero en vez de hacerlo por medio de una orden impuesta, Aranda, de manera más astuta que Esquilache (y quizá conociendo mejor la idiosincrasia española), dispuso que los verdugos llevaran desde entonces la capa larga y el chambergo, con lo que, la gente optó voluntariamente por sustituir la capa larga por la corta y el chambergo por el sombrero de tres picos.

LA REVOLUCIÓN LIBERAL O REVOLUCIÓN BURGUESA

Este año 2020 se cumplen 190 años de las llamadas revoluciones liberales o burguesas que transformaron el mundo y, sobre todo, transformaron geográficamente Europa. En la historiografía se suele denominar como revoluciones liberales las que nacen de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa de 1879, las revoluciones atlánticas, que señalaba Palmer, para extenderse posteriormente y de manera cíclica con las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. A la de 1830, se la llama también “ revolución burguesa”. Si bien esta expresión tiene una especial connotación en la historiografía marxista como inicio del, por ellos así concebido, enfrentamiento de clases, lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, especificado con detalle a partir del Manifiesto Comunista de 1848. Para Engels, a partir de ahora: “La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía pasa al primer plano de la historia de los países más avanzados de Europa”.

Las consecuencias de la Revolución Francesa y de las manifestaciones revolucionarias de los años 20 habían sido sofocados, aparentemente. Pero, ideológica, cultural y políticamente parte de aquellos románticos, socialistas utópicos, nacionalistas y liberales mantenían sus posiciones intentando encontrar un momento adecuado para aflorarlas. Eso ocurrió en los años 30. Se produce así la segunda oleada revolucionaria del siglo XIX (entre 1830-32) que sacude toda Europa y también los territorios de ultramar y colonias de cada potencia europea. Aún ha de llegar la tercera en 1848. Esta segunda dividió políticamente Europa; en el lado occidental, los regímenes liberal-burgueses y, en el oriental, las monarquías autocráticas.

A diferencia de las revoluciones del 20 de corte nacionalista dirigidas por militares, las del 30 venían promovidas por una burguesía que ocupaba los principales puestos económicos, sin poder político. Buscando ese poder, se levantan contra los antiguos estamentos poderosos, pero, en más de un país, las fuerzas nacionalistas seguían vivas ( en los Balcanes, Serbia y Bulgaria). A su vez, los nacionalistas mezclados con los liberales dirigen el levantamiento griego. Se producen revoluciones en Francia, Bélgica, en parte de Alemania, Italia, Suiza y Polonia…

Hasta 1830 todos los gobiernos europeos, impregnados por la Restauración se habían esforzado por mantener el “Statu Quo” de 1815. Tras 1830, aquella situación fue insostenible. Las grandes potencias de la Santa Alianza se habían conjurado en movimientos de mutua ayuda contra cualquier levantamiento revolucionario. Pero, la revolución de 1830 se inicia en Francia, una gran potencia, lo que impidió que el resto de los países intervinieran.

El mayor avance tecnológico se sitúa en la Europa occidental y allí surge el primer brote revolucionario. Al fin y al cabo, esta es una revolución nacida de la revolución industrial.

La revolución en Francia nace por la represión ejercida por el gobierno francés (Polignac) empeñado en fortalecer una monarquía absolutista y no atender las peticiones liberalizadoras de una parte de la población. En las quejas se unían los liberales, la burguesía y las capas populares. Estas últimas apabulladas por una larga crisis económica y las hambrunas correspondientes. Además de la fuerte represión, el gobierno, a modo de cortina de humo, acentúa el intervencionismo exterior- en África, conquista Argel y, en Europa, ataca la frontera del Rin.

La insurrección la inician periodistas y estudiantes, en las tres gloriosas jornadas (del 29-31 de julio de 1830), termina con el derrocamiento de Carlos X. Por las fechas, se le conoce como «Revolución de julio» o «De las tres gloriosas».La burguesía, por miedo ante el empuje revolucionario que se extiende entre el proletariado, se adelanta y propone una monarquía constitucional que detentará Luis Felipe de Orleans. La monarquía de julio se convierte en el instrumento de la burguesía frente a las demandas sociales del resto de las clases.

Se aprueba una nueva constitución: voto censitario; prohíbe la censura previa; reconoce las libertades políticas; acepta la creación de una Guardia Nacional; aumenta las atribuciones del ejecutivo ( Rey) y de la cámara de diputados. Además, acompaña una buena coyuntura económica. Se inicia una época de prosperidad, en la que el mayor cambio será el cambio de la nobleza por una serie de notables, la laicización del Estado y un régimen de libertades formales. La bandera tricolor se impone. La monarquía orleanista es el gran dique para contener al populacho, que desencadena en una lucha permanente hasta confluir en la revolución de 1848. Tras la cada vez más prospera burguesía se inician una serie de movimientos violentos (París 1832; Lyon y París 1834). A los socialistas utópicos de antes le sucede una nueva generación más radicalizada y pragmática- socialistas proletarios- Proudhon, Blanqui, Blanc. La unión de este proletariado con la pequeña burguesía será el factor que derribe a la larga la monarquía de julio.

Ante el avance de las fronteras del Rin y el miedo a que avanzara la revolución, Inglaterra y Prusia se adelantaron a reconocer la “Monarquía de julio” intentando evitar todo contagio. Metternich (el canciller austriaco), con dudas, y el zar, con disgusto, aceptaron al nuevo monarca, con la misma finalidad de taponar la fuga de la revolución.

La extensión del movimiento por toda Europa fue inmediato, pero el éxito o el fracaso de esas revoluciones se debió a dos componentes: 1) la disposición del gobierno de turno para acoger un cambio constitucional; 2) el juego de las fuerzas de las grandes potencias, cuyas respectivas tendencias influían hacia un lado o hacia otro. Las potencias liberales frente a las partidarias de la Restauración ( Austria, Prusia, Rusia). En este sentido Francia logró de Gran Bretaña un acuerdo de no injerencia en los países que se levantaran contra los gobiernos autoritarios. Como reacción, las potencias de la Restauración firmaron una alianza de defensa mutua.

En noviembre de 1830, cayó el gobierno del partido conservador británico, presidido por Wellington. Comenzaron los preparativos para modificar el sistema electoral, admitiéndola entrada en el Parlamento a algunos sectores de la Burguesía, evitando así una revolución.

Entre los errores del legitimismo, al reordenar el mapa europeo en el congreso de Viena (1815), está el olvido de las realidades nacionales.

Con el fin de establecer un estado tapón entre Francia y Alemania se crea un estado artificial : Países bajos (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Artificial en todos los órdenes (lingüístico, económico- los holandeses son comerciantes partidarios del librecambismo y los belgas son agricultores o pequeños industriales que requieren protección-, religioso y político).

El legitimista Guillermo de Nassau no tiene suficiente habilidad política como para fundir intereses y actuar como árbitro entre los grandes grupos enfrentados.

Se produjo una marginación de los habitantes del sur (belgas). Con un problema gravísimo en la enseñanza, cuya raíz es un problema religioso entre los católicos belgas y los protestantes holandeses.

Los belgas, además, se acercaron a las ideas liberales, no así los holandeses. Las posturas se radicalizan y con este mar de fondo se produce la revolución liberal en Francia. Los belgas se sublevan, montan un gobierno provisional, proclaman la independencia provocando una guerra civil. Europa se divide. Las potencias tradicionales apoyan al Rey Guillermo y a los holandeses, sólo Francia y Gran Bretaña apoyan a Bélgica. En ese momento, el levantamiento polaco entretiene a los rusos, el Imperio Austro- húngaro bastante tiene con vigilar a los italianos y Prusia se desentiende del apoyo a Guillermo I de Nassau. Todo ello hace que los holandeses renuncien al empeño unionista, aunque no reconozcan a Bélgica hasta 1839.

Bélgica elabora una constitución en 1831 de base censitaria, con la monarquía como forma política del Estado (Leopoldo I) y que reconoce la libertad de cultos.

La independencia belga fue reconocida en una conferencia celebrada a los tres meses en Londres. Papel esencial jugó Prusia, pues temiendo que la guerra civil belga-holandesa se extendiera a toda Europa, se posicionó en todo momento en el grupo de Inglaterra y Francia, dejando su tradicional apoyo a los contrarreformistas.

La misma moderación de Prusia se dio en el caso de Alemania.

La fragmentada Alemania también acusa también los movimientos liberales. Con carácter general en los estados al norte del Main se produjeron cambios constitucionales y monárquicos de índole liberal, con división de poderes, garantías de derechos civiles y sujeción a la ley de los poderes públicos. En 1832, los nacionalistas programan una gran concentración (Hambach-Baviera-) para reavivar el espíritu nacionalista y coordinar sus propósitos. Se trataba de un acontecimiento cultural que se convirtió en un acto de reivindicación liberal y de unificación alamana. A imitación de las banderas tricolores francesa e italiana, se diseñó para la ocasión la bandera tricolor alemana. Hubo algunos disturbios, pero la operación fracasó por el miedo que crea en las potencias vecinas, Austria y Prusia, que deciden intervenir. Los focos subversivos son barridos del sur de Alemania. Sin embargo, el nacionalismo alemán no desaparece, únicamente tiene que cambiar de posiciones de (liberal a conservador) y agruparse en torno a Prusia (Zollverein) a la espera de mejor ocasión.

En Suiza,aun bajo la presión contrapuesta de sus vecinos, Francia y Austria, consiguió modificar las constituciones cantonales y posicionarse en el lado liberal.

Con Suiza, se termina el círculo de los éxitos de la revolución, si bien, España, dará una de cal y otra de arena.

España. La muerte de Fernando VII en 1833 permite aprovechar las disputas dinásticas entre isabelinos y carlistas para implantar un régimen liberal. Los carlistas recurren a las armas; se inicia la guerra civil. Hacia 1840 el antiguo régimen ha sido orillado en España, pero no vencido y sus coletazos se muestran a lo largo de toda la centuria.

Los mayores fracasos se dieron en Polonia e Italia. En ambos casos, las estructuras agrarias de la sociedad no ayudaron al éxito del movimiento nacionalista-liberal, pero las potencias liberales tampoco prestaron el apoyo debido a las dos regiones que buscaban su independencia.

Poloniasale del congreso de Viena totalmente fragmentada y ocupada, sólo Cracovia es una república libre. El reparto se hace entre Rusia, Prusia y Austria. Esta parcelación es nefasta para los polacos porque a la hora de luchar por su independencia tendrán que luchar contra tres potencias. El Zar, Alejandro I, convierte a Polonia en satélite de Rusia. El hermano del zar, Constantino, se encarga del ejecutivo. El legislativo, según la carta otorgada en 1815, está en manos de una minoría ( sufragio censitario muy restringido) dócil a los rusos. El ejercito recibe órdenes de los ocupantes.

El descontento polaco va en aumento, pero con una oposición fragmentada. El partido blanco ( alta nobleza), conservador, no pretende la independencia, sino cierta autonomía. El partido rojo (pequeña nobleza, oficiales del ejercito y profesionales liberales) lucha por la independencia nacional y un régimen parlamentario.

El ejemplo francés, con promesas formales de ayuda, es la chispa que inicia la insurrección en Polonia. Un gobierno provisional declara la independencia en 1831. Pero occidente se inhibe y la división interna facilita la reacción rusa. Tras una dura y sangrienta lucha de nueve meses, en septiembre de 1831, los rusos retornan a Varsovia iniciando un régimen ( estatuto Orgánico de 1832) que elimina todo germen nacionalista polaco. Se produce un movimiento de rusificación, se prohíbe el idioma polaco, se cierran las universidades, se impone la religión ortodoxa, en vez del catolicismo polaco. Sólo el terror mantiene el orden en Polonia, aunque no faltaron intentos de sacudirse el yugo ruso ( 1846,1848, 1863-64) con escaso éxito. Una manifestación popular en París echa en cara a la monarquía de julio el abandono de los polacos, el nuevo régimen actúa reprimiendo a sus ciudadanos con cierta dureza.

En Italia, la corriente liberal nacionalista que había surgido en los años 20 se mantiene, los carbonarios se encargan de ello. El presumible apoyo francés da alas a los libertarios- incluidos los estados pontificios-, sin embargo, el temor a que se radicalizara el ambiente interno, hace que Luis Felipe de Orleans se desentienda del asunto italiano, dejando que la ocupación austriaca sofoque el levantamiento. No hay que olvidar que el primero en solicitar ayuda a Austria fue el Papa Gregorio XVI, en esas condiciones Luis Felipe no podía arriesgarse a enfrentarse al papado. El absolutismo vuelve a apoderarse de los centros de poder italianos hasta 1848.

Como consecuencia de los sucesos de julio en Francia y sus repercusiones, Europa queda dividida. Las potencias de la restauración ( Prusia, Rusia y Austria) firman, en 1833 , diversos acuerdos de ayuda mutua, sobre el que se apoyó Palmerston, el Ministro de Exteriores de Gran Bretaña, para formar la cuádruple alianza en 1834 con Francia, Portugal y España. Decía el británico que “se trataba de una alianza entre Estados constitucionales del oeste, que servirá como contrapeso a la Santa Alianza del este”

La importancia de la revolución liberal de 1830 estriba en ser un escalón más en el camino que llevaba a la Democracia. Revolución democrática es como se conoce a la de 1848, aunque la democracia plena, con plenas libertades, no llegará hasta el siglo XX y no en todas partes, pero aquella revolución de 1830 trajo las bases de un régimen liberal, aún no completo, sin el cual no existirían las democracias actuales. Aquella revolución liberal nos trajo esencialmente:

. Un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los privilegios.

. Ampliación de la participación política, aunque aún estamos ante un sufragio censitario.

.Defensa de las libertades y derechos individuales. Especialmente de este momento histórico son las de pensamiento, conciencia, opinión, prensa y asociación, aunque todavía existen algunas restricciones.

. Afianzamiento del principio de Soberanía nacional que procedente de la Revolución Francesa y la Ilustración, se había resentido en la Restauración. Desde ahora será complicado obstaculizar el concepto de que la Soberanía reside en el pueblo y no en el Rey.

.Consiguientemente, establecimiento de un orden jurídico, manifestación de la Soberanía Nacional, mediante una ley fundamental- Constitución-. Tampoco era nuevo, pero desde ahora es irreversible, al menos, su existencia, más democrática o menos, según los momentos de la Historia. Y con ella, la aparente separación de poderes que irá adquiriendo firmeza con el tiempo; la teórica igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley.